El banquete de los jueces

En tiempos de austeridad, el Consejo de la Judicatura Federal tuvo a su disposición hasta 315 millones de pesos en 2020 para pagar las comidas en restaurantes de los jueces y magistrados del país. 

Esto, a pesar de los altos sueldos que reciben y de disponer de comedor en las sedes principales de la institución.

Mientras que a más de 35 mil trabajadores del poder judicial les han reducido sus prestaciones, cada juez y magistrado dispone de 863 pesos al día en promedio para gastar en comidas. 

A partir de febrero de 2020, todos los magistrados de circuito, jueces de distrito y visitadores judiciales «A» del Consejo de la Judicatura pueden facturar hasta 18 mil 488 pesos mensuales por gastos de alimentación, es decir, en restaurantes fuera de las instalaciones judiciales.

Un oficio firmado el 20 de enero de 2020 por el director de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura, Fernando Garcidueñas, del que MCCI tiene copia, notifica a todos los circuitos judiciales del país sobre el gasto del que pueden disponer.

“El monto máximo mensual a erogar por cada Magistrado de Circuito, Juez de Distrito y Visitador Judicial A será equivalente a 7 veces la unidad de medida y actualización mensual”, señala el oficio enviado al coordinador de Administración Regional de este organismo, Rodrigo de Zulueta.

«Solicito se comunique el importe autorizado a pagar por concepto de ‘gastos de Alimentación’ regulado por los lineamientos para la comprobación, reembolso y pago de los apoyos económicos autorizados del Poder Judicial de la Federación».

El gasto en comida de los mil 420 magistrados, jueces y visitadores judiciales en la nómina del Poder Judicial de la Federación le representarán al erario 315 millones de pesos, tres veces lo invertido este año por el gobierno federal para comprar medicamentos oncológicos en el extranjero. 

El gasto en comidas aumentó 508.46 pesos mensuales para cada funcionario, ya que hasta enero del año pasado podían facturar hasta 17 mil 979 pesos al mes. 

Esta prestación además de que cuentan con un servicio de comedor en los edificios sede del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México y zona conurbada, que costó 56 millones de pesos del presupuesto federal.

Apoyos en comidas, cocina, libros, renta…

El pago de las comidas es solo una de las prestaciones extraordinarias que reciben a sus sueldos, que van de los 120 mil a 150 mil pesos mensuales.

Según los Lineamientos para la comprobación, reembolso y pago de los apoyos económicos autorizados para magistrados de circuito, jueces de distrito y visitadores judiciales A del Poder Judicial de la Federación, se les otorga además becas de hasta 50 mil pesos por juez o magistrado para actualización y especialización, 15 mil pesos anuales para libros jurídicos, 15 mil más para revisión médica (a pesar de contar con seguro de gastos médicos mayores e ISSSTE) y de 8 mil a 11 mil pesos mensuales de subsidio de renta. 

Además de 8 mil a 10 mil pesos mensuales como apoyo a vehículos, de 3 mil a 5 mil 600 pesos mensuales para vales de gasolina, gastos de transporte aéreo o terrestre por ser movidos de adscripción y un equipo telefónico anual, así como la renta mensual del mismo.

Según el manual que regula las remuneraciones de los servidores judiciales, en 2019 el Poder Judicial gastó 10 mil 85 millones de pesos de presupuesto en remuneraciones adicionales a los sueldos de los trabajadores. 

Protesta Sindicato por alto costo

Mientras jueces y magistrados reciben gastos por alimentación, renta, celulares, automóviles y libros, a los trabajadores sindicalizados se les han reducido sus compensaciones.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación señalaron a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que 34 mil agremiados solo reciben una gratificación etiquetada como «Reconocimiento especial», que en 2017 era de 7 mil 500 pesos anuales y en 2018 creció a 10 mil pesos, pero para 2019 se redujo a 4 mil 500 pesos para cada trabajador.

