La búsqueda de eficiencia gubernamental y la lucha contra el gasto excesivo del Estado son banderas recurrentes de líderes populistas que buscan transformar profundamente las estructuras administrativas de sus países. Bajo una retórica reformista, en algunos casos justificada y en otros exagerada, se plantea la salvación del “desastre económico” generado por administraciones previas, haciendo más con menos. Tal es el caso de las justificaciones para los recortes drásticos impulsados por Javier Milei en Argentina, el modelo que Donald Trump planea implementar en Estados Unidos de la mano del billonario Elon Musk y la austeridad republicana de la Cuarta Transformación continuada ahora por Claudia Sheinbaum en México. Es evidente que estos tres modelos tienen diferencias estructurales, económicas, culturales e ideológicas, pero coinciden en la promesa de modernización y combate a la corrupción. Las soluciones propuestas para lograrlo plantean serias interrogantes sobre sus efectos en el estado de derecho, los contrapesos democráticos y el bienestar de la ciudadanía.
Milei y la motosierra del gasto público en Argentina
Javier Milei asumió la presidencia de Argentina con la promesa de desmantelar el Estado argentino mediante un proceso radical de recortes drásticos, desregulación y la privatización de servicios públicos. La creación del Ministerio de Desregulación, bajo la dirección del expresidente del Banco Central argentino, Federico Sturzenegger, fue el primer paso fundamental en esta misión. Esta dependencia ha sido el motor de reformas que incluyen la reducción del 30% del presupuesto federal, la eliminación de trece ministerios y el despido de más de 30 000 empleados públicos. Estas medidas han representado un fuerte golpe a los sectores de educación, infraestructura y desarrollo social. El gobierno también ha impulsado la eliminación de regulaciones que, en palabras de Milei, asfixiaban la actividad económica.
Los resultados han sido mixtos. Por un lado, Argentina logró un superávit fiscal por primera vez en más de una década y redujo la inflación del 211% a menos del 3%. Sin embargo, estas victorias fiscales han tenido costos sociales severos: la economía se contrajo en un 5% en 2024, aumentó el desempleo en 8%, la pobreza ahora afecta a más del 57% de la población, los salarios reales se han desplomado y las protestas sociales han puesto en jaque la estabilidad política.
Si bien el caso argentino no puede desvincularse de décadas de decisiones erráticas que llevaron al país a tener la inflación más alta del mundo, la realidad es que la población sigue pagando el precio de las decisiones gubernamentales, tanto en términos económicos, con aumento de precios de la alimentación (136%), el transporte público (200%) y la electricidad (entre el 65-150%), como en el acceso a servicios públicos que han sido recortados.
Además de lo anterior, las medidas de Milei no han estado exentas de escándalos de corrupción. Empresas vinculadas a sus aliados políticos han obtenido contratos para administrar servicios que antes eran públicos. De acuerdo a una investigación de Página 12, al menos un tercio de los funcionarios públicos de la administración de Milei ocupa cargos de dirección en empresas privadas y tienen participaciones en sociedades comerciales que operan en 17 sectores de actividad económica del Estado. Por su parte, el debilitamiento de los organismos de supervisión aunado al decreto ejecutivo que limita el acceso a la información pública prácticamente eliminó cualquier posibilidad de transparencia. Este panorama pone en duda la promesa de Milei de que un Estado más pequeño necesariamente reduce la corrupción.
La dupla Trump-Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental
Inspirado por el modelo de Milei, Donald Trump ha propuesto la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental —las siglas DOGE que hacen un guiño a la criptomoneda Dogecoin—, que está pensado como un organismo asesor encabezado por el gurú de la tecnología, Elon Musk, y el antiguo contendiente por la candidatura republicana a la presidencia, Vivek Ramaswamy. Su objetivo principal es la eliminación de por lo menos un tercio del presupuesto federal de Estados Unidos (alrededor de dos billones de dólares) en supuestos gastos innecesarios.
Sin duda, replicar el modelo argentino en Estados Unidos implica desafíos y consecuencias severas. El presupuesto estadounidense está profundamente entrelazado con programas sociales como Medicare, la asistencia médica para veteranos, la educación pública, entre otros, que son fundamentales para la vida cotidiana de millones de personas. También se ha puesto sobre la mesa los recortes para instituciones como la NASA, el FBI y las embajadas. Empujar estos recortes por medio de un órgano asesor externo al gobierno y mediante decretos presidenciales como lo hizo Milei no parece una opción del todo viable para el gobierno estadounidense. Sin embargo, las mayorías republicanas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado abren la puerta para esta posibilidad.
