Tercera Encuesta Nacional sobre Corrupción e Impunidad

El combate a la corrupción y la impunidad es una de las banderas de este gobierno y una de las principales consignas con las que Andrés Manuel López Obrador triunfó en 2018. La promesa de transformar la vida pública del país después de lo que él mismo ha calificado como los excesos y la corrupción del “régimen neoliberal” generó grandes expectativas entre prácticamente todos los mexicanos. Esto se reflejó no solo en su abrumadora victoria, sino en la confianza ciudadana en que habría cambios sustantivos que llevarían a la eliminación de la corrupción en México. 

Desde Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad hemos realizado un seguimiento puntual a las acciones del gobierno y, con la misma rigurosidad con la que señalamos las irregularidades de la administración de Enrique Peña Nieto, hemos continuado analizando la política anticorrupción actual, señalando sus múltiples problemas y proponiendo cambios o mejoras. Sin embargo, también es necesario conocer las opiniones, experiencias y perspectivas de los mexicanos sobre el fenómeno de la corrupción y su percepción sobre las acciones del gobierno para combatirla. Uno de los elementos fundamentales para el cambio también es la participación y el apoyo de las personas, al mismo tiempo que la evaluación ciudadana brinda un termómetro único para evaluar el éxito o fracaso en esta lucha. Con ese fin, desde 2019 comenzamos a realizar, en alianza con Reforma, una medición anual a través de una encuesta nacional para conocer la perspectiva de Los Mexicanos frente a la Corrupción.

A punto de llegar a la mitad del sexenio, y todavía en medio de las consecuencias de la terrible pandemia del coronavirus, presentamos los resultados de nuestra Tercera Encuesta Nacional sobre Corrupción e Impunidad. La imagen que nos presenta el 2021 no es esperanzadora. A pesar de que la percepción sobre el presidente sigue siendo muy positiva, la gran confianza de la ciudadanía con la que inició este gobierno en esta materia, hoy parece haberse erosionado. La evaluación sobre la forma en que el presidente y su gobierno están enfrentando la corrupción y la impunidad hoy es reprobatoria (43% consideran que bien o muy bien y 29% que mal o muy mal) y una amplia mayoría de mexicanos creen que el fenómeno seguirá empeorando en el futuro (43%). Los múltiples casos que se han acumulado desde 2019, junto con la forma tan particular en que el presidente ha reaccionado cuando se trata de su círculo cercano, han puesto en evidencia que el discurso del fin de la corrupción no ha sido suficiente para transformar la realidad y los ciudadanos parecen saberlo. 

Por lo anterior, esta encuesta permite conocer el estado de la corrupción en México y a continuación presentamos los principales hallazgos en siete secciones. Las primeras cuatro partes presentan la evolución de la opinión de los mexicanos en cuanto a (1) los aspectos generales de la corrupción, (2) la evaluación de distintas instituciones públicas y grupos de poder, (3) la impunidad y (4) la incidencia de la corrupción y su denuncia. Además, una de las novedades de la edición 2021 es la adición de distintas preguntas sobre temas coyunturales como (1) la opinión sobre el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, (2) los principales casos de corrupción de los últimos meses y (3) los efectos de la corrupción en el manejo de la pandemia. 

En relación a las cuestiones generales de la corrupción, la primera sección muestra que, en comparación con 2019, la mayor parte de las personas consideran que la corrupción en el país aumentará, y, en concordancia, la evaluación de la manera en que el Gobierno está combatiendo la corrupción ha empeorado. A partir de ello, la segunda sección profundiza en el grado de corrupción que perciben los ciudadanos en distintas instituciones y encuentra que las tres instituciones con peor evaluación son los partidos políticos, la policía de tránsito y las cárceles y reclusorios.

Otro aspecto importante que evalúa la encuesta es la evolución de las percepciones de impunidad, puesto que éstas son determinadas por las consecuencias que pueden tener los actos de corrupción para quienes los realizan. Al respecto, la tercera parte de este documento señala que, entre 2019 y 2021, la proporción de personas que opinan que siempre o la mayoría de las veces se castiga la corrupción siga casi igual y la percepción de utilidad de la denuncia disminuyó 5.2 puntos porcentuales. Como consecuencia de lo anterior, la sección sobre incidencia muestra que, entre los que realizaron una denuncia, la proporción de personas que no obtuvieron algún resultado aumentó 6 puntos porcentuales en el último año y, por ello, se perdió gran parte del avance que hubo entre 2019 y 2020.

