La recuperación de vivienda en las administraciones de Alejandro Murat y David Penchyna, así como en el último año de Víctor Borrás, fue un mal negocio para el Infonavit. Perdió casi 7,500 millones de pesos al rematar en subastas por debajo de su avalúo unas 87 mil 200 casas.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) valuó en 18 mil 508 millones 763,766 pesos dichas viviendas, sin embargo, fueron vendidas en sólo 11 mil 11 millones 515,955 pesos.
Datos entregados a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad por el Infonavit, vía solicitudes de transparencia, indican que de 2012 a 2018 se recuperaron unas 87,200 viviendas en los 32 estados del país debido a que sus dueños habían caído en morosidad.
En 2015, el Infonavit editó un “Atlas del abandono de vivienda”, documento en el que justificó que con el arranque del gobierno de Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2013, se impulsó un programa para vender hasta 39 mil viviendas recuperadas, pero sólo había logrado colocar para entonces una quinta parte.
La cartera vencida del Infonavit en el peñismo fue identificada como vivienda desocupada y clasificada en tres tipos, según su nivel de deterioro: Vandalizada, la cual no contaba con mobiliario, ventanas y tenía puertas dañadas, incluso con grafiti. Abandonada, sin mobiliario y sin mantenimiento, con descuido del inmueble. Y deshabitada, con estado de conservación aceptable de habitabilidad, así como con ventanas y puertas en buen estado.
El Atlas incluyó 378 municipios del país, los cuales sumaban 244 mil 847 viviendas abandonadas y que representaban 84 por ciento del total de casas en esas condiciones en el año 2014.
El saldo deudor de esas viviendas ascendía a 70 mil millones de pesos, con un promedio de deuda de 283 mil pesos por inmueble, de acuerdo con los datos del Infonavit.
Los diez municipios con mayor vivienda abandonada eran: Juárez (Chihuahua); Tijuana (Baja California); Tlajomulco de Zúñiga (Jalisco); Zumpango (Estado de México); Reynosa (Tamaulipas); Torreón (Coahuila); León (Guanajuato); Mexicali (BC); Altamira (Tamaulipas); y Juárez (Nuevo León).
Los ganadores: despachos externos de cobranza
El Infonavit contrató de 2012 a 2018 a 149 despachos externos, los cuales tuvieron la función de recuperar su cartera vencida. El pago a los despachos fue por 4 mil 490 millones de pesos y se trató de una adjudicación directa.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) buscó a los cinco despachos que obtuvieron los mayores montos por el trabajo de recuperación de cartera vencida del Infonavit en ese periodo y tener su posición sobre este reportaje.
Al intentar enviar un correo en el sitio web del despacho Aguilar Guerrero y Asociados, que obtuvo 866.2 millones de pesos por recuperación de vivienda del Infonavit, la página marcó error. Mientras que de los teléfonos que comparten, el referente a Tijuana fue contestado por una mujer que reconoció se trata del despacho jurídico, y tras plantear la petición de entrevista, la comunicación telefónica se perdió. Llamadas consecutivas ya no fueron atendidas en ese número.
El despacho Gómez Ito y Asociados SC, que cobró 342.1 millones de pesos durante el sexenio anterior por el mismo concepto, pidió el envío de un correo en primera instancia, y tras realizar una llamada de seguimiento días después, la persona encargada de recibir la petición indicó que no fijarían una posición del tema tras consultar con directivos.
Especialistas en Cobranza Difícil SC no cuenta con un sitio web oficial y teléfonos de contacto de páginas alternas que dan cuenta de su existencia, no responden a las llamadas. Asimismo, se envió un correo electrónico a la dirección que aparece también como contacto en los sitios alternos, sin que se obtuviera respuesta antes de la publicación de este reportaje. Los contratos de este despacho sumaron 329.4 millones.
MCCI acudió a las oficinas en la Ciudad de México de Consultores Profesionales Corporativos SA de CV, que obtuvo 288.8 millones de pesos por la recuperación de créditos del Infonavit. Aseguraron que se consultaría si fijaban una posición, aunque al cierre de la edición no hubo respuesta.
El despacho Rodríguez Baggio y Asociados SC también fue consultado en su sede en la Ciudad de México. Se solicitó a MCCI el envío de un correo electrónico, tras asegurar que no tenían en ese momento algún comentario. Al cierre no se obtenía respuesta al correo. El Infonavit pagó a este despacho 232.4 millones de pesos, según la información entregada por el propio Instituto vía transparencia.
