Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha aludido constantemente al combate a la corrupción como el tema central de su administración. Tal es la presencia de este problema que, de acuerdo con Guzmán y Ramírez (2020), entre diciembre de 2018 y marzo de 2020, hizo referencia a actos de corrupción en 90% de los 667 discursos revisados. Este discurso está normalmente asociado a símbolos, creencias, ideologías y, sobre todo, al cuestionamiento del modelo neoliberal como el origen de este problema en el país. En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 refleja la relación causal sobre la que está basada la concepción de este gobierno sobre los problemas en los aspectos sociales y políticos, donde “el neoliberalismo los acentuó y los llevó a niveles generalizados: la corrupción, el carácter antidemocrático de las instituciones y la desigualdad”.
Este gobierno ha encontrado en el neoliberalismo al perfecto antagonista y el principal causante de la corrupción, que a su vez generó el incremento en la desigualdad y en la pobreza. La argumentación de este gobierno es definitiva e inamovible: AMLO ha dejado en claro que la máxima intención de su gobierno es retirar todo rastro del modelo neoliberal de la Administración Pública Federal, puesto que:
La característica más destructiva y perniciosa de los neoliberales mexicanos fue la corrupción extendida y convertida en práctica administrativa regular. La corrupción ha sido el principal inhibidor del crecimiento económico. Por eso estamos empeñados, en primer lugar, en acabar con la corrupción en toda la administración pública, no sólo la corrupción monetaria sino la que conllevan la simulación y la mentira (Presidencia de la República, 2019).
No obstante, en un análisis discursivo sobre el combate a la corrupción, la 4T no es muy distinta al neoliberalismo. Para encontrar las similitudes entre ambos discursos, basta con mirar hacia la antropología de la corrupción, un campo con un enfoque particular y que es crítico sobre las perspectivas dominantes como la política y económica (Torsello y Venard, 2015; Shore y Haller, 2005). Precisamente en los cuestionamientos que la antropología de la corrupción realiza sobre los estudios y discursos neoliberales del fenómeno —y dominantes en la actualidad internacionalmente— pueden hallarse semejanzas paradójicas con un discurso que se presume antineoliberal como el de la 4T. Este es un primer intento de vinculación de discursos para encontrar las semejanzas y contradicciones inherentes. Debe apuntarse que este escrito no realiza un análisis sistemático, el cual implica una revisión más detallada y profunda.
Definiciones simples pero pragmáticas
Quizá la principal crítica de la antropología de la corrupción a los estudios dominantes es que parten de una definición simplista de la corrupción —retomada de la declaración de la política del Banco Mundial en 1997— como “el abuso de recursos públicos para el bien privado”. Shore y Haller (2005, p.2) señalan que esta definición reduce la corrupción a un problema de los individuos, un asunto de manzanas podridas. En esa misma línea, Torsello y Venard (2015) cuestionan la idea de que sea posible ofrecer una definición universal de la corrupción como se ofreció y esparció alrededor del mundo durante la década de 1990 (Arellano-Gault, 2020). Empero, la definición de corrupción ha sido compartida y acordada por organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, gobiernos de todos los niveles y regiones, así como académicos. El enfoque de la corrupción como un aprovechamiento de recursos públicos para obtener beneficios privados resulta muy útil para tipificar conductas indeseables en un contexto específico donde lo verdaderamente relevante era la apertura comercial, la desregulación de los mercados y la globalización. Asimismo, este enfoque simple permite emitir recomendaciones de políticas generales, como manuales que pueden implementarse en cualquier lugar sin importar mucho el contexto, puesto que el problema de la corrupción tiene una causa evidente: la excesiva intervención estatal que facilita la discrecionalidad y opacidad.
Por consiguiente, la antropología de la corrupción señala las limitaciones de esta definición y de su comprensión de la corrupción, la cual engloba elementos profundamente sociales e intricados (Arellano-Gault, 2020). Al respecto, Lovell (2005) refiere a dos tipos de corrupción: la incidental y la endémica. La incidental es aquella que ocurre de manera aislada con eventos alternados, mientras que en la endémica los actos de corrupción son más bien cotidianos. Aún más relevante en la categorización es el rol de las burocracias, debido a que la corrupción endémica ocurre en gobiernos donde aún no se ha logrado instaurar burocracias sólidas y profesionales, en contraste con los países con corrupción incidental (Lovell, 2005). El gran problema de los enfoques de la corrupción del modelo neoliberal es que sus herramientas y recomendaciones pertenecen a un tipo incidental, y “transformar la corrupción de un problema endémico a uno incidental requiere de una profunda transformación social, política y organizacional que no puede ser legislada, ni mandatada” (Lovell, 2005, p.70). Los países con corrupción incidental tienen burocracias institucionalizadas y una distinción más nítida entre lo público y privado, por lo que las medidas de este tipo de corrupción resultan poco efectivas para atacar la corrupción endémica.
