Después de cuatro años del fraude detectado sobre unas 60 mil familias que habrían sido despojadas de sus viviendas en siete estados del país, con un quebranto de 2,257 millones de pesos, que involucró al Infonavit y a integrantes del poder Judicial en Nayarit, sólo hay dos exmagistrados en prisión, de más de una veintena de involucrados, y aun cuando se dio vista a la FGR.
En diciembre del 2018, la Fiscalía General del Estado de Nayarit denunció por medio de un comunicado que entre los años 2013 y 2018 de manera ilegal se entablaron juicios en contra de unos 60 mil derechohabientes del Infonavit que habían caído en cartera vencida, con el fin de despojarlos. Un año antes habían detectado el megafraude.
Se trató, de acuerdo con la Fiscalía, de una estrategia de complicidad entre magistrados y jueces de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, así como de un notario y un despacho de abogados externos que recuperaba cartera vencida del Infonavit, cuyo objetivo era despojar de sus viviendas a las personas a través de juicios en los que, en muchos de los casos, desconocían de esa demanda.
Y es que si bien las viviendas de derechohabientes del Infonavit se encontraban físicamente en los estados de Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, todos los juicios se presentaron ante el poder Judicial de Nayarit.
La Fiscalía estatal explicó que la operación de fraude fue en dos periodos. Del 2013 al 2015, en juzgados de Xalisco y Compostela se entablaron procesos contra uno o dos demandados, pero en el despacho particular contratado por el Infonavit para recuperación de cartera vencida se tramitaban “juicios espejo” contra miles de demandados, a través de la falsificación de constancias, además de que no se notificaba a los derechohabientes sobre el juicio para quitarles su vivienda, lo cual concluía en sentencias que devolvían las propiedades al Infonavit.
En tanto, dichas viviendas eran adjudicadas por el Infonavit a terceros en sólo 75 por ciento del valor del avalúo para su reventa.
Una segunda etapa del fraude se detectó en dos juzgados de Bucerías, en el municipio de Bahía de Banderas, a finales del 2016.
Por estos hechos se abrió la indagatoria por los presuntos delitos de falsificación de documentos; fraude; tráfico de influencias; asociación delictuosa; ejercicio indebido de funciones; abuso de autoridad; cohecho; peculado; así como delitos contra la administración de la justicia y cometidos en la custodia de documentos.
La Fiscalía de Nayarit presentó en diciembre del 2018 una solicitud de declaratoria de procedencia en contra de cuatro jueces y dos magistrados, ante el Congreso del estado.
A la fecha han sido imputados el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto, y el exmagistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado, ambos en prisión; cuatro jueces de Primera Instancia; así como secretarios de Acuerdo, notificadores y personal administrativo de Juzgados de Primera Instancia de Xalisco, Compostela, Bucerías 1º. Civil, Bucerías 2º. Civil, y un exjefe de archivo del Poder Judicial del Estado.
También se ha imputado a un despacho externo que trabajaba con el Infonavit y a exapoderados del Instituto; al exdirector de Convenios y/o gerente de Titulación del Infonavit; y al extitular de la Notaría 3 con sede en San Blas, Antonio Humberto Herrera López.
Como parte del proceso, los jueces Braulio Meza Ahumada y Mario Alberto Cervera López cuentan ya con una sentencia de procedimiento abreviado, con una reparación del daño por un millón de pesos. En tanto, al notario Herrera López se le fijó una reparación del daño por 2 millones de pesos, informó la Fiscalía de Nayarit a Mexicanos contra la Corrupción.
Asimismo, se otorgaron criterios de oportunidad a los imputados Eva Alicia Rodríguez Mora y María Consuelo Medina Olvera, con una reparación del daño por 500 mil pesos. Los demás imputados se encuentran a la espera del juicio oral, manifestó la Fiscalía.
Salvos los exmagistrados que siguen en prisión, los imputados llevan su proceso en libertad, con medidas cautelares como la firma periódica ante juzgados.
La Fiscalía estatal precisó que la mayoría de los derechohabientes mantienen la posesión de sus viviendas, aun cuando se concretó el cambio de propietario a través de dicho fraude. “Los afectados han promovido alrededor de 500 amparos masivos en diferentes estados de la República… (y) se ha ordenado la reposición de los procesos”, puntualizó la dependencia estatal.
El primer caso detectado
El Tribunal Superior de Justicia de Nayarit firmó un convenio con el Infonavit en el 2013, el cual sirvió como base para el fraude, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía local.
