En los últimos años, 21 gobiernos estatales han destinado más de 156.4 millones de pesos de recursos federales para pagar nóminas de maestros muertos.

 

Estos pagos irregulares fueron descubiertos en auditorías realizadas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) correspondiente a 2019 y 2020, tras lo cual los estados fueron obligados a justificar el desembolso o reintegrarlo. A la fecha, todavía no han sido reembolsados a la Tesorería de la Federación más de 38 millones de pesos.

 

Un análisis realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a los reportes de la Auditoría Superior de la Federación identificó que entre 2019 y 2020 los gobiernos de 21 estados realizaron 27 mil 854  pagos a 4 mil 160 trabajadores difuntos.

 

De los 156.4 millones de pesos pagados a personal educativo fallecido en ambos años, las autoridades estatales solventaron 115.7 millones de pesos, de los cuales 76.7 fueron justificados con documentación y 39 millones fueron reembolsados a la Tesorería de la Federación.

 

La ASF determinó 38.6 millones de pesos pendientes por aclarar, que derivaron en acciones administrativas e incluso probables daños al erario, y en el resto de los recursos (alrededor de 2 millones) no se detalla si fueron justificados o devueltos.

Los recursos analizados del FONE corresponden a partidas identificadas como “nóminas estatales subsidiadas”, “FONE servicios personales SEP” y “gastos de operación y entero a terceros institucionales”. Con estas aportaciones, la Federación cubre el pago de nóminas a personal educativo que ocupa las plazas transferidas a los estados, así como servicios personales.

 

En 2020, la Auditoría detectó que 107.9 millones de pesos de dicho fondo federal fueron a dar al pago de salarios a maestros que ya habían muerto. Ocho estados —Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán— no solventaron las observaciones por pagos realizados a trabajadores fallecidos por un monto cercano a los 7.2 millones de pesos.

 

Sin embargo, la problemática no es nueva e incluso se presentó en mayor proporción en el ejercicio anterior. De acuerdo con los resultados de las auditorías, en 2019 las entidades pagaron 48.4 millones de pesos a personal identificado como decesos, de los que 19 estados no solventaron pagos por 31.4 millones de pesos.

 

Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, son las entidades con pagos pendientes por aclarar de ese año a personal fallecido.

Según las propias revisiones, estas inconsistencias detectadas por el órgano de fiscalización se desprenden de confrontar las nóminas del FONE con los datos de defunciones emitidos por la Secretaría de Salud y por Segob.

 

Estos son algunos de los estados que han desembolsado millones de pesos de recursos federales en pagar a personal identificado como fallecido y que la ASF presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal:

 

MICHOACÁN

 

En Michoacán, el Gobierno estatal realizó 763 pagos por 5 millones 449 mil pesos a 119 trabajadores identificados como decesos durante el ejercicio fiscal 2020, incumpliendo con ello con la Ley de Coordinación Fiscal, de acuerdo con el informe de la ASF.

 

Sin embargo, aunque justificaron y reembolsaron parte del monto, quedaron pendientes por aclarar 1 millón 439 mil pesos, correspondientes a 236 pagos hechos a 52 empleados fallecidos durante ese año.

 

Mientras que en el ejercicio 2019, la ASF le señaló al Gobierno de Michoacán 1,046 pagos indebidos con recursos del FONE a 110 trabajadores muertos, por un total de 7 millones 560 mil de pesos, los cuales no aclararon y generaron un probable daño al erario federal.

 

CHIAPAS

 

En 2019, el gobierno de Chiapas pagó 6 millones 883 mil pesos a 117 colaboradores fallecidos. Lo hizo a través de la Secretaría de Educación estatal, quien dispersó el dinero en mil 244 pagos.

 

La Auditoría detectó esta irregularidad en la revisión de la cuenta pública de ese año y pidió al gobierno de Chiapas que se aclararan estos pagos. Sin embargo, la información que las autoridades chiapanecas proporcionaron no fue suficiente para sustentar que los pagos sí eran procedentes.

 

“La documentación no aclara o justifica los pagos realizados a los trabajadores observados, por lo que se determina la no solventación de la observación”, dice el informe de la ASF.

