La Secretaría de Marina asignó la vigilancia de los puntos de inspección y salas de espera de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que recibirán a los visitantes extranjeros en pleno Mundial, a dos compañías que han tenido como socios y operadores a presuntos integrantes de una red de tráfico de armas.
Una de ellas es SERPROSEP SA de CV que, de acuerdo con actas mercantiles en poder de MCCI, ha tenido como accionistas a Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “Yoryi”, y a Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga, señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) como miembros de la organización criminal encabezada por Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.
Por este caso, Alberts Ponce incluso cuenta con una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos.
La otra de las compañías beneficiadas con contratos para resguardar el AICM es Armour King SA de CV, donde Alberts Ponce es apoderado y Sainz de la Maza Zúñiga aparece desde su constitución como comisario, además de que comparte a otros dos funcionarios con SERPROSEP.
Las actas mercantiles muestran que ambas compañías han alternado a un reducido grupo de personas en los cargos de socios, administradores, comisarios, apoderados y delegados.
José Ángel Gómez Hernández fue socio fundador y primer administrador en las dos empresas; Óscar Humberto Bistrain Tenorio, fue accionista inicial de SERPROSEP, y designado apoderado de Armour King en la misma asamblea en que se dieron poderes a Alberts Ponce, mientras que Christian Pablo Varela Escobedo aparece como representante recurrente en asambleas de ambas compañías, además de fungir como representante legal en SETER, otra compañía de seguridad que según la FGR era usada para traficar armas.
Las dos compañías contratadas por la Marina para la seguridad de ambas terminales del aeropuerto capitalino han reportado como su domicilio una casa ubicada en la calle Séneca 350 en Polanco, inmueble que es propiedad del hijo de Julia Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett. Esa misma propiedad, como reveló MCCI, también la ha ocupado la empresa Acurgen, en la que son socios Alberts Ponce y Sainz de la Maza Zúñiga.
MCCI revisó la totalidad de las actas que SERPROSEP y Armour King tienen inscritas en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, y constató que entre los documentos disponibles para consulta no existe ninguno que dé cuenta de la salida de Alberts Ponce y de Sáinz de la Maza Zúñiga de esas empresas.
En junio de 2025, la Marina otorgó a SERPROSEP un contrato por cerca de 317.3 millones de pesos para otorgar el servicio de seguridad y vigilancia en los puntos de inspección de personas y salas de espera en el área internacional de la Terminal 1. El contrato tiene una vigencia de dos años, hasta mayo de 2027.
Mientras que Armour King recibió también en junio de 2025 tres contratos que suman más de 877.6 millones de pesos. Dos de ellos son para vigilar la zona perimetral, el control de accesos, así como puntos de inspección de personas y salas de espera del área nacional en la Terminal 1, mientras que un tercer contrato incluye la seguridad de la zona perimetral y control de accesos de la Terminal 2.
Esta no es la primera vez que la Marina deja en manos de ambas compañías la seguridad del aeropuerto, ya que desde el 2023 han recibido contratos para vigilar distintas áreas del recinto.
A pesar de que desde finales de noviembre se dio a conocer la investigación de la FGR sobre la red de Rocha Cantú, que involucra a ambos socios y funcionarios de SERPROSEP y Armour King –Alberts Ponce y Sainz de la Maza Zúñiga– las compañías han seguido recibiendo contratos de múltiples dependencias federales para vigilar sus instalaciones.
El 2 de diciembre de 2025, MCCI dio a conocer que la Fiscalía General de la República otorgó al menos 30 contratos por más de 300 millones de pesos para cuidar sus instalaciones a Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), una de las compañías a las que la propia FGR identificó como parte de la red de huachicol y tráfico de armas de Raúl Rocha Cantú, copropietario del concurso Miss Universo.
Según el expediente en poder de MCCI, SEICSA –donde Alberts Ponce funge como apoderado– es una de las cinco empresas de seguridad empleadas para adquirir, rematricular y traficar armamento para grupos criminales como parte de este entramado.
LOS EMPRESARIOS… Y PRESUNTOS TRAFICANTES
De la causa penal que la Fiscalía General de la República sigue contra esta red de tráfico de armas y huachicol, se desprende que Jorge Enrique Alberts Ponce y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga operaban el contrabando de armamento por medio de empresas de seguridad privada que administraban.
