- En el primer semestre de 2021, el 80.6% del total de contratos del gobierno se realizaron por adjudicación directa por un total de 74,639 millones de pesos.
- En un día promedio de 2021, el gobierno entrega 45 contratos por licitación pública y 308 por adjudicación directa.
- 91.5% de los contratos relacionados con medicamentos y productos farmacéuticos han sido entregados por adjudicación directa en 2021.
- Entre los contratos relacionados con la COVID-19 en 2020 y 2021, el 96% se realizó por adjudicación directa.
- En 2021, 688 millones de pesos, 95% de los recursos de los contratos de publicidad del gobierno, han sido entregados directamente, sin una licitación, la cifra más alta desde que se tiene registro.
Las compras y contrataciones públicas del gobierno han sido uno de los espacios históricos con mayores riesgos para el desperdicio, el uso irregular de recursos y la corrupción. Y una de las ventanas por las que esto puede suceder con mayor facilidad es el uso intensivo de la figura de las adjudicaciones directas como el método favorito para entregar contratos. Entre 2010 y 2018, en promedio el 79.6% de los contratos del gobierno federal fueron entregados de manera directa. Nuestro seguimiento periódico de las compras del gobierno ha mostrado que el gobierno de López Obrador continuó e intensificó el uso de esta práctica en 2019 y 2020. En los primeros seis meses de 2021, el 80.6% de los contratos y 35.6% de sus recursos han sido entregados por adjudicación directa.
El diagnóstico inicial de López Obrador sobre la corrupción señaló este problema, al punto que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo que las adjudicaciones directas quedarían estrictamente prohibidas. Esta promesa, a pesar de ser jurídicamente vinculante, era irreal desde su concepción. Las cifras de los primeros meses de la nueva administración mostraron una notoria continuidad con los resultados del pasado —véase en la siguiente gráfica que sólo en uno de los primeros 24 meses de gobierno la proporción de adjudicaciones directas estuvo por debajo de 70%—, ante lo que el presidente se justificó diciendo que al no ser iguales que otras administraciones, no había problema alguno. Sin embargo, la declaración oficial de disminuir las adjudicaciones directas no ha desaparecido, al punto que la extitular de la Secretaría de la Función Pública señaló que buscarían limitarlas a un máximo del 20% de los contratos. La promesa no ha sido cumplida bajo ningún criterio y no existen indicios de que esto vaya a cambiar.
Una de las justificaciones más socorridas para estas cifras es que si bien se trata de una gran cantidad de contratos por adjudicación directa, su uso se reserva para partidas muy pequeñas que tienen un bajo impacto presupuestal. Sin embargo, al comparar este sexenio con las cifras previas, es claro que ha venido en ascenso la importancia de las adjudicaciones directas como parte del monto total de contratos del gobierno. En 2020, por primera vez en la historia las adjudicaciones directas entregaron más recursos que cualquier otro mecanismo, con el 43.8% del total. En lo que va de 2021, la cifra se encuentra en 35.4%, lo cual ya es superior a los datos de los primeros cinco años del sexenio de Peña Nieto.
Durante los primeros seis meses de 2021, se han entregado un total de 69,077 contratos por 176.9 millones de pesos. De estos, 55,691 contratos (80.6%) han sido entregados vía adjudicación directa por un total de 74,639 millones de pesos (42.2% del total). La licitación pública, que debería ser el mecanismo más utilizado para entregar los contratos de acuerdo con la ley, ha sido utilizada en 11.9% de las ocasiones y ha repartido 83,997 millones de pesos (47.5% del total). En un día promedio de 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entrega 308 contratos por adjudicación directa y 45 por licitación pública.
La proliferación de los contratos por adjudicación directa puede explicarse porque este mecanismo, a pesar de los riesgos que implica, es mucho más sencillo y rápido de utilizar si se le compara con las múltiples etapas y procedimientos necesarios para realizar una licitación pública. El caso del actual desabasto de diversos medicamentos es un claro ejemplo de ello, pues la falta de capacidades administrativas de la administración actual, junto con una serie de improvisaciones ampliamente documentadas, han ocasionado múltiples fracasos para adquirir en tiempo y forma diversos medicamentos.
En consecuencia, desde febrero de 2021 el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) envió un oficio a las instituciones de salud para que cada una adquiriera por su cuenta las claves de medicamentos y materiales que no pudieron comprarse. Ante la premura y la emergencia para enfrentar el desabasto, las adjudicaciones directas se han utilizado como la salida de emergencia (entre las cuales se han identificado múltiples casos de sobreprecio). Al revisar los datos de todos los contratos relacionados con medicinas y productos farmacéuticos de 2021, es notable que 91.5% de ellos han sido entregados por adjudicación directa por un total de 12,579 millones de pesos (59.2% del total).
