Ninguna Copa mundial vale el territorio: el pueblo de Santa Úrsula Coapa

La historia de resistencia del pueblo originario de Santa Úrsula Coapa y de los pedregales de esta área no es reciente. Sin embargo, el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 reactivó la lucha y la defensa por el territorio y por el agua.

En Santa Úrsula Coapa, desde épocas prehispánicas, el agua ha generado un vínculo entre la comunidad y su territorio. El cronista de este pueblo, Baltazar Gómez, menciona que hay registros que permiten suponer que los tepanecas habitaron Santa Úrsula y nombraron a este territorio Coapan, del náhuatl cóatl que significa “serpiente” y apan, “río”, por lo que puede traducirse como “río de las serpientes” o “canal de las serpientes”. Los tepanecas se conformaron como un pueblo costero privilegiado con múltiples manantiales que propiciaron sus actividades agrícolas y pesca. 

El agua que abundó por siglos al sur de la Ciudad de México ahora escasea debido a la acelerada urbanización del siglo XX y lo que va del XXI. Esto ha transformado el territorio abruptamente, provocado algunas veces por acciones de corrupción, procesos deficientes de planeación urbana o la sobreexplotación del agua por actividades no domésticas.

Una de las cicatrices en Santa Úrsula fue la construcción del Estadio Azteca en 1966, también conocido como Coloso de Santa Úrsula y hoy renombrado Estadio Banorte. 

Este estadio de fútbol fue construido sobre un manantial y representa una herida abierta en la memoria de los pobladores de Santa Úrsula. Ellos relatan que en la madrugada del 12 de septiembre de 1966 con gritos de alarma despertaron a niñas y niños que corrieron junto a sus padres, sin tiempo de recoger sus pertenencias, pues granaderos y bulldozers irrumpieron en el pueblo, derribando en pocas horas más de 400 casas. Bajo las órdenes del regente Ernesto P. Uruchurtu, la policía desalojó con violencia a familias enteras para abrir paso a la construcción del Estadio Azteca.

Aquel día, estas familias no sólo perdieron su vivienda, sino también el agua.  Los pobladores cuentan que donde ahora yace la cancha del Estadio Azteca brotaba un manantial. El estadio, símbolo de modernidad y espectáculo, se levantó sobre la fuente de vida del pueblo y sus alrededores.

Hoy, 60 años después, el mundial de fútbol de 2026 amenaza de nuevo a la población de Santa Úrsula con la reconfiguración del territorio que habitan y la garantía de acceso al agua. Esto es derivado de acciones poco transparentes de los gobiernos tanto federal como de la Ciudad de México. Sus decisiones generaron incertidumbre legal: tanto las medidas de planeación urbana, como de concesiones otorgadas no dan certeza a la población sobre el estatus jurídico del suelo y del agua en su territorio.

Ante estas acciones del gobierno, surgió un movimiento de pobladores para defender su territorio y el agua de Santa Úrsula. Para entender el nacimiento de este movimiento, en vísperas de la inauguración del Mundial 2026, debemos retroceder al 2018. Ese año, diversos grupos vecinales de la alcaldía Coyoacán y Tlalpan se unieron para hacer frente a las megaconstrucciones de Be Grand Alto Pedregal y High Park Sur, ubicadas en el corazón del Pedregal de Carrasco, a menos de dos kilómetros del Estadio Azteca. Estos grupos de vecinos se denominaron como “Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones, Tlalpan-Coyoacán”.

Boom inmobiliario en el Pedregal de Carrasco

Los proyectos de construcción en la Ciudad de México tienen que ajustarse a los programas de desarrollo urbano, lo que incluye considerar las reglas de uso de suelo. Los programas establecen restricciones sobre los usos de suelo permitidos, cuántos metros de construcción puede tener una obra o qué tan alto puede ser. La ley considera una figura para agrupar uno o varios predios para desarrollar un proyecto de forma conjunta, denominado polígono de actuación. Este instrumento permite reorganizar diferentes lotes o redistribuir dónde pueden ubicarse los usos de suelo.

Desde 2014, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) del Gobierno de la Ciudad de México autorizó polígonos de actuación en los Pedregales del sur de la ciudad. Este instrumento debía respetar la zonificación y los programas de desarrollo urbano, pero en la práctica se usó para flexibilizar las alturas y densidades de los edificios. Así, proyectos como Residencial Gran Sur (High Park Sur) y Be Grand Alto Pedregal recibieron dictámenes de impacto urbano y ambiental condicionados, pese a que la zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Coyoacán sólo permitía tres niveles y se terminaron construyendo torres de hasta 38 pisos.

Las autorizaciones fueron otorgadas sin consulta vecinal y con medidas de mitigación cuestionables, como la perforación de un pozo profundo para abastecer al complejo, justo cuando la escasez de agua ya afectaba a las colonias Ajusco, Ruiz Cortínez y Santa Úrsula. Por ello, vecinas bloquearon la avenida del Imán en 2014 para exigir su derecho al agua. En 2019, el gobierno de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum reconoció la opacidad de estos procesos y abrió juicios de lesividad contra 24 polígonos de actuación, entre ellos el del predio de Periférico Sur 5550 (Juicio de Lesividad TJ/IV-31512/2019).

