La Jornada de Sana Distancia ha sido una de las principales estrategias públicas implementadas por el gobierno federal para contener la propagación del Covid-19. No obstante, las acciones para asegurar el cumplimiento de esta estrategia corresponden realmente a los gobiernos locales. Estos han mostrado distintas formas de hacer cumplir estas medidas. En la Ciudad de México, por ejemplo, tanto gobierno como organizaciones locales han apelado a la conciencia de las y los ciudadanos para evitar salir a las calles, pero también a un tipo de publicidad de objetivos y resultados cuestionables. En días recientes, la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas —antes Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad— lanzó una campaña en mobiliario público: “Quédate en casa. Quédate vivo”, la cual consistió en la divulgación de mensajes negativos —tales como “No quieres estar encerrado en casa pero sí en un ataúd” o “Si sales matas, si sales mueres”. El tono de estos mensajes parece tener como objetivo generar miedo y, de esta forma, evitar que las personas salgan de casa.
Campañas de este tipo no parecen tomar en cuenta un factor fundamental: la informalidad laboral en la que viven millones de mexicanas y mexicanos. Alrededor de 15 millones de personas trabajan en el sector informal, de acuerdo con las últimas estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Además, sin importar condición de ocupación, una proporción importante de la población vive en situación de pobreza por lo que abandonar sus actividades productivas implicaría una amenaza para la subsistencia de sus familias. Esta combinación de precarización laboral y bajos ingresos hace que campañas como la mencionada resulten en llamados insensibles y poco empáticos dada la realidad del país. En México, el hambre es una amenaza igual de importante que el Covid-19 y forzar a la gente a dejar de trabajar sin ofrecer ningún tipo de apoyo financiero es, seguramente, igual de grave que obligarlos a salir en medio de la pandemia.
#QuédateEnCasa, ¿una opción para todas?
Se consideran informales aquellas personas que trabajan pero no tienen prestaciones sociales básicas; o bien, que trabajan en lugares no registrados —comerciantes de esquites, pan dulce y otras delicias culinarias son ejemplos de esta situación. Vale la pena destacar que, de acuerdo con estimaciones del INEGI en 2019, de cada 100 pesos generados de Producto Interno Bruto, 22 provienen de la informalidad. En este sentido, la informalidad resulta un indicador, si bien imperfecto, de las personas que pueden hacer cuarentena: entre mayor sea la tasa de informalidad en una entidad, la tendencia a que sus residentes puedan quedarse en casa será menor.
Comparada con el sector formal, la informalidad se caracteriza por la percepción de menores ingresos, por una mayor inestabilidad en la disponibilidad de recursos y por una gran precariedad al no contar con prestaciones sociales: no hay seguridad alguna de que las fuentes de ingreso van a seguir ahí si se deja de asistir a trabajar. Si analizamos la tasa de informalidad por estado se observa que Oaxaca y Guerrero tienen alrededor de 80% de su población económicamente activa en la informalidad. Esta situación dificulta -si no es que imposibilita- el cumplimiento de la cuarentena. El confinamiento equivaldría a condenar a ese 80% a quedarse sin remuneración alguna.
La Ciudad de México, la zona con más casos de Covid-19 en el país, se encuentra en el grupo de entidades federativas con una tasa de informalidad menor —de alrededor de 49%. Pero no se trata de una cifra menor: son casi 1 millón 300 mil trabajadoras y trabajadores. En cuanto a casos confirmados de Covid-19 le siguen el Estado de México, con una tasa de informalidad de 57% y Baja California con 37% equivalentes a 4.5 millones y 644 mil, respectivamente. En estas tres entidades el escenario es muy preocupante.
La informalidad es sólo uno de los factores que se deben observar para determinar qué porcentaje de la población tiene la posibilidad real de quedarse en casa. Es necesario tomar en cuenta otros componentes importantes para tener un escenario más completo y realista. Factores como el género y la edad de los trabajadores, el porcentaje de personas que trabajan en microempresas en cada entidad, aquellos que son autoempleados y el tipo de industria son también determinantes en la posibilidad que tienen las personas de quedarse en su casa.
Una publicación de Data Cívica reporta que en México las industrias que suelen remunerar mejor a sus trabajadores son también en las que se puede hacer el trabajo a distancia con mayor facilidad: existe una relación positiva entre percepción de ingreso y probabilidad de trabajar desde casa. Al analizar el tipo de industria, Data Cívica implementa una metodología que toma en cuenta el tipo de labor en la y estima la proporción de personas que pueden trabajar en casa.
Las estimaciones muestran que, en la Ciudad de México, 41% de las personas trabajadoras tiene la posibilidad de quedarse en casa. Vale la pena resaltar que, en todos los casos, es más probable que las mujeres puedan quedarse en casa. Esto se explica, al menos en parte, debido a que las industrias que requieren trabajo presencial, como construcción o agricultura, son industrias que emplean más a hombres. Aquí es importante destacar que se trata de estimaciones de las personas que tienen la posibilidad de quedarse en casa, mas no de las que optan por hacerlo. Es probable que estas últimas sean menos.
De acuerdo con la Secretaría de Salud a nivel federal, México se encuentra en el inicio del pico epidémico. El riesgo que enfrentan empleadas y empleados que no gozan del privilegio de trabajar en casa corre por dos vías: salud y economía. Cumplir con la Jornada de Sana Distancia de forma estricta no parece ser una cuestión de falta de conciencia —basta observar hospitales al borde de la saturación para tomarse en serio el peligro que significa el Covid-19. Sin embargo, dada la insuficiencia de apoyos económicos por parte del gobierno para abandonar en su totalidad actividades económicas no esenciales, una parte importante de la población queda obligada a correr tal riesgo a diario para seguir percibiendo un ingreso.
Dado este contexto, y la incertidumbre acerca del regreso a una nueva normalidad, resulta pertinente discutir la forma en la que la mayoría de los y las mexicanas se deberán reincorporar a ella. Sí, se adoptarán nuevos patrones culturales como la sustitución del saludo de mano y beso por el de codo y zapato y se cancelarán las actividades sociales que impliquen concentraciones masivas, pero esto no será suficiente.
El gobierno no puede darse el lujo de improvisar y perder tiempo valioso. Urge una política de regreso al “no confinamiento” cuando éste llegue. Se trata no sólo de garantizar medidas preventivas de salud en los sitios de trabajo, sino también de atender a las personas que hoy están en la formalidad y pasarán a la informalidad como consecuencia de haber perdido su trabajo original; de brindarles a esas personas y a las que ya están en la informalidad una mínima red de protección social; de dar incentivos a las empresas para fomentar el empleo.
El plan que presente esta semana el gobierno federal para la reactivación de la economía nacional debe considerar estos y otros aspectos fundamentales si pretende reducir las brechas entre los sectores formal e informal y si quiere hacer realidad su principio de primero los pobres. No son tiempos de improvisación.
Leonor Ortiz Monasterio (@theleonori) y Katia Guzmán (@guzmart_) son integrantes de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
