El pasado 15 de octubre, el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, dirigido por el Dr. Mauricio Merino, llevó a cabo un seminario sobre Las amenazas de la corrupción en el proceso electoral.
No puedo pensar en un tema más pertinente por dos motivos muy poderosos. El primero, porque considero que el ciclo de la corrupción política comienza por la corrupción electoral y el segundo, porque todo pinta para que en 2027 tengamos lo que antes llamábamos una elección de Estado.
¿Por qué digo que la corrupción política comienza por la corrupción electoral? Por una razón muy sencilla. Porque si partimos de la propia definición del Dr. Merino de que la corrupción es “la captura del Estado y se expresa en el reparto de puestos y presupuestos”, lo primero que hay que hacer es ganar las elecciones. Cueste lo que cueste. De otra manera no hay nada que repartir.
Mi teoría es que, en un sistema de botín como el mexicano, cada puesto de elección y, después, cada cargo obtenido, trae consigo un llavero. Mientras más importante el cargo, mayor el número de llaves que contiene y mayor el número y tamaño de puertas para abrir.
¿Qué llaves? ¿Qué puertas? Las de los permisos y concesiones, las del poder para asignar contratos o licitaciones amañadas, las de destinar los recursos presupuestales, las de repartir los puestos administrativos como si fueran botín, las de la información privilegiada o de su ocultamiento, la posesión de datos personales y el control sobre la justicia.
La llave del contrato. La llave del permiso. La llave de la auditoría que se hace o no se hace. La llave del padrón de beneficiarios. La llave de la fiscalía que persigue o archiva.
Cada puesto de elección y, después, cada cargo obtenido, trae consigo un llavero.
Imagínese usted. El presupuesto del gobierno federal alcanza los 10 mil millones de millones de pesos. De ahí, para abajo. El Edomex cuenta con 300 mil millones de pesos y el de Colima —el más reducido— con 22 mil millones.
Los puestos a repartir alcanzan los 1,691,406 de servidores públicos para la administración pública federal. De ahí para abajo. El Edomex tiene más de 300 mil puestos a repartir y sus 125 municipios otros 122 mil.
Hacerse de los llaveros es indispensable y las elecciones son el mercado donde se obtienen las llaves más preciadas. Quien gana una elección se queda, durante tres o seis años, con todo el llavero.
Por aquí se empieza a viciar el proceso electoral en un país en el que para ganar la elección se pervierte la ley y al ejercer el poder se vuelve a pervertir.
Por eso hay que invertir en el triunfo electoral. Porque es un negocio muy rentable. Estamos ante una decisión de negocios. Y es una decisión fácil por sus enormes retornos a corto plazo.
El presupuesto del gobierno federal alcanza los 10 mil millones de millones de pesos.
Podría decirse que esto ocurre en toda democracia, pero no es así. O no lo es ni por las consecuencias ni por los niveles que se ven en nuestro país. En EE.UU. el dinero privado entra a raudales en las elecciones. Pero, aún con un presidente tan abusivo y poco respetuoso de la legalidad como lo ha sido Trump, las instituciones creadas para funcionar como contrapeso siguen funcionando. Claro, a saber qué hubiese hecho Trump de haber tenido las mayorías que hoy tiene Morena.
La diferencia es que su “sistema de botín”, como el de las democracias más consolidadas, es distinto y está mucho más limitado. Está sujeto a normas que se cumplen, a los servicios civiles de carrera y a la rendición de cuentas exigible por la pluralidad en el Congreso, por un sistema judicial operante y por una sociedad con pocos límites en el acceso a la información.
Sin estas limitantes, la democracia electoral acaba por pervertir la democracia institucional, que es lo que hoy vive México.
Mientras la inversión en ganar un puesto no supere el costo de violar la ley para hacerlo, la corrupción electoral seguirá presente. Y, en México, prácticamente no hay costos por transgredir las normas electorales. Sobre todo, si del partido en el poder se trata.
Lo que hoy tenemos en México es un árbitro que no arbitra o arbitra en favor del partido oficial (el caso de las precampañas); un tribunal que en sus sentencias privilegia el interés de ese mismo partido (la escandalosa sobrerrepresentación otorgada a Morena en 2024); gasto muy por encima de los topes de campaña (en 2018 mostramos en Dinero Bajo la Mesa que por cada peso que pueden gastar los candidatos, gastan 15 y que por cada peso que los partidos reportaban al INE, había otros 25 no reportados). Este dinero proviene de actores que no están autorizados para entregarlo, de recursos públicos que está prohibido utilizar, de programas sociales identificados con el partido en el gobierno; también esos recursos vienen a veces del crimen organizado.
Hasta aquí, la corrupción electoral. Pero si tengo razón con mi hipótesis de los llaveros, esta corrupción se transfigura en la captura, inhabilitación o desaparición de las instituciones y mecanismos capaces de frenar la corrupción política. En la permisividad para un ejercicio autoritario del poder y el uso discrecional de los recursos públicos.