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Edificios al margen de la ley en la colonia Escandón

Tres desarrollos inmobiliarios avanzan en la colonia Escandón violando la ley y en contra de las normas de uso del suelo. Un grupo de vecinos organizados ha exigido a las autoridades cumplir con la ley sin resultados hasta este momento.

La corrupción en la construcción de edificios en la colonia Escandón —en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México— es un asunto que los vecinos hemos padecido a lo largo de los años sin importar el color del partido en el gobierno. 

En la calle de Minería 88, por ejemplo, la senadora Xochitl Gálvez ha documentado y denunciado cómo el grupo político de Víctor Hugo Romo (quien gobernó la Miguel Hidalgo de 2012 a 2015 bajo las siglas del PRD y después de 2018 a 2021 como integrante de Morena) se benefició de  documentos falsos para violar el uso de suelo al construir cinco pisos y 33 departamentos en un terreno donde estaba permitido construir solo tres niveles y catorce viviendas. En ese nuevo condominio tuvo un departamento David Razú Aznar, quien fue Director de Gobierno bajo Romo cuando se construyó ese desarrollo habitacional. Este hecho fue denunciado públicamente y hasta llegó a un punto de acuerdo del Senado de la República para que las autoridades capitalinas intervinieran. Nada sucedió y hoy el condominio se encuentra intacto. 

Todo parece indicar que el cambio del partido en el gobierno no fue suficiente para detener el avance de proyectos inmobiliarios que tuercen la ley. Hoy es alcalde Mauricio Tabe Echartea, del PAN, y la Ciudad es gobernada por Claudia Sheinbaum, de Morena, pero la situación sigue igual. Un recorrido por las calles de la Escandón da cuenta de la cantidad de construcciones en las que más de un vecino se ha preguntado si la ley se está respetando. Tal es el caso del desarrollo conocido como “Patio Progreso” o “Tótem Escandón”, que se ubica en la calle de General Salvador Alvarado 61 y que pretende construir una obra de quince pisos  en una zona donde el límite legal son cinco.

Para este megadesarrollo se planean construir 105 departamentos sobre un terreno que fue “limpiado” después de la demolición exprés de tres inmuebles en los que habitaban familias desde hace aproximadamente cincuenta años, las cuales fueron expulsadas como parte del proceso de gentrificación de la Ciudad de México. Esta destrucción se realizó sin que los vecinos pudiesen ver los requisitos legales correspondientes, como la exhibición pública de la Manifestación de Obra. Los inmuebles fueron bardeados con láminas y destruidos en cuestión de días, lo que incluso quedó documentado en videos publicados en redes sociales. Por unos instantes aparecieron sellos de suspensión, pero días después fueron retirados y las obras continuaron. Hoy el terreno está completamente vacío y se prepara el inicio de la construcción, pues los departamentos incluso ya están a la venta

Esta situación no solo es responsabilidad de las autoridades de la alcaldía. Al revisar la información de la obra disponible en el sitio del propio desarrollo inmobiliario de Salvador Alvarado 61, puede verse que la construcción no cuenta con una Manifestación de Construcción debido a que forma parte de un “Acuerdo de Facilidades para inicio de obra”. Esto es un permiso especial otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México en diferentes puntos de la urbe para fomentar la inversión inmobiliaria al excusar a quienes quisieran edificar una obra de diversos trámites, lo que les permite comenzar la construcción sin tener todos los permisos necesarios ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA). 

Estas facilidades administrativas señalan que los constructores debían iniciar las obras máximo seis meses después de registrarse bajo la consigna de que debían regularizarse a más tardar el 31 de diciembre de 2022. Es decir, podían comenzar a construir sin cumplir todos los requisitos legales que normalmente son necesarios, ya que eso podría venir después. Esto explica la urgencia de los constructores por demoler y construir, así como la justificación con la que señalar que son beneficiarios de una disposición oficial que les permitía ignorar  lo dispuesto en el artículo 46 TER del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en tanto que no exhiben públicamente su Manifestación de Construcción. Sin embargo, las violaciones a la ley en la construcción de esta obra son evidentes por donde se le mire. 

