En la conferencia vespertina del lunes 30 de marzo, el titular de la Secretaría de Salud y presidente del Consejo de Salubridad General anunció que México entra en estado de emergencia sanitaria, haciendo un llamada urgente a la población a quedarse en casa y seguir las indicaciones del gobierno. Este acuerdo viene con varios pendientes:
- Que el presidente apoye públicamente, en los hechos, las restricciones y medidas que el Consejo ha anunciado. Solo el presidente puede convocar con claridad a que se cumplan las medidas, tanto económicas, como sanitarias y de seguridad social que implican el estado de emergencia sanitaria. Le toca a él hacer el llamado.
- Claridad en cuanto a fechas estimadas de emergencia, actividades y sanciones. Más allá del acuerdo en el cual la se establece qué actividades serían esenciales y por lo tanto pueden continuar con su actividad, urge que la Secretaría de Economía otorgue claridad en los siguientes días sobre el detalle y alcance de este listado.
- Medidas de mitigación económica para apoyar a las empresas que se comprometan a mantener los empleos de sus trabajadores durante la emergencia sanitaria. Es urgente conocer qué medidas económicas concretas se promoverán desde Hacienda, el IMSS, y las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, para ayudar a paliar los efectos económicos dentro de las empresas y, en consecuencia, garantizar los puestos de trabajo de los empleados de éstas.
El presidente AMLO ha apelado al carácter humanista de los empresarios en vez de anunciar acciones y alcances para que el sector privado siga operando y pueda hacer compromisos tales como garantizar el pago a sus empleados durante la emergencia, aunque fábricas y negocios paren.
Lo que se ha anunciado hasta ahora es ambiguo e insuficiente, y sólo incrementa la incertidumbre de trabajadores y empleadores, especialmente durante este periodo en el que las juntas de conciliación y arbitraje están cerradas derivado de la emergencia.
¿Qué va a pasar con todos los que trabajan y dan trabajo en el mundo?
¿Qué va a pasar con los desempleados, los trabajadores independientes, los que trabajan en el sector informal y las pequeñas empresas?¿Cómo le van a hacer las familias para pagar la renta y la comida? ¿Qué va a pasar con las multinacionales gigantescas que mueven las cadenas de producción internacionales y ahora han comenzado a paralizar sus fábricas?
No queda claro por cuánto tiempo se puede extender la crisis provocada por la pandemia ni el impacto real que esta pueda tener en la economía nacional y mundial. Resulta muy difícil para los gobiernos calcular cuánto dinero pueden y deben inyectar en sus economías y qué medidas de emergencia se pueden y se deben poner en práctica para mitigar la merma en los ingresos de las personas.
Frente a la vorágine económica muchas naciones han comenzado a ofrecer una respuesta fiscal sin precedentes. Se han anunciado una combinación de incentivos fiscales, garantías de préstamos y subsidios salariales para proteger a los ciudadanos y las empresas de los efectos devastadores de la pandemia.
Existen ya varias herramientas de seguimiento de las medidas gubernamentales tomadas para hacer frente a la crisis del COVID-19, notablemente el ejercicio de la Universidad de Oxford.
La pregunta relevante es ¿cómo se comparan las acciones económicas que se están tomando en Italia, Francia y España -principal área de crisis del COVID-19 hoy en día- con las de Estados Unidos, o México?
Diversos países de Europa anunciaron paquetes económicos para hacer frente a la crisis del COVID-19 desde la tercer semana de marzo. Tanto Francia como Italia movilizaron recursos que representan alrededor del 20% del PIB de cada país (200.000M de euros y 350.000M de euros, respectivamente) mientras que Francia movilizó alrededor del 12% de su PIB (345.000M de euros) para aliviar la crisis económica. Además de las medidas de rescate a las grandes empresas de cada país se pusieron en práctica medidas específicas para ayudar a la población en riesgo.
En Italia se prohibió despedir a cualquier trabajador en los siguientes dos meses, mientras que en España y Francia se instauraron medidas para que los trabajadores que permanezcan en casa reciban pago por desempleo parcial así como indemnizaciones y remuneraciones por dos meses. De igual forma, las tres naciones aprobaron prestaciones para los trabajadores independientes que no pueden desarrollar sus labores por la crisis.
En cuanto al pago de hipotecas, se determinó una moratoria para aquellos créditos en caso de reducción comprobable de ingresos, así como aplazar los pagos sin penalización. En préstamos, España ofrece avales por 100,000 euros; el gobierno italiano aprobó la garantía gratuita hasta el 80% para avalar todos los préstamos hasta por 5 millones de euros y el gobierno francés garantizará los préstamos contraídos por empresas a bancos privados.