Sin embargo, la información sobre estos juicios fue clasificada como reservada o confidencial por SEDUVI, bajo el argumento de que divulgarla podría afectar el debido proceso, dar ventajas indebidas a particulares o vulnerar datos personales como nombres, domicilios y certificados de zonificación. En julio de 2022, aunque el periodo inicial de reserva había concluido, el Comité de Transparencia de SEDUVI decidió ampliar la reserva por dos años más, justificando que los motivos originales seguían vigentes. En la llamada prueba de daño, se expuso que revelar la ubicación de los polígonos de actuación en litigio podría alterar los procedimientos judiciales y afectar la seguridad patrimonial de los propietarios.

En la práctica, esta reserva de información debilitó la transparencia del gobierno y dejó a los vecinos sin acceso a datos clave sobre las irregularidades. Esto alimenta la percepción de que las instituciones protegen más a los desarrolladores inmobiliarios que a la ciudadanía. A pesar de los litigios, las obras continuaron y en 2023 un incendio en el piso 24 del complejo High Park Sur evidenció los riesgos de construcciones levantadas fuera de norma. 

Este patrón de corrupción y despojo urbano conecta directamente con lo que ocurrió en Santa Úrsula, donde el Estadio Azteca y la concesión de un pozo de agua reprodujeron la misma lógica: megaproyectos que avanzan sobre el agua y el territorio, para dejar a las comunidades en la incertidumbre.

El Estadio Azteca

​​El Polígono de Actuación del Estadio Azteca fue aprobado por SEDUVI en agosto de 2016 mediante el oficio SEDUVI/DGDU/A-POL/053/2016, bajo el Sistema de Actuación Privado y con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Este instrumento otorgó a Televisa y sus filiales un potencial constructivo de más de 1.7 millones de metros cuadrados en cuatro predios de Santa Úrsula, incluyendo el Estadio Azteca, Calzada de Tlalpan 3475 y Parque Arlington.

El Acuerdo de Dictamen de este Polígono de Actuación estableció que su vigencia se mantiene hasta 365 días después de que se modifique el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Coyoacán. Esto genera una zona gris alrededor de su vigencia. En 2019, el gobierno local canceló los Polígonos de Actuación Sin embargo, no detuvieron  proyectos inmobiliarios como el de High Park Sur. 

En lugar de ser cancelado, el proyecto de construcción del Estadio Azteca fue reactivado y protegido por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que en julio de 2021 presentó el Plan de Reactivación Económica junto a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Más aún, en octubre de ese mismo año anunció junto a Televisa el megaproyecto del Estadio Azteca para el Mundial 2026.

Este contraste revela un doble discurso: mientras algunos polígonos de actuación fueron objeto de juicios de lesividad y cancelaciones por irregularidades, el del Azteca se mantuvo vigente y blindado políticamente por su peso económico y simbólico. La narrativa oficial hablaba de transparencia y combate a la corrupción inmobiliaria, pero en los hechos este esfuerzo es selectivo y opera en favor de los intereses ligados al Mundial. 

Entre el 8 y 24 de octubre de 2021, la Secretaría del Medio Ambiente organizó una consulta vecinal, criticada por vecinos de la zona por considerarla limitada, sin previo aviso ni participación efectiva. Esto detonó movilizaciones vecinales que denunciaron la falta de transparencia. La Tarjeta Informativa 50-22, publicada en agosto de 2022, refleja el doble discurso institucional en torno al proyecto del Estadio Azteca. La tarjeta dió a conocer que la SEDUVI emitió un dictamen para considerar como caducado el proyecto de Av. Estadio Azteca 42, mientras que el otro considera como no presentado al ubicado en Calzada de Tlalpan 3475. 

Días antes, la jefa de Gobierno aseguró públicamente que el proyecto se modificaría para garantizar mejoras rumbo al Mundial 2026 y dejó abierta la puerta a su continuidad. Para los vecinos, esta narrativa oficial fue confusa y opaca: aunque la autoridad hablaba de cancelación, no existía evidencia documental clara. En los hechos, el gobierno capitalino protegió un proyecto por su valor económico y simbólico, mientras la ciudadanía enfrentó incertidumbre jurídica y falta de transparencia.

Actualmente los certificados de uso de suelo para los predios Av. Estadio Azteca No. 42, Anillo Periférico No.5682 y Prolongación División del Norte No. 3901 mantienen el uso de suelo original con base en el Programa de Desarrollo Urbano, alcaldía Coyoacán. El certificado de zonificación de 2024 para el predio de Calzada de Tlalpan 3475 confirma que el polígono de actuación del Estadio Azteca, aprobado en 2016, nunca desapareció del todo. 

