En las democracias, la oposición a un régimen, a un partido o a una forma de gobernar se manifiesta a través de distintas vías y tipos de agrupaciones. Están las organizaciones de la sociedad civil, los activistas, los medios, los intelectuales comprometidos con ciertas ideas o las asociaciones de empresarios y trabajadores. Defienden causas, vigilan a las autoridades, denuncian los abusos de poder y proponen políticas públicas alternativas.
Cuando los gobiernos se tornan autoritarios, pueden ignorar o, incluso, suprimir estas expresiones de participación ciudadana. Una manera es cancelando el registro a las ONGs. Otra es boicoteando a la prensa libre a través de persecución, asesinatos y desapariciones de periodistas incómodos, la prohibición de acceso a eventos oficiales como le sucedió a El Norte en Nuevo León o el boicot a los usuarios de TV Azteca. Una más es persiguiendo a los activistas como sucedió con los ambientalistas.
Del otro lado está la participación político-partidaria. Aquí también los gobiernos imponen obstáculos difíciles de sortear.
Descontando las dictaduras plenas, México es uno de los países en los que más requisitos se exigen para constituirse en partido político. Tantos, que no cabrían en este espacio. Quizá los más importantes sean el número de afiliados (256 mil aproximadamente), celebración de 200 asambleas distritales o 300 en al menos 20 entidades federativas en las que la autoridad compruebe que no hubo reparto de dádivas, intervención de ministros de culto o de ciertas organizaciones gremiales, demostración del origen lícito de los recursos y presentación de estatutos, declaración de principios y programa de acción.
Pero no. Corrijo. Si los requisitos legales y administrativos son francamente excesivos, el mayor de ellos es que el partido en el poder te tenga en la mira. Si alguna vez la decisión estuvo en manos de autoridades electorales independientes, desde que Morena capturó al INE y al Tribunal Electoral la posibilidad de ser partido no depende de las leyes y reglamentos sino de lo que una mayoría de consejeros que responde a Palacio Nacional decidan que los has cumplido.
La dificultad es enorme porque el Estado de derecho es simplemente precario y, al menos en los casos en los que el gobierno en turno tiene algún interés particular, se tuerce a conveniencia.
Dice Guadalupe Taddei que a las autoridades les corresponde garantizar que el registro de nuevos partidos se desarrolle bajo condiciones de legalidad, objetividad y certeza, y agrega, que “el INE fortalece la confianza pública en los procedimientos de validación que sustentan la integración del sistema de partidos políticos en México».
¿No se le habrá ocurrido que la primera condición para la confianza pública y para las condiciones de legalidad, objetividad y certeza, lo primero es tener un órgano autónomo que no esté nombrado ni controlado por la aplanadora morenista en la Cámara de Diputados?
La realidad, que más pronto que tarde suele imponerse, hizo posible el registro de una nueva opción de centro-izquierda para competir en 2027.
No es de extrañar que la obtención amañada del padrón quedó en el olvido y no se investigó más a pesar de constituir un delito.
Hubo múltiples revisiones, auditorías y recursos legales ante el Tribunal. Se intentó impedir su registro a través de anulación de algunas asambleas y, sobre todo, del argumento de militantes duplicados que Morena intentó probar, pero fracasó. Se vio envuelto en un escándalo porque no pudo explicar quién le había dado el padrón de afiliados cuyo acceso era de uso exclusivo del INE. No es de extrañar que la obtención amañada del padrón quedó en el olvido y no se investigó más a pesar de constituir un delito.
Al final, la pulcritud con que Somos México cumplió con cada uno de los requisitos hizo imposible negarles el registro. Entonces el gobierno en turno se puso imaginativo.
Ahora quieren quitarles la marca, el color de identidad y el emblema con el que trabajaron, afiliaron y ofrecieron una nueva propuesta. La mala uva está clara cuando pensamos que ese fue el nombre con el que solicitaron y obtuvieron el permiso para intentar el registro.
Al oficialismo le incomoda que el color del emblema sea el rosa porque bien que mal fue producto de importantes manifestaciones ciudadanas que acabaron conociéndose en todo México como La Marea Rosa. Esa que se opuso a la captura del INE, a la desaparición de la transparencia, a los embates contra la división de poderes y, en particular, a la absurda reforma al poder judicial. Un movimiento que no fue ni el desprendimiento de un partido ni tampoco un intento de constituirse en satélite del partido oficial. No. Un movimiento ciudadano con presencia en todo México.
Al oficialismo le incomoda que el color del emblema sea el rosa
También eso molestó. Que en su nombre apareciera el nombre de nuestro país. Los argumentos se llevaron al absurdo. Se quiere negar la denominación del partido porque se considera que utiliza una identidad nacional sumamente arraigada, la cual no puede ser reclamada exclusivamente por un solo partido político, porque tiene un carácter excluyente (¿?) y por la similitud cromática con un partido local.
¿De verdad? Sabe usted cuántos partidos y alianzas desde los años 80 llevaron el vocablo México o mexicano en su nombre? Más de 30. Recordemos algunos: Fuerza por México, México Posible, Partido Mexicano Socialista, Partido Mexicano de los Trabajadores, Partido Socialista Unificado de México, Partido Liberal Mexicano.
No sabemos en qué acabará esta nueva intentona del gobierno. Por lo pronto Somos México ya es un nuevo partido y a pesar de su resiliencia desde que buscó y logró su registro, ahora viene el mayor reto. Que la ciudadanía se entusiasme con la nueva opción institucional. Que los más de 256 mil afiliados convenzan a cuando menos 1.6 millones de votantes (3% de la votación válida emitida en la última elección) de que son una opción distinta a la oferta que existe en el plano nacional. Una con un proyecto nacional y global dentro de un régimen democrático.