La tarde del 10 de septiembre de 2020, Neydi Araceli Tzab Tuk, una mujer de 24 años con 36 semanas de embarazo, comenzó a convulsionar en su casa en X-Pichil, en la zona maya de Quintana Roo. Un día después, moría intubada en el Hospital General de Playa del Carmen, a unas tres horas de su comunidad, sin que sus padres pudieran llevarse su cuerpo ni el de su nieta. 

Neydi Araceli Tzab no había tenido ningún síntoma de “la enfermedad”, como llaman sus padres al coronavirus. Tampoco ellos, su yerno o su nieto de dos años, a pesar de vivir todos juntos. Cuando Aurelia Tuk Dzul e Isabel Tzab Dzul llegaron la tarde del 11 de septiembre al hospital, después de 200 kilómetros de viaje, pensaban que a su hija la estaban atendiendo desde la madrugada de una emergencia obstétrica, pero llevaba dos horas muerta. Según su acta de defunción, sufrió una eclampsia —convulsiones durante el embarazo— 22 horas antes de su muerte; seis horas antes ocurrió la muerte fetal; finalmente, un choque séptico. En el apartado de “otros estados patológicos” del documento se lee: “caso sospechoso Covid”. 

El certificado de defunción de Neydi Araceli Tzab Tuk indica como causa de la defunción el choque séptico y en un segundo apartado precisa: “caso sospechoso Covid”. Fotografía: Robin Canul

Neydi Araceli Tzab fue una de las 934 mujeres que murieron el año pasado en el embarazo, durante o después del parto en México, según la Dirección General de Epidemiología. En 2020 la mortalidad materna —la relación entre las muertes maternas y los nacidos vivos por cada 100,000 nacimientos— aumentó 46%, de acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna, lo que significó volver a los niveles de hace una década. En las primeras cuatro semanas de 2021 el problema se ha agravado: 111 muertes, un 105% más que en enero del año pasado.

Hilda Argüello, secretaria técnica del observatorio, dice que la muerte materna era “un problema prepandemia”, pero desde mayo del año pasado los números empezaron a subir, principalmente por el Covid-19 y enfermedades respiratorias. Ese mes estos padecimientos fueron la causa de uno de cada cinco fallecimientos y al finalizar el año de tres de cada 10. En Quintana Roo, donde murieron 22 mujeres, la mortalidad materna en el segundo semestre del año pasado llegó hasta casi el doble de la cifra nacional: 85.9.

Neydi Araceli Tzab supo que estaba embarazada en abril y calculó que tenía unos tres meses. En el Centro de Salud Rural de X-Pichil, una delegación de 2,600 habitantes en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, la enviaron al hospital de la cabecera municipal, el más cercano, a 40 kilómetros, una hora y media de camino. Pero por la emergencia sanitaria no había consultas ginecológicas y no la atendieron. Le pidieron que se realizara los análisis en un laboratorio privado. Como la familia no tenía dinero para pagar los estudios, Tzab regresó a su pueblo y no tuvo ningún seguimiento durante su embarazo.

En México, según datos de la Secretaría de Salud, las consultas prenatales se redujeron a la mitad durante los primeros meses de la pandemia. Aurelia Tuk recuerda que, durante el primer embarazo, dos años atrás, a su hija se le hincharon las manos y los pies, un signo habitual de preeclampsia, una hipertensión que puede derivar en convulsiones y la muerte de la madre y el feto, como finalmente le ocurrió a Neydi Araceli Tzab cuando esperaba su segundo hijo.  

En X-Pichil, los jóvenes suelen migrar a Tulum, Playa del Carmen y Cancún para estudiar o trabajar como obreros o en el sector turístico. Ella regresó a la casa de sus padres en el pueblo, famoso por sus bordados, cuando inició la pandemia. Allí pasó todo su embarazo sin ningún signo de preocupación, hasta que el 10 de septiembre empezaron las convulsiones.

Centro de Salud Rural de X-Pichil, comunidad perteneciente al municipio Felipe Carrillo Puerto, en la zona maya de Quintana Roo. Fotografía: Robin Canul

La familia llamó a una ambulancia para ir al hospital de Carrillo Puerto después de que en el centro de salud de la comunidad no supieron diagnosticarla. Nunca llegó. Tardaron horas en conseguir un taxi. Cuando la vieron en el hospital habían pasado doce horas desde su primera convulsión. “No nos dijeron qué tenía, solo que no la podían atender ahí, que todo lo que ella necesitaba estaba en Chetumal o Playa del Carmen y tenían que trasladarla de urgencia”, dice su madre en maya, traducida por Leydi Ruiz Pat, delegada de X-Pichil.