Por último, en cuanto a impuestos, España aprobó el aplazamiento y fraccionamiento de impuestos tanto para empresas como para trabajadores independientes hasta por 6 meses, mientras que en Italia y en Francia suspendieron temporalmente el pago de impuestos y cotizaciones. Aunque estos programas tienen un componente importante de apoyo a las grandes empresas, contemplando incluso nacionalizarlas de ser necesario, destaca que hay una política de ayuda a aquellos que puedan perder su trabajo, su pequeña empresa o su casa a causa de la crisis.
En Estados Unidos se aprobó un proyecto de ley, falta que lo firme el presidente para que entre en vigor, que le inyecta 2 trillones de dólares a la economía por primera vez en la historia del país. Este documento autoriza un pago directo de 1,200 dólares a los residentes del país con un número de seguro social que ganen hasta 75,000 dólares al año, más un apoyo de 500 dólares por cada hijo (las personas que ganen más de 75,000 dólares recibirán un pago menor y la ayuda se elimina por completo para las personas que ganan más de $ 99,000).
Además, en Estados Unidos se repartirán 500 mil millones de dólares en préstamos a empresas en dificultades, incluidos hasta 29 mil millones de dólares destinados a la industria de las aerolíneas. Otros 350 mil millones de dólares en préstamos para que las pequeñas empresas tengan liquidez y estos serán perdonados si las empresas los usan para pagar su nómina. También se ofrece 600 dólares por semana, durante cuatro meses (en asistencia federal de desempleo) a los que hayan sido despedidos.
El gobierno de Estados Unidos suspendió adicionalmente las ejecuciones hipotecarias y los desahucios, al menos, hasta finales de abril. Aunque es cierto que hay medidas encaminadas a ayudar a los más necesitados, el proyecto de ley de Estados Unidos está mucho más enfocado en el rescate de las grandes empresas, lo que ha sido muy criticado en vista de la situación de falta de empleo que se vive desde que empezó la crisis del COVID-19.
México sigue sin anunciar una estrategia de apoyo económico integral, completa, sólida, coordinada entre gobierno federal y autoridades locales
A nivel federal, el presidente AMLO ha hecho énfasis en que cualquier posible medida económica que se implemente seguirá el lema del gobierno en turno: por el bien de todos primero los pobres. El mensaje suena bien pero en la ejecución puede ser que ante la inacción del gobierno muchos de los empleados más vulnerables queden en la indefensión frente a sus empleadores.
Disímil a las medidas adoptadas en Europa y Estados Unidos, AMLO descarta implementar acciones que favorezcan a las grandes empresas aunque esto pudiera ayudar mitigar la crisis en el mediano plazo, pues con ello se podrían garantizar los más de 20 millones empleos formales que existen en México. Hasta ahora, no se ha anunciado un esquema de condonación de impuestos para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas (Impuesto Sobre la Renta, sobre todo), ni de aportaciones al INFONAVIT, pagos al IMSS u otros mecanismos que, bien diseñados, podrían ayudar a los 4 millones de MiPyMEs para que sigan operando durante la emergencia sanitaria.
Tampoco ha habido anuncios qué significa tener actividades esenciales (definición que según la conferencia vespertina del 30 de marzo 2020 debiera hacerse en los siguientes días), ni una acción coordinada entre federación y entidades federativas para determinar qué tipo de fábricas o servicios deben continuar operando, lo cual se presta a mucho descrédito y desconfianza en las medidas que promueve la Secretaría de Salud.
Para proteger a los 15 millones de adultos mayores en México, población en riesgo de contagio y que debería de quedarse en casa, hay dos acciones específicas. La primera es el adelanto de las pensiones que otorga el gobierno que se anunció el 23 de marzo, se están entregando a cada adulto mayor 5 mil 240 pesos que suman 42 mil millones de pesos.
La segunda acción, que se anunció el 24 de marzo, es un acuerdo para que los adultos mayores (65 años y más) puedan ausentarse de sus puestos de trabajo con goce de sueldo y prestaciones para permanecer en casa. Es un llamado a la solidaridad para no despedir a los mayores, pero no hay una orden oficial o un respaldo del gobierno federal de pagar esos salarios.
El presidente también anunció que se darán hasta un millón de créditos con intereses muy bajos o sin intereses a pequeños empresarios, falta todavía que se anuncien los detalles de cómo funcionará esto.
La otra medida federal que se ha anunciado hasta ahora es que la Secretaría de Hacienda, a través del INSABI, adelantará los recursos que corresponden de abril a junio a los estados. Así, se transfieren 15 mil millones a gobiernos estatales para hacer frente a la crisis del COVID-19.
