Esta semana publicamos una nueva investigación que documenta cómo integrantes de la familia Monreal, una vez más, beneficiaron a sus allegados con cargos públicos y contratos millonarios. Los casos involucran a socios del esposo de Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal, y actual directora general del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). 

En su columna, María Amparo Casar analiza el debate sobre el estado de la democracia en México, a partir de las advertencias del expresidente Ernesto Zedillo sobre la concentración del poder, el debilitamiento de las instituciones y otros elementos que definen a un régimen como autocracia electoral. 

Mientras tanto, en Desarmar la Corrupción, Ignacio Labra explica cómo los cambios en los informes del Órgano Interno de Control del INE han dificultado conocer los resultados de las auditorías y el seguimiento de posibles irregularidades.

Además, este 10 de noviembre presentaremos un análisis sobre las contrataciones públicas en Yucatán entre 2019 y 2025, con la participación de especialistas e investigadores. Si te interesa cómo se ha ejercido el dinero público, no olvides registrarte en el formulario para que nos acompañes.

Hoy publicamos una nueva investigación que documenta dos casos más en los que integrantes de la familia Monreal benefician a sus allegados con cargos públicos y contratos millonarios. Catalina Monreal nombró en el INAES a Salvador Loyo, socio de su esposo, mientras que Ricardo Monreal otorgó desde la Cámara de Diputados un contrato de 9.1 millones de pesos a Argeos, una empresa de otro socio de su yerno.

Estos casos se suman a los que MCCI ha documentado desde 2017, cuando amigos de Catalina recibieron 16 contratos por 27 millones de pesos durante la gestión de su padre como delegado en Cuauhtémoc. Entre ellos estaba el propio Salvador Loyo, quien ahora ocupa un cargo en el INAES.

También se suma el caso de Cristal Pelayo, colaboradora de Ricardo Monreal, quien contrató a su padrastro y a su fotógrafo personal en la Cámara de Diputados, además de llevar a su hermana y a su novio a comisiones oficiales.

El pasado 3 de noviembre, desde Tabasco, Andy López Beltrán negó tener negocios con el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio y rechazó cualquier relación con el huachicol fiscal. Sin embargo, en MCCI hemos documentado la cercanía entre Olán y los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como los negocios millonarios de empresas vinculadas al empresario en proyectos como Dos Bocas y el Tren Maya, y en los sectores de medicamentos y combustibles.

López Beltrán calificó los señalamientos como una campaña de desprestigio, pero eso no responde a las preguntas sobre su relación con Olán ni explica los negocios millonarios que hemos dado a conocer entre empresas vinculadas al empresario y el entorno de los hijos del expresidente.

Esta semana María Amparo Casar analizó una afirmación del expresidente Ernesto Zedillo sobre el estado de la democracia en México. Durante un conversatorio con motivo del 25 Aniversario de Letras Libres España, advirtió que nuestro país ha dejado de ser una democracia para convertirse en una autocracia electoral. ¿La razón? La concentración del poder, el debilitamiento de las instituciones y la pérdida de contrapesos. 

Sheinbaum, por su parte, ha respondido cuestionando la autoridad del exmandatario para hablar de democracia y recordando episodios de su gobierno. 

En este sentido, María Amparo aborda el contraste entre las distintas posturas sobre la democracia y aborda la discusión sobre la autonomía de las instituciones, la división de poderes y las condiciones que garantizan elecciones libres y equitativas.También abre paso a una importante reflexión: ¿Las decisiones del actual gobierno están fortaleciendo o debilitando los mecanismos que permiten limitar el poder presidencial?

En el blog Desarmar la Corrupción, Ignacio Labra nos cuenta cómo los cambios en los informes del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) han dificultado conocer qué tanto se está auditando, qué irregularidades se detectan y qué resultados se obtienen. A partir de la revisión de documentos de 2020 a 2026, el autor advierte que desde 2025 dejaron de publicarse datos importantes sobre auditorías, licitaciones, ahorros y seguimiento de observaciones.

Aunque el OIC ha realizado señalamientos sobre diferencias en presupuestos y gastos del Instituto, no siempre es posible conocer si sus observaciones fueron atendidas y qué medidas se tomaron para corregirlas. Además de identificar posibles irregularidades: también es necesario documentar las soluciones y las responsabilidades que pudieran derivarse.