Cuando el presidente López Obrador expresó “Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia” quizá no imaginó el impacto que sus palabras tendrían en María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quien parece haber tomado esta frase como una licencia para violar la ley. En tres años de gestión, la titular del Conacyt ha manifestado un claro desdén por la normativa y una facilidad por emplear un discurso plagado de adjetivos vacíos y de lugares comunes para salir al paso de las múltiples ocasiones en que se ha evidenciado que ha violado la ley..
La crisis que sobrevivimos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) por culpa de la intervención arbitraria de la directora del Conacyt en la gobernanza de nuestra institución es un ejemplo del debate que el régimen ha impuesto a la opinión pública respecto a la formas legítimas del ejercicio del poder público: el gobierno guiado por la ley o el gobierno justificado en el discurso. En este texto relato las principales afrentas realizadas por el Conacyt a la comunidad de mi universidad como punto de partida para propiciar una reflexión más amplia sobre sus implicaciones al Estado de Derecho.
El problema con la frase de Andrés Manuel López Obrador no es la prioridad de la justicia, cuestión que nadie discute, sino la carencia de contenido en el concepto, porque él y sus subordinados estiran o definen los límites de qué es o no es “justo” a voluntad y en beneficio, tanto del relato oficialista, como de sí mismos. Por ejemplo, durante la única comunicación entablada entre Álvarez-Buylla y estudiantes del CIDE —una accidentada videollamada realizada a principios de diciembre de 2021 que puede verse en internet—, la directora del Conacyt evitó explicar por qué no respetó los artículos 39 y 40 del Estatuto General del CIDE, que exigen la aprobación del Consejo Directivo para el nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche. Prefirió acusar a quienes nos manifestamos en contra de esta violación a la normativa de pertenecer a un grupo que se opone a la transformación de México. ¿Desde cuándo defender la legalidad equivale a un acto de traición?
Cabe mencionar que, de inicio, la designación como Director Interino de Romero no fue cuestionada por la comunidad. De hecho, desde la pluralidad de ideales que habita el CIDE, incluso hubo quien celebró el cambio de estafeta al verlo como la posibilidad de dar una nueva perspectiva a una institución que, si bien cuenta con casi cinco décadas de una experiencia de excelencia, tiene áreas de mejora que deben ser atendidas; como cualquier otra organización.
Sin embargo, todavía en su posición interina, el protegido de Álvarez-Buylla ofendió con comentarios clasistas y racistas a la comunidad; transgredió el Estatuto del Personal Académico al destituir arbitrariamente a los doctores Alejandro Madrazo y Catherine Andrews de sus respectivos cargos; lastimó derechos laborales de profesores e investigadores al suspender injustificadamente las Comisiones de Evaluación del Personal; contrató fuera de procedimiento a Óscar García y a Rodrigo Aliphat (profesores que no dan clase, pero sirven como asistentes personales del director); y puso en riesgo la integridad física y moral de la comunidad al caminar por el campus con un escolta armado. Con todos estos actos, la oposición a su nombramiento como titular se volvió unánime.
En ese momento, la directora del Conacyt debió desistir de su intención de nombrar a Romero Tellaeche como titular. Muchos otros perfiles, leales al presidente e inclusive más capaces, bien podrían haber ocupado la dirección. En su lugar, Álvarez-Buylla se atrincheró junto con Romero en un cuento mítico, según el cual libran una “batalla” contra la “ciencia neoliberal” (un concepto de significante vacío). Excusada en esta narrativa, la directora del Conacyt optó por ir a límites casi tan absurdos como la acusación penal que, con la complicidad del fiscal Alejandro Gertz Manero, mantiene en contra de 31 investigadores por su desempeño en el Foro Consultivo.
Hasta ahora, nadie ha visto el acta de Consejo Directivo con la que aparentemente se formalizó el nombramiento de Romero, por lo que podría estar incurriendo en el delito de usurpación de funciones. De hecho, en enero pasado Conacyt quitó de los Estatutos del CIDE los requisitos incumplidos en su designación, nuevamente sin seguir el procedimiento establecido en los mismos. Ante los amparos presentados por docentes y estudiantes, recientemente el Conacyt reservó como confidenciales las actas de designación de la dirección y las de la reforma estatutaria, en un burdo intento por encubrir a posteriori sus faltas. Si bien serán los tribunales quienes finalmente determinen la legalidad de estas acciones, llama la atención que en medio siglo de existencia del CIDE las actas de designación de sus múltiples directivos y las decisiones del Consejo Directivo siempre habían sido públicas.