Derivado de los numerosos ataques verbales del presidente a los órganos constitucionales autónomos y,  en particular, al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, esta encuesta incorporó las preguntas sobre su evaluación. De esta manera, la sección respectiva encontró que la respuesta más frecuente al preguntar si aprueban la labor del INAI es que sí la aprueban y, contrario a lo que opina López Obrador, la mayor parte de mexicanos considera que no debe desaparecer. 

En cuanto los principales casos de corrupción de los últimos meses, la encuesta encontró que tres de ellos fueron conocidos por más del 30% de las personas y más del 40% consideran que son ciertos  Por último, la sección sobre los efectos de la corrupción en el manejo de la pandemia muestra que la mayoría de los ciudadanos opinan que la corrupción ha sido un catalizador para que las consecuencias de la pandemia y el proceso de vacunación sean peores. 

Esta tercera entrega de la Encuesta Nacional sobre Corrupción e Impunidad muestra que para la mayoría de los mexicanos la lucha contra la corrupción es aún una tarea pendiente. En esta, como lo hemos señalado anteriormente, es fundamental el papel de la sociedad civil así como la construcción de instituciones sólidas que permitan ir mucho más allá de voluntarismos, así como una acción por parte del gobierno que vaya más allá de las palabras. 

Al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una amplia mayoría de mexicanos confió en que su discurso de combate a la corrupción y la impunidad tendría resultados. En su primer año de gobierno, 52% de las personas creía que la corrupción disminuiría al siguiente año, mientras que los poco optimistas eran minoría, representando el 22.7%. En 2020 esta situación se invirtió y ahora, en 2021, se ha profundizado: hoy la cantidad de ciudadanos que creen que tendremos menos corrupción ha caído casi a la mitad, llegando hasta 28.6%, mientras que una mayoría de 42.6% de personas creen que tendremos todavía más corrupción.

Al preguntar a las personas su evaluación sobre el combate a la corrupción por parte del gobierno del presidente López Obrador, la opinión positiva, que en 2019 era de un abrumador 70%, ha caído para mantenerse en 43%. Por el contrario, aquellos que consideran que la política anticorrupción está mal han aumentado a más del doble, pasando de 12% en 2019 a 29% en 2021. 

Cuando se pregunta cuál es la causa principal de la corrupción en México, históricamente la respuesta que aparece en primer lugar es la impunidad y la falta de castigo. 2021 no es la excepción, pero es notable que el discurso del presidente ha tenido un efecto en la opinión pública, pues mientras en 2019 la segunda respuesta más frecuente era la pobreza y la desigualdad, desde 2020 hasta ahora se responsabiliza a los gobiernos anteriores.

Cuando se profundiza en esta pregunta sobre la causa de la corrupción, pero separando por sexo, grupos de edad y niveles de ingresos, aparecen varios fenómenos interesantes. Por ejemplo, la importancia que asignan los hombres a la pobreza y la desigualdad es de casi la mitad comparada con la importancia de la impunidad, mientras que las mujeres, si bien mantienen el mismo orden de importancia, le dan una importancia mayor a los factores socioeconómicos. 

Igualmente, al observar los niveles de ingresos, los que consideran que la corrupción de hoy se explica principalmente por los gobiernos anteriores se encuentran en dos grupos: los que tienen ingresos menores a $2,600 y los que tienen ingresos de $10,000 a $16,000. En el resto de niveles de ingresos, la impunidad se mantiene como la respuesta principal.

En 2021, el 89% de las personas consideran que los actos de corrupción se dan frecuentemente y muy frecuentemente, lo cual es mayor al 86% que lo creía en 2019. Por el contrario, los que consideran que estos se dan de manera poco frecuente, rara vez o nunca, disminuyeron de 12% a 9%.

Cuando se pregunta cuál es el partido político con más corrupción, 36.5% de las personas consideran que todos son corruptos y, casi con el mismo porcentaje, 36.8% responden que el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En tercer lugar, casi diez por ciento consideran que Morena es el partido con mayor corrupción a pesar de que el combate a estas conductas ha sido una de sus principales promesas de campaña. En cuarto lugar, el Partido Acción Nacional es considerado como el que tiene mayor corrupción por 8% de las personas. 

