El 20 de enero, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva “Reevaluando y realineando la ayuda internacional de los Estados Unidos”. La razón por la que Trump la emitió puede encontrarse en el mismo documento: “La industria y la burocracia de la ayuda exterior de los Estados Unidos no están alineadas con los intereses estadounidenses y, en muchos casos, son contrarias a sus valores. Estas contribuyen a desestabilizar la paz mundial al promover ideas en países extranjeros […].”
La orden establece una pausa de noventa días a toda la asistencia al desarrollo exterior de EE.UU., para “evaluar la eficiencia de los programas y su coherencia con la política exterior estadunidense”. Pero, ¿qué significa eso en la realidad? Básicamente, se han suspendido los pagos a servidores públicos, proveedores, contratistas, subvencionados y programas dedicados a la ayuda internacional. La más afectada ha sido la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
Desde su creación, USAID ha jugado un papel clave en la política exterior de Estados Unidos, al ser una ayuda al desarrollo como un instrumento de soft power; es decir, en la capacidad de influir a través de medios no coercitivos ni violentos. La agencia fue creada en 1961, mediante una orden ejecutiva del presidente John F. Kennedy, en el contexto de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos buscaba fortalecer su influencia global y evitar la supuesta expansión del comunismo.
Esta agencia se estableció para centralizar y coordinar la asistencia internacional que, hasta entonces, estaba dispersa en diferentes agencias y programas. Con el tiempo, los objetivos de USAID evolucionaron y, hasta el 19 de enero de 2025, sus recursos estaban dedicados a una gran variedad de temas humanitarios; a la promoción de valores e instituciones democráticas —de acuerdo con su visión particular—; al mejoramiento de la seguridad sanitaria global, la agricultura y el comercio; al empoderamiento de las mujeres y niñas; a la promoción de las políticas de diversidad, equidad e inclusión; a desarrollar capacidades tecnológicas, y, en general, a fortalecer la seguridad nacional, la prosperidad económica y el poder geopolítico de Estados Unidos.
USAID representa, o representaba, más del 60 % de los recursos de asistencia extranjera a nivel mundial. Con respecto al gasto general de Estados Unidos, la agencia representaba menos del 1 % de su presupuesto federal. Además, la agencia cuenta con autonomía para decidir a qué proyectos asigna recursos, aunque debe alinearse a los objetivos y finalidades del Departamento de Estado.
Estos objetivos son los que se modifican dependiendo de la visión de quién ejerza el papel de jefe del Ejecutivo de ese país. Para entender cuáles son las prioridades y misión del Departamento de Estado, en esta segunda administración de Donald Trump, hay que hacerle tres preguntas a estos proyectos: ¿hace que Estados Unidos sea más seguro? ¿Hace que Estados Unidos sea más fuerte? ¿Hace que Estados Unidos sea más próspero? Las respuestas definirán el ejercicio de su presupuesto, sus programas y sus políticas, a las cuales deberá apegarse USAID.
Obviamente, el parámetro de qué hace que Estados Unidos sea más fuerte, seguro y próspero, será definido por su presidente y su círculo cercano. Esta interpretación ha comenzado a cobrar sus primeras víctimas. Por ejemplo, para el presidente, la agenda relacionada con diversidad, equidad e igualdad (DEI) no hace ni más fuerte, ni más seguro, ni más próspero a Estados Unidos; al contrario, lo han considerado un gasto injustificado y abusivo de recursos, por lo que todos los programas dedicados a esas temáticas han sido cancelados.
El resto de los programas de la cooperación internacional siguen a la espera de pasar la prueba del secretario de Estado, Marco Rubio, del Director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), Russell Vought, y ahora también de Elon Musk, director de la Agencia para la Eficiencia Gubernamental (DOGE), quien abiertamente ha señalado a USAID como una “organización criminal” sin ofrecer ningún tipo de evidencia.
En el ejercicio fiscal 2023, USAID distribuyó su ayuda en más de 160 países. El más beneficiado fue Ucrania, seguido muy por debajo por Etiopía, Jordania, Afganistán y Somalia. En Latinoamérica y el caribe, Colombia, Haití, Ecuador, Perú, Guatemala y México fueron los principales destinatarios de sus proyectos de asistencia. Sin embargo, los resultados de una reciente encuesta elaborada por la organización Accountability Lab muestran que Colombia y México reportan ser los países más afectados como resultado de las órdenes de suspensión de trabajo de USAID. La encuesta muestra también el efecto devastador de la decisión de Trump en las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, 23.5 % de las organizaciones encuestadas dijeron contar recursos para sobrevivir un mes, mientras que al 22.9 % les quedan tres meses. Es decir, prácticamente la mitad de las organizaciones que respondieron a la encuesta probablemente tendrán que cerrar antes de mayo de 2025.
En la administración de Joe Biden, los programas de USAID en México fueron diversos y las temáticas relacionadas con derechos humanos, Estado de derecho, transparencia, combate a la corrupción, cambio climático, prevención del crimen y de la violencia, recibieron mucho apoyo. El “congelamiento” de los recursos de esa agencia ha afectado gravemente a muchas organizaciones de nuestro país que dedican sus esfuerzos a investigar, analizar, capacitar y medir el impacto de este fenómeno en nuestras vidas.
Como resultado de la inversión de USAID en México, se han capacitado a miles de personas servidoras públicas, personas juzgadoras, empresarias, periodistas, estudiantes y miembros de la sociedad civil en temas relacionados con la prevención y el combate a la corrupción. Diferentes organizaciones, e incluso entidades de gobierno, han desarrollado diversas estrategias de incidencia en política pública dirigidas a fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia del gobierno con el apoyo de Estados Unidos. También se han desarrollado herramientas tecnológicas anticorrupción que, sin duda, servirán en el futuro próximo como prototipos para cuando las autoridades en nuestro país se quieran tomar en serio el tema. Con los recursos de estos fondos ha sido posible que activistas, académicos y funcionarios puedan conocer de primera mano los conocimientos, experiencias y estrategias de expertos internacionales para controlar la corrupción. Además, estos apoyos también han financiado cientos de proyectos de periodismo independiente para investigar y describir varios casos de corrupción. Todos estos resultados son financiados con recursos de USAID sin que esta agencia intervenga directamente o entregue directamente recursos a periodistas u otros beneficiarios finales.
Es innegable que el ecosistema de organizaciones civiles desarrolló dependencia a los recursos de la asistencia extranjera, especialmente a los de origen norteamericano. Esto no es gratuito. Se debe a la dificultad de conseguir donaciones públicas y privadas nacionales. Además en el caso particular de la agenda de corrupción, se debe a que este problema está estrechamente relacionado con el servicio público y la objetividad de las investigaciones y programas estaría comprometida si el dinero que los financia viniera del propio gobierno. Lo anterior sin contar que, en realidad, en nuestro país, la ayuda que reciben las organizaciones por parte del gobierno en estos temas, es casi nula y muy selectiva; por no decir, que está dirigida a las organizaciones afines del gobierno en turno.
Para quienes el trabajo diario de su organización depende del apoyo de USAID, los noventa días de revisión están pensando lento. Sin embargo, si los límites establecidos por el Departamento de Estado realmente se respetan, los programas anticorrupción deberían permanecer intactos, porque si algo garantiza la seguridad, la fortaleza y la prosperidad de Estados Unidos es el combate a la corrupción en México y en toda la región. Frenarlo no sólo sería un error estratégico, sino una amenaza a los intereses que esa administración dice proteger.
Sobre la autora:
María de los Ángeles Estrada G.
Experta en temas anticorrupción.
