Una cascada de irregularidades sacude a Seguridad Alimentaria Mexicana. La dependencia encargada de otorgar precios de garantía a los productores del campo y lograr la autosuficiencia alimentaria, no pudo acreditar el destino de 8 mil 636 millones de pesos. El nombre de René Gavira Segreste, extitular de Administración y brazo derecho de Ignacio Ovalle, se repite una y otra vez en los malos manejos detectados.

En su tercera entrega de informes de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación encontró múltiples irregularidades entre las que se encuentran pagos anticipados sin acreditar la entrega de bienes, faltantes de maíz y frijol en inventarios, penalizaciones no aplicadas a proveedores y un esquema de corrupción en la entrega de convenios multimillonarios para la comercialización de crema y leche en polvo. 

En 2019, su primer año de operaciones, Segalmex no pudo comprobar el destino de 3 mil mdp. Con las observaciones sumadas este año, la dependencia no ha podido acreditar el destino de más de 11 mil millones de pesos desde su creación.

El informe de la ASF llega menos de un mes después de que la Presidencia de la República anunció que tres altos funcionarios de la dependencia, entre los que se encontraban el director de comercialización y el director de operaciones, habían sido destituidos y denunciados ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción.

Algunas de las observaciones realizadas por la ASF confirman irregularidades encontradas en reportajes que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó en años anteriores.

Corrupción en convenios multimillonarios

En una auditoría de Cumplimiento Forense practicada a Liconsa, la ASF descubrió que el Grupo Interno de Análisis de Venta de Crema de la dependencia no autorizó el precio de venta –de 21 pesos por kilo– establecido en los convenios firmados con Grupo Vicente Suárez 73 y Comercializadora de Productos Lácteos la Laguna (Coprolac).

Entre 2019 y 2020, Liconsa firmó cinco convenios con estas empresas; dos con Grupo Vicente Suárez 73 y tres con Coprolac, con una vigencia de cinco años y estipulaban que cada empresa recibiría hasta 467 millones de pesos anuales para realizar el proceso de secado y deshidratación de la leche. En el caso de Coprolac, la empresa recibiría en cinco años más de 7 mil millones de pesos por los tres convenios que firmó, mientras que el monto de Vicente Suárez 73 ascendería a 4 mil millones.

En una entrevista que los auditores tuvieron con el exdirector de operaciones de Liconsa, Bernardo Fernández Sánchez, el directivo reveló que el precio de 21 pesos por kilo de crema estipulado en los convenios con Grupo Vicente Suárez 73 y Coprolac había sido fijado unilateralmente por el extitular de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste, y no por el Grupo Interno de Análisis de Venta de Crema, el órgano colegiado responsable de autorizar su precio.

Fernández Sánchez le dijo a los auditores que por esta irregularidad Liconsa había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de René Gavira Segreste y de Grupo Vicente Suárez 73, empresa fundada por el empresario Alejandro Puente Córdoba.

En agosto de 2020, MCCI hizo públicas las redes de amiguismo que llevaron a Grupo Vicente Suárez 73 a recibir estos convenios. Ignacio Ovalle, director de Segalmex, fue presidente de Fundación México con Valores, una organización adherente a Movimiento Ciudadano, partido por el que Puente Córdoba fue candidato plurinominal al Senado en 2012.

Tras la publicación, Puente Córdoba aseguró a MCCI que ya no formaba parte de Grupo Vicente Suárez 73 desde enero de 2019. Sin embargo, fotografías publicadas por el gobierno de Tabasco lo muestran a la izquierda de René Gavira Segreste, exdirector de Administración de Segalmex, durante la firma de uno de los convenios en diciembre del mismo año.

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Alejandro Puente Córdoba (extremo izquierdo y camisa blanca), en una reunión en diciembre de 2019 con el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, actual Secretario de Gobernación.

La auditoría también muestra que Grupo Vicente Suárez subcontrató el 100% de los servicios que debía proporcionar con Productos Loneg, una empresa propiedad del empresario lagunero Felipe Santiago López Negrete Murra que realizaba el secado y extracción de crema de la leche en una planta en Durango.

Negrete Murra también es un actor central en las irregularidades y presuntos actos de corrupción detectados en Liconsa.

