Acabar con la corrupción ha sido uno de los pilares en las promesas del presidente López Obrador; sin embargo, las estrategias para combatirla no han sido siempre claras. Para reducir la incidencia de actos de corrupción, es necesario contar con órganos gubernamentales eficientes que brinden servicios de calidad tanto a la ciudadanía como al sector privado de la economía. Este mes, el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), que nos permite conocer la percepción de las empresas sobre corrupción, sus experiencias al recibir servicios del gobierno y la confianza que tienen en las instituciones. Además, podemos comparar los resultados de este año con los de 2016 para determinar la evolución de estos aspectos en los últimos cuatro años.

Esta encuesta fue realizada entre noviembre y diciembre de 2020 con la participación de 34 mil 919 empresas. Como con la ENCIG —la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental—, la ENCRIGE ofrece información sobre la corrupción que denominamos extractiva, es decir, la que sucede en la interacción con un funcionario público.

INEGI estima que existen alrededor de 4.1 millones de unidades económicas del sector privado. Más de 85% de estas son unidades económicas con 10 empleados o menos. Las grandes empresas, con más de 100 empleados, representan menos de un punto porcentual. Por actividad económica, la encuesta distingue tres grandes sectores: 38.3% de las empresas están en la industria, 31.3% ofrecen algún tipo de servicio y 30.5% se dedican al comercio.

Percepción de la corrupción 

A nivel nacional, la percepción de corrupción de las empresas respecto a la frecuencia de actos de corrupción realizados por servidores públicos disminuyó respecto a 2016, pasando de 82.2 a 71.5% en 2020. Esta cifra está 10 puntos por debajo de la percepción reportada por la población general mayor de 18 años de la ENCIG 2019, que fue de 87%.

El trámite con mayor experiencia de corrupción es el contacto con autoridades de seguridad pública, con 59.3%. Es importante resaltar que este servicio también es el que reporta menor satisfacción por parte de las empresas (39.9%); además, 54% de las empresas declararon que el servicio de policía en su municipio o demarcación territorial contribuyó a generar una sensación de seguridad.

Sobre la percepción de las empresas acerca de la frecuencia de actos de corrupción realizados por servidores públicos en 2020, Tijuana es la demarcación donde se percibe menor corrupción con 48.3% y Ciudad Juárez donde más se percibe corrupción con 99.7%.

La encuesta no solo mide percepción, sino también la experiencia de corrupción. En este rubro, no hay diferencias estadísticamente significativas entre 2016 y 2020. 561 de cada 10 mil empresas experimentaron un acto de corrupción en 2016 y 510 para 2020. 

Reportar la participación en un acto de corrupción es socialmente vergonzoso, por lo que quienes fueron víctimas a veces no lo reportan. Existen aproximaciones para darle la vuelta a este subreporte (como el experimento de listas); una de estas es preguntar al encuestado sobre si conoce a alguien que haya sido víctima de corrupción. Esto le permite poner cierta distancia entre su persona, o su empresa, con el acto de corrupción. Considerando esto, 22% de las empresas reportaron que “otras unidades económicas les refirieron corrupción en los trámites que realizaron”. Si bien no es posible asegurar que este 22% fue víctima de corrupción, si nos da una mejor idea de lo que podría estar pasando al compararlo con el 5% que sí lo reconoció.

Por otro lado, la suma de los costos que tuvieron los actos de corrupción durante 2020 es de 887 millones de pesos. En promedio, cada unidad económica víctima de corrupción tuvo que pagar 7 mil 419 pesos.

Causas de corrupción

A nivel nacional, 72.6% de las empresas considera que la razón principal por la que se producen actos de corrupción es para agilizar trámites, 37.9% señala que es para evitar multas o sanciones. En 27 de las 32 entidades federativas agilizar trámites se considera la principal causa de corrupción, sólo en 2 entidades, Chihuahua y Tlaxcala la principal causa es evitar multas o sanciones.

