El ex jefe del Estado Mayor de la Sedena, el general de división D.E.M. retirado Humberto A. Guillermo Aguilar, instó al Secretario de la Defensa Nacional a desaparecer las salas de arresto de sus cuarteles, ante la visita de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos al 27 Batallón de Infantería, en Iguala, así como a impedir remociones de piso y excavaciones en el terreno.
Lo anterior se desprende de un correo electrónico remitido a finales de enero del 2015 al correo de la Unidad de Asesores del Alto Mando, y dirigido al titular de la Sedena (en ese entonces Salvador Cienfuegos), que forma parte de los documentos internos del Ejército difundidos a partir del hackeo del colectivo Guacamaya.
“Es posible que aún existan salas de arrestados con reja, de ser así, es necesario ordenar que se quiten y se saquen de los cuarteles”, señala Guillermo Aguilar en sus recomendaciones.
“No aceptar la remoción de losas de concreto o excavaciones del terreno, argumentando que existen desde años anteriores y que las tierras no presentan indicios de haber sido removidas recientemente”.
En la comunicación advierte además de una estrategia por parte de los asesores de los padres de los normalistas para buscar hacer caer en contradicciones a los mandos de instalaciones militares, por lo que recomienda que el comandante de dicho batallón se ajuste a las declaraciones iniciales.
“Que el Comandante del 27/o B.I. se ajuste a las declaraciones oficiales o versión oficial y evite caer en contradicciones, en el concepto que por ningún motivo deberá aceptar que a los cuarteles se concentran civiles detenidos”, refiere.
“A pregunta expresa contestar que los civiles detenidos son llevados de sus lugares de detención a las A.M.P. correspondientes para su consignación”.
El 27 Batallón de Infantería era encabezado por el entonces coronel José Rodríguez Pérez, a quien el pasado mes de septiembre se le dictó formal prisión por su presunta participación en el caso de Ayotzinapa, donde se le señala de haber ordenado asesinar y desaparecer a seis normalistas.
“Los padres de los normalistas desaparecidos saben que en los cuarteles no van a encontrar a sus hijos”, opinó el asesor, “por lo que se estima que su visita tendrá por objeto presionar a los mandos para hacerlos caer en contradicciones que les permitan hacer acusaciones más concretas”.
MCCI publicó el lunes 3 de octubre que altos mandos castrenses han orquestado una operación para limpiar la imagen del Ejército del caso de Ayotzinapa y deslindar a militares de la desaparición de los normalistas.
Como parte de estas maniobras, se ventilaron una serie de correos de Guillermo Aguilar con recomendaciones a Cienfuegos, donde sugería criminalizar a los estudiantes y desacreditar a sus padres, defender la “verdad histórica” y la salida del grupo de expertos del GIEI.
Guillermo Aguilar fue jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional y director general de Industria Militar, y se le señaló como parte de un esquema de compra-venta ilegal de armas de una empresa alemana por parte de Sedena, según una publicación de Proceso de mayo del 2018.
Y se reunió Sandoval con militar implicado
De los distintos documentos sobre la agenda privada del actual Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se desprende también que en 2020 sostuvo una reunión con el General Brigadier retirado José Rodríguez Pérez, implicado y actualmente preso por el caso Ayotzinapa.
En múltiples correos electrónicos enviados a la dirección del propio Sandoval, entre el 26 y el 30 de octubre, con eventos y reuniones privadas de la agenda del titular de Sedena, aparece el encuentro programado el 8 de octubre de ese año con quien estuvo al frente del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, cuando sucedieron los hechos.
“1200: Audiencia al Gral. Brig. Ret. José Rodríguez Pérez”, dice el documento con la leyenda de confidencial.
El pasado mes de septiembre Rodríguez Pérez fue detenido y se le dictó, junto con otros dos militares, formal prisión por su participación en el caso de los 45 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Se le señala de haber ordenado asesinar y desaparecer a seis normalistas.
De acuerdo con información difundida por el propio Alejandro Encinas -subsecretario de Derechos Humanos de Segob y quien encabeza la Comisión de la Verdad sobre el caso- el general Rodríguez Pérez está acusado del delito de delincuencia organizada.
En noviembre del 2015, poco más de un año después de los hechos de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, había sido ascendido de coronel de infantería a general brigadier, según consta también en oficios enviados entonces para la ratificación de su ascenso.
