Para el 2019, al proceso de expropiación y pagos pendientes, se suma una nueva amenaza: el anuncio de Proyectos México, el cual pretende ampliar la Carretera Federal 307 de dos a cuatro carriles.
Aunque desde 2016 el gobierno de Quintana Roo anunció la ampliación de carriles en el tramo Bacalar-Tulum, el proyecto se interrumpió por varios años, y fue hasta septiembre de 2018 que se anunció se retomaría el plan, el cual contempla una inversión de más de 90 millones de dólares.
En septiembre de 2018, Eduardo Ortiz Jasso, director de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, aseguró que Banobras validó el proyecto de ampliación; sin embargo, omitieron cualquier comentario sobre la situación legal de este tramo carretero.
MCCI consultó a los abogados que llevan el caso por la indemnización, para saber qué tanto estaban enterados de la ampliación, y ambos negaron conocer información o acercamiento de las autoridades para informar a los ejidatarios. También se consultó a los comisariados para saber si conocían sobre este proyecto y la respuesta fue similar.
Ejidatarios de Quintana Roo
Hasta el momento, lo único que se conoce es lo que se ha difundido en redes sociales, noticias y en el sitio de internet Proyectos de México. En este sitio no se descartaba que con el cambio de gobierno federal podía ser suspendido. Sin embargo, la última actualización del sitio (1 de diciembre de 2018), ya con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, toda la información se mantenía sin modificaciones.
Durante la reunión de Pablo Careaga con el ejido de Chunyaxche, aseguró que Rogelio Jiménez Pons y él tuvieron una reunión con Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, en la cual ellos abogaban para que ya no se realizara la ampliación de la carretera, pues con el tren habría una reducción del tráfico vehicular por lo que este proyecto ya no era necesario. Sin embargo, en entrevista con MCCI, se le preguntó sobre el estatus de la ampliación de la carretera y aseguró desconocer el proyecto. Dijo que era la primera vez que escuchaba sobre ello.
Durante la realización de este reportaje, MCCI buscó a Proyectos México a través de Eduardo Ortíz Jasso, contacto del proyecto, para saber la situación y el estatus de la ampliación de la carretera. A través de la oficina de prensa, Proyecto México indica que es una plataforma de transparencia y difusión de proyectos de infraestructura y que toda la información que publican es de carácter oficial y con base en la información que entregan los gobiernos correspondientes y que, hasta el momento, la ampliación de la carretera seguía en pie.
Al ser cuestionados si el este proyecto interfería o contraponía con el Tren, aseguraron que no, que tanto la ampliación de carriles como el tren podían coexistir en la misma zona. Referente a la situación legal dijeron desconocer que existieran demandas por la indemnización de la carretera.
En caso de que esta ampliación se concretara, las autoridades tendrían que seguir los pasos previamente establecidos en la Ley de Expropiación, algo que hasta este momento no ha sucedido.
Sólo por citar algunos renglones, el Artículo 2 constitucional en su párrafo IX reconoce el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas, por lo que los proyectos que contemplen un Plan Nacional de Desarrollo y que impacten en sus comunidades deben ser consultados previamente. Pero nada de esto se ha cumplido: ni para el plan de ampliación de la carretera ni para el Tren Maya.
Diversos criterios jurisprudenciales publicados en enero de 2019 determinan que para todo proyecto que tenga un impacto social-ambiental se debe consultar previamente a las comunidades indígenas, y en caso de que no se cumpla con esto, ya sea en lo individual o colectivo, se puede frenar dicha obra. Puestos estos criterios jurisprudenciales en el contexto del Tren Maya, cualquier interesado podría buscar en cualquier momento la cancelación de la obra en caso que no se realice la consulta indígena previa al inicio del proyecto.
Durante la conferencia del 23 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces virtual ganador presidencial, anunció que se destinarían alrededor de 500 mil millones de pesos para los programas prioritarios, en los cuales se contempla la construcción del Tren Maya.
En esos planos, hasta el momento públicos, no incluye información precisa sobre dónde pasará en su totalidad este mega proyecto. En algunas entidades como Yucatán está claramente marcado el uso de las vías ferroviarias, y los mapas que se presentan sobre el paso por Quintana Roo, coinciden por donde pasa la Carretera federal 307.
Durante la reunión que Pablo Careaga tuvo con los ejidatarios de Chunyaxche (enero, 2019), reconoció que todo es tentativo, que no se ha definido por dónde pasará el Tren, porque faltan estudios por hacer y es probable que el Tren Maya pase por donde están los postes de luz, a escasos cuatro metros de la carretera.
Pablo Careaga, quien reconoció en entrevista con MCCI que aun cuando llevan varios meses de acercamiento con organizaciones y algunos ejidos como Bacalar y Tulum, desconoce el conflicto territorial acerca de dónde pasará el Tren Maya. Sin embargo, los procesos de indemnización y expropiación no competen al Proyecto del Tren. Por ello, el funcionario dio aviso a Rogelio Jiménez Pons, titular del Fonatur, para que éste pudiera dar seguimiento al caso, pero que, a su parecer, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe solucionar el conflicto.
MCCI también contactó a Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, quien aseguró que “recientemente” se habían enterado del conflicto y que en todo caso era un tema que debía solucionar la SCT.
Dijo que durante el proceso del Tren Maya se han encontrado con otros conflictos territoriales que dejaron las administraciones pasadas y que en aras de que la gente estuviera conforme con el Tren Maya, ellos tratarían de ayudar a la conciliación de las tierras. Sin embargo, hasta el momento no han realizado alguna acción formal porque primero deben asegurarse que el conflicto sea real, es decir, buscar a las dependencias, como la de Comunicaciones y Transportes para que estos puedan explicar y con ello entender qué ha sucedido en estos años.
Jiménez Pons aseguró que el Presidente no tiene conocimiento de este problema porque “a él no le consta que todo lo que dijeron los ejidatarios sea cierto” Por lo que, hasta que no estén seguros de ello, no van a trabajar en atender estas inconformidades.
En la página lopezobrador.org.mx el mega proyecto sí pasaría por una parte importante de esta carretera, por lo que resulta, al menos extraño, que de parte del gobierno federal no se hayan acercado directamente con los ejidatarios, propietarios de las tierras por donde pasarán estos 223 km de los 466 km que están en conflicto del Tramo Caribe.
Lo único que se ha dado y apenas con los ejidatarios de Chunyaxche y Carrillo son acercamientos informales, pero sin entrar en los temas que les preocupan a los habitantes.