¿La Guía Ética y la Cartilla Moral redujeron la corrupción?

Ocho años después del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, vale la pena cuestionarse qué tan efectiva ha sido la estrategia de psicología política y discurso promovida por el primer presidente de la denominada Cuarta Transformación para acabar con la corrupción. Específicamente, en la promoción y difusión de guías de comportamiento ético en el servicio público y concentrado particularmente en la actuación de los miembros del partido que ganó esas elecciones —y las de 2024—, que impulsa esta doctrina política.  

La Cartilla Moral es una obra escrita por Alfonso Reyes, por encargo de Jaime Torres Bodet, comisionado de la SEP en 1944, que tenía por objetivo combatir lo que definió como una crisis ética y de violencia que era consecuencia del periodo revolucionario. Su contenido consistía en 14 lecciones orientadas a orientar a la población en varios temas como, por ejemplo, la cultura y la educación. No obstante, no fue distribuido en su momento. Fue hasta 1992 que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari lo publicó con ciertas modificaciones, como material de apoyo para la docencia y la formación de profesores. 

A inicios del año 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a distribuir ejemplares de la adaptación de 1992, principalmente, entre personas de la tercera edad. Con un mensaje personal incluido: 

La difusión de la Cartilla Moral es un primer paso para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que, en nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad.

Posteriormente, durante su conferencia de prensa del 26 de noviembre del 2020, producto de foros, consultas, discusiones y reflexiones colectivas generadas a lo largo de dos años de trabajo, el expresidente también presentó la “Guía Ética para la Transformación de México”. Este documento está conformado por 20 principios centrados en la transformación de la vida pública del país y tenía como propósito establecer una nueva ética, combatir a la corrupción y fomentar la convivencia pacífica. 

Ambos sucesos son una fiel característica del discurso político de López Obrador. Por un lado, promueve un enfoque dicotómico; al declararse antielitismo y pueblo-centrista y dividir en dos campos antagónicos, el pueblo bueno y sabio, frente a los opositores conservadores y corruptos. Por el otro, impulsa medidas que priorizan la moral y la ética de la administración pública, mediante el autodenominado humanismo mexicano, que también proclama la justicia social, la austeridad republicana, combate a la corrupción y lujos, así como de la intervención estatal en la economía.

Seis años después de la presentación de estos documentos resulta interesante analizar su efecto en el comportamiento de las personas que integraron ese gobierno y que se mantienen como grupo político en el poder. En esta línea, existen diversos sucesos significativos relacionados con la implementación de la ética y la moral de los funcionarios de Morena que deja mucho que desear. 

En Baja California, la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila se ha visto envuelta en diversas encrucijadas. La más reciente debido a los señalamientos dirigidos en contra de Carlos Torres, padre de sus hijos y quien fue su marido hasta hace poco, sobre su presunta relación con una red criminal de tráfico de armas, dinero y drogas. 

En Sinaloa, el gobernador con licencia Rubén Rocha se ha convertido en un personaje incómodo para la presidenta y para el partido oficialista. Sin duda, la acusación del gobierno de Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado es uno de los mayores retos políticos que ha enfrentado un gobierno mexicano frente al estadounidense. Pero la polémica ya acompañaba antes a Rocha por su mala gestión para enfrentar la espiral de violencia que azota a su estado. 

En Guerrero, Abelina López, alcaldesa de Acapulco se ha visto envuelta en diversas acusaciones de ejercicio ilícito del presupuesto público, abuso de poder, entre otras frivolidades, mientras que ahora aspira a ser candidata a gobernadora de la entidad. Una de las acusaciones más serias contra la funcionaria es el presunto manejo irregular de 898 millones de pesos de recursos federales pertenecientes a la Cuenta Pública del 2023. Sin embargo, gracias a las medidas cautelares otorgadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra protegida. Recientemente la Auditoría Superior de la Federación informó que también se detectaron presuntas irregularidades en la Cuenta Pública del año 2024 por más de 206 millones de pesos. 

