Instituciones y no personas para acabar con la corrupción

Desde hace al menos diez años, el combate a la corrupción ocupa un lugar central en el debate público en México. Y no porque antes no fuera una preocupación de la sociedad. Cambian los gobiernos, se anuncian nuevas estrategias, se crean instituciones y se reforman leyes con la promesa de erradicar uno de los problemas más persistentes del país. Sin embargo, los resultados han sido mucho más modestos que los discursos. Los principales indicadores nacionales e internacionales muestran que México sigue enfrentando un desafío estructural que limita su desarrollo económico, debilita el Estado de derecho y erosiona la confianza ciudadana.

La pregunta no es si este fenómeno existe o no. La verdadera interrogante es por qué, después de tantas reformas, alternancias políticas y nuevas instituciones, el país no ha logrado reducirlo de manera sostenida.

La explicación más común sostiene que es culpa de la voluntad de quienes gobiernan. Bajo esa lógica, bastaría con elegir funcionarios honestos o endurecer las sanciones; pero la experiencia demuestra lo contrario. Distintos partidos políticos, diferentes personas han enfrentado los mismos obstáculos. Esto sugiere que la causa es más profunda: el verdadero reto está en las instituciones y en los incentivos bajo los que operan.

Lo que dicen los indicadores

A diferencia de variables como la inflación o el desempleo, no existe un instrumento capaz de reflejar el impacto de todos los actos de corrupción que ocurren en un país. Por ello, los principales índices internacionales analizan dimensiones distintas: algunos miden la percepción de especialistas y empresarios; mientras que otros evalúan la fortaleza del Estado de derecho, la capacidad de las instituciones para investigar irregularidades o la experiencia cotidiana de la ciudadanía. Aunque emplean metodologías diferentes, todos llegan prácticamente a la misma conclusión: México sigue rezagado.

El Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, otorgó a México 27 de 100 puntos posibles y lo ubicó en el lugar 141 de 180 países; ocupó, además, el último sitio entre los miembros de la OCDE. 

El diagnóstico es similar en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. México obtuvo 0.40 puntos sobre un máximo de uno y apenas 0.27 en el factor “Ausencia de Corrupción”, uno de los resultados más bajos entre los países evaluados. Esto refleja problemas persistentes en la aplicación de la ley, la independencia judicial y la eficacia de los mecanismos de control.

Una tercera medición, el Capacity to Combat Corruption Index (CCC), analiza la capacidad de los países latinoamericanos para prevenir, investigar y sancionar estas conductas. En el caso de México, el diagnóstico se repite: persisten debilidades en la autonomía de las fiscalías, la independencia del Poder Judicial y la efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas.

Otras mediciones coinciden con ese diagnóstico. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, elaborada por el INEGI, muestra que 84.1% de los mexicanos consideran frecuentes estas prácticas en las instituciones públicas.

Ningún indicador es perfecto. Todos tienen limitaciones metodológicas y observan aspectos distintos del mismo fenómeno. Sin embargo, cuando diversas fuentes independientes coinciden durante años en un mismo diagnóstico, resulta difícil atribuir los resultados a un problema de medición. El mensaje es claro: en corrupción, México enfrenta un desafío institucional que continúa sin resolverse.

La diferencia no son los gobiernos; son las instituciones

Durante décadas, el debate público ha girado alrededor de una misma expectativa: encontrar al gobierno que finalmente logre resolver el problema. La experiencia internacional demuestra que esa pregunta está mal planteada.

Los países con mejores resultados controlando este problema no son aquellos que encontraron líderes excepcionalmente honestos. Son los que construyeron instituciones capaces de limitar la discrecionalidad, aumentar la probabilidad de detectar irregularidades y garantizar consecuencias para quienes incumplen la ley.

El caso de Estonia resulta especialmente ilustrativo. Tras recuperar su independencia en 1991, emprendió una profunda transformación digital que hoy permite realizar prácticamente todos los trámites públicos en línea. Registrar una empresa, presentar declaraciones fiscales o consultar un expediente médico puede hacerse de forma electrónica. Cada proceso deja un rastro verificable, lo que reduce considerablemente las oportunidades para alterar expedientes, agilizar trámites mediante sobornos o tomar decisiones sin dejar evidencia.

Dinamarca y Finlandia siguieron un camino distinto, pero con el mismo objetivo. Su fortaleza no radicó en campañas espectaculares contra la corrupción, sino en administraciones públicas profesionalizadas, sistemas judiciales independientes y una cultura de transparencia que ha permanecido estable durante décadas. En esos países siguen existiendo casos de corrupción, pero las elevadas probabilidades de ser descubierto y sancionado hacen que el costo de cometer una irregularidad sea mayor que el posible beneficio.

Una experiencia similar puede encontrarse en Singapur. A partir de la década de 1960 fortaleció la independencia de los organismos encargados de investigar estos delitos, profesionalizó el servicio público y simplificó numerosos procedimientos administrativos. La estrategia no consistió únicamente en imponer castigos más severos, sino en modificar los incentivos bajo los que operaban funcionarios y ciudadanos.