Aunque en 2022 la autoridad planteó la posible cancelación, el documento reconoce la vigencia de las zonificaciones y el antecedente del polígono, permitiendo usos mixtos y hasta ocho niveles de construcción. Esta ambigüedad muestra cómo el gobierno capitalino mantuvo abierto el camino para el megaproyecto del Estadio Azteca, protagonista del Mundial 2026, mientras los vecinos siguen sin información clara sobre el futuro de su territorio y del agua de Santa Úrsula.

Defensa por el agua

En febrero de 2023, habitantes de Santa Úrsula continuaban exigiendo la cancelación del polígono de actuación del Estado Azteca. A la defensa del territorio, se sumó la defensa del agua. Los vecinos también solicitaron la revocación del título de concesión de agua y la negativa al dictamen de factibilidad hídrica. Señalaron que Televisa mantiene una autorización para construir más de un millón de metros cuadrados, independientemente de las declaraciones oficiales.

En junio de 2019 la Comisión Nacional del Agua a través del Organismo de Cuencas del Valle de México otorgó a Televisa S.A. de C.V. la concesión 811078 para extraer 450,000 m³ de agua al año de un acuífero oficialmente clasificado como sobreexplotado. El Acuífero homologado: 0901 – Zona Metropolitana de la Ciudad de México desde 1954 cuenta con un un decreto de veda indefinida para el alumbramiento de aguas subterráneas en cuencas sobreexplotadas, como la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.  

La concesión del pozo de agua a Televisa revela otro doble discurso institucional: mientras las vedas históricas son invocadas para restringir el acceso al agua para la comunidad, se flexibilizan para favorecer megaproyectos como el Estadio Azteca. 

En mayo de 2025, se firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad (ANDHAS). Con esto, el gobierno de Clara Brugada anunció que el pozo “ya es parte de la Ciudad de México”; sin embargo, en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) sigue mostrando a Televisa como titular de la concesión

El discurso del gobierno presenta el pozo como una solución para abastecer a más de 43 mil habitantes de Santa Úrsula Coapa, pero integrantes de la Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones en Tlalpan-Coyoacán denuncian que se trata de un montaje institucional para legitimar el despojo.  Desde 2021, han exigido la revocación de la concesión y han alertado sobre la sobreexplotación del acuífero, así como el cierre de pozos comunitarios, como los de San Alejandro y Bosques de Tetlameya. 

Las autoridades de la Secretaría de Gestión del Agua de la Ciudad de México (SEGIAGUA) han tenido reuniones con habitantes que son parte de la Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones Tlalpan-Coyoacán. Pero, quienes han acudido a las reuniones mencionan que han sido caóticas, que no han logrado ofrecer garantías de cumplimiento para sus demandas y que han tenido un trato discriminatorio al minimizar el conocimiento de las comunidades. 

Mientras tanto, el pozo —llamado oficialmente “Pozo del Predio del Circuito Azteca 42”— sigue operando en propiedad privada, alimentando un megaproyecto que ha sido presentado como remodelación. Sin embargo, en los hechos ha detonado proyectos inmobiliarios, con edificaciones de hasta ocho niveles en zonas de uso habitacional limitado, sin permisos de factibilidad hídrica ni consulta vecinal.

La historia sigue siendo la misma

Los polígonos de actuación y las concesiones de agua no son en sí mismos mecanismos negativos: pueden ser una herramienta legítima de planeación urbana y gestión del agua. El problema surge cuando las autoridades los usan de manera opaca y discrecional para cancelar proyectos menores mientras blindan aquellos que representan intereses económicos estratégicos, como el del Estadio Azteca.

La contradicción es evidente. Desde 1954 existen vedas para proteger acuíferos sobreexplotados, pero en 2019 se otorgó a Televisa una concesión en un acuífero sobreexplotado. En 2021 el gobierno presentó el megaproyecto del Azteca como parte de un esfuerzo de reactivación económica. Para 2024 y 2025, se habló de remodelación del estadio, sin embargo uno de los certificados de uso de suelo sigue reconociendo el polígono de actuación vigente desde 2019. Mientras que por un lado, se invoca la planeación para legitimar; por el otro, se privilegia la lógica de la ciudad mercancía.

Y aquí no importa el color del partido. Gobiernos de distintas administraciones han reproducido el mismo patrón. La actual administración, emanada de Morena mantiene en la práctica la misma política de urbanismo empresarial que caracterizó a sus antecesores. El resultado es una ciudad en la que el agua y el territorio están subordinados al capital inmobiliario, mientras las comunidades enfrentan escasez y falta de transparencia.

Esta semana comienza el mundial. El gobierno capitalino ha estado envuelto en varias polémicas por las obras de remodelación que ha impulsado. Las comunidades, por su parte, han respondido con manifestaciones: murales, asambleas, acciones gráficas y pronunciamientos públicos. Su exigencia ha sido “ninguna copa vale perder nuestro territorio”. La copa de fútbol 2026, lejos de ser una fiesta deportiva, se ha convertido en el pretexto para el despojo urbano e hídrico de uno de los pueblos originarios emblemáticos del sur de la ciudad.