Enoja y asusta la idea de decir que el asunto de Ernesto Ruffo es una cortina de humo. Es mucho, mucho más que eso. Y aun cuando fuera una cortina de humo, nuestra obligación es denunciar lo que ha sucedido e impedir que se olvide.
Sí, a todos los interesados en la democracia y el cada vez más maltrecho Estado de derecho nos conviene no dejar que el asunto de Ernesto Ruffo caiga en el olvido. Sí, hablo de conveniencia y no de moralidad. De interés y no de ética. De defensa egoísta más que altruista.
No nos conviene dejar pasar este hecho por lo que revela del sistema de administración, procuración e impartición de justicia. Por el simple hecho de que mañana podemos estar en su lugar cualquiera de nosotros.
Pronunciarse sobre el caso no es defender ni al PAN (al que ya no pertenece), ni a Somos México, ni a los adversarios, ni a alguien que hizo historia al colocarse como el primer gobernador de oposición. Ni siquiera es defender su inocencia.
Estamos conscientes de que a la Fiscalía le corresponde investigar, a sus abogados encabezar su defensa y al juez(a) determinar su inocencia o culpabilidad.
Es únicamente defender su derecho a no ser tratado como a un criminal cuando no se ha determinado que lo es. Es defender la presunción de inocencia hasta que no se demuestre su culpabilidad. Es defender su derecho a seguir el proceso judicial que se le ha abierto en libertad. Es rebelarse contra la ampliación arbitraria de la prisión preventiva. Es el derecho de sus abogados a conocer en tiempo y forma las pruebas. Es defender su derecho a que su audiencia sea pública. Es condenar las múltiples violaciones al debido proceso. Es denunciar la patraña de que es un problema de seguridad nacional. Es salvaguardar la garantía de comparecer ante un juez imparcial.
Es condenar las múltiples violaciones al debido proceso.
Cada día que el exgobernador pasa en la cárcel es un día más para recordar la precariedad, cuando no la ausencia, del Estado de derecho. Cada día que Ruffo pasa en prisión es un día para recordar la precariedad de nuestra libertad. Cada día que pasa en cautiverio nos recuerda la vulnerabilidad en que vive el empresario, el periodista, el activista, el comunicador, el opositor que en cualquier momento puede ser señalado, denunciado, vinculado a proceso, juzgado por consigna y encarcelado.
Callar es avalar. Olvidar o dejar que se olvide es acreditar, en los hechos, múltiples violaciones al Estado de derecho.
Creo que con estos argumentos bastarían para condenar la conducta del nuevo Estado-gobierno-partido que resucitó Morena desde 2018. Pero si de agravar esta conducta se trata, también están los argumentos del doble rasero del gobierno. La doble vara dice mucho de la catadura moral de este régimen: protección e impunidad para los míos; condena y persecución política para los disidentes o para quien haga falta de acuerdo a la coyuntura política.
La doble vara dice mucho de la catadura moral de este régimen.
El contraste es brutal. Para Ruffo, prisión de máxima seguridad en duras condiciones de confinamiento por ser socio de una empresa a la que se le acusa de formar parte de una red que evadió impuestos mediante la importación irregular y declaración falsa de volúmenes de combustible.
Para Rocha Moya la comodidad de su casa en su estado natal por un presunto pacto con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán a cambio de apoyo político, sobornos millonarios y coacción en las urnas además de presunto encubrimiento de las operaciones del cártel, facilitando que la policía estatal y fiscalías locales blindaran sus rutas, bodegas e impidieran operativos en su contra.
Para Ruffo, todo tendrá que probarse después de su detención en Almoloya, para Rocha ni se le imputó delito alguno y solo se presentó ante la Fiscalía de entrada por salida para testificar, no sabemos qué o contra quién.
Para Ruffo, una investigación acuciosa, para todos los demás señalados por el mismo o similares delitos, la apertura de una carpeta de investigación (en el mejor de los casos) o nada de nada si son parte de los colaboradores o amigos del régimen. El huachicol fiscal no solo entraba por Baja California, hay muchos otros estados involucrados donde no se ha tocado ni con el pétalo de una rosa a quienes todo apunta como responsables. Para los cercanos al poder los casos se barren, pero debajo del tapete.
Dice Ariadna Montiel que “la amistad no absuelve, el poder no otorga inocencia y la alternancia no es una carta de impunidad”. Pregunto, ¿alguien ha argumentado algo parecido a eso?
Continúa: “pretenden que la palabra de quienes traicionaron la democracia sustituya la investigación de la Fiscalía y la decisión de los tribunales”. ¿A quién está señalando? Las palabras pueden quemar: ¿quién ha traicionado la democracia?
Culmina, “No es persecución política que un poderoso responda ante la justicia”. Pregunto yo, ¿y no es protección política que un poderoso no responda ante la justicia?