Nadie sabe, nadie supo

“Nadie sabe, nadie supo,
dónde quedó el dinero de la CONASUPO”.

Esta consigna popular era repetida a finales de los años ochenta tras la polémica gestión de Ignacio Ovalle Fernández y Raúl Salinas de Gortari en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), la paraestatal encargada de garantizar la venta de productos de la canasta básica y de primera necesidad a precios subsidiados.

Ahora, más de treinta años después, nadie sabe dónde quedaron 11 mil millones de pesos de Seguridad Alimentaria Mexicana, la heredera de la CONASUPO creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria.

Desde 2020, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha documentado la existencia de una red de corrupción en Segalmex ligada a la entrega de convenios multimillonarios irregulares a personajes ligados al partido Movimiento Ciudadano, el extravío de estados financieros y el otorgamiento de contratos a empresas fachadas vinculadas con empresarios que ahora construyen desarrollos inmobiliarios de lujo.

A pesar de su oscuro pasado como titular de la CONASUPO y de su cercanía con personajes como el expresidente Luis Echeverría, López Obrador decidió nombrar a Ignacio Ovalle Fernández como director general de Segalmex, la cual se ha convertido en la dependencia con las mayores irregularidades detectadas de toda la Administración Pública Federal.

Es por esto que, en redes sociales, muchos han comenzado a bautizar este desfalco como
“la Estafa Maestra de la 4T”.

Tan solo en sus primeros dos años de operación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 11 mil millones de pesos en Segalmex, superando a los 7 mil 600 millones reportados en La Estafa Maestra.

Durante el último año, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han ido confirmando los hallazgos realizados por la unidad de periodismo de investigación de MCCI.

El ABC de
la corrupción en
SEGALMEX

Conoce los eventos en orden cronológico que han sido clave en el desarrollo de esta historia, estandarte de corrupción e impunidad que parecen no terminar.

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Camiones de Conasupo y Segalmex

El entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador designa a Ignacio Ovalle como director de la naciente Seguridad Alimentaria Mexicana.

El diario Reforma reporta que Segalmex está otorgando cientos de millones de pesos en contratos sin licitar.

El exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, deja el cargo entre señalamientos de corrupción.

MCCI reporta que Liconsa otorgó dos convenios multimillonarios para el secado de leche a Alejandro Puente, un empresario ligado al partido Movimiento Ciudadano donde militó Ignacio Ovalle.

En su evaluación de la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación encuentra que Segalmex no acreditó el destino de 3 mil millones de pesos.

MCCI revela que Segalmex otorgó 797 millones de pesos a una red de seis empresas fachada que incumplieron con entregar pesticidas, costales y lonas que servirían para proteger y almacenar granos como el maíz y el frijol.

MCCI reporta que Segalmex contrató como su nuevo gerente de Operaciones a Bernardo Fernández Sánchez, socio de Grupo Kosmos, un corporativo acusado de corrupción y lavado de dinero mediante el envío de alimentos a sobreprecio a Venezuela.

Tras una revisión a auditorías internas, MCCI revela que Liconsa extravió estados financieros correspondientes a cinco meses y que opera con pérdidas millonarias.

En un reportaje publicado en el diario Reforma, MCCI señala que Segalmex otorgó un contrato de 245 millones de pesos a una empresa que no tenía empleados registrados ante el IMSS. La empresa debía entregar equipo destinado al control de calidad de los granos.

El gobierno federal anuncia que ha destituido y denunciado ante la FGR a tres altos mandos de Segalmex: el director de Comercialización (Manuel Lozano Jiménez), el director de Operaciones (Bernardo Fernández Sánchez) y el director Jurídico (Carlos Dávila Amerena).

En su evaluación de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación revela que Segalmex no pudo acreditar el destino de 8 mil millones de pesos.

El presidente López Obrador reconoce que hay denuncias presentadas por los malos manejos en Segalmex. Al ser cuestionado si mantendría a Ignacio Ovalle en el cargo, pide “evitar juicios sumarios”.