 

La cuenta pública del 2019 también indica que la Secretaría de Educación chiapaneca pagó con recursos del FONE un millón 268 mil 790 pesos a otros 13 trabajadores identificados como fallecidos para cuando se realizaron los depósitos.

 

En total, el gobierno de Chiapas desembolsó más de 8.1 millones de pesos en nómina de trabajadores muertos.

 

GUERRERO

 

Por cuenta y orden de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), se realizaron al menos 627 pagos por un monto de 5 millones 310 mil pesos a 130 trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2019.

 

La dependencia estatal remitió la documentación aclaratoria para acreditar pagos por 997 mil pesos realizados a 32 trabajadores, con lo que se solventó parcialmente la observación.

 

Sin embargo, al no ser aclaradas en su totalidad las observaciones realizadas, la ASF determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 4 millones 29 mil pesos.

 

CHIHUAHUA

 

En la revisión de los recursos del FONE correspondientes a Chihuahua en 2019, la ASF detectó que se realizaron pagos improcedentes a 40 trabajadores identificados como decesos, por más de 800 mil pesos.

 

Mientras que en 2020,  el órgano de fiscalización señaló que Chihuahua desembolsó más de medio millón de pesos a través de 280 pagos a 61 trabajadores fallecidos, afectando en la misma proporción al erario.

 

“En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua infringió la normativa, principalmente en materia de las nóminas ordinarias estatales y federales del fondo, debido a que se realizaron pagos a trabajadores identificados como decesos”, resolvió en su dictamen.

 

En ambos años, Chihuahua acumula un monto por aclarar de pagos a personal docente fallecido que asciende a más de 1.3 millones de pesos.

 

OAXACA

 

Por cuenta  y orden del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca se realizaron 2,063 pagos por 11 millones 621 mil pesos a 215 trabajadores identificados como fallecidos.

 

El Gobierno del Estado proporcionó los  documentos justificatorios para comprobar 4 millones 866 mil pesos, realizó el reintegro de 5 millones 156 mil a la Tesorería de la Federación, y no aclaró 1 millón 599 mil.

 

Al no haberse solventado en su totalidad las observaciones por pagos realizados con los recursos del FONE, la  ASF determinó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal.

 

SAN LUIS POTOSÍ

 

En San Luis Potosí, la Secretaría de Educación estatal realizó 741 pagos por 5 millones 392 mil pesos a 115 trabajadores identificados como decesos durante el ejercicio fiscal 2020.

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el gobierno potosino proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de pagos por 3 millones 764 mil pesos.

 

Sin embargo, quedaron pendientes por aclarar 1 millón 400 mil pesos, correspondientes a 329 pagos realizados a 82 trabajadores difuntos, por lo cual la ASF determinó que hubo una posible afectación al erario federal.

 

TAMAULIPAS

 

En el caso de Tamaulipas, la Secretaría de Educación estatal (SET) realizó el pago de 5 millones 212 mil pesos a 145 trabajadores identificados como decesos en este y anteriores ejercicios fiscales.

 

El gobierno tamaulipeco proporcionó información con la que justificaron 3 millones 63 mil pesos y se reintegraron 943 mil 730 pesos a la Tesorería federal.

 

Sin embargo, faltó aclarar el destino de 131 pagos a 14 trabajadores muertos, por un total de 1 millón 149 mil pesos.

 

JALISCO

 

Al Gobierno de Jalisco, la Auditoría Superior de la Federación le señaló en 2020 un posible daño a la Hacienda Pública Federal por poco más de medio millón de pesos, tras detectarle pagos a trabajadores fallecidos que no fueron solventados.

 

“Quedó pendiente por aclarar o reintegrar 128 pagos a 27 trabajadores por 565,959 pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado”, determinó la ASF.

 

Mientras que en 2020, el Gobierno estatal jalisciense realizó pagos a personal fallecido por 2 millones 90 mil pesos.

 

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Con información de Blanca Corzo, Gerardo Farell y Vanessa Cisneros.