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Por María Amparo Casar
Cuentan que al ejecutar la orden aprehensión del ex-procurador Murillo Karam e intentar leerle sus derechos, el agente judicial no los pudo recordar de memoria. Avergonzado, el agente le dijo: “es penoso”. Murillo Karam le respondió con una verdad de a kilo: “no es penoso, es político”. Reporta la prensa que posteriormente el juez de control reprendió a los representantes de la FGR durante la audiencia inicial del proceso que se lleva a cabo en el Reclusorio Norte: “hay un desorden, no vienen debidamente preparados”.. a la siguiente voy a requerir a sus superiores jerárquicos”. La fiscal – Lidia Bustamante- señaló: “una disculpa no venía preparada con todos los tomos”.
En el caso de Ayotzinapa, concuerdo con el presidente López Obrador en que debe tenerse en cuenta que son dos acciones. La primera tiene que ver con la muy lamentable desaparición de los 43 estudiantes y los responsables de ella, La segunda con la actitud de las autoridades y cómo se pusieron de acuerdo para ocultar los hechos. Ambos son delitos gravísimos, ambos merecen la imposición de penas considerables pero cada uno es de naturaleza muy distinta. Una cosa es mandar a desaparecer -y casi seguro a asesinar- a 43 estudiantes y, otra, encubrir la verdad.
Hasta el momento, al ex-procurador y a otras autoridades federales se les había imputado, el hecho de haber obstruido la justicia a través del montaje que se ha dado en llamar “la verdad histórica” y que habría consistido en la alteración y manipulación premeditadas de evidencia. Ahora se ejecuta su captura culpándolo no sólo de ese delito sino de tortura y desaparición forzada.
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