Mariela Gutiérrez Escalante, senadora de Morena, es propietaria de una casa con un valor comercial estimado de 36.5 millones de pesos que no ha sido reportada en sus declaraciones patrimoniales.
Documentos del Instituto de la Función Registral del Estado de México, obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, revelan que la legisladora adquirió el 2 de diciembre de 2002 el predio donde construyó la casa.
Sin embargo, en sus dos declaraciones patrimoniales, de 2024 y 2025, entregadas a la Cámara de Senadores, la legisladora morenista indicó que no tiene propiedades; tampoco vehículos, inversiones, préstamos ni adeudos. Únicamente reporta su ingreso como funcionaria por 1 millón 27 mil pesos netos al año en 2024 y 517 mil en 2025.
El primer informe fue entregado el 25 de octubre de 2024, casi dos meses después de asumir como senadora de Morena (1 de septiembre de ese año) y el segundo lo entregó el 30 de mayo de 2025.
Sus declaraciones patrimoniales como presidenta municipal de Tecámac entre 2018 y 2024 no son públicas, pues la información no se encuentra disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia —ahora operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la Federación tras la extinción del INAI— ni en el sitio del municipio.
El municipio se transformó; el predio de la senadora también
La propiedad de la que Gutiérrez Escalante es dueña se encuentra en el municipio de Tecámac, Estado de México, localidad de la que fue presidenta municipal de 2018 a 2021 y donde fue reelecta para un segundo mandato de 2021 a 2024.
Antes de eso, la hoy senadora había sido directora de Desarrollo Social en el mismo municipio durante la presidencia del panista Félix Ismael Germán Olivares en el 2000. Después, compitió sin éxito en tres ocasiones para ser presidenta municipal de Tecámac como candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2003, 2009 y 2012.
Tecámac es uno de los ocho municipios colindantes con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La población del municipio en 2010 era de 364 mil habitantes y se estima que llegará a 700 mil en 2030, un crecimiento de 92%, casi el cuádruple que el estimado en el resto del país.
De acuerdo con los registros oficiales, la política morenista compró el inmueble ubicado en la colonia Ozumbilla —una localidad histórica de Tecámac asociada al pueblo originario de Santa María Ozumbilla— cuando era un terreno por 220 mil pesos. Pero hoy ese espacio alberga múltiples construcciones de lujo que, de acuerdo con especialistas en el sector inmobiliario consultados por MCCI, tendrían un valor comercial de cuando menos 36.5 millones de pesos.
Lo anterior sin tomar en cuenta los materiales ni los bienes muebles de las diversas construcciones que ocupan el espacio de 4 mil 417 metros cuadrados de la propiedad, equivalentes a cuatro albercas olímpicas o 12 canchas de básquetbol. La lujosa propiedad de la senadora contrasta con otras viviendas de la zona. El área ocupa más de la mitad de la manzana en la que se encuentra y dentro están construidas dos casas: una blanca (con mayor extensión) y otra de fachada gris.
En imágenes aéreas de la propiedad principal se observan jardines perimetrales que rodean la construcción moderna con techos de cristal y aluminio para cubrir del sol antes de acceder.
Un jardín junto a la casa tiene dos esculturas rojas sobre el pasto y un espejo de agua con otra escultura tipo tótem acompaña un camino que dirige a una de las entradas a la construcción principal. En la extensión del concreto en el piso pueden estacionarse más de 20 vehículos fácilmente. Desde las calles que rodean la cuadra es imposible saber qué se esconde detrás de una larga barda y puertas discretas.
Antes de incursionar en la política Mariela Gutiérrez tenía una trayectoria como empresaria. En su perfil del Sistema de Información Legislativa se menciona que en 2001 era dueña de 25 salas de cine en varios municipios del EdoMex e Hidalgo y que también tenía negocios en el rubro del transporte federal de carga.
De terreno a mansión
En el histórico de fotos satelitales de Google se aprecia cómo la propiedad de Mariela Gutiérrez pasó de ser un árido terreno a contener dos casas de lujo.
De acuerdo con los documentos registrales, la compraventa se concretó en diciembre de 2002. Mariela adquirió el terreno con una persona de nombre José Velázquez Gutiérrez.
Intentó cederla antes de ser candidata de Morena en Tecámac
En marzo de 2015, después de haber sido tres veces candidata del PRD a la alcaldía de Tecámac y antes de incorporarse públicamente a Morena como candidata municipal en 2018, Mariela Gutiérrez intentó transmitir la propiedad del inmueble de Ozumbilla a su hermano Jesús Gutiérrez Escalante.
En los datos registrales se inscribió un aviso preventivo el 5 de marzo de ese año sobre una posible «dación en pago» a favor de Jesús Gutiérrez Escalante. Esta figura legal implica que una persona entrega voluntariamente un bien para extinguir una deuda u obligación; es decir, no es una compraventa típica.