Al verificar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Zona Patrimonial de Tacubaya”, en el que se definen las normas de uso de suelo para cada terreno de la zona, es claro que el espacio en que se pretende construir el edificio de quince pisos se encuentra en una terreno de tipo H/5/30/A. Esto quiere decir que se trata de una zona habitacional con letra H y de color amarillo en el mapa. En la zona no se permiten construcciones superiores a cinco pisos de altura; al menos el 30% del terreno debe ser un área libre sin construcción; y el tipo de densidad habitacional es alta (A), por lo que debe haber una vivienda por cada 33 metros cuadrados de terreno. 

En el caso del proyecto “Tótem Escandón”, los quince pisos propuestos superan en 200% el límite de altura; los 105 departamentos propuestos son 250% más que los treinta departamentos que deberían de poder construirse en los 986 metros cuadrados del predio; y, para colmo, el proyecto establece que sólo contará con 59 cajones de estacionamiento, ni siquiera los suficientes para la cantidad de departamentos que se pretenden edificar.

Mapa del uso de suelo de la zona patrimonial de Tacubaya de la alcaldía Miguel Hidalgo (los terrenos del proyecto “Patio Progreso” se identifican con una estrella).

Por estas razones, algunos habitantes de la Escandón han comenzado una resistencia pacífica para llamar la atención de las autoridades sobre el caso y exigir el replanteamiento del proyecto. Los inconformes han organizado diversas asambleas vecinales; se han reunido con representantes de la constructora; y han tocado a las puertas de quienes habitamos en la colonia para informar sobre este proyecto que, además de violar la ley, amenaza con colapsar los bienes públicos de la zona. 

Los vecinos han enviado sus inconformidades al alcalde Tabe Echartea, así como a la Jefa de Gobierno Sheinbaum. Sin embargo, sus peticiones —que son tan simples, pero tan incendiarias, como exigir que se cumpla la ley— apenas comienzan a ser escuchadas y no han recibido solución por parte de las autoridades. Las puertas a tocar parecen ser pocas, pues ni siquiera es posible saber quién es el beneficiario de esta obra, dado que el propietario reportado es el Banco Actinver a través del Fideicomiso de Administración e Inversión número 3487 y los medios de contacto son los de una sucursal del grupo financiero ubicada en Montes Urales 620.

Esto nos obliga a levantar la voz, pues ante las omisiones de las autoridades, la construcción avanza impunemente. Este mecanismo que permite construir a sabiendas de que se está al margen de la ley para que, al momento en que alguna autoridad intervenga, la obra ya esté concluida, es bien conocida. El viejo dicho de “palo dado ni Dios lo quita” describe muy bien el modus operandi que ha permitido la violación sistemática de la ley en múltiples desarrollos inmobiliarios de Ciudad de México. Solo en contadas ocasiones alguna autoridad ha aplicado la ley y obligado a demoler los pisos excedentes de las obras ilegales. En el caso de “Totem Escandón”, la autoridad aún podría detener un atropello a nuestro ya de por sí maltrecho Estado de derecho.

Este texto se centra en una lucha particular de los vecinos de la colonia Escandón porque yo soy uno de ellos. Pero es necesario enfatizar que la corrupción y voracidad inmobiliaria son fenómenos que padecen los habitantes de prácticamente todos los rincones de nuestra ciudad, y ante los cuales los ciudadanos de pie estamos siendo atropellados. El caso conocido como el “Cártel Inmobiliario”, en el cual diversas autoridades de la alcaldía Benito Juárez se vieron involucradas en actos de corrupción con constructoras, empresas fantasma, documentos falsos y desarrollos inmobiliarios ilegales para enriquecerse, es uno de muchos.

Lo más preocupante es que los vecinos que fueron afectados por estas obras ilegales del “Cartel Inmobiliario” fueron los primeros que denunciaron los hechos, pero fueron ignorados. Tal es el caso de Jesús Grande, quien desde 2005 denunció obras ilegales sin Manifestación de Construcción junto a su casa y fue abandonado por todas las autoridades. Hoy su hogar colapsa por una obra mal ejecutada y a su lado existe, impune, un edificio concluido y ocupado por veintiséis departamentos.

Los chilangos no podemos quedarnos cruzados de brazos mientras la voracidad inmobiliaria avanza impune por la ciudad. 


Director de la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI y vecino de la colonia Escandón

Nota aclaratoria presentada por los involucrados

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