El 19 de diciembre del 2018, el Infonavit, con el cambio de gobierno con Andrés Manuel López Obrador, anunció la suspensión de subastas de vivienda, tras señalar que se habían heredado 215 mil viviendas deshabitadas, vandalizadas o que estaban en cartera vencida, y que los procesos que venían ejecutándose iban en detrimento del trabajador.
“Estos inmuebles son los que después se subastan para que terceros los recuperen y los vuelvan a colocar en el mercado, sin embargo, con esto no se resuelve el problema de fondo: es vivienda inútil, ya que se encuentra mal localizada o con servicios insuficientes”, señaló el Infonavit ahora al frente de Carlos Martínez Velázquez.
En octubre del 2019, el Infonavit anunció la nueva firma de 51 contratos con 19 despachos privados, por medio de una licitación, para servicios de cobranza de créditos en 20 zonas geográficas del país.
De acuerdo con lo reportado por el Instituto, su director Carlos Martínez Velázquez acusó durante la firma de esos contratos “que ante el incremento de la cartera vencida durante la última década, las administraciones anteriores (del Infonavit) adjudicaron de manera directa contratos a despachos sin controles suficientes sobre su trabajo y los pagos que recibían”.
Al solicitar una posición para este reportaje, el Infonavit reconoció que durante el sexenio pasado hubo procesos de subasta de viviendas recuperadas por el Instituto, las cuales se ofrecían a empresas o despachos inmobiliarios a bajos costos, y después eran revendidas al público en general.
“Dichas empresas realizaban la reventa sin importar que las casas se encontraran en zonas sin servicios básicos, sin transporte, muy alejadas de los centros de trabajo o escolares, obteniendo con ello importantes ganancias, en perjuicio de quienes las adquirían pese a las malas condiciones en las que se encontraban”, señaló el Infonavit a MCCI.
Expuso que del 2013 al 2018 hubo 772 procesos de subasta, mediante los cuales, precisó, se vendieron 73 mil 515 viviendas.
“De los 772 procesos de subasta, sólo 34 fueron con una postura superior al 100 por ciento del valor avalúo, el resto, 738 procesos tuvieron una postura menor al 100 por ciento del valor avalúo. El promedio fue de 71.51 por ciento”, acusó el Infonavit.
“Desde el inicio de la presente administración, el Infonavit decidió suspender todas las subastas de vivienda, que sólo beneficiaban a empresas particulares e implementó diversos programas para atender el tema y reincorporar al mercado sólo aquellas casas que cumplieran con las características de la vivienda adecuada definidas por ONU-Hábitat, en beneficio de las personas”, puntualizó.
Exdirectivo de Infonavit compra casas subvaluadas
En seis años, el Infonavit vendió unas 87,200 viviendas a 161 personas físicas y morales por medio de subastas.
Sin embargo, más de la mitad de las casas fueron rematadas sólo en cuatro entidades del país. Baja California ocupó el primer sitio con 17,274 viviendas, seguida de Chihuahua con 13,507.
En tercer sitio se colocó Tamaulipas con 11,205 casas y Jalisco con 10,306 viviendas, una suma de 52,292 inmuebles, es decir el 60 por ciento del total vendido en esos cuatro estados.
En cuestión de montos, esas 52,292 viviendas representaron sólo el 28 por ciento de los 11 mil 11 millones 515,955 pesos obtenidos por el Infonavit en subastas del 2012 al 2018.
En la lista de compradores destaca el caso de un exdirectivo del Infonavit que participó en las subastas cuatro meses después de haberse jubilado. Por medio de tres procesos (en abril y octubre del 2012, así como en marzo del 2013) José Alfredo Morteo Báez adquirió 29 viviendas en Hidalgo, Quintana Roo y Veracruz. Por ellas pagó 6.2 millones de pesos.
Morteo Báez trabajó en el Infonavit de julio del 2001 al 30 de diciembre del 2011 y ocupó los cargos de delegado regional en el entonces Distrito Federal; coordinador de administración de personas; gerente de administración de personas; y subdirector general de control interno y excelencia en el servicio. El Infonavit reportó que actualmente es jubilado del Instituto.
Zumpango, cuando tu casa ya es de un despacho
Vanessa Guillén Rodríguez compró hace aproximadamente 15 años una vivienda en Zumpango, en el Estado de México, a través de un crédito mancomunado del Infonavit. Ella dejó de trabajar hace ocho años y su esposo cambió de empleo y ya no labora en la iniciativa privada. Ambos cayeron en cartera vencida; ella en particular fue notificada por un despacho de abogados sobre su deuda acumulada.