El Comité Ejecutivo Nacional del sindicato solicitó el 31 de enero del año pasado al Pleno del Consejo de la Judicatura aumentar los apoyos económicos para el personal de mandos medios con puestos de carrera judicial: actuarios judiciales, secretarios de juzgados y secretarios de tribunal. 

Según el oficio, a los actuarios no se les paga la gasolina para realizar notificaciones y diligencias diarias, y en el caso de los secretarios de juzgado, señala, deben elaborar hasta cuatro proyectos de sentencia o de 10 a 15 propuestas de acuerdo en un día.

«En el 2019 no se pagaron las sustituciones por licencias médicas y pre jubilatorias, salvo el caso de los actuarios, lo que implicó que algunos secretarios de juzgado o tribunal realizaran las actividades laborales de dos o hasta tres personas», señala el texto firmado por el secretario general del sindicato Gilberto González.

«No se justifica el aumento en el monto de un apoyo para sufragar gastos de alimentación en favor de los titulares, (…) dicho pago de por sí resultaba excesivo».

MCCI buscó la versión del Consejo de la Judicatura Federal, a lo que la directora de prestaciones institucionales Rosalía González respondió que todo cuestionamiento debía realizarse a través de solicitudes de información y no en entrevista. 

“Cualquier persona, no solamente un reportero, puede solicitarlo en la unidad de transparencia. Ahí con mucho gusto presente su oficio y será atendido”, dijo, “toda la comunicación se debe de hacer por el portal de transparencia”. 

Asignan contrato a diputado polémico

La empresa de un diputado local de Puebla tuvo el contrato para operar los comedores del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México, con un costo anual de 56 millones de pesos.

Se trata de la empresa Profesionales en Comidas Industriales S.A. de C.V., cuyos accionistas son el diputado Héctor Alonso Granados y su familia.

El Consejo de la Judicatura cuenta con comedor en sus 13 edificios centrales y el año pasado le asignó la operación del servicio, mediante licitación, a Profesionales en Comidas Industriales S.A. de C.V., empresa que fue constituida en mayo de 1992.

Según el acta constitutiva, Héctor Eduardo Alonso Granados fue uno de los socios fundadores con el 44 por ciento de las acciones, además de ser administrador único de la empresa. 

Alonso Granados llegó al Congreso de Puebla en 2018 como parte de la bancada de Morena. Sin embargo, fue expulsado de la bancada a mediados de 2019 y meses después se afilió a Movimiento Ciudadano. Su esposa Rebeca Chumacero también es accionista y comisaria de la empresa desde su creación.

En las bases de la licitación que ganó Profesionales en Comidas Industriales S.A. de C.V., el Consejo de la Judicatura señala que la empresa debe preparar al menos 394 mil comidas en el año, y tienen un costo de 35.50 pesos para los empleados.  

En los once edificios de la Ciudad y dos más del Estado de México operan trece supervisores, trece chefs, once sub chefs y 86 ayudantes en general, empleados de la empresa del político.

Héctor Alonso Granados rechazó hacer pública su declaración patrimonial y de intereses, donde tuvo que haber declarado ser accionista de Profesionales en Comidas Industriales S.A. de C.V.

Alonso Granados ya había sido diputado local anteriormente con el Partido Nueva Alianza en 2012, cuando su empresa Profesionales en Comidas industriales obtuvo contratos con el Gobierno de Puebla y Liconsa. 

Un año después de haber hecho campaña con Morena para las elecciones de 2018, el diputado fue expulsado de ese partido por orden de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ya que en medio de la discusión en el Congreso local por la despenalización del aborto el legislador declaró a un medio de comunicación que “hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarse embarazar”. 

Además, calificó de “mojigatería” e “hipocresía” una iniciativa contra publicidad sexista, y llamó “foca aplaudidora” a una diputada de Morena en medio de un debate por la designación del comisionado de Derechos Humanos de Puebla. 

Estos dichos también le han costado dos denuncias en la Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Como empresario, Alonso Granados también es accionista de HR Administración de Capital S.A., también dedicada a atender comedores industriales, y donde igualmente participan como accionistas su esposa e hijos.