Por Samuel Adam y Alejandra Barriguete
La Secretaria de la Función Pública tiene siete investigaciones abiertas contra el exsuperdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, y existen indicios de que incurrió en conductas irregulares, por lo que podría ser sancionado.
“Ya arroja indicios y datos de posibles conductas irregulares”, dijo la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. sobre la investigación a Lomelí, quien renunció al cargo el viernes pasado.
Las investigaciones arrancaron el 22 de mayo de este año, dos días después de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que Lomelí, junto con familiares y amigos, forma parte de una red de empresas que venden medicamentos a gobiernos.
De diciembre 2018 a abril de este año, cuando Lomelí ya era superdelegado, la empresa Abisalud, parte de esa red, recibió contratos por 164 millones de pesos del gobierno federal y otro de 36 millones con el gobierno de Veracruz.
La Secretaria de la Función Pública informó hoy en conferencia que hay cuatro investigaciones sobre las empresas con las que tiene vínculo Lomelí y tres más sobre conductas contrarias a la legalidad en que incurrió el ex funcionario.
Sandoval señaló que el empresario farmacéutico ha incurrido en conductas sancionadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por las que podría ser inhabilitado para ejercer un cargo público hasta por 20 años y los contratos de las empresas farmacéuticas con el gobierno podrían ser anulados.
Lomelí pudo haber incurrido en actos ilegales como cohecho al obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público; actuación bajo conflicto de Interés; enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y tráfico de influencias.
«Son faltas graves todas ellas y evidentemente pueden implicar la destitución, la sanción económica que juzgue el Tribunal de Justicia Administrativa», señaló la funcionaria, «y desde luego la inhabilitación del servidor público hasta por 20 años».
Podría, incluso, haber acciones penales contra Lomelí.
“Se pueden aplicar estas penas que implicarían desde la destitución, sanción económica, inhabilitación del servidor público y dar vista a las autoridades penales competentes si es que la investigación arrojase en este sentido una línea de investigación”, dijo Sandoval.
Además, la secretaria informó que se podrían revocar los contratos que esta administración u otras hayan realizado con la red de empresas ligada a Lomelí. Sin embargo, en este aspecto dijo que sería según la Ley de Austeridad Republicana, que todavía no es aprobada en el Congreso de la Unión.
La funcionaria indicó además que la renuncia de Lomelí se dio cuatro días después de que informaran al coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, de quien dependía Lomelí, el curso de las investigaciones.
«A través de un oficio fechado el 8 de julio de 2019, y por instrucciones del presidente de la República, informamos al licenciado Gabriel García Hernández de nuestras investigaciones y de la necesidad y conveniencia de tomar medidas preventivas para permitir el curso de las investigaciones y diligencias», señaló Sandoval.
Hay otros funcionarios públicos siendo investigados en el caso Lomelí, cuyos nombres la secretaria no dio a conocer porque pondrían en riesgo la investigación.