Un diagnóstico del Infonavit de febrero del 2015 sobre deterioro de casas en conjuntos habitacionales con altos niveles de vivienda abandonada, en su capítulo Zumpango, señala que el principal motivo de abandono de las casas en este municipio mexiquense es la inseguridad y la falta de empleo, “lo que genera que una vez abandonadas sean utilizadas e invadidas por los delincuentes”, refirió el organismo.
Guillén Rodríguez reconoce que, en su momento, no acudió al Infonavit para negociar su crédito, tras renunciar a su trabajo y dedicarse al cuidado de sus cuatro hijos, pero asegura que no se niega a realizar los pagos pendientes. Su marido entró a laborar al gobierno federal, por lo que el crédito con el Infonavit también quedó en el limbo, ya que en la iniciativa privada le descontaban por nómina. Su esposo ahora ha sumado cuatro años de morosidad.
“Sí me preocupa porque ya la vendieron ellos (el Infonavit) a una hipotecaria. Fuimos y nos dieron la hoja con la dirección del despacho que se vendió; fuimos con ese despacho hace dos años, con esto de la pandemia ya no se dio continuidad. Entonces ellos nos dicen que efectivamente tienen el crédito, y el Infonavit que ‘No, ya no tienes nada qué ver con nosotros, ya se vendió a esta hipotecaria, a este despacho’”.
Vanessa acudió a la dirección proporcionada por el Infonavit, pero ya no eran las oficinas del despacho. En una segunda vuelta al Instituto, les dieron el mismo nombre del despacho pero con una nueva dirección, relata.
Al llamar por teléfono, personal del despacho les pidió sacar una cita. Ya en oficinas, les solicitaron “juntar lo que más pudieran” y tras un cierto periodo, reportar cuánto estarían dispuestos a abonar a la deuda, para que ellos posteriormente “consultaran” al Infonavit si el crédito podía ser reactivado tras ese pago. Pero la pandemia paró todo, “hasta ahí se quedó”, lamenta Vanessa Guillén, cuyo temor más grande es que un día la desalojen del único patrimonio con el que cuenta.
Gumersindo Rojas Poblano es originario de Zumpango. Por años ha visto desaparecer las rancherías para dar paso a los megaconjuntos habitacionales en esta región.
El informe del Infonavit sobre Zumpango, elaborado en febrero del 2015, alertaba que otro factor de abandono de vivienda era el costo del crédito hipotecario contratado para la adquisición del bien.
En el boom inmobiliario, Rojas Poblano no pudo evitar la “tentación” de adquirir una vivienda de interés social en lo que él llama el “Zumpango nuevo”. “Yo en lo personal sí tuve que aplicar mi crédito Infonavit y me arrepentí porque fue un poco antes de que sacaran la ley, la reforma, de que ya podíamos recuperar (la subcuenta de vivienda)”.
Relata que, al hallarse en el límite de edad, lo aplicó hace una década para no perder su crédito. Por ello compró una casa en Nuevos Paseos de San Juan, con paredes comunes —enfatiza—, de unos 50 metros cuadrados, y que aún sigue pagando.
Él vive en el “Zumpango viejo”, pero al estar al frente de una tienda que comercializa bienes de consumo básico, convive con los inquilinos de las unidades vecinas, en la zona “nueva”. El problema que más le comentan, afirma, es la invasión de vivienda, lo cual coincide con el diagnóstico del Infonavit del 2015. Y es que a un kilómetro y medio de su tienda, se localiza la colonia más conocida en Zumpango por la inseguridad y el abandono: La Trinidad.
La renta en Nuevos Paseos de San Juan está entre mil 200 y mil 500 pesos al mes, reconoce don Gumersindo, porque los propietarios optan regularmente por ello. Evitan vivir en esa zona.
“Muchos las rentan, muchos se van, por lo mismo, porque como no hay trabajo se regresan al Distrito (Ciudad de México) y los que tienen trabajo en el Distrito, el pasaje es demasiado caro”.
Hace cuentas, y sin considerar el pasaje para llegar al centro de Zumpango, trasladarse a La Raza o a Cuatititlán cuesta unos 100 pesos de ida y vuelta, con dos horas de trayecto en hora pico, más dos horas de regreso. Ello, si no hay accidente en la carretera, advierte.
Con información de Emiliano Fernández.
