Las elecciones de 2018 dieron el triunfo a una opción política que se centró en el problema de la corrupción como un mal sistémico que afecta el crecimiento, el desarrollo social y la equidad, a la vez que deteriora la confianza en los políticos y las instituciones públicas que ellos encabezan.

Compartimos la idea de que el combate a la corrupción y la impunidad requiere de la voluntad política, pero creemos que esta es una condición necesaria, mas no suficiente, para lograr resultados reales y duraderos. Si queremos que los niveles de corrupción disminuyan en México, es indispensable hacer cambios que no dependan de la honestidad de una sola persona o grupo de funcionarios públicos, sino que puedan mantenerse en el tiempo y operen sin importar quién esté al frente del gobierno.

Es necesario encontrar mecanismos, puntos de inflexión, incentivos, “botones” o “palancas” que tengan el potencial de reducir los altos índices de corrupción e impunidad que caracterizan al sistema político mexicano, a los funcionarios públicos y a la relación entre gobernantes y los gobernados. En este documento exponemos diversas propuestas que parten de investigaciones, análisis y discusiones más amplias y que, consideramos, deben ponerse sobre la mesa de cara a un proceso de transformación efectiva para atacar el problema.

La hoja de ruta que proponemos para la transformación en el combate a la corrupción se articula alrededor de diez objetivos que, en conjunto, conforman una Agenda Nacional Anticorrupción en la que puedan participar el gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto:

  1. Fortalecer las instituciones para el combate a la corrupción
  2. Cerrar los espacios para la corrupción en las compras y contrataciones del gobierno
  3. Crear un padrón único de proveedores y contratistas del gobierno
  4. Reducir la discrecionalidad en el gasto público y en la reasignación del presupuesto
  5. Impulsar la bancarización y eliminar el uso de dinero en efectivo para las transacciones gubernamentales
  6. Crear un padrón único de beneficiarios de programas sociales
  7. Reforzar los mecanismos de transparencia y gobierno abierto e impulsar la creación y difusión de datos públicos
  8. Erradicar el financiamiento ilegal de las campañas políticas
  9. Impulsar una cultura de denuncia e implementar una política de protección a denunciantes
  10. Incorporar al sector privado en el combate a la corrupción