El discurso de la 4T en este sentido es ambivalente. La titular Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Sandoval, define la corrupción como “[…]un fenómeno estructural, más allá de las teorías que la conciben como un aspecto cultural y resultado de fenómenos organizacionales y de políticas públicas que se enfocan en cuestiones tecnocráticas y administrativas” (SFP, 2020). Sin embargo, este gobierno se ha enfocado en señalar a exfuncionarios, políticos y expresidentes, lo que corresponde a una visión individualizada de la corrupción, así como el desdén por esfuerzos complejos para atender la situación, como el cuestionamiento de AMLO hacia el Sistema Nacional Anticorrupción (Molina, 2020). Además, la solución neoliberal por excelencia para el combate a la corrupción queda de manifiesto con los recortes presupuestales y el adelgazamiento del Estado; un ejemplo es la Ley Federal de la Austeridad Republicana cuya justificación es que no recorta sino reasigna presupuesto para gasto social (SFP, 2019a; Secretaría de Salud, 2019). En realidad, esta medida ha debilitado sistemáticamente el gobierno a través de despidos masivos en distintas dependencias (Arteta, 2019) o los recortes presupuestales adicionales durante la pandemia (Salazar, 2020).
¿Agendas anticorrupción puras?
La irrupción de la agenda anticorrupción ocurrió a la par del discurso sobre la importancia de conceptualizar a la corrupción como una patología. Esta agenda ha sido extendida por organismos internacionales, principalmente Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como Transparencia Internacional (TI) (Polzer, 2001), que comparten una perspectiva sobre qué es la corrupción y cómo debe erradicarse. La corrupción —de acuerdo con estos organismos— es entendida como un cáncer, una enfermedad que debe ser atacada para que los países en desarrollo logren superar la pobreza y alcanzar el desarrollo. De este modo, la agenda anticorrupción se ha convertido en una industria con herramientas, métodos, definiciones y elementos delimitados que convergen como soluciones precisas para combatir la corrupción (Arellano-Gault, 2020; Sampson, 2005).
En este proceso, la agenda anticorrupción se erigió como un discurso altamente moral, donde la corrupción es un fenómeno cargado de elementos valorativos negativos. Aquellos que forman parte de esta agenda, son percibidos como guerreros de la integridad (Sampson, 2005) o paladines intachables (Arellano-Gault, 2020). En este punto emana una crítica pertinente de la antropología de la corrupción, la cual señala que la industria anticorrupción no es una reacción a la agenda neoliberal, sino que es la agenda neoliberal (Shore y Haller, 2005). Desde esta perspectiva, la agenda anticorrupción no puede deslindarse del elemento moral que la acompaña, y es entendida como un esfuerzo para restaurar los estándares perdidos de lo que llamamos comunidad (Sampson, 2005, p.105) —o nación, en el caso de la 4T—. La lucha contra la corrupción está pensada como una cruzada moral, una lucha virtuosa; no obstante, esta no es inocente e incluso puede ser comprendida como una ideología del anticorrupcionismo, una manera de perseguir intereses políticos y personales (Sampson, 2005, pp.127-128).
Sobre este punto, el gobierno de AMLO no ha ocultado el factor moral en su discurso; de hecho, lo menciona recurrentemente. A continuación son presentados un par de ejemplos claros sobre la moralidad implícita en la argumentación de esta administración. El primero está en la carta a servidores públicos: “les recuerdo que uno de los propósitos fundamentales… [es] desterrar la simulación y las marrullerías. Ser de izquierda significa ser honestos, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo” (López Obrador, 2019). El segundo fue pronunciado en su Segundo Informe de Gobierno: “[los opositores] piden, en suma, que yo traicione mi compromiso con la sociedad, que falte a mi palabra y que renuncie a mi congruencia (Presidencia de la República, 2020). La moralidad en el discurso de AMLO no difiere de la agenda anticorrupción neoliberal y su propia visión; es más, la agenda anticorrupción de la 4T experimenta una falta de credibilidad por la parcialidad demostrada en los casos en los que se han estado envueltos miembros de Morena y personajes cercanos al presidente (Fonseca 2020; Raziel, 2020). Una lucha anticorrupción que se presenta moral puede resultar efectiva para desestimar a los opositores —sobre todo si estos gozan de poca legitimidad y credibilidad—; sin embargo, también está expuesta al desencanto, si el líder y sus simpatizantes no terminan por cumplir sus dichos ni llevan a cabo sus compromisos.
