Tenemos una idea de que los informes presidenciales de todos los años son un ejercicio de rendición de cuentas por parte del gobierno en turno. No son tal. Ni en este gobierno, ni en los anteriores.
El informe de gobierno es un ejercicio en el que el titular del Ejecutivo dice más o menos lo que quiere sin tener que dar prueba fehaciente de lo que dice. No sé cuántas personas lo escuchan ni qué opinan de lo que escuchan. Si le creen al gobierno o no le creen.
El ciudadano no suele tener ni el conocimiento ni el interés de checar lo que ahí se dice. A lo sumo tenemos anecdotarios de las personas que escuchan que no hay escasez de medicamentos, pero la viven en carne propia todos los días en los hospitales. De personas sin trabajo que oyen que la tasa de desempleo es una de las más bajas del mundo. De padres de hijos con cáncer sin acceso a tratamiento. De familiares de víctimas que no dan crédito de que la tasa de homicidios haya bajado 42%. De padres de familia que descubren que los calendarios escolares son cada vez más cortos, que los sindicatos suspenden clases, que el dinero para educación de calidad no aparece por ningún lado y que los estudiantes no tienen capacidades mínimas de comprensión de lectura y habilidades matemáticas. De beneficiarios de programas a los que les cobran moche y les exigen el voto o la afiliación. De presos y sus familias que llevan años sin que se dicte sentencia. De médicos que no pueden prestar sus servicios por falta de equipamiento en los hospitales o, peor, porque no hay enfermeras en los quirófanos. De medios, comunicadores y comentaristas que no dan crédito a la afirmación de que no hay censura. De empresarios que no ven la confianza que se arguye.
Medios, comunicadores y comentaristas que no dan crédito de la afirmación de que no hay censura.
La rendición de cuentas es otra cosa. No es pararse frente a los invitados en Palacio Nacional, frente a los mítines o frente a un zócalo lleno a decir, sin filtro, sin pudor y sin temor, que México vive una de sus mejores épocas, que la corrupción terminó, que el Poder Judicial por fin sirve al pueblo, que Dos Bocas ha permitido la soberanía energética o que Pemex ya dejó de perder.
La rendición de cuentas pasa por otros lares. Es informar y someterse a la verificación. Para ello es indispensable que haya acceso a los datos y cada vez lo hay menos. Es explicar el porqué de las políticas públicas más allá de que se presuma que estas se diseñan por primera vez pensadas en el pueblo y que nacen del amor. Es reconocer dónde han fallado y cómo se están corrigiendo. Es comunicar que cuando se ha hecho mal uso de los recursos se investigó y hubo consecuencias.
La rendición de cuentas es informar y someterse a la verificación. Es explicar el por qué de las políticas públicas más allá de que se presuma que éstas se diseñan
Esto les corresponde a las instituciones creadas para vigilar y fiscalizar al gobierno. Le toca al Congreso analizar el Informe y a los grupos parlamentarios, si así lo deciden, llamar a los titulares de cada ramo para cuestionar lo que les parece cuestionable. Le toca a la Auditoría Superior de la Federación, que es el máximo órgano de fiscalización. Les correspondía a los órganos autónomos en sus materias como telecomunicaciones, competencia, transparencia o derechos humanos.
Ninguna de estas autoridades lo hace. En el primer caso porque el Congreso está controlado por la mayoría mal habida otorgada por el Tribunal Electoral al partido en el gobierno. En el segundo porque corresponde a ese mismo Congreso nombrar al titular de la Auditoría. En el tercero porque, otra vez, ese mismo Congreso avaló las iniciativas de la presidenta para desaparecerlos o cooptarlos.
Vaya, ni siquiera se ocuparon de checar que los datos de las secretarías coincidieran con los del 2.° Informe. Tan solo un ejemplo. La presidenta señaló en su discurso que las Universidades del Bienestar Benito Juárez tienen en 2026 una matrícula de 285 mil estudiantes. En el Informe de Labores de la SEP se informa que hubo 84,300 estudiantes en el ciclo 2024-2025 y “se espera” incorporar 90 mil estudiantes más para el ciclo 2026-2027.
La otra rendición de cuentas, la única que existe, es la que hacen los académicos, las organizaciones de la sociedad civil, de los think tanks y de los organismos internacionales.
Revisando lo que han escrito los especialistas no hay prácticamente ninguna cifra sostenible o, como le gusta decir al propio gobierno, que no haya sido descontextualizada.
Los analistas tenemos la obligación de seguir señalando las falsedades, las ficciones, las medias verdades y, sobre todo, los datos que recabamos a través de nuestras investigaciones y que son verificables a través de las fuentes que citamos o los estudios que llevamos a cabo.
Esto a pesar de que nos arriesguemos a ser tildados de adversarios, de derecha, de vendepatrias o de emisarios del pasado.