Durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó dos permisos de extracción de materiales pétreos en el río Tacotalpa de Tabasco a la compañía Aspasur, ligada a Humberto Bermúdez Requena, hermano del presunto líder del grupo criminal de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Estos permisos mineros se suman a otras 10 concesiones otorgadas previamente tanto a Aspasur como a Reger de Tabasco, en la que son accionistas integrantes de la familia Bermúdez Requena.
Una de las autorizaciones a Aspasur fue para la extracción de hasta 41 mil 580 metros cúbicos anuales de grava en un predio denominado “El Plomo”, localizado al margen del río Tacotalpa, que Humberto Bermúdez tiene en copropiedad con Manuel Santandreu Hernández, accionista y presidente del Consejo de Administración de Grupo Huerta Madre, empresa que cobró 6 mil 344 millones de pesos para la preparación del terreno en el que se construyó la refinería de Dos Bocas.
Los vínculos de los Bermúdez Requena con Santandreu son múltiples, según documentó MCCI en un reportaje publicado el 29 de julio de 2025: han sido socios en las empresas Inmobiliaria y Constructora Samaria y en Grupo industrial Samaria, esta segunda constituida en la notaría de Adán Augusto López Hernández.
Además, el pasado 1 de febrero de 2026, en el reportaje “La Barredora Guinda”, MCCI mostró más vínculos. En una audiencia de conciliación laboral de septiembre de 2022, fueron citados a comparecer como la parte patronal de Aspasur un abogado y cuatro integrantes de la familia Bermúdez Requena.
Los permisos
Aspasur recibió dos permisos de la Conagua en abril de 2019 y diciembre de 2020, para la explotación de 44 mil 600 metros cúbicos de material pétreo en breña en el margen del río Tacotalpa ––ubicado al sur de Villahermosa––, para su transformación en grava y balasto, como el que se colocó en las vías del Tren Maya y del Tren Interoceánico.
En uno de los permisos, la empresa gestionó ocupar cinco mil metros cuadrados de zona federal para las obras asociadas y de almacenamiento, incluida la instalación de una trituradora para la grava extraída.
Los Bermúdez Requena se han dedicado a la explotación de bancos de materiales pétreos desde hace tres décadas, pues en mayo de 1997 establecieron la Gravera Río Puxcatán, en la notaría de Adán Augusto López. En esa empresa han sido socios Humberto Bermúdez Requena y su hijo Raúl Bermúdez Arreola, quien entre octubre de 2019 y diciembre de 2021 se desempeñó como responsable de los tramos 4 y 5 del Tren Maya.
Además, la empresa Reger de Tabasco, fundada por tres hermanos del clan Bermúdez Requena, obtuvo entre 2010 y 2017, siete permisos para explotar hasta dos millones 800 mil metros cúbicos en bancos de arena localizados en el margen del río Samaria, al norte de Villahermosa.
Aspasur había obtenido en 2010 un primer permiso de explotación en un predio ubicado a la orilla del río Tacotalpa, a la altura de la carretera Graciano Sánchez-Villa de Tapijulapa, a 2.7 kilómetros de Villa de Tapijulapa, en Tacotalpa, Tabasco. En ese sitio se realizaron actividades de extracción, trituración y almacenamiento de la grava.
La superficie del proyecto comprendió una superficie aproximada de 27 mil metros cuadrados, que equivale a menos del 5% de las 55 hectáreas de que consta la propiedad de Bermúdez Requena y Santandreu.
En 2015 y 2017 la Conagua otorgó a Aspasur dos concesiones más para extraer 201 mil metros cúbicos de arena del río Samaria. Uno de los permisos fue en otro terreno propiedad de Humberto Bermúdez Requena.
Explotación por partida doble
Aunque en los papeles de la empresa Aspasur no figura de ninguna manera alguno de los integrantes del clan Bermúdez, las direcciones aportadas por la misma compañía los vinculan directamente.
En una de las manifestaciones de impacto ambiental, correspondiente a una de las concesiones de extracción otorgadas a Aspasur, la representante de la empresa proporcionó como dirección de la compañía la Avenida Árboles 101, local 70B, colonia Heriberto Kehoe Vicent, en Villahermosa, Tabasco.
Este domicilio es el mismo que Humberto Bermúdez Requena proporcionó al constituir la compañía Crown City Premium, que abarca una línea de casinos que han sido investigados por la Procuraduría de Paraguay por realizar apuestas deportivas sin autorización.