En 2017, un derechohabiente en Tamaulipas acudió a realizar el pago del predial de su vivienda, donde le informaron de la situación irregular, porque la casa ya no estaba a su nombre. Tras investigar, le reportaron sobre una demanda civil de juicio hipotecario, interpuesto en Xalisco, Nayarit.
El afectado argumentó que nunca fue notificado del juicio. Pero en los documentos del caso se incluyó documentación de que supuestamente sí había sido notificado. Se trataba de miles de notificaciones en un mismo domicilio, se descubriría más tarde.
De una auditoría interna del Infonavit se desprendió que el quebranto por el fraude masivo desde Nayarit ascendió a 2,257 millones de pesos. En 2018 se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por todo el caso.
El activista Rodrigo González Barrios, como parte de la llamada Comisión de la Verdad en Nayarit, ha impulsado juicios contra exfuncionarios, entre ellos el exgobernador Roberto Sandoval y el exfiscal Edgar Veytia. Se involucró en el caso del Infonavit en 2018, cuando se enteró por parte de algunas de las víctimas sobre el megafraude.
En enero de 2019 contactó a Filiberto Villalobos, quien fue despojado de su vivienda en Xalisco, y que ahora es considerado el primer caso resuelto por la vía del amparo. Su caso quedó firme recién este año, y su casa le fue devuelta.
Sin embargo, González Barrios detalló a MCCI lo engorroso del asunto, tanto como el simple hecho de que Filiberto Villalobos accediera a su expediente hace tres años.
“Acudimos (al Registro Público de la Propiedad) y resulta que no podía, con mil pesos, sacar las copias (para conocer a nombre de quién estaba la escritura), porque nos vamos dando cuenta que ese expediente, donde estaba su caso, tenía 221 tomos”.
Vía amparo, la víctima logró acceder a su expediente, el cual era parte del juicio especial hipotecario 297/2014, que se abrió en el Juzgado Mixto de Compostela, Nayarit. La primera irregularidad que detectaron, explicó el activista, es que no correspondía a su jurisdicción, al ubicarse la vivienda en el municipio nayarita de Xalisco, donde había otro Juzgado.
Al ver la lista de afectados incluidos en esos 221 tomos, pudieron deducir que tan sólo en este expediente había entre 20 mil y 25 mil personas a las que las habrían despojado de sus viviendas, y que la Fiscalía de Nayarit identificó como “juicios espejo”; todas estas personas fueron supuestamente notificadas en un mismo domicilio, manifestó el activista.
“Duramos nosotros tres años en el asunto del amparo, esto fue en enero de 2019 y en este enero, el mes pasado, fue cuando ya le entregaron la casa a Filiberto. Él ya tiene su casa y entonces… con ese amparo… quedó en firme de que fueron juicios ficticios… Yo creo que es la primera resolución que hay, la de Filiberto precisamente, de que fueron juicios ficticios”, detalló González Barrios.
Contratan despacho para defensa
En julio de 2021, el Infonavit firmó un contrato con un despacho jurídico para que lo represente en el caso de los llamados “juicios masivos”, de acuerdo con las carpetas de investigación abiertas en la FGR y en la Fiscalía General del Estado de Nayarit.
Dicho contrato fue a través de adjudicación directa con el despacho Coninter y Asociados SC por un monto de 26 millones 680 mil pesos.
De acuerdo con la justificación de compra directa del Infonavit, existe la posibilidad de no obtener la reparación del daño por 2 mil 127 millones 749,749 pesos más IVA “causado al Instituto, por los despachos externos Especialistas en Cobranza Difícil S.C., Hugo Gerardo Rosales Badillo, KCS Servicios Profesionales S.C. y Molrod Silber y Asociados S.C. y/o por quien o quienes resulten responsables”.
El Infonavit argumentó que se requieren acciones legales para defender sus intereses en todas las etapas procesales de las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Nayarit hasta lograr, de ser posible, el ejercicio de la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables por los delitos de administración fraudulenta, fraude, peculado y los que resulten en agravio del Instituto.
El Instituto reconoció que no hay garantías de que se obtenga una recuperación económica por la complejidad del asunto, y porque el propio Infonavit no había denunciado en primera instancia como “daño patrimonial”, así como por el perfil de la contraparte, en este caso al tratarse de despachos de abogados.
MCCI consultó al Infonavit sobre este caso. El organismo indicó que por tratarse de denuncias en curso a nivel penal tenían restricciones para informar sobre los avances y que a nivel interno se hacía lo conducente. También se solicitó una entrevista con el Poder Judicial de Nayarit, sin que al cierre de esta edición se tuviera respuesta.