Al cruzar esta pregunta con distintas características sociodemográficas, se encuentra que un mayor porcentaje de personas en hogares con ingresos menores a $6,000 considera que todos son corruptos. Además, al comparar la edad, los jóvenes de entre 18 y 29 años tienden a contestar con mayor frecuencia que el PRI es el partido más corrupto. En contraste, una mayor proporción de personas de entre 30 y 49 años considera que todos son corruptos. De manera similar, se puede observar que regionalmente las personas en los estados del norte y occidente (circunscripción 1 y 2)  consideran con mayor frecuencia que el PRI es el partido político más corrupto y las personas del centro del país (circunscripción 4) responde principalmente que todos son corruptos. 

El porcentaje de personas que considera que está justificado dar una mordida se ha mantenido relativamente estable. De esta manera, en 2021 la gran mayoría de las personas consideran que no hay razones válidas para dar una mordida y sólo un 13.5% justifica este acto de corrupción.

Al comparar las respuestas por sexo, destaca que una mayor proporción de hombres justifican dar un soborno para evitar una detención injustificada que las mujeres. Además, al cruzar la pregunta con la circunscripción, se puede observar que la región con mayor proporción de personas que justifican estas acciones es el noroeste (circunscripción 2) . En contraste, la región centro es la que menos justifica las mordidas. 

De manera similar al caso de la mordida, 12.5% de las personas consideran que está justificado pagar para acelerar un trámite y 86.3% opina que esta acción no es correcta. 

Desde la perspectiva sociodemográfica, los hombres, las personas jóvenes de entre 18 y 29 años y los de la región noreste justifican con más frecuencia pagar para acelerar un trámite. Por el contrario, las mujeres, aquellos con 50 años o más y los del noroeste son los que, en proporción, justifican menos este tipo de actos. 

En contraste con la mordida y pagar por un trámite, una mayor proporción de personas justifica asistir a un evento político para recibir algún programa social. No obstante, el porcentaje de personas que lo justifica se ha mantenido prácticamente igual entre 2020 y 2021.

Tomando en cuenta los ingresos, las personas que pertenecen a un hogar que en su conjunto gana menos de $6,000 pesos son quienes más justifican asistir a un evento político para recibir un programa. Además, destaca que en la región sureste (circunscripción 3) hay una proporción significativamente mayor de personas que justifican estas acciones. El porcentaje que excusan este tipo de comportamientos en la región sureste está 13.7 puntos porcentuales arriba del porcentaje correspondiente de la región centro (circunscripción 5). 

Entre 2020 y 2021, la proporción de respuestas sobre las principales fuentes de corrupción se han mantenido muy similares. De esta manera, 67.4% de las personas opina que el lugar donde se comete mayor número de actos de corrupción es el Gobierno y el sector público y, en segundo lugar, 19.9% consideran que el mayor número de actos de corrupción se da entre los ciudadanos. 

Al analizar la proporción de respuestas por sexo, se puede observar que los hombres consideran con más frecuencia al Gobierno y el sector público como las principales fuentes de corrupción. Por su parte, las mujeres consideran en mayor proporción que los hombres que el lugar donde se dan más actos de corrupción es entre los ciudadanos. 

En torno a la honestidad de algunos representantes populares, la frecuencia con la que las personas contestan que su gobernador, alcalde o Presidente de la República es corrupto ha aumentado notablemente entre 2019 y 2020. Primero, el porcentaje que consideran a su gobernador o jefa de gobierno corrupto pasó de 55.1% a 62.5% en este periodo. Segundo, la proporción de personas que consideran que el Presidente de la República es corrupto aumentó 12.3 puntos porcentuales en lo que va de su gobierno hasta alcanzar un 34.3% que opinan este año. Tercero, los mexicanos que consideran que su alcalde o presidente municipal es corrupto pasó de 49.2% a 62.3%. De esta manera, es la categoría que ha aumentado más su percepción de corrupción en los últimos dos años. 

