Romedic, la empresa propiedad del amigo de Andy López Beltrán que ganó contratos por más de 490 millones de pesos para la venta de medicamentos y material de curación con los gobiernos morenistas de Tabasco y Quintana Roo, promovió un juicio de amparo en contra de la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) de permitirle el acceso a una carpeta de investigación que estaría abierta en su contra.
De acuerdo con la información consultada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo fue presentado el pasado 23 de enero por el representante legal de Romedic, Jaime Augusto Priego Rodríguez, quien es hermano del actual delegado de los Programas del Bienestar en Tabasco, Arturo Enrique Priego Rodríguez.
Como lo reveló MCCI en diciembre de 2023, Romedic es propiedad de Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán ‘Andy’, hijo del presidente López Obrador.
Entre 2020 y 2022, Romedic recibió contratos millonarios para surtir de material médico a los gobiernos de Mara Lezama en Quintana Roo y de Adán Augusto López en Tabasco a pesar de ser una empresa de reciente creación que se encontraba boletinada por la Cofepris por ser un distribuidor irregular de medicamentos.
Para contratar a Romedic, los gobiernos de Tabasco y Quintana Roo emplearon fondos federales que provenían del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
Tras la publicación del reportaje, la diputada federal del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentó denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República por la asignación irregular de los contratos a la empresa del amigo de ‘Andy’ López Beltrán.
Fue después de la presentación de esta denuncia que la FGR habría abierto una carpeta de investigación en conformidad con el Artículo 223 de su Estatuto Orgánico, que establece que el Ministerio Público deberá iniciar la carpeta correspondiente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la denuncia.