Sin embargo, el aviso para formalizarla tenía una vigencia legal de 60 días y quedó sin efecto el 26 de abril de 2015, por lo que la transmisión de la propiedad no se consumó.
Familiares de la senadora agredieron y robaron a periodistas
Periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad realizaron una visita de verificación al domicilio de la senadora Mariela Gutiérrez en el municipio de Tecámac. Como parte del recorrido, se realizó un vuelo de dron en el área de la propiedad, respetando la normatividad vigente.
Cuando los periodistas se retiraban del sitio, dos vehículos (una camioneta marca BMW color azul de modelo reciente y una camioneta Ford SUV blanca) se les aproximaron de forma intempestiva. Frenaron de golpe frente a ellos, cerrando el paso a los periodistas, y de éstas descendieron al menos cuatro personas que, de manera hostil, lanzaron gritos y comenzaron a grabar. Cuestionaron: «¿qué hacen grabando en la casa de la senadora?».
Las personas —que posteriormente fueron identificadas como María Enriqueta Gutiérrez Escalante, Pedro Jimmy Gutiérrez Almazán, Carlos Suárez Gutiérrez y Paola Andrea Suárez Gutiérrez, todas familiares de la senadora—, se apropiaron por la fuerza del dron y se lo llevaron. Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Guardia Civil del municipio de Tecámac, ante los que el equipo de MCCI se identificó y solicitó su apoyo.
Momentos después, cuando los periodistas abordaron el vehículo en el que se transportaban, un grupo de entre 30 y 40 personas rodeó la unidad. La multitud lanzó gritos exigiendo la detención de los comunicadores.
Para preservar su integridad, los investigadores se resguardaron en el vehículo propio en espera de la llegada de más fuerzas policiales. Durante alrededor de media hora, en diferentes ocasiones hubo intentos de abrir el automóvil para sustraer a los reporteros, mientras más personas y policías se juntaban alrededor.
Ante la posibilidad de una escalada de violencia, el equipo de MCCI inició una breve transmisión en vivo mientras descendía voluntariamente del vehículo. La Guardia Civil trasladó a los periodistas a la Fiscalía Regional de Tecámac, en donde la agresión y el robo del dron fueron denunciados formalmente, como quedó asentado en el Número Único de Caso ECA/FTE/FTE/082/130390/26/05.
Los familiares de la senadora Gutiérrez Escalante también presentaron una denuncia de hechos contra los periodistas bajo la acusación de «acecho».
El delito de acecho se encuentra tipificado en el artículo 268 Quinquies del Código Penal del Estado de México, donde se explicita que: «no se considerarán constitutivas de este delito las conductas descritas en el presente artículo cuando deriven del ejercicio de la libertad de expresión, la actividad periodística, la defensa de derechos humanos, la protesta social o la crítica a personas servidoras públicas en razón de sus funciones».
Mientras se presentaban las denuncias respectivas, los agresores y otras personas no identificadas se mantuvieron a las afueras y en el interior de la Fiscalía local, acosando a los periodistas e intentando intimidarlos tomando videos, fotografías, gritándoles y empujándolos cuando tenían oportunidad. Hacia el final de la noche, el abogado de los agresores ofreció retirar la denuncia a cambio de las imágenes obtenidas por los periodistas durante el recorrido. Estas no fueron entregadas.
Concluida la denuncia formal por parte de MCCI ante las autoridades, los periodistas pudieron retirarse del lugar custodiados por un dispositivo de seguridad oficial.
Hasta el momento, el dron no ha sido devuelto al equipo de MCCI.
Derecho de réplica de la senadora Mariela Gutiérrez Escalante
De conformidad con la ley reglamentaria en materia del derecho de réplica, y derivado de la solicitud presentada por la senadora, a continuación se reproduce textualmente la parte del escrito que fue considerada procedente como materia de réplica:
“LA FALSEDAD CENTRAL DEL REPORTAJE
El problema más grave del reportaje es que los datos del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) y los antecedentes registrales utilizados por ustedes no corresponden a la casa que muestran visualmente en imágenes, videos y tomas aéreas.
Ustedes presentan como supuesto sustento documental una consulta de antecedentes registrales del IFREM de otro inmueble, relacionado con la Escritura Pública número 8,358, de fecha 2 de diciembre de 2002, pasada ante la fe del Licenciado Edmundo Saldívar Mendoza, Notario Público número 117 del Estado de México, así como actos posteriores vinculados con la Escritura número 33,259, Libro 505, de fecha 2 de marzo de 2016, propiedad que dejó de formar parte de mi patrimonio desde hace más de diez años.
Sin aclarar que la casa que aparece visualmente en el reportaje NO corresponde al inmueble identificado en esos antecedentes registrales.