En este año también se preguntó cuál es la percepción de honestidad o corrupción entre los diputados y senadores. Como resultado, 74.5% de las personas consideraron que los diputados son corruptos y sólo el 11% opinó que son honestos. En cuanto a los senadores, 73.4% de las personas los consideran corruptos y, al igual que los diputados, 11% los consideran honestos. 

De acuerdo con la encuesta, las tres instituciones con mayor corrupción en el país son los partidos políticos, la policía de tránsito y las cárceles y reclusorios. De hecho, más del 90% de las personas consideran que las tres instituciones tienen mucha o algo de corrupción. Por el contrario. Las tres instituciones con menor corrupción de acuerdo con la encuesta son la Marina, los pequeños comercios y negocios y el Ejército. En estos casos, más del 40% de las personas considera que hay poca y nada y corrupción y el 50% o menos consideran que hay mucha o algo de corrupción. 

Al revisar la evolución histórica de la corrupción en distintas instituciones, destacan tres aspectos. Primero, la percepción de que hay mucho o algo de corrupción en las escuelas públicas pasó de 59.6% a 64.3% entre 2019 y 2020, pero este año disminuyó 8.3 puntos porcentuales respecto al anterior. De esta manera, actualmente 56% de las personas considera que hay mucho o algo de corrupción. Segundo, en 2019 y 2020,  62.2% de las personas consideraron que había mucho o algo de corrupción en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). No obstante, para 2021 este porcentaje disminuyó a 55.6%. 

La impunidad, entendida como la falta de consecuencias ante las acciones fuera de la ley, es una de las principales causas de la continuidad de la corrupción en nuestro país. Los múltiples escándalos de corrupción que han sido revelados a lo largo de este sexenio, así como la aparente protección cuando se trata de cualquier persona cercana al régimen, hoy tienen consecuencias en la opinión pública. Al observar las respuestas de los ciudadanos en esta materia, es claro que su evaluación sobre la falta de castigos a los responsables de los actos de corrupción se ha continuado deteriorando. Solo el 9% de los mexicanos consideran que los responsables de actos de corrupción sufren consecuencias siempre o la mayoría de las veces. En contraste, 72% consideran que los castigos llegan sólo algunas veces o casi nunca y 18% creen que las consecuencias simplemente no llegan. 

En 2019, el 11% de las personas consideraban que los actos de corrupción se castigaban siempre o la mayoría de las veces. Este porcentaje subió a 12% en 2020, pero ahora está en su punto más bajo, con 9%. El discurso presidencial en el que se recalca que hoy «el que la hace, la paga» simplemente no es creíble a los ojos de los ciudadanos.   

Si se consideran las diferencias de opiniones entre géneros, entre las mujeres la evaluación de la impunidad es aún peor, pues sólo 8% creen que los castigos a los actos de corrupción llegan siempre o la mayoría de las veces, en contraste con el 10% de los hombres. 

Esta percepción de impunidad generalizada tiene severas implicaciones para la cultura de la denuncia, pues desincentiva que las personas se presenten ante las autoridades a denunciar un delito. Al preguntar a los mexicanos sobre las consecuencias de denunciar un acto de corrupción, una amplia mayoría de 67.3% creen que hacerlo es inútil. Esta cifra se encuentra casi 5 puntos porcentuales por arriba de las observaciones de 2019 y 2020, cuando se encontraba en 62.1% y 61.4%, respectivamente. En consecuencia, hoy también tenemos a la menor cantidad de personas que consideran que denunciar un acto de corrupción sí sirve: solo 28.5%.

Estas opiniones sobre la impunidad en los actos de corrupción tiene consecuencias en las percepciones más amplias sobre el Estado de derecho, es decir, sobre el cumplimiento de las leyes. Actualmente, 27.2% de la población considera que casi nunca se respetan las leyes y 21.3%, que nunca. En su conjunto, estas dos categorías indican que 48.5% de las personas no creen que se respeten las leyes regularmente. Esto contrasta drásticamente con el 8.2% que afirma que la mayoría de las veces se respetan y el 1.7% que opina que siempre se respetan. 

En cuanto a la evolución del respeto a las leyes, es importante observar que la proporción de cada respuesta se ha mantenido casi igual desde 2019. Es decir, con casi la mitad del sexenio transcurrido, las personas indican que no se ha avanzado en la construcción de un Estado de derecho. De hecho, la proporción de personas que opinan que nunca, casi nunca o sólo algunas veces se respetan las leyes pasó de 87.7% en 2019 a 89.1% en este año. 