Tras una revisión a los informes de la Auditoría Superior de la Federación, MCCI publica que dentro de Liconsa operó una red de corrupción a través de convenios multimillonarios para el secado de leche firmados con empresas como Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (COPROLAC).

Después de varios meses de investigación, MCCI revela que empresarios ligados a la red de seis empresas fachada que ganaron 797 millones de pesos en contratos con Segalmex, ahora construyen desarrollos de lujo en Yucatán a través de la inmobiliaria Aura.

MCCI revela que el hijo de René Gavira Segreste, exdirector de Finanzas de Segalmex, adquirió un departamento en San Antonio, Texas, que pertenecía a la hermana del director de Coprolac, empresa beneficiada por Liconsa con tres convenios multimillonarios para el secado de leche.

René Gavira Segreste es vinculado a proceso por la compra de certificados bursátiles con dinero público. La Fiscalía General de la República no presenta acusaciones contra Ignacio Ovalle, quien, como después se revelaría, autorizó la compra.

La Presidencia de la República anuncia que Leonel Cota Montaño asumirá la dirección general de Segalmex.

A pesar de los múltiples señalamientos de corrupción en su contra, el presidente López Obrador designa a Ignacio Ovalle como nuevo director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

El portal Animal Político revela que el exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle, autorizó inversiones ilegales por 950 millones de pesos en la compra de bonos bursátiles utilizando presupuesto de la dependencia.

El presidente reitera que hay denuncias presentadas contra exfuncionarios públicos de Segalmex desde hace un año y que el secretario de la Función Pública acudirá a la mañanera para explicar cómo se está actuando ante el fraude.

En una nueva investigación, MCCI revela que Segalmex otorgó 21 contratos por 67 millones de pesos para la compra de atún y azúcar a Grupo Marhel, filial de una empresa fantasma investigada por participar en una red de lavado de dinero mediante el envío de alimentos a Venezuela.

En la conferencia mañanera, el titular de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, reconoce la existencia de 38 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por irregularidades que suman 9 mil 500 millones de pesos en Segalmex. Además, declara que las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada.

Tras tener acceso a una denuncia presentada ante la FGR por la compra de azúcar que no fue entregada, MCCI revela que la empresa contratada para surtir de este insumo a Segalmex, Servicios Integrales Carregin, fue constituida usando la identidad de una ama de casa que adeuda 3 mil pesos a una tienda departamental.

MCCI revela que mientras el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, se encontraba fiscalizando el fraude en Segalmex, su hermano Margarito Colmenares Páramo ocupaba puestos gerenciales en esa dependencia. Ninguno de los dos transparentó su relación familiar en sus declaraciones patrimoniales y de intereses.

En el mismo reportaje, MCCI expone que la ASF únicamente ha presentado dos denuncias ante la FGR por irregularidades que suman 150 millones de pesos en Segalmex, equivalentes al 1.1% de las anomalías encontradas por la propia Auditoría.

La FGR obtiene una segunda vinculación a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en contra de René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex. Ignacio Ovalle se mantiene sin acusaciones.

Un juez niega conceder órdenes de aprehensión contra 25 exfuncionarios de Segalmex por la compra irregular de azúcar a la empresa Servicios Integrales Carregin, reportada por MCCI. El juez señala que la FGR hizo una deficiente argumentación sobre los presuntos delitos.

La ASF hace público que ha presentado 11 denuncias ante la FGR por los desvíos en Segalmex.

En una nueva investigación, MCCI revela que, a petición de la Unidad de Administración y Finanzas de Diconsa, contratistas pagaron “moches” equivalentes al 3% de cada contrato, mismos que se depositaban en las cuentas de Film & Marketing 18k SA de CV, una empresa fachada constituida con la identidad robada de una mujer.

En una comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el director general de Segalmex, Leonel Cota, confirma lo publicado por MCCI y reconoce el cobro de “moches” durante la gestión de Ignacio Ovalle. Cota asegura que por este caso la dependencia interpuso una denuncia ante la FGR.