Neydi Araceli Tzab fue trasladada en la madrugada del 11 de septiembre a Playa del Carmen, esta vez sí en una ambulancia, acompañada de su marido. Al llegar le practicaron una cesárea de urgencia. La bebé ya estaba muerta. Horas más tarde, Tzab sería intubada y moriría sin que nadie informara a su esposo. Fue hasta que sus padres llegaron por su cuenta al hospital y se acercaron a entregar la documentación del Seguro Popular que les dijeron que su hija también había fallecido y no les podían entregar los cuerpos debido a la sospecha de Covid-19. Ni a Neydi Araceli Tzab ni a ninguno de sus familiares se les realizó una prueba. Aurelia no habla español e Isabel solo sabe unas palabras de castellano, por lo que apenas entendían la situación. Sin poder trasladar el cuerpo o pagar por un servicio funerario en Playa del Carmen, se resignaron a cremar a su hija y a su bebé.

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Yuridia Monjaraz era una de las cinco integrantes del equipo de parteras profesionales en el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, pero por la pandemia renunció al centro para atender partos en casa. El 20 de marzo de 2020 la dirección les instruyó: “A partir del lunes se cierra consultorio de partería. Solo se abren consultas de urgencia”.

Todas las consultas externas en el hospital, incluidas las prenatales, se suspendieron por la emergencia sanitaria. Los estudios, como los ultrasonidos, los servicios de odontología y psicología y los talleres de promoción de la salud y preparación para el parto que el equipo de parteras impartía en las comunidades, siguen sin reactivarse por falta de personal. En 2019, en Quintana Roo se atendieron 71,072 consultas prenatales. En abril y mayo de 2020, cuenta Monjaraz, las mujeres dejaron de asistir al hospital. Calcula que los partos atendidos por su equipo disminuyeron 50% cuando comenzó la pandemia. Al mismo tiempo aumentaron los factores de riesgo y complicaciones como hemorragias e hipertensión, las principales causas de muerte materna antes de Covid-19.  

En el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, en la zona maya de Quintana Roo, suspendieron las consultas prenatales por la emergencia sanitaria. Fotografía: Robin Canul

El Lineamiento para la prevención y mitigación de Covid-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida, publicado el 6 de abril de 2020, especifica que se deben garantizar los servicios a esta población, pero “solo quedaron en papel”, dice Isabel Fulda, subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización feminista de defensa de los derechos reproductivos.  

Fulda explica que los cambios en la organización del personal médico por la pandemia provocaron la suspensión de las consultas prenatales, déficit de personal para atender emergencias obstétricas y falta de prevención y atención a embarazos de riesgo en poblaciones marginadas. En ninguna entidad federativa, agrega, existen —o no se han hecho públicos— planes estatales para garantizar la atención de la salud reproductiva; las unidades de primer nivel están abandonadas; no hay medios de traslado suficientes para emergencias obstétricas, ni se realizan pruebas de detección de Covid-19 en mujeres embarazadas y recién nacidos. La Secretaría de Salud de Quintana Roo no dio respuesta a las peticiones de entrevista sobre el aumento de la muerte materna y las fallas en los hospitales del estado. 

La unidad de parteras profesionales en el hospital de Carrillo Puerto se creó para integrarlas al sistema público y ayudar a la disminución de la muerte materna. El programa, que inició con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, se implementa en zonas con condiciones de vulnerabilidad social, donde las mujeres no puedan detectar embarazos de riesgo por la falta de atención médica en sus comunidades. Del 2010 al 2015, el municipio de Felipe Carrillo Puerto mantuvo el porcentaje más alto de personas en pobreza en Quintana Roo, e incluso aumentó de 65.2 a 71.8%. Ese último año, según Coneval, también fue el de mayor rezago social.  

“En las comunidades mayas ese tipo de situaciones es silenciosa. No se dice, no se habla. Lo ven como algo normal”, explica Maritza Yeh Chan, coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena en Quintana Roo. “Al no recibir información en nuestra propia lengua, las mujeres no están comprendiendo”. 

Maritza Yeh Chan, coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena en Quintana Roo. Fotografía: Robin Canul

Layla Rodríguez Gutiérrez, otra de las parteras profesionales del hospital de Felipe Carrillo, llegó al municipio el 14 de abril y se encontró con un retén de policías municipales que impedía la entrada a la ciudad. Solo pudo ingresar porque les mostró un oficio que especificaba su nuevo puesto de trabajo. Semanas después, Rodríguez comprendió porqué casi todas las pacientes llegaban “con un pie en el hospital y pariendo”. Como en varias comunidades alrededor del estado, el acceso de cualquier persona que no viviera ahí fue restringido durante los meses en los que el semáforo epidemiológico se mantuvo en rojo. Quienes asistían al hospital, el único de segundo nivel en la zona centro del estado, solo pasaban si se trataba de una emergencia. Los guardias del retén eran los que decidían si lo era o no.