A nivel local se empiezan a ver algunas acciones. La jefa de Gobierno de Ciudad de México, principal zona económica pero también con mayor número de casos de COVID-19 hasta ahora en el país, anunció que sumará al programa del presidente para apoyar a pequeños empresarios con 200 millones de pesos para dar 50 mil microcréditos de hasta 10 mil pesos cada uno, con 0% de interés, hasta cuatro meses de gracia pagaderos a dos años. Además, se abonarán 500 pesos más a las becas de alumnos desde preescolar hasta secundaria a partir del 1 de abril.
También se empiezan a ver estados que van un paso más allá que el gobierno federal, pero con un enfoque punitivo que preocupa a ciudadanos y a activistas a favor de las libertades y derechos humanos. Tal es el caso de Yucatán y Baja California cuyos gobernadores anunciaron medidas que van desde la intervención de la Guardia Nacional hasta sanciones de cárcel o multas de más de 86,000 pesos para quien no respete el aislamiento.
Algunas empresas privadas han comenzado a ofrecer medidas frente a la crisis, en específico los bancos, pero sin coordinación desde el gobierno y sin mostrar un frente común de cara a la población, por ejemplo:
Banorte diferirá 4 meses los pagos de tarjeta de crédito, de crédito automotriz, de nómina, hipotecario, a PyMEs y crédito personal a aquellos clientes cumplidos que lo soliciten.
HSBC ofrece aplazar los pagos mensuales de capital e intereses hasta por 6 meses, reducir el monto de los pagos mensuales y acceso a un descuento en su saldo por pago anticipado.
Otras empresas han empezado a negociar con sus empleados ante el cierre de las juntas de conciliación y arbitraje hasta -por lo menos- finales de abril, en franco interés de las partes empleadora y trabajadora, pero también con evidente asimetría en el poder de negociación en favor del patrón en el caso de las grandes empresas.
Algunas más han tenido costos importantes en su reputación al anunciar medidas radicales pero poco solidarias con sus empleados al enviar a casa a sus colaboradores por un mes sin goce de sueldo, como se reportó en el caso de Alsea aunque posteriormente fuera desmentido por la propia empresa.
Un problema de fondo para empresas y trabajadores radica en que el Consejo de Salubridad General aún no determina la contingencia sanitaria, estipulada en el art. 427 fr. VII de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que bastaría para que las empresas sólo tuvieran que pagar un salario mínimo a sus empleados durante el tiempo que ésta durase (art. 429 fr. IV, LFT).
En cambio, dicho Consejo ha preferido utilizar el concepto de emergencia sanitaria, que pareciera similar pero que para efectos laborales no permite aplicar la regla del salario mínimo y deja en el limbo a los trabajadores más vulnerables (pues sus empleadores los pueden correr o enviar a casa con malos arreglos en perjuicio del trabajador), así como a las pequeñas empresas que no pueden cubrir salarios completos sin generar ingresos.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ha anunciado que próximamente se discutirá en el congreso derogar el art. 429 de la LFT de forma que las empresas no puedan apelar a la contingencia sanitaria para pagar sólo salarios mínimos a sus empleados.
Las medidas de contención del contagio deben acompañarse con una estrategia de cierre temporal de empresas
El alcance y la rigidez en las medidas de atención y contención de la enfermedad en México han ido en aumento, sin que el gobierno presente aún el paquete económico de medidas que permitan mitigar el costo de la pandemia para las empresas, que son quienes dan trabajo a 47% de la población económicamente activa.
Al intensificarse las medidas de contención del contagio por el virus que provoca el COVID-19, se avecina una crisis económica mundial importante. Ante la inacción del gabinete económico en México, esta crisis podría durar años si no es que décadas, afectando de manera significativa a los empleados de los pequeños y medianos negocios formales, pues lo más probable es que éstos acaben en el sector informal ante la inminente quiebra de las empresas que los emplean actualmente.
Pareciera que el gobierno federal se debate ante un falso dilema: priorizar el bienestar de los más pobres o apoyar a los empresarios de todos los tamaños que ofrecen empleo formal con prestaciones y seguridad social para sus trabajadores.
Si no queremos ver un desenlace trágico para las micro, pequeñas y medianas empresas formales, el gobierno federal debe tomar medidas de corte económico mucho más asertivas y precisas para apoyar a quienes emplean a 27 millones de trabajadores formales (ENOE 2020, INEGI), y sobre todo, debe comunicarlas de manera clara y oportuna… antes de que sea demasiado tarde.
Es cierto que en México aún no se reporta en una situación de contagio igual a la de Europa o Estados Unidos, pero eso es cuestión de días y de la estrategia de registro de contagiados y enfermos, así como de la forma en la que se presente la información oficial sobre la pandemia. Por ejemplo, en México, por ahora sólo se levantan muestras del 10% de los enfermos con sintomatología leve aunque sí se realizan pruebas a 100% de quienes presenten sintomatología grave o cuadro completo de la enfermedad, según destaca en un documento de la Secretaría de Salud.