Para ello –siempre según el expediente de la FGR–, mantenían comunicación con integrantes de organizaciones criminales, como se detalla en llamadas intervenidas que se encuentran en el expediente.
El grupo, encabezado por Alberts Ponce y por Jacobo Reyes León, alias “Yaicob”, surtía de armas rematriculadas a cárteles de la droga; según el expediente de la FGR, recibían el armamento con licencias de portación a nombre de Comercializadora de Bienes Segurimex, Servicios Terrestres de Seguridad Privada (SETER) y Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), compañías controladas por Alberts Ponce. De esta forma, los criminales evitaban ser detenidos en flagrancia por fuerzas del orden.
Alberts Ponce habría realizado estas actividades delictivas en coordinación con personas bajo su mando directo, entre ellas Sandalio Sainz, quien ha sido su socio en SERPROSEP y con quien participa también en Armour King, ambas encargadas de vigilar las instalaciones del AICM.
“De la misma intervención de comunicaciones del número telefónico de Jorge Alberts Ponce, se advierte el cómo dirige su actividad criminal, el tráfico y venta de armas de fuego… Jacobo es el encargado de ver todo en Tamaulipas en donde están armando a la persona con alias el CAPE o CAFEX, quien es un líder del Cártel del Golfo, aunado a que también apoyan a gente de Tijuana para que les hagan entrega de las armas de fuego”, se lee en el expediente.
En distintas partes de la causa penal se hace referencia a múltiples comunicaciones donde los involucrados, entre ellos Alberts Ponce, alias “Yoryi”, hablan de la venta y renta de armas como revólveres y escopetas, operaciones en las que participa Sainz de la Maza Zúñiga, y del tráfico de licencias de portación de las mismas, que conseguían gracias a la colusión de miembros del Ejército.
Alberts Ponce, cuyas empresas ahora se encargan de vigilar las instalaciones del AICM, también incursionó en el tráfico de huachicol. Esto quedó de manifiesto en diversas conversaciones telefónicas interceptadas por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en las cuales se advierte que el empresario participa en la importación de hidrocarburos que la red ingresaba al país ilegalmente desde Guatemala.
En septiembre de 2025, Alberts Ponce presentó una demanda de amparo contra el aseguramiento de un inmueble ubicado en Querétaro. Dicho aseguramiento, de acuerdo con el expediente de la propia demanda, se dio como parte de las acciones de la FGR en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-QRO/0000082/2025.
Medios locales de Querétaro reportaron que el predio se encontraba en la localidad de El Ahorcado, en el municipio de Pedro Escobedo, donde la FGR incautó seis carro tanques con hidrocarburo de procedencia ilícita.MCCI reveló en noviembre de 2025 que, a través de su empresa Acurgen, Alberts Ponce había participado en los fraudes de Segalmex y la Estafa Maestra. En 2019, el empresario se asoció con Gregorio Adrián Zamora Flores y Ricardo José Lambretón López Ostolaza –empresarios que también participaron en el fraude de Segalmex– en Grupo Aura, compañía que desarrolla varios complejos de lujo en Yucatán.
LA POSTURA DE LA MARINA
MCCI contactó el 5 de junio a la Secretaría de Marina –que opera y administra el AICM– y se le hizo llegar un cuestionario donde se le preguntó si la dependencia tenía conocimiento de que Jorge Enrique Alberts Ponce y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga son señalados por la FGR como presuntos operadores de una red de tráfico de armas.
MCCI también preguntó a la Marina si desconocía que Alberts Ponce cuenta con una orden de aprehensión en su contra y si no considera que existen riesgos en que compañías vinculadas a presuntos traficantes de armas tengan a su cargo la seguridad aeroportuaria.
El sábado 6 de junio, la Marina, a través de la Dirección General del Grupo Aeroportuario, contestó que “de ser el caso, se dará vista a los órganos fiscalizadores con los señalamientos que hoy se conocen a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones se realicen las investigaciones respectivas y determinen lo conducente”.
La dependencia también dijo que “hasta no contar con una determinación firme por parte de una autoridad jurisdiccional, no se puede presumir un riesgo al cumplimiento de los derechos y obligaciones que adquirieron las partes al momento de formalizar los instrumentos jurídicos respectivos”.