Símbolos, identidades y cultura
La antropología de la corrupción no sólo analiza el fenómeno de la corrupción; también estudia los discursos, prácticas sociales y el imaginario que da pie a éstas. Zerilli (2005) examina el caso de Rumania y los elementos utilizados por los rumanos para explicar porqué su país tenía altos niveles de corrupción luego de la caída de la Unión Soviética. El autor halló que, a partir de la entrada de la industria anticorrupción, la explicación de los rumanos sobre de dónde emanaba la corrupción provenía de tres fuentes. La más relevante consiste en el legado del comunismo, donde señalan que “[se] hizo del robo una práctica institucionalizada, y convirtió a la corrupción como un valor social” (Zerilli, 2005).
No obstante, la corrupción no era un atributo social que fuera parte de la identidad rumana, sino que devenía de la influencia turca-otomana y soviética. Para los rumanos, la corrupción era una forma de interactuar con un entorno que no les pertenecía y al cual debían adaptarse. Esto es la clásica paradoja de la nostalgia estructural donde existe un tiempo que era perfecto en el cual había un balance social, que posteriormente fue roto o alterado (Herzfeld, 1997).
En el caso de la 4T, esta nostalgia estructural se encuentra en el periodo previo al neoliberalismo. En una analogía aventurada, el neoliberalismo representa a los simpatizantes de Morena, lo que el comunismo a los rumanos. La perspectiva del actual gobierno defiende a un pueblo mexicano que fue traicionado por las élites tecnocráticas que trastocaron la escala de valores, el sistema político y económico. Así pues, el neoliberalismo es un enemigo flagrante junto con los miembros de esas élites en las que están incluidos políticos de oposición, grandes empresarios, académicos que cuestionen las acciones del gobierno, activistas y miembros de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, resulta cuestionable concluir que un fenómeno como la corrupción, que está establecido sobre relaciones sociales, creencias y símbolos socialmente aceptados (Arellano-Gault, 2020), pueda ser atribuible a un periodo histórico específico.
Para ilustrar este punto, son recolectados discursos, comunicados y documentos oficiales. En el comunicado 042 de SFP (2019b), se dice que la austeridad del Estado “…recoge lo mejor de la historia de nuestro país y se aleja de la aplicación de la austeridad neoliberal que afecta los derechos sociales”. En otro comunicado de SFP (2019c) —el 116—, se expresa que “la peor herencia del neoliberalismo es la corrupción”. Finalmente, en el Segundo Informe de Gobierno, AMLO comentó que “los conservadores están enojados porque ya no hay corrupción y perdieron privilegios” (Presidencia de la República, 2020). De tal forma, es posible reconocer algunos de los elementos identitarios que señala Zerilli (2005) en el discurso de la 4T. Estos son paradójicos y enfrentan serias contradicciones, puesto que habría que preguntarse si antes del modelo neoliberal no existía la corrupción. La respuesta es clara, sí lo hacía y quizá en los mismos niveles que en la actualidad (Arellano, 2012; Lomnitz, 1995).
Reflexiones finales
Tal como fue analizado, el discurso anticorrupción de la 4T no varía sustancialmente del neoliberal. A pesar de que existen esfuerzos al interior del gobierno de AMLO sobre la comprensión de la corrupción como un fenómeno complejo, estos no terminan por materializarse ni por instaurarse como dominantes pues los discursos del presidente son determinantes. Algunos factores presentados en este texto demuestran que, si a este gobierno le interesa tanto el combate a la corrupción debe cambiar la tendencia marcada por gobiernos pasados, así como comprometerse a realizar acciones concretas más allá de discursos con simbolismos, colmados de moralidad, buenas intenciones y relaciones causales cuestionables.
La corrupción es un fenómeno complejo, dinámico y que evoluciona conforme es atacado. La antropología ofrece una serie de herramientas que fortalecen la comprensión de este fenómeno, así como sus manifestaciones. Este campo aún no ha sido explorado suficientemente, pero tiene mucho que aportar a la discusión, sobre todo en un país y una sociedad como la mexicana donde la corrupción está presente permanentemente.
Gabriel Rojas es profesor asociado del CIDE y maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE
Referencias
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