La corrupción es una de las herramientas materiales del colonialismo para borrar pueblos indígenas, personas negras y no mestizas, mantener genocidios de pueblos enteros, legitimar agendas políticas de extractivismo y de militarización, así como erosionar democracias. En el marco de los veinte años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), debemos de replantearnos hacia dónde ir cuando las prácticas autoritarias y antidemocráticas han seguido operando y ganando poder.
En México, por ejemplo, durante los cinco años del sexenio de Morena, el titular del Poder Ejecutivo ha llevado a cabo por los menos tres estrategias para acumular poder en un solo partido político: i) desvincular la narrativa anticorrupción con la gestión pública, ii) imponer la militarización —a pesar de la crisis de los derechos humanos—, y iii) buscar eliminar los contrapesos al Poder Ejecutivo, como está pasando actualmente con la designación Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior no es algo ajeno en los estudios de ciencia política. Las democracias no solo mueren a través de dictaduras y violencia, hoy en día mueren en manos de líderes electos que hacen uso del poder para subvertir los mecanismos democráticos a través de los cuales fueron elegidos (Levitsky y Ziblatt, 2018).
Sobre la desvinculación entre la narrativa anticorrupción del partido en el poder y de la gestión pública, en Mexiro AC, a través del Observatorio Anticorrupción de México https://comun.org.mx/, nos dimos la tarea de realizar un diagnóstico sobre las designaciones de los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción. Este estudio está concentrado en revisar si están integradas de manera completa las instituciones que conforman los Sistemas. Para ello, los hemos dividido de la siguiente manera: Comisiones de Selección (CS), los Comités de Participación Ciudadana (CPC), las Secretarías Ejecutivas (SE), las Fiscalías Especializadas en el combate a la Corrupción, las Magistraturas Administrativas de Salas Regionales, Tribunales e Institutos de Transparencia y Acceso a la Información. Corroboramos con datos si hay interés o no en la agenda anticorrupción, más allá del discurso oficialista.
A finales de octubre de este año, observamos que el Sistema Nacional y otros 14 Estatales Anticorrupción, no contaban con por lo menos una designación: 45.5% de los 33 Sistemas. En el marco del día internacional contra la corrupción, el cual se conmemora el 9 de diciembre, realizamos otro diagnóstico para saber si había un avance o retroceso de las designaciones que habíamos mapeado. Nos percatamos de que la cifra aumentó: 22 Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción, es decir, 66.67% de los 33 sistemas de todo el país no cuentan con por lo menos una designación.
Considerando que en México 94.8% de los delitos cometidos quedan impunes (México Evalúa, 2021), la falta de integrantes idóneos en estos espacios institucionales provoca su inoperabilidad, merma la agenda anticorrupción y disminuye la transparencia en nuestro país. Sobre todo, trunca los derechos humanos de todas las personas. Los hallazgos sobre las designaciones en los Sistemas Anticorrupción son los siguientes:
1. Falta de integrantes en las Comisiones de Selección
En los últimos años, la integración y actividades de las Comisiones de Selección de los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción han sido socavadas por los Poderes Legislativos. Cada Comisión de Selección se integra por un grupo ciudadano, que debe ser autónomo, honorífico e independiente. Es nombrado por la Legislatura del estado o, en el caso del Nacional, por el Senado. Las Comisiones de Selección nombran a las personas integrantes del CPC. Como resultado de la captura de los Congresos, diversos CPC se encuentran incompletos y, muchos de ellos, inoperantes.
En los estados de Campeche, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Veracruz no están integrados sus Comisiones de Selección. Esto implica que 42% de los 33 sistemas a nivel nacional no pueden nombrar a las personas integrantes de los CPC.
Nos preocupa en particular Colima, Morelos, Querétaro y Sonora, ya que no cuentan con ninguno de los nueve integrantes de las Comisiones de Selección. Específicamente el Congreso de Colima lleva tres años sin designar a las personas comisionadas. El 7 de diciembre de este año, la Comisión de Selección de Ciudad de México terminó su mandato, por lo que esperamos que el Congreso realice el proceso de convocatoria pronto para realizar las designaciones correspondientes. Finalmente, después de tres años de retraso, el 1 de noviembre el Congreso de Puebla realizó las nueve designaciones de la Comisión de Selección.
La falta de designaciones idóneas, apegadas a la legalidad y legitimidad, con procesos de participación ciudadana, rendición de cuentas, perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y perspectiva intercultural, provoca nombramientos a modo. También genera el primer acto de corrupción, pues la opacidad —en los casos que los procesos se realizan— tiene un efecto directo en los Sistemas y en la calidad de vida de las personas derivados de los actos de corrupción en el acceso a servicios y bienes públicos.
La situación de los Sistemas se agrava cuando hay una omisión sistemática por parte de los Poderes Legislativos con la finalidad de desmantelarlos. Esto trae como consecuencia la inoperabilidad de los CPC, imposibilita la participación de sociedad civil para impulsar acciones anticorrupción, dialogar y proponer políticas públicas con el resto de los órganos que componen a los Sistemas Anticorrupción.
