La Fiscalía General de Baja California ha otorgado contratos por más de 200 millones de pesos a una de las empresas sancionadas ayer por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como parte de una red vinculada al Cártel de Sinaloa en esa entidad.
Se trata de Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V., que entre 2022 y 2025 obtuvo decenas de contratos de la Fiscalía estatal por conceptos tan diversos que van desde conservación y mantenimiento de inmuebles, hasta compra de mobiliario, equipo de cómputo, uniformes y equipo táctico, e incluso de un software de inteligencia para reconocimiento facial.
Entre los contratos asignados por la Fiscalía bajacaliforniana a la compañía de seguridad empleada para lavar dinero de la organización criminal hay incluso algunos financiados con recursos de fondos federales en materia de seguridad.
Inteliproof Efficient fue incluida en el listado difundido el martes de 21 personas y 25 empresas sancionadas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que forman parte de la estructura encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, líder de la facción de “Los Mayos” tras la captura de su padre Ismael “El Mayo” Zambada. Las autoridades estadounidenses detallaron que fue usada para lavar dinero para René Arzate García, alias “La Rana”, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana.
Entre las personas sancionadas se encuentra uno de los socios de Inteliproof, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, así como Carlos Villela Gómez Santelices, apoderado legal y quien aparece como representante en los contratos. El reporte señala que ambos manejan una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que lava dinero para el Cártel de Sinaloa y el líder del grupo criminal identificado como “La Rana”.
Una búsqueda realizada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) arrojó un total de 33 contratos otorgados por la Fiscalía estatal de Baja California entre 2022 y 2025, que suman poco más de 73.2 millones de pesos, 19 de ellos por adjudicación directa.
Sin embargo, un mayor número de contratos más cuantiosos han sido documentados por el Semanario Zeta Tijuana, que en diciembre pasado publicó que tan solo en 2023 Inteliproof había recibido de la Fiscalía 10 contratos por más de 101 millones de pesos. Aunado a los convenios que enlistó entonces con número y monto, en la PNT aparecen otros 11 del mismo año por 10.6 millones de pesos. El medio también reportó 15 contratos por más de 49 millones en 2022, año del que solo hay cuatro contratos por 6.4 millones en la PNT.
De la información disponible en esta plataforma de información pública se desprende además que la empresa sancionada por EE.UUU. recibió al menos seis contratos en 2024, por más de 17 millones de pesos, y ocho contratos en 2025, por más de 33.2 millones, de acuerdo con una revisión realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Los contratos otorgados a la empresa ligada al Cártel de Sinaloa abarcan los periodos de Iván Carpio Sánchez, que encabezó la Fiscalía de enero de 2022 a agosto de 2023, y de la actual titular María Elena Andrade Ramírez, elegida por mayoría calificada por el Congreso de Baja California en agosto de 2023 y quien fue nombrada por un periodo de seis años.
Algunos de los contratos asignados por la Fiscalía estatal a Inteliproof fueron incluso financiados con recursos de bolsas federales de seguridad, como uno por 8.1 millones de pesos otorgado en 2024 con recursos autorizados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para el suministro de uniformes tácticos para la corporación.
Y Gobierno de Marina del Pilar contrató a compañía lavadora para equipar policía
La Administración de la Gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila –cuyo exesposo Carlos Torres Torres fue sancionado por la OFAC como operador clave en la red criminal– también ha contratado a la empresas Inteliproof Efficient, identificada por las autoridades estadounidenses como una de las empleadas para lavar dinero del Cártel de Sinaloa.
La compañía ha recibido entre 2022 y 2025 al menos siete contratos del gobierno estatal que es encabezado desde noviembre de 2021 por Ávila, que suman 16.5 millones de pesos, de acuerdo con una revisión de procedimientos de licitación realizada por MCCI.
Mientras que en 2022 obtuvo un contrato para la adquisición de uniformes y equipo de protección para la Secretaría de Seguridad Ciudadana por más de 7.5 millones de pesos, en 2023 se le asignaron dos contratos que suman más de 2.8 millones de pesos para el suministro de uniformes del Bachillerato Militarizado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la compra de equipo táctico para la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.
En 2024 recibió tres contratos que ascienden a 3.4 millones de pesos por ropa de protección para la Comisión Local de Búsqueda, equipo de cómputo, almacenamiento digital y accesorios, y suministro de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, todos ellos otorgados el mismo día por la Oficialía Mayor de Gobierno.
Y en 2025 aparecen dos fallos a favor de Inteliproof, que suman 2.8 millones de pesos, por la venta de equipo antimotín para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de uniformes y prendas de protección para la misma corporación.
Además de la Fiscalía de Baja California y del Gobierno estatal, se encontró que la compañía sancionada por el Departamento del Tesoro ha recibido también contratos de ayuntamientos de la misma entidad como Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate.
Entre ellos se encuentran al menos cuatro contratos asignados por Rosarito entre 2022 y 2025, que suman más de 12.8 millones de pesos, entre ellos dos para la compra de unidades y uniformes para su policía financiados con recursos federales, como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).
En septiembre de 2025, la diputada federal morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, quien fue Alcaldesa de Playas de Rosarito de octubre de 2019 a septiembre de 2024 –periodo en el que se otorgaron los contratos– fue también sancionada por la OFAC y vinculada a con la misma red del Cártel de Sinaloa en Baja California y con “La Rana”.
La empresa de seguridad señalada por Estados Unidos y cuyas cuentas fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera junto con las de todas las compañías y personas sancionadas por la OFAC, fue constituida en octubre de 2020 en Tijuana.
De acuerdo con las actas públicas disponibles del Registro Público de Comercio, consultadas por MCCI, desde su creación tiene como socios a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices –sancionado– y a Jorge Enrique Figueroa Barrozo. Y, desde enero de 2022, tiene entre sus apoderados a Carlos Villela Gómez Santelices, otro de los sancionados por el Departamento del Tesoro.
El otro accionista de la empresa es Jorge Enrique Figueroa Barrozo, empresario tijuanense que presidió Canacintra en Tijuana y ex funcionario federal de la Secretaría de Economía, quien se desempeñó hasta el cierre de 2025 como coordinador del Corredor Económico del Bienestar en Baja California, siendo nombrado por Marcelo Ebrard.