Este uso excesivo de las adjudicaciones directas para adquirir medicinas y productos farmacéuticos parece ya no estar directamente relacionado con la pandemia del coronavirus. Al identificar todos los contratos que desde 2020 hasta la fecha incluyen cualquier mención a la COVID-19, el coronavirus, el SARS-CoV-2, la pandemia o la contingencia sanitaria, es notorio que en 2021 estos han disminuido sustantivamente, pues la mayor parte de las adjudicaciones directas se hicieron el año pasado. Esto puede verse en las siguientes dos gráficas, que muestran el comportamiento mensual de los contratos relacionados explícitamente con la pandemia y la disminución de los mismos en 2021.
Del total de 5,229 contratos que se han entregado entre 2020 y 2021 que explícitamente se relacionan con la pandemia, 5,033 se entregaron por adjudicación directa (el 96.3%), lo que equivale a 28,352 millones de pesos (99% del monto total). Por lo tanto, las adjudicaciones directas fueron prácticamente el único mecanismo para contratar bienes y servicios relacionados con la pandemia, pero estos contratos ya no son la explicación principal de las adjudicaciones directas en medicamentos para 2021, pues la gran mayoría de ellas se hicieron el año pasado.
Una forma diferente de ver en qué tipo de bienes y servicios se usan de manera prominente las adjudicaciones directas es separar los contratos por su concepto, es decir, por el tipo de bien o servicio que se contrató. Si se consideran los 15 conceptos con mayores importes adjudicados directamente en 2021, se observa que además de los productos farmacéuticos, este mecanismo se utiliza ampliamente en las materias primas (mercancías que el gobierno adquiere para comercializar o para producir, como químicos, papel, productos agropecuarios, forestales, etc), los servicios profesionales (como contratos de personal por honorarios o por outsourcing, consultorías o servicios legales), la obra pública o en los servicios de comunicación social y publicidad (en este último caso, llama la atención que 95% de los recursos de los contratos de publicidad del gobierno han sido entregados directamente, sin una licitación). Esto muestra que, más allá de la crisis sanitaria y el desabasto de medicamentos, el uso excesivo de las adjudicaciones directas es un problema transversal en las compras y contrataciones del gobierno.
Top 15 conceptos con mayor importe de adjudicaciones directas
| Concepto | Adjudicación directa importe | Adjudicación directa contratos | % del importe por adjudicación directa | % de contratos por adjudicación directa |
| Materias primas y materiales de produccion y comercializacion | $25,315,384,425 | 9,108 | 76.47% | 97.36% |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $16,086,875,756 | 20,842 | 60.76% | 87.98% |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $13,793,279,882 | 13,051 | 43.86% | 87.35% |
| Servicios básicos | $5,297,381,820 | 740 | 62.27% | 55.18% |
| Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservación | $4,062,290,731 | 3,461 | 36.29% | 59.52% |
| Servicios de arrendamiento | $3,793,717,448 | 789 | 49.09% | 71.53% |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $1,590,800,544 | 4,847 | 58.50% | 87.89% |
| Mobiliario y equipo de administración | $1,564,459,373 | 65 | 61.56% | 39.39% |
| Obra pública en bienes propios | $1,322,586,902 | 137 | 4.25% | 13.52% |
| Otros servicios generales | $1,317,074,993 | 234 | 42.28% | 51.88% |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | $1,057,279,758 | 346 | 15.16% | 45.89% |
| Alimentos y utensilios | $826,869,473 | 1,071 | 27.22% | 65.46% |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | $793,521,969 | 784 | 38.74% | 66.61% |
| Servicios de comunicación social y publicidad | $687,841,457 | 411 | 94.71% | 90.13% |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | $553,241,696 | 972 | 44.47% | 60.83% |
Fuente: elaboración propia con base en datos de CompraNet (actualizados al cierre de 30 de junio de 2021).
El caso de los contratos de publicidad del gobierno
El gasto en publicidad del gobierno ha sido uno de los principales espacios en los que la discrecionalidad con la que pueden asignarse los recursos y los contratos puede tener efectos negativos para la democracia. Ya sea debido al control directo que este dinero puede tener en el funcionamiento de los medios de comunicación o en la autocensura que puede incentivar para evitar incomodar al poder y así no perder la posibilidad de obtener recursos. Precisamente por ello, el presidente López Obrador prometió y presentó nuevos lineamientos en este tema:
Vamos a que haya equidad, que se distribuya este gasto, esta inversión de manera horizontal, que no se concentre, que alcance a todos y que actuemos en función de criterios transparentes, que se sepa quién es quién en los pagos por servicios de publicidad. Nada oculto. Y desde luego no utilizar los recursos públicos para premiar o castigar a ningún medio, que no sea un mecanismo de coerción, de castigo el presupuesto.