Al contrastar la percepción del Estado de derecho por sexo, se encuentra que 12.8% de los hombres responde que siempre o la mayoría de las veces se respetan las leyes a diferencia del 7.6% de mujeres que opina lo mismo. A nivel regional, resalta que 30.6% de las personas del centro (circunscripción 4) consideran que nunca se respetan las leyes. Dicho porcentaje es significativamente mayor al 21.3% de la población que opina lo mismo. No obstante, al sumar los que opinan que nunca y casi nunca se respeta la legalidad, la región central se acerca al total nacional y destaca que la región sureste (circunscripción 3) es la que menos responde de esta manera. En dicha circunscripción, el 40% de las personas responden que nunca o casi nunca se presta atención a las leyes a diferencia del 48.5% que opina lo mismo a nivel nacional. 

Entre 2020 y 2021, la opinión de que la corrupción debe ser un delito tan grave como el narcotráfico decreció 9 puntos porcentuales: el año anterior 86.3% de las personas estuvieron a favor de esta medida y este año 77.3% opinan de esa manera. En consecuencia, la disminución de respuestas a favor se distribuyó entre las opiniones en contra y quienes no saben.

En este año, los ciudadanos consideraron que la responsabilidad del combate a la corrupción recae principalmente en el Gobierno y los ciudadanos. De acuerdo con la encuesta, 91.7% de los mexicanos piensan que el Gobierno tiene mucho o algo de responsabilidad en el combate a la corrupción y 86.2% opinan que los ciudadanos tienen el mismo grado de obligación. Después de ellos, 75.8% de las personas consideran que los empresarios tienen mucho o algo de responsabilidad; 74.1%, que los medios de comunicación, y 72.7%, que las organizaciones de la sociedad civil.

Al comparar estas preguntas desde una perspectiva temporal, se encuentra que la responsabilidad que se le atribuye a cada actor ha sido relativamente constante y los cambios más relevantes han sido en torno a la responsabilidad de los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. Entre 2019 y 2021, las personas que consideran que los medios de comunicación tienen mucha o algo de responsabilidad pasaron del 78.6% al 74.1% y quienes consideran que las ONG´s tienen mucha o algo de obligación pasaron de 76.8% a 72.7%. 

A pesar de que el presidente López Obrador ha dicho en múltiples ocasiones que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no es útil para el pueblo, la mayor parte de los mexicanos aprueba la forma en que esta institución hace su trabajo: 38.6% de las personas aprueba su labor y la mitad, 19.2%, la desaprueba. A pesar de que es un buen indicador que la mayoría apruebe la labor del INAI, vale la pena señalar que el porcentaje de personas que no lo conoce, a pesar de la relevancia de su labor, es muy alta: 30.1% de las personas no lo identifican. 

Desde la perspectiva regional, el INAI tiene una mayor aprobación en el noroeste y el noreste (circunscripciones 1 y 2) con 44.9% y 42% de aprobación respectivamente. En contraste, en la región centro y occidente (circunscripciones 4 y 5) hay una aprobación del 34% y 33.2%. Así mismo, el sureste (circunscripción 3) es la zona con mayor desconocimiento del INAI con 38.9% de las personas que responden de esa manera. Por el contrario, la región centro (circunscripción 4) es la zona con menor proporción de personas que no lo conocen al contar con 23.3% de las personas que contestan de esta manera. 

Respecto a la idea de desaparecer el INAI, los resultados son similares a los de la aprobación y 39.3% están en contra de su eliminación y 22.7% está a favor. Además, al mencionar que algunos consideran al INAI una institución costosa y otros lo consideran necesario para vigilar las acciones del gobierno, 49.2% de las personas opinaron es necesario y debemos conservarlo y 25% respondieron que es costoso y debe desaparecer.  

Al analizar el uso de la mordida o algún soborno en los últimos doce meses por algún familiar o conocido, se puede observar que  —en general— la proporción de personas que sí conocen a alguien que ha realizado estas acciones se ha mantenido casi igual desde 2019, salvo en un casos en que ha habido una disminución relevante: para obtener un trabajo. En concreto, la proporción de personas que sí han dado algún soborno para obtener una plaza o puesto de trabajo ha pasado de 13.6% en 2019 a 9.4% en 2020. 