Ante esta situación, muchas mujeres embarazadas se quedaron en sus comunidades y las parteras tradicionales se convirtieron en esenciales. “Nosotras hemos sido maltratadas. Si llega una embarazada que identificamos de alto riesgo y la referimos o la acompañamos al hospital, a nosotras nos echan la culpa de todo. Se nos maltrata por el simple hecho de cómo vamos vestidas, por nuestro lenguaje”, cuenta una partera tradicional de Felipe Carrillo Puerto, que atiende en varias comunidades de la zona maya y pide el anonimato por miedo a represalias.

Mitzi Reyes Martínez, enfermera perinatal que pertenece al equipo de parteras del hospital de Carrillo, recuerda una emergencia obstétrica parecida a la de Neydi Araceli Tzab. Ingresaron a una señora que traían de una comunidad y había convulsionado en varias ocasiones. Cuando llegó al hospital el bebé ya había muerto. Ella tenía insuficiencia respiratoria.

Mitzi Reyes Martínez (izquierda) y Layla Rodríguez Gutiérrez (derecha), parteras profesionales en el hospital de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Fotografía: Robin Canul

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El 8 de diciembre de 2020 las personas que entraban al Hospital General de Felipe Carrillo Puerto tenían que pasar por un túnel sanitizante improvisado, los aspersores tardaban en activarse y en el piso se había formado un charco de lodo. Delfina Catzín Pat y su hermana menor se reían de las personas que entraban por el arco y se preguntaban si ellas también tenían que pasar por ahí. La menor estaba embarazada y había viajado para hacerse su primer ultrasonido desde San Francisco Aké, una localidad de 400 habitantes a dos horas de camino.

El 5 de marzo, la embarazada y con dolores de parto era Delfina Catzín. Aún no se declaraba la pandemia, pero en el hospital ya había problemas. Un doctor la revisó y le dijo que se fuera a su casa porque hasta el día siguiente habría un ginecólogo capaz de practicarle la cesárea. “Sí aguanta hasta mañana”, le dijo. Al día siguiente, volvió al hospital temprano. Su bebé tenía el cordón enrollado en el cuello. La ingresaron para practicarle la cirugía, pero pasaron varias horas hasta que tocó su turno. Su tercer hijo, la primera niña, nació muerta.

Desde antes de la pandemia, en el hospital de Carrillo Puerto el ginecólogo realizaba cesáreas solo los fines de semana. En noviembre pasado se incorporó uno nuevo, pero para enero la institución volvió a quedarse sin este especialista, dice Mitzi Reyes, partera en este hospital. Cualquier emergencia obstétrica, como el caso de Neydi Araceli Tzab, era referida a los hospitales en otras ciudades del estado a través de un grupo de WhatsApp que integra una red de emergencias obstétricas. Aunque, explican las tres parteras consultadas, desde hace varios meses sólo Chetumal puede recibir estos casos porque los hospitales de Cancún y Playa del Carmen están saturados por el Covid-19.

El área de trabajo social y los servicios de salud sexual reproductiva, que al inicio de la pandemia también se suspendieron, se están retomando ahora “porque se están dando cuenta que realmente es algo esencial”, dice Layla Rodríguez. Pero el hospital sigue teniendo déficit de personal: “Se fue medio personal de incapacidad o de licencia por patologías. Imagínate que de 10 se fueron 5, pero mandaron 3 por Covid, entonces tienes 8. Al final es personal que está supliendo al que se fue”. En julio pasado, 20% del personal sanitario de base se había ausentado del trabajo por ser personas de riesgo, anunció en aquel entonces Miriam Ortiz, subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud de Quintana Roo. Esto sin incluir a las personas contagiadas que murieron al hacer su trabajo.  

Delfina Catzín, de 30 años, ya no va a tener más hijos. Después de la muerte de su bebé le ofrecieron hacerse la cirugía anticonceptiva y aceptó. “Cuando la perdí no aguanté. Hasta pensé que me iba a morir. Me cansé mucho. No me atendían, les estaba rogando que me la quitaran de una vez, pero no hacen caso. La verdad ya me cansé. Qué tal si tengo otra así, la voy a perder. Por eso hice que me ligaran”, dice. Ahora espera que su hermana tenga una niña, como ella deseaba.

Hospital General de Playa del Carmen, donde Neydi Araceli Tzab Tuk falleció después de ser trasladada desde el hospital de Felipe Carrillo Puerto. Fotografía: Robin Canul