Es decir, ustedes mezclaron una consulta de antecedentes registrales, con imágenes correspondientes a un inmueble distinto para construir artificialmente una narrativa patrimonial falsa frente al espectador, generando la impresión de que la casa mostrada visualmente corresponde al inmueble identificado en los antecedentes registrales, cuando ello es incorrecto.
Ahora bien, la propiedad relacionada con esos antecedentes registrales ya no forma parte de mi patrimonio, pues el dominio fue transmitido mediante actos jurídicos anteriores conforme a la legislación mexicana.
En México, la transmisión de la propiedad deriva del acto traslativo de dominio formalizado mediante escritura pública. El Registro Público cumple principalmente funciones de publicidad y oponibilidad frente a terceros, pero no constituye por sí mismo la fuente creadora de la propiedad.
Por ello, si algún trámite registral subsecuente no hubiese concluido plenamente ante el Registro Público, ello corresponde jurídicamente al adquirente y, en su caso, a las gestiones notariales respectivas, sin que ello implique permanencia de propiedad, ocultamiento patrimonial, simulación o conducta ilícita alguna atribuible a mi persona.
Solo este hecho debería bastar para exigir una aclaración y una disculpa pública.
LA REALIDAD JURÍDICA DEL INMUEBLE QUE MUESTRAN EN EL REPORTAJE
La casa que aparece en el reportaje es el lugar donde actualmente habito, pero no está en mi declaración por un ocultamiento patrimonial ni por corrupción.
Desde el 23 de junio de 2015, mediante la Escritura Pública número 1887, Libro 75, otorgada ante la fe del Licenciado Sergio Iván González Rosano, Notario Público número 7 de Tizayuca, Hidalgo, formalicé una donación a favor de mis hijos Francisco Javier y Pedro Jimmy Almazán Gutiérrez, reservándome únicamente el uso vitalicio. Si procede aclararlo en las observaciones de mi declaración, lo haré.
Esa figura jurídica existe en la legislación mexicana desde hace décadas. Es legal. Es pública. Y ocurrió antes de mi ingreso al servicio público municipal.
En México, la propiedad se transmite mediante escritura pública. El registro tiene efectos declarativos y de publicidad frente a terceros, pero no constituye por sí mismo la fuente constitutiva del dominio o de la propiedad.
Si algún trámite registral posterior no fue concluido plenamente, ello corresponde jurídicamente al adquirente y no implica simulación, ocultamiento patrimonial ni permanencia de propiedad.
En todo caso, si alguna precisión administrativa debiera realizarse respecto del uso o usufructo vitalicio reservado, ello tampoco modificaría el hecho central falsamente difundido por ustedes: que la propiedad no pertenece a la suscrita y que ustedes presentaron como de mi propiedad.
El artículo 39 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas tampoco altera esa realidad jurídica, pues dicho precepto no transforma el uso habitacional o un derecho de usufructo en propiedad, ni autoriza presentar públicamente como “propiedad de la senadora” un inmueble cuyo dominio fue previamente transmitido mediante escritura pública.
LA SOBREVALUACIÓN PARA FABRICAR UN ESCÁNDALO
Ustedes también sobrevaluaron deliberadamente el inmueble para fabricar un escándalo político.
La cifra de “36.5 millones de pesos” fue difundida sin avalúo, sin dictamen técnico, sin metodología verificable y sin parámetros profesionales transparentados al lector.
Más aún: conforme a los parámetros oficiales contenidos en el Decreto 236, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 12 de diciembre de 2025, relativo a valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2026, incluso tomando escenarios máximos de valuación catastral, el monto real de la casa mostrada en su reportaje resulta aproximadamente 51% menor al difundido por ustedes.
La propiedad además se encuentra en Santa María Ozumbilla, Tecámac, no en corredores de ultra alta plusvalía como Bosques de las Lomas, Lomas de Chapultepec o zonas equivalentes, como pretende insinuar el reportaje mediante recursos audiovisuales y narrativos.
El dron fue puesto a disposición del Ministerio Público
El dron no ha sido entregado porque fue puesto a disposición del Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación iniciada por hechos probablemente constitutivos de delito denunciados por particulares. Quien no les ha devuelto el dron es el Ministerio Público.
Por ello, es absolutamente falso que el dron o cualquier otro objeto propiedad de los periodistas haya sido robado, como se afirma en su publicación de manera específica bajo el énfasis: “Familiares de la senadora agredieron y robaron a periodistas”. Como se ha mencionado anteriormente, su reportaje está construido bajo narrativas falsas y evidentemente alejadas de la ética, profesionalismo e imparcialidad que su propia organización dice defender.
La clasificación jurídica corresponde exclusivamente al Ministerio Público
Corresponde al Ministerio Público determinar la clasificación jurídica de los hechos denunciados.
Solo me consta que se presentó una denuncia relacionada con posibles conductas de acecho y lo que resulte. La Fiscalía deberá investigar con imparcialidad y, si hay otras conductas delictivas, que se investiguen.”