En Oaxaca, Salomón Jara Cruz enfrenta serias acusaciones de nepotismo por tener familiares en puestos clave en la estructura de su gobierno, además de falta de transparencia y despilfarro del presupuesto público y afectaciones directas a trabajadores del gobierno del estado. A lo anterior, hay que agregar que durante su gestión, se ha registrado una ola de violencia atípica en el estado, principalmente, en el Istmo de Tehuantepec. 

En conjunto, estos factores de su mala gestión generaron su reciente fracaso en el proceso de revocación de mandato. Esta situación encendió las alarmas en Morena, y no es para menos, porque a pesar de tener todo el aparato de gobierno a su disposición, así como el presupuesto público, solamente obtuvo 550 274 votos a favor de que siguiera en la gubernatura, con lo que registró 20.1 % menos votos en comparación con el año 2022 cuando con 696 488 ganó su gubernatura.

Es importante señalar que los ejemplos aquí descritos son tan sólo una pequeña muestra de los manejos cuestionables de las gestiones que funcionarios afines a Morena han realizado en los últimos años a lo largo de todo México. Estos comportamientos son incongruentes con los criterios establecidos en la guía ética de la transformación. La guía asegura que su incumplimiento conduce a conductas antisociales, al desprecio a la ley, a la destrucción de la paz y a la desintegración de la sociedad. 

La guía ética tiene por objetivo impulsar la Cuarta Transformación de la Vida Pública Nacional a través de un Estado de bienestar y de derecho, libre y soberano, en el que la política se oriente por el principio del servicio a los demás, combatiendo la corrupción, la impunidad y la degradación social. Esta guía se ha visto claramente rebasada detenido, principalmente, a faltas cometidas en contra de tres principios fundamentales. 

El primero es el principio de la veracidad, la palabra y la confianza. Es el pilar de los tres principios que repiten los liderazgos de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. El segundo tiene que ver con el respeto a la ley y a la justicia; establece que al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie. Añade que todo, por la razón y el derecho; nada por la fuerza. El tercer principio es que ni el poder ni la autoridad son derechos o atributos de una persona y sólo tiene sentido si es para servir a los demás.

Es importante recordar que los actores populistas justifican sus acciones apelando e identificándose con el pueblo. Como ven el poder como una enmarcación directa del pueblo, presumen estar cerca de la gente. Para el caso mexicano, este tipo de actores políticos apegados al régimen actual, a pesar de presumir guías de la ética y la moral en el ejercicio del poder, han promovido medidas de nepotismo y encubierto actos de corrupción.

La narrativa populista se caracteriza por ser maniquea, por dividir de forma simplista entre un pueblo, concebido como una entidad virtuosa, y una élite, pensada como una entidad homogéneamente corrupta. Como es evidente, este discurso fomenta la polarización afectiva y erosiona la democracia. Estas dos tensiones generan una serie de desafíos para los valores, institucionalidad y desempeño de funcionarios públicos. 

Para terminar, al considerar los ejemplos aquí presentados y sumarlos a toda la información que circula día con día a lo largo del territorio nacional, se puede deducir que ni la Cartilla Moral ni la Guía Ética de la Transformación han logrado desarticular redes de corrupción o terminar con el abuso del poder. Por el contrario, el comportamiento de algunos funcionarios se ha mostrado totalmente contrario a los postulados de ambos documentos, además se ha creado una nueva doctrina política donde no existe delito alguno siempre y cuando pertenezcas al “gobierno del pueblo”. 

Esto no quiere decir que en gobiernos anteriores no existieran los malos manejos ni corrupción, pero a diferencia de esas gestiones, el régimen que inició en el 2018 daba por hecho que no eran iguales, que no traicionarían al pueblo, sobre todo, que su estilo de gobierno priorizaría la ética, la moral, la honestidad, el respeto, la justicia y la austeridad republicana. Desafortunadamente, por mucho, los valores que se observan actualmente por parte de funcionarios, gobernadores y miembros del régimen, están muy alejados de lo que el expresidente López Obrador prometió.