2. Falta de integrantes en los Comités de Participación Ciudadana (CPC)
El Comité de Participación Ciudadana en cada sistema se encarga de realizar propuestas y emitir opiniones sobre la Política Nacional o Estatal Anticorrupción, así como lineamientos y otras medidas anticorrupción, como lo es la Plataforma Digital Nacional (PDN), además de vincular a sociedad civil en la agenda anticorrupción para hacer contrapeso al poder. El retraso en las designaciones de este Comité vulnera el derecho de la ciudadanía a participar en esta materia, el funcionamiento del Comité Coordinador, al no haber quién lo presida, e incluso la toma de decisiones de la Comisión Ejecutiva, que es la instancia responsable de hacer propuestas y evaluaciones de política pública.
En total, 17 CPC no se encuentran completos, es decir, 51.51% de todos los Sistemas. Estos son los casos de Baja California, Guerrero, y Tabasco, donde hay dos de cinco personas que deberían de integrar el CPC. Mientras que en los estados de Michoacán, Tamaulipas, Campeche, Nayarit, Hidalgo y Oaxaca hay tres de cinco integrantes.
Nos resultan preocupantes los casos de Colima, Morelos, Puebla, Sonora y Querétaro. En estos estados, el CPC se encuentra en riesgo de quedar inoperante, pues solo cuentan con una de cinco personas que deberían de integrarlo. En el caso de Ciudad de México, Veracruz y Nuevo León, el CPC se encuentra totalmente vacío e inoperante.
3. Falta de perfiles en las Secretarías Ejecutivas
A estos problemas, se suma que siete Secretarías Ejecutivas no cuentan con sus titulares; es decir, 24.24%. Las entidades en esta situación son: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla y Sonora.
4. Falta de operaciones de las Comisiones Ejecutivas
Este órgano técnico funge como auxiliar de la Secretaría Ejecutiva y su función es realizar propuestas en materia de prevención, control, disuasión de hechos de corrupción, entre otras. Estas propuestas son aprobadas posteriormente por el Comité Coordinador. Para que una Comisión Ejecutiva pueda operar, debe haber al menos tres de cinco personas que la integren, el cual incluye a la persona Secretaria Técnica y a las personas integrantes del CPC, con excepción de la presidencia.
Entre los estados donde la Comisión Ejecutiva se encuentra inoperante, por falta de quórum, se encuentran Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Colima, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Nayarit, Querétaro, Sonora y Tabasco. Es decir, 39.39% de todos los sistemas del país. Además de estos estados, en el caso de Veracruz no han reportado acciones a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
5. Falta de designaciones en las Fiscalías Anticorrupción
Las Fiscalías Especializadas en el combate a la Corrupción trabajan en la investigación de servidores públicos y particulares vinculados a delitos por hechos de corrupción. Además se dedican a la prevención de actos de corrupción y establecen políticas públicas en la materia, en colaboración con el Sistema Nacional Anticorrupción.
En 2019, falleció el titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de Campeche y hasta la fecha no ha sido nombrada una nueva persona titular. En el caso de Tamaulipas, durante octubre de este año, un juez federal suspendió los nombramientos de los vicefiscales anticorrupción del estado por conflictos con el exgobernador. En esa misma entidad, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, regresó a su puesto después de que un juez federal le otorgara una suspensión a la decisión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de retirarlo de su cargo.
Finalmente reprochamos el uso de las Fuerzas Armadas en las investigaciones judiciales de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos. También condenamos enérgicamente la obstrucción al trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) y la agresión que sufrió la periodista Estrella Pedroza por parte de la Policía de Morelos al documentar estos hechos.
6. Sin designaciones las magistraturas administrativas de salas regionales, tribunales estatales e institutos de transparencia y acceso a la información
No se han realizado las designaciones de 71 magistraturas administrativas de salas regionales y tribunales estatales, las cuales tienen como obligación conocer los juicios en materia de corrupción.
Sobre los institutos de transparencia, en el caso de Colima, el Congreso estatal y la gobernadora no han realizado el nombramiento de dos comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, el cual cuenta con apenas un integrante, mismo que terminará su mandato en junio del siguiente año.
Distintas organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos, así como integrantes de los Sistemas Anticorrupción, hemos realizado llamados urgentes a los Congresos Estatales, la Cámara de Diputados y Senadores para que hagan las designaciones pendientes de los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción y que estas sean apegadas a los principios de legalidad, legitimidad e idoneidad. Esto incluye también las tres designaciones pendientes de personas comisionadas para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Finalmente, es necesario revisar el ámbito internacional. Entre el 11 y 15 de diciembre de este año se llevará a cabo la 10ª Sesión de la Conferencia de los Estados Parte (CoSP10, por sus siglas en inglés) de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC). Es un momento clave para realizar un balance en México sobre los avances y retrocesos de esta agenda. Desde la sociedad civil estaremos en ese espacio para presionar al gobierno mexicano y mostrar con datos y argumentos cómo en nuestro país estamos repitiendo la misma historia: la acumulación del poder en un solo partido sin mecanismos anticorrupción en la gestión pública y con mayor poder y dinero en las Fuerzas Armadas.
