Encuestas e integridad

El próximo 2 de junio en México presenciaremos una derrota segura, luego de que conozcamos los resultados de la elección presidencial. Esta derrota será de las encuestas electorales, que muy probablemente recibirán cuestionamientos tras un periodo de acumulado descrédito. Las razones para la falta de confianza en las encuestas se acumulan entre las exigencias de un mercado político que abusa de ellas al convertirlas en propaganda y una industria desregulada, poco competitiva y reacia al admitir sus errores. En ese sentido, el estado crítico de las encuestas electorales en México no es producto de la casualidad. 

Otros análisis han expuesto con acierto los problemas que afectan a la credibilidad de las encuestas desde la propensión al error estadístico que tienen todos los estudios demoscópicos. Este texto, en contraste, busca señalar algunas de las afectaciones que derivan de la industria de estudios demoscópicos para campañas políticas en México. Es innegable que el estado actual del mercado de encuestas ha producido efectos negativos en la credibilidad pública de estas técnicas de investigación, así como en su utilidad para la discusión democrática nacional. De ahí que valga la pena explorar algunos argumentos que contribuyan a que las investigaciones de opinión pública en nuestro país se ejerzan con mayor transparencia hacia la ciudadanía y mejores prácticas de integridad profesional.

Más allá de las encuestas: tres problemas de la industria demoscópica

Las encuestas electorales son herramientas con dos funciones principales: informar al público sobre el estado de las competencias entre actores y proveer a las campañas con elementos estratégicos para su operación. Esta doble función, a la vez mediática y de preparación y ejecución táctica, provoca que las encuestas se ubiquen en el centro de la palestra política en la mayoría de las competencias democráticas. Es tal su relevancia que las empresas encuestadoras se han vuelto inseparables de la vida política de nuestro país, lo que las ha llevado a ejercer algunas funciones que han mermado su credibilidad. En este texto se comentan tres que poco han sido discutidas en otros análisis.

El primer problema proviene de usar las encuestas como mecanismo de selección de candidaturas. Es cierto que esta no es una responsabilidad atribuible a la industria demoscópica, sino a los partidos políticos que han optado por estas vías de selección. La intuición que guía a las organizaciones partidarias, ante su incompetencia o negligencia para generar procesos democráticos en su interior, es buscar que sus candidaturas correspondan con los perfiles mejor posicionados entre la ciudadanía. 

Esta forma de selección, en lugar de contribuir a la profesionalización de las encuestas, ha orillado a un aumento de encuestas de calidad dudosa. Para presentarse ante los liderazgos partidistas, cada candidatura tiene como filtro de entrada la realización de un estudio que, acertada o desacertadamente, le haga parecer competitivo. Esta práctica extendida para la selección de centenas de candidaturas locales y federales en el país tiene algunas implicaciones. La principal es que devalúa la credibilidad de las encuestas ante la posibilidad de que algunas muestren resultados a modo para favorecer candidaturas. En ese sentido, el conflicto no está en el método demoscópico, que sigue siendo útil para que los partidos identifiquen los perfiles más reconocidos. Más bien está en crear una distorsión en la industria de encuestas al sustituir decisiones partidarias a través de un criterio que se ostenta como técnico. Genera dudas entre los actores políticos por la posibilidad de que esos estudios sean elaborados de forma parcial para favorecer alguna candidatura, tal como sucedió al inicio del proceso electoral federal de este año.

Un segundo conflicto que pocas veces se discute es la falta de mecanismos de sanción al mal desempeño de las casas encuestadoras. Algunos de sus directivos han declarado que la principal sanción de su trabajo sucede de cara a la opinión pública: un trabajo demoscópico que repetidamente resulta errado será desechado eventualmente por las instituciones políticas y la sociedad. Lo cierto es que esto es una patraña. Una y otra vez las mismas organizaciones con resultados que divergen garrafalmente de los resultados de la elección vuelven a cobrar sus estudios de cuestionable calidad metodológica en los siguientes comicios. 

El mercado de las encuestas en México premia la incompetencia y castiga la innovación. Esto se debe sobre todo por el lugar de preeminencia mediática que tienen los directores (en su mayoría hombres) de las casas encuestadoras, quienes se han convertido en comentaristas públicos sobre el estado de las contiendas electorales. Además de recibir contratos millonarios de los partidos políticos, los directivos difunden sus resultados públicamente ante audiencias que nunca tienen claro si representan el interés de sus clientes, sus intereses personales o ambos. Ante errores atribuibles a la labor técnica de las casas encuestadoras, sus voceros con facilidad recurren al púlpito de los medios de comunicación para justificarlos y mantener en pie sus negocios. Como se dice en el rancho, no se puede ser el huevo, la gallina y quien la hace caldo.

Finalmente, el último problema que valdría la pena reconocer es el carácter oligopólico de la industria de encuestas en México. Esto, a grandes rasgos, supone que el mercado está dominado por unas pocas grandes casas encuestadoras que se reparten los proyectos en el país y definen sus precios mediante la negociación con las instituciones políticas en turno. El reporte de 2023 de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI) muestra que en esta industria, con un valor estimado de 7,139 millones de pesos, apenas reúne a 58 empresas. De ellas, sólo una pocas elaboran y publican estudios electorales. El Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas (CEDE) sólo incluye 12 casas encuestadoras. 

En otras democracias, la abundancia de proyectos de opinión pública ha permitido el desarrollo de mercados competitivos en los que priman la innovación metodológica, la especialización técnica y el rigor profesional. El limitado número de organizaciones en México ha permitido a estas tener suficiente poder de mercado para definir los precios y prácticas de productos que se han quedado rezagados ante el cambio tecnológico. Lo anterior pone en evidencia un mercado poco competitivo, en el que priman los intereses de las empresas más longevas, sin que ello asegure una mejor calidad para los usuarios de las encuestas. A esto se suma la falta de instancias externas para regular la industria. Los limitados esfuerzos en ese sentido son más cercanos a proteger los intereses del oligopolio que en proveer herramientas para mejorar la confianza de los consumidores.

En conclusión, algunas razones fundamentales del descrédito de las encuestas electorales derivan de las características de esta industria. Se trata de un mercado oligopólico centralizado en algunas figuras reconocidas como comentaristas mediáticos, que mantienen la práctica de usar a las encuestas como instrumentos de toma de decisiones políticas, cuyo trabajo tiene nulos mecanismos de sanción frente al error. Por más argumentos técnicos y políticos sobre la pérdida de credibilidad de las encuestas, una revisión de las prácticas de la industria resulta fundamental en este momento crítico. La única confianza duradera para las encuestas en México debe ser la que se cimienta en la autocrítica y la integridad pública.