A un año del desplome de la Línea 12 del Metro, que ocasionó la muerte de 26 personas e involucró a 102 heridos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, decidió no dar a conocer el tercer dictamen sobre la caída del Metro, realizado por la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV), contratada directamente por el gobierno capitalino para esclarecer los hechos de la tragedia. 

Para la mandataria, el tercer reporte le pareció “tendencioso y falso” y señaló que éste incurre en un conflicto de interés. Sin embargo, este caso no concuerda con las definiciones de conflicto de interés y sólo parece ser un pretexto para ocultar los resultados de un informe que podría ser adverso para el Gobierno de la Ciudad de México.

A inicios de mayo del año pasado, la Jefa de Gobierno se comprometió con la ciudadanía a «llegar al fondo de este terrible incidente [sic], que haya responsables, con una investigación autónoma e independiente (…) y también garantizar la operación de la Línea 12». A un año de esa promesa, ninguno de estos compromisos se ha cumplido. Ese tramo del Metro sigue sin funcionar. Ni un solo funcionario público ha sido imputado por su responsabilidad. La investigación autónoma contratada por el gobierno hoy está siendo escondida con el argumento de conflicto de interés.

Claudia Sheinbaum apunta a un conflicto de interés en el reporte debido al abogado Héctor Galindo, asesor legal de la empresa de DNV que en 2012 litigó en contra del ahora Presidente de la República. Como en el pasado colaboró en el IFAI y en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la jefa de Gobierno sugirió su cercanía con otras administraciones federales. Sin embargo, olvida que el presidente no tiene facultades para designar funcionarios públicos en ninguna de esas dos instituciones.

De acuerdo con la propia contraloría de la Ciudad de México, un conflicto de interés se presenta «cuando un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de la persona servidora pública pueda afectar el desempeño imparcial, objetivo de sus funciones». Todas las personas tienen intereses derivados de relaciones familiares, personales y profesionales. Un conflicto de intereses surge cuando estos afectan las decisiones que toma una persona en el desempeño de su labor o su neutralidad.

La acusación de la Jefa de Gobierno tendría que estar acompañada de dos explicaciones concretas: 

1) El vínculo entre los antecedentes laborales del abogado señalado y sus decisiones actuales; 

2) cómo las decisiones del abogado pudieron afectar las conclusiones del tercer reporte del dictamen de DNV. 

Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México no han ofrecido evidencia de ninguno de estos vínculos, por lo que no hay claridad sobre por qué la actividad laboral del abogado litigante en cuestión podría ser considerada como un conflicto de interés. Si había evidencia anterior de este supuesto conflicto, ¿por qué hacer esta acusación un año después del contrato por el cual el gobierno pagó más de 26 millones de pesos a la empresa noruega DNV para hacer el peritaje?

Para ilustrar casos en los que sí hay evidencia de potenciales conflictos de intereses basta con revisar la experiencia del propio gobierno de Claudia Sheinbaum: el 6 de noviembre de 2021, la entonces secretaria de Turismo capitalina, Paola Félix, viajó junto con el productor teatral Alex Gou —quien recibió un contrato por adjudicación directa de más de 20 millones de pesos para producción del desfile de Día de Muertos— en un avión privado de Juan Francisco Ealy, dueño de El Universal, a la boda de Santiago Nieto, todavía titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal. Ese mismo día, al hacerse pública esta información, Claudia Sheinbuam dió a conocer que decidió aceptar la renuncia de Félix. Hoy hay una investigación abierta en contra de la exfuncionaria. 

¿Qué hay detrás de las acusaciones de Claudia Sheinbaum? De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), publicado el 4 de mayo de 2022, el Tercer informe de la empresa DNV fue desechado por razones técnicas. La Secretaría señala que la metodología utilizada en el último reporte es distinta a la acordada; sin embargo, no existe una sola mención al conflicto de intereses señalado por la Jefa de Gobierno.

Sin tener conocimiento completo de las diferencias técnicas entre la empresa DNV y el Gobierno de la Ciudad de México (cuestión que se debe a que las propias autoridades han escondido el peritaje en cuestión) no es posible señalar quién tiene la razón. Lo que resulta extraño es que la jefa de Gobierno acuse la existencia de un conflicto de intereses sin ofrecer más evidencia que una demanda de hace una década para no ofrecer una explicación completa y transparente a las personas que habitan la Ciudad de México de lo que provocó el desplome de la Línea 12.

Revisa la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sobre las irregularidades de la Línea 12 del Metro.