Confianza en las instituciones gubernamentales

A nivel nacional, las instituciones educativas inspiran la mayor confianza para las empresas. Prácticamente, 9 de cada 10 unidades económicas expresaron que tienen “mucha confianza” o “algo de confianza” en las universidades y escuelas públicas. Sin embargo, lo más destacado de esta medición es el notable incremento en la confianza del sector privado hacía el gobierno federal: en 2016, tenía un nivel de confianza de 26.4% y para 2020, luego de las elecciones federales de 2018,  reporta 62.3%. La confianza en el gobierno del presidente López Obrador parece haber permeado también a los otros órdenes de gobierno: los gobiernos municipales y estatales también incrementaron en su nivel de confianza.

En los últimos lugares se encuentran los sindicatos (32.8%), los partidos políticos (34%), las policías (34.2%) y el ministerio público (32.9%). Al igual que los ciudadanos (ENCIG, 2019), las empresas reportan una alta desconfianza para todos los actores del sistema de justicia en México. 

Carga regulatoria

En 2016, una de cada cinco empresas percibían que el marco regulatorio representaba un obstáculo para lograr sus objetivos; para 2020, pasó a 28.2%. Esto representa un incremento de 40% en 4 años. Al analizarlas por tamaño, resalta la percepción de las pequeñas empresas: 3 de cada 4 (74.8%) consideró que la regulación era un obstáculo. Por sector, la industria es la más afectada con 47% de las unidades económicas.

Licitaciones

En lo que respecta a la interacción comercial con el gobierno, 93.3% de las empresas declaró no tener interés en vender o proveer un servicio al gobierno. Al analizar a las empresas por su tamaño, las empresas medianas son las más dispuestas a participar (17%), seguidas por las grandes, con 14.2%. Solo 4.9% de las microempresas están interesadas en vender al gobierno.

66.6% de las empresas que no están interesadas declaran que no tienen un producto o servicio con orientación al gobierno. Llama la atención que la segunda causa más frecuente mencionada por las empresas es que creen que es necesario dar sobornos (10.5%), lo que podría explicar el desinterés de las pequeñas y microempresas. La tercera causa es la creencia de que los concursos están “arreglados” (5.9%). Al respecto, en MCCI hemos señalado la creciente tendencia de este gobierno para optar por las adjudicaciones directas en lugar de las licitaciones: en 2021, 80.6% del total de contratos del gobierno se realizaron por adjudicación directa.

Digitalización de trámites: uso de internet

Durante 2020, internet fue el principal medio para realizar trámites, pagos y solicitudes de servicios con 39.8%. Mientras que solo 23.5% se realizaron en oficinas de gobierno. Este aumento de uso de internet para trámites de casi 17% y la baja en trámites en oficinas de gobierno, puede explicarse porque las dependencias se vieron obligadas a habilitar opciones digitales a raíz de las medidas de contingencia sanitaria. 

Diversos estudios han documentado que las interacciones presenciales para realizar trámites sin estándares claros son actividades vulnerables para comportamientos deshonestos (BID, 2018). Al abrir la posibilidad de realizar trámites en línea, los gobiernos eliminan la posibilidad de que se cometa un acto de corrupción al eliminar posibles intermediarios deshonestos en la cadena de pago de servicios públicos.

Hasta el segundo trimestre de 2021, el PIB en México estaba 3.3% por debajo de su punto mas alto, alcanzado durante el tercer trimestre de 2018. A pesar de los pronósticos optimistas de crecimiento para este año, el camino a la recuperación plena de la economía mexicana aún es largo. Sin lugar a dudas, el papel de las empresas en este objetivo es esencial: sin nuevas inversiones y sin nuevos empleos, será imposible. 

Por ello, es importante reducir hasta erradicar los espacios de oportunidad en los que las empresas pueden ser víctimas de actos de corrupción. Generar la posibilidad de hacer pagos y solicitar servicios por internet ha probado ser una medida eficaz, pero no es suficiente. Existen aún pendientes en la interacción de las unidades económicas con policías y ministerios públicos en los que se puede trabajar en la generación de protocolos y el establecimiento de medidas de transparencia para disuadir actos de corrupción.