Los datos oficiales disponibles muestran que, a pesar de que el gasto total en servicios de comunicación social y publicidad ha disminuido, el porcentaje de estos recursos que ha sido entregado por vía de adjudicación directa ha incrementado. Es decir, a pesar de que se gasta menos, una mayor proporción de los recursos se entrega directamente, por lo que el problema de la discrecionalidad en su asignación sigue presente. La disminución de recursos puede observarse en la primera gráfica: en el último año de gobierno de Peña Nieto se entregaron 7,824 millones de pesos en contratos de publicidad mediante adjudicación directa, mientras que en 2020 esta cifra cayó hasta 1,798 millones y en lo que va de 2021 ha llegado a 688 millones. A pesar de la caída de recursos, puede apreciarse que la línea roja, que corresponde a las adjudicaciones directas, siempre supera al resto de mecanismos de contratación.
La segunda gráfica muestra precisamente la proporción de cuantos recursos de comunicación social y publicidad fueron entregados por adjudicación, licitación pública e invitación restringida. En 2018, el 78% de los contratos se dieron de manera directa, mientras que para 2020 la cifra se elevó hasta 90% y en el primer semestre de 2021 ha llegado hasta 95%. Sólo 3 de cada 100 pesos que el gobierno ha gastado en publicidad en 2021 se licitan abierta y públicamente, mientras que otros 95 pesos se entregan directamente a las empresas elegidas discrecionalmente y el restante se ha otorgado con invitaciones restringidas.
Las 10 empresas con mayores montos recibidos por concepto de publicidad del gobierno en lo que va de 2021 comparten una característica: el 100% de los recursos que han recibido ha sido por adjudicación directa. Es decir, ni uno solo de esos contratos ha sido producto de una licitación pública, sino que ha sido designado directamente desde las oficinas del gobierno. Aún cuando los recursos no son tan cuantiosos como en el sexenio anterior, los mismos vicios del pasado siguen existiendo en este rubro tan importante para la democracia mexicana.
Top 10 con mayores montos de contratos por concepto de servicios de comunicación social y publicidad, 2021
| Rank | Proveedor o contratista | Número de contratos | Porcentaje de contratos por adjudicación directa | Importe de los contratos |
| 1 | TELEVISA | 7 | 100% | $83,532,385 |
| 2 | ESTUDIOS AZTECA | 8 | 100% | $74,594,700 |
| 3 | DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS (LA JORNADA) | 12 | 100% | $67,117,953 |
| 4 | MEDIOS MASIVOS MEXICANOS | 3 | 100% | $58,231,232 |
| 5 | GRUPO DE RADIODIFUSORAS | 4 | 100% | $31,281,901 |
| 6 | ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO | 2 | 100% | $26,293,103 |
| 7 | MILENIO DIARIO | 4 | 100% | $22,295,239 |
| 8 | GRUPO RADIO CENTRO | 6 | 100% | $17,654,133 |
| 9 | CENTRO DE CULTURA NUESTRA AMÉRICA | 4 | 100% | $16,120,690 |
| 10 | EDICIÓN Y PUBLICIDAD DE MEDIOS DE LOS ESTADOS | 5 | 100% | $11,767,241 |
Fuente: elaboración propia con base en datos de CompraNet (actualizados al cierre de 30 de junio de 2021).
La necesidad de vigilar las contrataciones del gobierno, y en especial las adjudicaciones directas, es fundamental; no sólo porque al continuar su uso indiscriminado el gobierno rompe con sus propias promesas, sino porque se deja abierta la puerta para la corrupción y para el desperdicio de recursos públicos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha realizado cambios administrativos para modificar la forma en que se entregan los contratos, como sucedió con la concentración de diversas compras en la Oficialía Mayor de Hacienda o tratando de involucrar a las Naciones Unidas en la compra de medicamentos, pero la normatividad para hacerlo ha permanecido prácticamente inalterada. De esta manera, la puerta que permitió los vicios del pasado hoy sigue abierta.
Precisamente por ello muchos de los escándalos de corrupción de este gobierno llevan aparejado el uso de adjudicaciones directas: los ventiladores que el hijo de Bartlett quiso venderle al gobierno; los contratos de las empresas del exsuperdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí; las empresas de reciente creación que rápidamente se convirtieron en contratistas del gobierno; los contratos de la prima-hermana del presidente; las pruebas caras de Covid adquiridas por la SFP a una empresa sin empleados; la constructora de “obras fantasma” que en 2020 fue contratada por el gobierno federal y del EdoMex, y un largo etcétera. Este gobierno, tal como todos los anteriores, se resiste a dejar de utilizar a las adjudicaciones directas de un modo descontrolado. Y así, 8 de cada 10 contratos siguen siendo entregados sin procesos abiertos ni competidos.