Con relación a las denuncias de corrupción de la población, de 2019 a la fecha la proporción de personas que realizaron una denuncia se ha mantenido más o menos constante y, de esta manera, sólo el 7.5% de los ciudadanos han tomado estas acciones en el último año. Ahora bien, la proporción de personas que no obtuvieron algún resultado de su denuncia aumentó 6 puntos en el último año y, por ello, se perdió gran parte del avance que hubo entre 2019 y 2020. 

Entre los casos de corrupción que han sobresalido el último año, el suceso más conocido fue la venta de ventiladores con sobreprecio por el hijo de Manuel Bartlett. Dicha situación fue conocida por 39.1% de las personas. Además, el 47.7% de los mexicanos consideraron que esta afirmación es cierta y sólo un 17.4% cree que es falso. Después de dicho caso, la situación más conocida es la recepción de dinero en efectivo para las elecciones de 2018 por parte de Pio López Obrador. Al respecto, 45.5% de las personas opinan que esto es cierto. El tercer caso de corrupción más conocido es la entrega de contratos de PEMEX a Felipa Obrador, prima del Presidente. De acuerdo con las respuestas, 31.7% de los mexicanos se enteraron de la situación y, además, 40.9% consideraron que las acusaciones son ciertas. 

Por último, los casos menos conocidos son la asignación de recursos federales para la remodelación de un estadio que pertenece al hermano del Presidente y que el secretario particular de Andrés Manuel López Obrador contrató empresas fantasmas para eventos de la campaña de 2018. En concreto, estos casos tienen un porcentaje de conocimiento del 24.9% y el 22.8% respectivamente. A su vez, 34.4% de las personas creen que el caso del estadio de béisbol es cierto y 34.8% afirman que la cuestión de las empresas fantasmas contratadas por el secretario particular es cierta. 

Después de prácticamente un año desde la llegada de la pandemia del coronavirus a nuestro país, los mexicanos han sufrido las consecuencias de la errática estrategia del gobierno para enfrentarla, lo cual ha llevado a que, de acuerdo con las cifras oficiales, hasta el momento cerca de 200 mil personas hayan perdido la vida. Al preguntar sobre las percepciones en diferentes acciones para enfrentar la crisis sanitaria, la amplia mayoría de los encuestados considera que hubo corrupción en ellas. 

En cada uno de los rubros sobre la política sanitaria en relación con el coronavirus, la mayoría piensa que hubo corrupción. La acción en la que se percibe menos incidencia es la aplicación de las vacunas, en donde casi 6 de cada 10 personas consideran que ha habido corrupción. El resto de intervenciones sanitarias son percibidas con evaluadas todavía peor, pues 60% creen que hubo corrupción en la compra de vacunas, 61% en el manejo de las vacunas, 66% en el manejo de los medicamentos, 67% en la provisión de oxígeno y 67% en el manejo de los recursos de salud.

Encuesta Reforma – MCCI, Marzo 2021.

La opinión de la mayoría de los ciudadanos es que, de no haber corrupción, las consecuencias que ha dejado la pandemia serían menos desastrosas, pues habría más personas vacunadas, menos fallecimientos y menos contagios. 

Finalmente, se ha generado controversia debido a que la estrategia del gobierno federal para aplicar las vacunas contra el coronavirus incluye a los denominados como Servidores de la Nación dentro de las brigadas de funcionarios que se desplegarán en el país. La participación de estos funcionarios del gobierno es vista con suspicacia, pues desde el inicio de la administración se ha señalado que su integración y operación responde a fines político-electorales. Al preguntar a los mexicanos sobre la función principal de los Servidores de la Nación, es revelador que la opinión está dividida, pues mientras 45% cree que se trata de funcionarios públicos que hacen que los programas sociales lleguen a la gente, el 42% considera que se trata de representantes políticos del presidente y su partido. 

En donde no existe una opinión dividida es en si los Servidores de la Nación deberían de formar parte de los grupos prioritarios de vacunación. En este caso, el 57% de los entrevistados piensa que no debería ser así y esta opinión se mantiene entre hombres y mujeres, en todos los niveles de ingresos y edad, así como entre las diferentes regiones.