Lecciones de la cancelación de Mahahual: la comunidad contra los megaproyectos

A finales de mayo se dió a conocer que el proyecto Perfect Day en la comunidad de Mahahual en Quintana Roo había sido cancelado, luego de exigencias por parte de la comunidad y de organizaciones ambientalistas.

Luego de esta decisión es importante reconocer las lecciones aprendidas. Quintana Roo no puede permitirse interpretaciones superficiales. El futuro del estado está en juego, junto con el de su sector turístico. Lo ocurrido en Mahahual exige una reflexión seria sobre el modelo de desarrollo económico que se ha construido durante décadas, así como sobre los probados actos de corrupción que han acompañado a las autorizaciones de algunos megaproyectos.

El estado de Quintana Roo es fascinante por su corta historia, tan distinta a la del resto de México. Su existencia como entidad federativa y su crecimiento poblacional son resultado de una política económica orientada a atraer recursos mediante el turismo. Durante muchos años, el éxito económico de la entidad permitió que el capital y las empresas dictaran buena parte del destino de la entidad. Mientras tanto, el gobierno estatal es joven y débil, además ha estado marcado por escándalos de corrupción. Dos de sus  exgobernadores están en prisión y ha habido un sinfín de saqueos que han mantenido tanto a las comunidades del norte y sur del estado en una situación de estrés permanente.

A 50 años de distancia, en el estado no sólo se ha consolidado el proyecto turístico de Cancún, hoy existen más de una docena de destinos turísticos apuntalados. Hemos pasado de pequeñas localidades a ciudades en plena forma; de sociedades en formación a comunidades robustas que exigen servicios, orden, calidad de vida y una visión de futuro que va mucho más allá de únicamente generar dinero.

La cancelación del proyecto Perfect Day en Mahahual es resultado de la labor de una comunidad profundamente anclada a su territorio, que comprende el valor integral del lugar donde vive y que entiende con claridad que la promesa de las grandes inversiones para mejorar la economía local suele traducirse en empleo precarizado, subsidios de facto a proyectos privados mediante incentivos fiscales, mano de obra barata, saqueo y destrucción de recursos naturales, así como desplazamiento de la población residente hacia las periferias.

Una parte del sector empresarial no ha comprendido que quienes lograron detener el proyecto no fueron bots ni campañas mediáticas de presión, ni la agenda binacional con Estados Unidos, sino una comunidad que entiende profundamente lo que está en juego. Algunos sostienen que la cancelación representa una falta de certeza jurídica cuando, en realidad, constituye uno de los pocos casos en los que se observa la aplicación efectiva de la ley en materia de ordenamiento territorial. Quienes están acostumbrados a que la corrupción facilite hacer cualquier cosa resienten que, en esta ocasión, se haya impuesto el bienestar común sobre el interés privado, particularmente cuando ese interés ni siquiera corresponde a capital local, sino que es extranjero.

Este no es un hecho aislado. Forma parte de una línea de resistencia social frente a modelos turísticos extractivistas, a la exclusión de las comunidades locales, a la mercantilización de las culturas y a la imposición del capital sobre la urgente necesidad de proteger el medio ambiente. Lo vemos en Mahahual, pero también en Baja California, en Barcelona, en Albania y en innumerables comunidades turísticas alrededor del mundo. Estas han comenzado a poner en la balanza principios que trascienden el dinero y el lujo para unos cuantos y generan desigualdad para la mayoría de las personas en las comunidades turísticas.

La discusión de fondo ya no es sí Quintana Roo necesita inversión. La verdadera pregunta es qué tipo de inversión necesita, bajo qué reglas y para beneficio de quién. Después de medio siglo de crecimiento acelerado, las comunidades del estado parecen tener un mensaje cada vez más claro: el desarrollo económico sólo será sostenible, si también fortalece el tejido social, protege el patrimonio natural y garantiza su integración a la economía turística para mejorar la calidad de vida del territorio que habitan.

Lecciones de Mahahual

1. Inversión y desarrollo no son lo mismo

La inversión debe traducirse en desarrollo real. Históricamente, este tipo de inversiones han derivado en desplazamiento de comunidades, encarecimiento de la vivienda y precarización laboral, mientras los beneficios se concentran en pocos actores. Este patrón ha sido descrito como “crecimiento sin desarrollo” (CEPAL; Piketty).

Quintana Roo es un caso claro de esta tensión: crecimiento económico sostenido para unos cuantos, acompañado de desigualdad persistente y fuerte presión ambiental. Los impactos sobre acuíferos, arrecifes y sistemas costeros están ampliamente documentados por organismos como la Comisión Nacional para el ConoCimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, y el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, así como múltiples organizaciones locales ocupadas en defender los ecosistemas marino costeros.

En este contexto, el rechazo social a proyectos como el de Perfect Day se entiende también desde el concepto de licencia social para operar, que hoy es un componente central en los marcos de inversión sostenible y criterios ESG (IFC, Principios de Inversión Responsable). Cuando las comunidades no perciben beneficios reales, la viabilidad de los proyectos se debilita.

2. Prioridad ambiental y gobernanza social

La evidencia científica sobre el estrés ambiental en la región es contundente (IPCC, CONABIO). En territorios costeros como Quintana Roo, la relación entre comunidad y ecosistema es estructural, no accesoria.