La dirección de Árboles 101 corresponde a un inmueble de Plaza Cascadas, un centro comercial de Grupo Hahras, propiedad de la familia de Humberto Bermúdez Requena.
Ese mismo inmueble apareció como uno de los domicilios centrales en la investigación titulada La Barredora Guinda, publicada a inicio de febrero de 2026 y en la que MCCI reveló cómo factureras, domicilios fantasma y prestanombres ocultaron a los verdaderos beneficiarios de contratos públicos en una red que surgió en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López y se expandió a por lo menos seis estados y a dependencias federales como Segalmex, epicentro del mayor caso de corrupción del sexenio de AMLO.
Permisos en un río sobreexplotado
Los permisos a las empresas ligadas a los Bermúdez Requena se otorgaron en zonas que las autoridades ambientales han reportado con sobreexplotación de recursos naturales.
Entre agosto de 2011 y abril de 2026, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales clausuraron en tres ocasiones varias obras de extracción de arena y materiales pétreos, ubicados en distintos puntos del río Samaria.
La última de las clausuras fue el pasado 4 de abril de 2026, cuando el Gobierno de México clausuró obras y extracciones ilegales en ríos de Tabasco para proteger bienes nacionales. De acuerdo al comunicado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ejecutó tres acciones de clausura por la ocupación irregular de zonas federales y la extracción ilícita de materiales pétreos, en Tabasco. Esto para cumplir la Ley de Aguas Nacionales y con el objetivo de preservar el patrimonio hídrico de la región.
Las denuncias por daño ambiental debido a las actividades de extracción de materiales se han documentado desde hace 15 años. En agosto de 2011 la Semarnat junto con el personal de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Tabasco, clausuraron las obras y actividades de extracción de materiales pétreos que realizaba una compañía en la margen derecha del río Samaria, en Nacajuca, Tabasco.
En su momento las autoridades declararon que la extracción de materiales de construcción ponía al sitio afectado en riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de deterioro y daño de los recursos naturales.
Es justo en esta misma zona donde la CONAGUA otorgó dos permisos de extracción de materiales pétreos a la compañía Aspasur y siete a Reger de Tabasco, de los Bermúdez Requena.
El daño ambiental
El informe “Ríos y montañas en riesgo. Una mirada crítica a la extracción de materiales pétreos en México”, elaborado por CartoCrítica -Investigación, Mapas y Datos para la Sociedad Civil- y la Fundación Heinrich Böll, explica detalladamente que la minería de materiales pétreos genera impactos ambientales severos y de largo plazo. La pérdida de suelo fértil y superficie disponible para vegetación natural y cultivos son de los más notables. Las áreas explotadas se deforestan completamente, dejando grandes huecos de roca desnuda que alteran la geomorfología del paisaje y hacen muy difícil su recuperación natural, ya que tanto el suelo como la roca son recursos no renovables en escalas temporales humanas.
Además, en términos de contaminación, la minería de materiales pétreos libera grandes cantidades de partículas suspendidas y gases de efecto invernadero, principalmente debido al uso constante de maquinaria pesada.
Deterioro en el río Tacotalpa
El estudio de CartoCrítica añade un punto que se vuelve visible al hacer un recorrido virtual por la zona del río Tacotalpa. De acuerdo a los expertos el acceso a las áreas de explotación suele implicar la apertura de nuevos caminos, lo que conlleva a una pérdida inmediata de cobertura vegetal. A largo plazo, esta deforestación se extiende y afecta entre 1% y 18% de la vegetación.
De acuerdo a los especialistas, estas pérdidas no sólo comprometen la biodiversidad local, sino que impactan en los servicios ecosistémicos del suelo, como la regulación de micro y macroclimas, la absorción de CO2, la filtración de agua y la protección de acuíferos, dado que el suelo es fundamental para retener contaminantes y mantener el equilibrio de los recursos hídricos.
En un tramo de 10 kilómetros del río, cercanos a los permisos más recientes que recibió Aspasur, MCCI detectó al menos 7 puntos de extracción donde la deforestación de la zona es evidente en tomas satelitales.
En las inmediaciones del predio donde se otorgaron los dos nuevos permisos, la superficie deforestada para la explotación fue de al menos tres hectáreas.