América Latina también ofrece ejemplos alentadores. Uruguay, considerado el país mejor evaluado de la región en el Índice de Percepción de la Corrupción, ha construido ese desempeño sobre instituciones relativamente estables, un servicio público profesional y mecanismos de control que han trascendido los cambios de gobierno.

Las experiencias son diferentes, pero todas comparten una misma enseñanza: los mejores resultados no provienen de la voluntad política de un solo gobierno o un solo grupo de personas, sino de instituciones capaces de prevenir irregularidades antes de que ocurran y de garantizar consecuencias cuando la ley se incumple.

Esa es, probablemente, la principal lección para México. El verdadero cambio no llegará con una nueva administración, sino cuando el país logre construir un sistema donde actuar conforme a la ley sea la opción más sencilla y violarla deje de ser rentable.

¿Qué puede hacer México?

La experiencia internacional demuestra que este problema no se resuelve con discursos, sino con instituciones que reduzcan las oportunidades para actuar al margen de la ley. México no necesita empezar desde cero. Cuenta con un marco jurídico amplio, organismos especializados y un Sistema Nacional Anticorrupción cuyo diseño es comparable al de otros países. El reto ha sido convertir esas herramientas en resultados.

Más que crear nuevas estructuras, el país debería concentrarse en fortalecer las que ya existen. Cinco acciones pueden marcar la diferencia.

1. Profesionalizar el servicio público

Cada cambio de administración implica la salida de miles de servidores públicos y la llegada de nuevos equipos. Esta práctica debilita la capacidad técnica del Estado, rompe la continuidad de las políticas públicas y favorece que muchos nombramientos respondan a criterios políticos antes que al mérito. Consolidar un verdadero servicio civil de carrera reduciría la discrecionalidad y permitiría construir instituciones más estables.

2. Digitalizar las contrataciones públicas

Las compras gubernamentales concentran algunos de los mayores riesgos debido al volumen de recursos que administran y al margen de decisión que todavía existe en muchos procedimientos. La prioridad ya no debería ser únicamente publicar información, sino registrar electrónicamente cada etapa del proceso: planeación, licitación, adjudicación, ejecución y supervisión. Plataformas interoperables permitirían cruzar información con registros fiscales, declaraciones patrimoniales y padrones de proveedores para detectar anomalías antes de que se conviertan en escándalos. La transparencia es más útil cuando previene irregularidades que cuando solo permite documentarlas.

3. Aprovechar la inteligencia artificial

La cantidad de información que genera el gobierno supera desde hace tiempo la capacidad de revisión manual. Diversos países ya utilizan herramientas de inteligencia artificial para identificar patrones atípicos en contrataciones, sobrecostos, concentración de proveedores o posibles conflictos de interés. Estas tecnologías no sustituyen a los órganos de fiscalización; pero si les permiten concentrar sus esfuerzos donde existe una mayor probabilidad de encontrar irregularidades. El objetivo sería pasar de una política reactiva a una preventiva.

4. Garantizar instituciones verdaderamente independientes

Ninguna estrategia funciona si las autoridades encargadas de investigar dependen de quienes podrían ser investigados. Fortalecer la autonomía de fiscalías, auditorías y tribunales resulta más importante que aumentar el número de investigaciones. Lo que realmente disuade no es la severidad de las sanciones, sino la certeza de que la ley se aplicará sin excepciones.

5. Convertir a la ciudadanía en aliada

La transparencia no debe verse como una obligación administrativa, sino como una herramienta para fortalecer la rendición de cuentas. Abrir por completo información sobre contrataciones públicas, beneficiarios finales, sanciones y desempeño institucional permite que periodistas, universidades, organizaciones civiles y centros de investigación identifiquen riesgos y exijan explicaciones. Una ciudadanía informada sigue siendo uno de los mecanismos de control más eficaces.

Del discurso a los resultados

Durante años, el debate público ha presentado la corrupción como un problema de personas: funcionarios deshonestos, partidos políticos o gobiernos en turno. Esa explicación resulta insuficiente. Si todo dependiera de la honestidad individual, décadas de alternancia política habrían producido resultados distintos.

La evidencia apunta hacia otra dirección. Los países que hoy ocupan los primeros lugares en los índices internacionales no erradicaron este fenómeno porque encontraron gobernantes ejemplares. Lo hicieron porque construyeron instituciones capaces de limitar la discrecionalidad, aumentar la probabilidad de detección y garantizar consecuencias para quien viola la ley.

Ninguna reforma aislada resolverá el problema. Tampoco bastará un cambio de gobierno o una nueva estrategia de comunicación. La diferencia llegará cuando el Estado reduzca los espacios para la discrecionalidad, fortalezca sus instituciones y haga que incumplir la ley deje de ser una decisión rentable.

Al final, la distancia entre los países que han logrado contener la corrupción y aquellos que siguen conviviendo con ella no está en la calidad moral de sus gobernantes, sino en la fortaleza de las instituciones que hacen cumplir la ley.

Como parte de la alianza con la revista Nexos, este texto también fue publicado en su sitio web.