De acuerdo con actas del Registro Público del Comercio, el empresario también es accionista mayoritario de las compañías Rancho Lucero, Paralelo 60, Carrusel 99 y Paralelo 80, las cuales recibieron contratos por más de 700 millones de pesos con Liconsa para la adquisición de leche fresca. En conjunto, estas empresas forman parte del Grupo Lucero.

La ASF encontró que, en lugar de emplear personal a su cargo para realizar los servicios, todas las empresas de Grupo Lucero también subcontrataron a Productos Loneg.

Es decir, a través de cuatro compañías de su propiedad, Negrete Murra obtuvo distintos contratos para la adquisición de leche y en todos subcontrató a Loneg, compañía que también es suya.

Como parte de las irregularidades encontradas a las compañías de Negrete Murra, se encontró que Liconsa incorporó al Registro Nacional de Productores a Carrusel 99, Paralelo 80 y Paralelo 60 a pesar de que no presentaron las manifestaciones de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y no tener adeudos por impuestos federales.

ASF pide al SAT investigar otra empresa de Puente

Un nuevo contrato ligado al empresario Alejandro Puente Córdoba salió a la luz en el último informe de la ASF. La auditoría practicada a Liconsa muestra que la dependencia otorgó un contrato plurianual por 263 millones de pesos a Transportación Inteligente MP para el arrendamiento de pipas que cumplirían con traslado y recolección de leche bronca.

Según actas del Registro Público del Comercio consultadas por MCCI, esta empresa fue constituida en 2014 por Alejandro Puente Córdoba, quien hasta la fecha es accionista mayoritario.

Liconsa no proporcionó a los auditores los entregables ni la integración de los pagos que hizo a la empresa, por lo que no se pudo comprobar cuál es el monto que la dependencia le pagó y si los servicios de traslado de leche se efectuaron adecuadamente.

De acuerdo con el representante legal de la compañía, el contrato fue cancelado anticipadamente debido a que Liconsa incumplió con los pagos.

Como parte de la revisión a este contrato, el SAT hizo de conocimiento de los auditores que no se encontró la declaración anual del ejercicio 2020 de Transportación Inteligente MP. Por esta serie de irregularidades, la ASF solicitó al SAT verificar a la empresa a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Contratan producción de leche… ¡a petrolero!

Otro de los convenios auditados para la producción de productos derivados de la leche es el que Liconsa firmó con Agua Embotellada Monterrey, una compañía sin experiencia en el ramo lechero constituida en 2017 y cuyo accionista mayoritario es el empresario petrolero César Humberto Issasi Martínez.

El convenio fue firmado en marzo de 2019 y tenía una vigencia de tres años, durante los cuales la empresa recibiría hasta 659 millones de pesos para la producción de productos lácteos y sus derivados como leche UHT descremada.

En agosto de 2019, la entonces senadora por Morena, Lily Téllez, denunció frente al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que la leche en polvo que Agua Embotellada Monterrey había enviado al DIF de Veracruz llegó en mal estado y con cucarachas. También señaló que el exdirector de Administración, René Gavira Segreste, hizo un millonario negocio con el contrato.

De acuerdo con la ASF, Gavira sugirió que la empresa utilizara una planta que no era de su propiedad y que se encontraba “en pésimas condiciones” en el municipio de Delicias, Chihuahua, para cumplir con los servicios pactados en el convenio. En ese municipio, Agua Embotellada Monterrey contrató a alrededor de 50 personas por los tres años de vigencia del convenio.

Sin embargo, a inicios de 2020 la empresa incumplió con el convenio por razones que no quedan claras en la auditoría y despidió a los trabajadores que había contratado en Delicias. Un año después de su despido, los trabajadores seguían exigiendo su liquidación de acuerdo con el diario El Heraldo de Chihuahua.

Goimar, otra empresa de Issasi Martínez que ha ganado contratos multimillonarios con Pemex y que opera la plataforma petrolera Goimar 1 en las costas de Campeche, también fue señalada por adeudar múltiples quincenas a sus trabajadores en 2020. La compañía aseguraba que el atraso en quincenas y aguinaldos se debía a que Pemex no pagaba a sus proveedores.