En este escenario, se añade una capa de complejidad con los perfiles responsables del recorte. Elon Musk ha sido uno de los empresarios más beneficiados por subsidios, préstamos y contratos gubernamentales en Estados Unidos, reflejado en el amplio éxito de Tesla y SpaceX. Esto plantea cuestionamientos no solamente del financiamiento que pueda recibir, sino de la prioridad que le dé la nueva administración a sectores como el espacial y el automotriz. Prueba de ello es que, desde el triunfo de Donald Trump, el valor total de los activos de Musk subió 25%. Este aumento está directamente asociado con el crecimiento proyectado por su involucramiento en el gobierno.
Por su parte, Vivek Ramaswamy, quien se define como un científico de la biotecnología, también ha sido señalado por su manejo de fondos públicos a través de contratos gubernamentales en distintos negocios del sector farmacéutico. Su riqueza personal, acumulada en este sector, incluye la creación de empresas que han aprovechado lagunas regulatorias y subsidios para maximizar beneficios. Los claros conflictos de intereses que representa la intervención de Musk y Ramaswamy en la nueva administración, se aleja de la promesa de Trump de velar por la clase trabajadora por encima de la élite corporativa estadounidense. Además, al ser asesores externos quedarán exentos de posibles exigencias de rendición de cuentas o vigilancia gubernamental.
Sheinbaum y la Austeridad Republicana en México
Si bien con un enfoque ideológico distinto, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó el modelo de “austeridad republicana” impulsado por su antecesor Andrés Manuel López Obrador desde el 2018. Mientras que Milei y Trump respaldan sus planes con el argumento de eficiencia, en México el gobierno ha justificado los recortes con una narrativa sobre combatir la corrupción mediante la reasignación directa de recursos a programas sociales y evitar los “lujos y excesos” de administraciones previas. Sin embargo, lo que ha demostrado la implementación de esta medida durante sus primeros seis años es que esto no ha disminuido el gasto público y ha desembocado en el fortalecimiento de la base política de Morena.
Las reasignaciones de presupuesto han debilitado la provisión de servicios públicos básicos, como queda patente en el desabasto de medicamentos, y ha provocado graves casos de corrupción como sucedió en Segalmex. Además, el gobierno ha impulsado una agenda legislativa para dinamitar los contrapesos institucionales.
Contrario a la reducción de proyectos de infraestructura en el gobierno de Milei, en el caso de México la austeridad republicana no tocó a los megaproyectos insignia de la administración: el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la refinería de Dos Bocas. En donde sí encuentran un punto de coincidencia es en el hecho de que empresas vinculadas a altos funcionarios han recibido adjudicaciones millonarias libres de licitaciones, lo que contradice la narrativa anticorrupción de la Cuarta Transformación.
Por ahora, Claudia Sheinbaum ha afirmado que su administración continuará con los principales pilares de este modelo: austeridad en el gasto, reducción de sueldos a altos funcionarios y la recuperación de recursos de fideicomisos. La primera propuesta de presupuesto durante su administración nuevamente deja en vulnerabilidad a los sectores de salud y educación, disminuyó el gasto para la seguridad a pesar de la grave crisis de violencia que se vive en el país y otorgó aún recursos a estos proyectos de infraestructura. Aunado a esto, logró impulsar reformas a la constitución para modificar por completo al Poder Judicial y eliminar organismos autónomos.
Conclusiones
Los tres modelos de eficiencia gubernamental distan en áreas prioritarias, formas y en trasfondos. Sin embargo, convergen en líneas que resultan preocupantes para el estado de derecho y la estabilidad social. En todos los casos, los liderazgos comparten una tendencia a concentrar poder, justificar decisiones controversiales bajo el pretexto de recortes necesarios y perpetuar dinámicas de opacidad que, lejos de combatir la corrupción, la transforman. En resumen, se utiliza la eficiencia como pretexto para consolidar el poder político en torno a sus figuras.
Si bien las políticas de austeridad pueden generar resultados inmediatos en materia económica como en el caso argentino, no están libres de generar problemas estructurales que pueden desembocar en un mayor descontento social que termine por ser más difícil de resolver. Reducir la corrupción, mejorar la eficiencia y optimizar recursos son objetivos legítimos y necesarios, pero no deben alcanzarse a costa de las instituciones que aseguran tanto su implementación como el ejercicio democrático.
La lección para los países que enfrentan decisiones similares es clara: la eficiencia no debe convertirse en una excusa para concentrar poder ni para justificar sacrificios sociales desproporcionados. El verdadero reto de la gobernanza eficiente radica en equilibrar la optimización del gasto con la protección de los derechos sociales y el fortalecimiento de las instituciones. Sin este enfoque integral, las políticas de austeridad no sólo fracasan en sus objetivos, sino que amplifican las desigualdades y erosionan la confianza pública, dejando tras de sí un legado de fragmentación social y debilitamiento institucional.
Este texto forma parte de una colaboración entre Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (PJCOMEXI) para el blog Desarmar la Corrupción.
Sobre el autora:
Raquel López-Portillo Maltos
Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, Licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana y Secretaria Ejecutiva del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.