El problema va más allá: Desde su imposición, Romero inauguró al CIDE como la única institución educativa custodiada por el Servicio de Protección Federal. Otorgó una concesión de alimentos a un proveedor sancionado por la Secretaría de la Función Pública, ocasionando un brote de E. coli en el comedor institucional. Hostigó a profesores e incluso ordenó a sus dos asistentes intimidar y perseguir a un estudiante de licenciatura que tuvo que refugiarse en el sanitario. El clima de desasosiego es tal que más de 20 académicos han pedido licencia o sabático y múltiples estudiantes de primeros semestres realizaron exámenes de ingreso a otras instituciones con el objetivo de cambiarse de universidad. No obstante, Romero se dio el lujo de declarar en una cómoda entrevista con John Ackerman: “No quiero ser demasiado triunfalista, pero creo que la comunidad se está portando bien”.
Ante la narrativa oficialista que propicia un régimen basado en el carisma del ejecutivo, hay que recuperar la filosofía política y la experiencia de las democracias del mundo. Por ejemplo, en el Protágoras, Platón atendía la naturaleza social de la humanidad y advertía que las personas nos convertimos en seres políticos y adquirimos el sentido de la justicia y de la moral cuando tenemos la capacidad de definir las leyes que nos rigen. Siguiendo una lógica similar, Aristóteles reconoció que la legalidad implica justicia, pues las normas otorgan un orden y una predictibilidad que hacen posible tanto la existencia de una comunidad como su aspiración de alcanzar la virtud y la buena vida. ¿Cómo pueden Álvarez-Buylla y Romero desmantelar a la comunidad cideíta y aún así hablar de “justicia”?
El problema de la frase del presidente López Obrador de optar entre la ley y la justicia es que empuja a una dicotomía que no siempre se cristaliza. Si bien, la historia y Kelsen nos demuestran la posibilidad de un derecho carente de justicia, ello no alcanza para justificar que un funcionario público pueda, a discreción, determinar cuáles leyes cumplir ya que, desde los teóricos del contractualismo social, se ha reconocido que la definición de lo “justo” necesariamente pasa por la deliberación de la pluralidad de ideas de la comunidad y nunca se agota en la opinión del partido o clase gobernante. Lo anterior se traduce en las sociedades modernas como el proceso de deliberación legislativa. Mismo que se distingue de la función ejecutiva precisamente por la necesidad de salvaguardar la diversidad y complejidad del cuerpo social. Entonces, ¿cómo afirmar que una autoridad cumple la “voluntad del pueblo” al mismo tiempo que viola el sistema normativo emanado de los propios representantes populares?
Recientemente, la directora del Conacyt ha presentado un anteproyecto de reforma a la Ley General de Ciencia y Tecnología que, de ser aprobado, concentraría en su persona toda la política del sector. Desconozco si esta iniciativa es resultado de su ignorancia de la teoría democrática o si es expresión de su admiración por Luis XIV. “La ciencia soy yo”, pareciera decir Álvarez-Buylla, pero aceptar esta posibilidad sería otorgarle demasiada ambición a una funcionaria que sencillamente es reflejo de la visión de un régimen que apuesta por la verticalidad, aún a costa de desmantelar el incipiente Estado de Derecho en México.
En la referida entrevista con Ackerman, Romero justificó su posición afirmando que gozaba de “legitimidad derivada” de la abundante votación obtenida por López Obrador en 2018. Claramente, está confundido respecto a cómo funciona la legitimidad en las urnas, peor aún, no entiende que más allá de preferencias electorales, ningún funcionario público es eterno. Si permitimos que las leyes sean instrumento de poder y no limitantes del mismo, perdemos todas las personas. Las naciones prósperas descansan sobre instituciones y no sobre caudillos. Un gobierno centrado en discursos vacuos se agota con los funcionarios en turno. En cambio, un gobierno de leyes e instituciones se desarrolla durante generaciones y permite construir proyecto de nación.
El asalto al CIDE es una muestra del llamado coyuntural al que debemos responder toda la ciudadanía porque, ante la presión del régimen, muchas otras instituciones vacilan entre el gobierno guiado por la ley y el gobierno del discurso vacuo.
Defensor de derechos humanos, politólogo por la UNAM y estudiante de maestría en el CIDE.