Esta exigencia quedó plasmada en el Plan Estratégico del Estado de Quintana Roo 2050. Los procesos de planeación participativa de este programa han mostrado de forma consistente que las principales preocupaciones ciudadanas son la protección ambiental y el estado de derecho, en línea con tendencias globales de gobernanza participativa (UN-Habitat, OCDE). En este sentido, es claro que la protección ambiental no es una narrativa externa, sino una prioridad social coherente con la transición global hacia modelos de desarrollo sostenible y regenerativo (PNUMA, BID).

Los destinos turísticos no pueden ser reubicados, por eso las empresas que usufructúan de los territorios deberían ser los primeros interesados en cuidar su valor. Puntualmente, los destinos de playa, como los que hay Quintana Roo, son los territorios que están en la línea frontal riesgo y deberían ser los líderes en impulsar acciones climáticas. El sargazo es una manifestación de los grandes retos a enfrentar que ya están aquí. No obstante, la avaricia y corrupción facilitan la toma de decisiones contrarias al bien común. La corrupción es el principal acelerador de la crisis climática.

3. Certeza jurídica y cumplimiento normativo

La certeza jurídica no se debilita cuando se rechazan proyectos mal estructurados. Por el contrario, se fortalece cuando se aplica el marco normativo de forma consistente. La decisión de cancelar tiene fundamentos técnicos claros y la SEMARNAT lo publicó para conocimiento de todas las personas. Técnicamente, el proyecto no fue cancelado, la empresa se desistió de la evaluación de una de las MIAs, una de las Manifestaciones de Impacto Ambiental. Asimismo, vale hacer notar que la fragmentación de proyectos para su evaluación ha sido identificada como una mala práctica en todo el mundo. Es una forma de evadir la normativa intentando maquillar los impactos acumulados, al dividirlos en varios proyectos de menor tamaño.

La participación ciudadana en estos procesos es un principio reconocido por el Acuerdo de Escazú, del cual México es parte, y representa un pilar de la gobernanza ambiental contemporánea. Quintana Roo es el único gobierno subnacional del continente que está construyendo una ruta de acción con el Secretariado de Escazú. Esta propuesta fue impulsada por la sociedad civil organizada, que muestra a una población que entiende claramente los derechos que ampara este acuerdo ratificado por México.

En este caso, la decisión de la SEMARNAT se inscribe dentro del fortalecimiento institucional, la transparencia y el cumplimiento normativo, factores clave en los marcos actuales de inversión sostenible (Banco Mundial, indicadores de gobernanza; estándares ESG). El apego a la normativa es en realidad un mensaje de confianza para las grandes financiadoras internacionales.

4. Las comunidades ya no toleran el mínimo

Después de la pandemia, el sector turístico ha enfrentado dificultades para reconstruir y mantener una fuerza laboral estable. La crisis sanitaria llevó a muchas personas a replantear sus prioridades personales, valorando más su calidad de vida, el tiempo personal y las condiciones laborales.

Al mismo tiempo, en numerosos destinos turísticos han aumentado las preocupaciones relacionadas con la turistificación, la gentrificación y el desplazamiento de las comunidades locales. Cada vez más habitantes cuestionan modelos de desarrollo que generan presión sobre la oferta de vivienda, elevan el costo de vida y ofrecen empleos de baja remuneración o con condiciones precarias y pulverizan o caricaturizan la cultura local.

En este contexto, las comunidades muestran una menor disposición a aceptar los costos sociales del crecimiento turístico a cambio de salarios bajos, alojamiento temporal para trabajadores o beneficios económicos limitados. Como resultado, la sostenibilidad social se ha convertido en un factor clave para la viabilidad de los destinos turísticos, lo que exige  políticas que garanticen mejores condiciones laborales, acceso a la vivienda y una distribución más equitativa de la riqueza que produce el turismo.

Lo que sigue

Más que una pérdida de inversión, la cancelación del proyecto de Mahahual refleja la aplicación de un paradigma de desarrollo real y no un discurso empresarial. Este enfoque es consistente con marcos y estándares internacionales promovidos por actores como BlackRock a través de su programa de Investment Stewardship, los Principios para la Inversión Responsable (UN PRI) y otros referentes de inversión sostenible como Gateway 360.

Quintana Roo ya no es un territorio pasivo frente a la inversión, sino un espacio donde la viabilidad de los proyectos depende de su capacidad de generar valor compartido. El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Quintana Roo 2050 identificó con claridad las rutas que deben guiar los proyectos de inversión en la entidad. Más de 6 500 personas participaron en procesos de planeación democrática de mano de la Comisión Económica para América Latina. Este grupo de personas expresaron que quieren y que no para el futuro. Un aspecto relevante fue que la diversificación económica debe venir acompañada de sustentabilidad, estado de derecho y gobernanza participativa. En el estado, la sociedad civil apostó por la planeación como un mecanismo de alineación entre los sectores social, empresarial y gubernamental para el control de la corrupción y garantizar el destino de los recursos. 

Ante el anuncio de la creación de un Distrito Financiero y Tecnológico en el norte del estado, resulta indispensable alinear los objetivos de la comunidad, las necesidades del territorio y la viabilidad económica de los proyectos. El reto ya no consiste únicamente en atraer inversión, sino en garantizar que esa inversión contribuya a construir un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente.

Quintana Roo se encuentra ante una decisión histórica. Tenemos la oportunidad de consolidarnos como un referente internacional de desarrollo sostenible o de repetir esquemas extractivistas que profundizan las desigualdades, debilitan el tejido social y provocan daños irreversibles al patrimonio natural que sustenta nuestra prosperidad. El futuro del estado dependerá de nuestra capacidad para entender que el verdadero desarrollo no se mide únicamente por el capital que llega, sino por el bienestar que permanece.