La reforma que dio origen a estas elecciones fue aprobada de forma exprés tras las elecciones de 2024, en medio de protestas, negociaciones cuestionables y una sobrerrepresentación legislativa. El proceso de selección de candidatos fue opaco, con registros masivos de última hora, renuncias en los comités evaluadores y selección final por sorteo desde el Senado. Además, los recortes presupuestales limitaron la instalación de casillas y eliminaron herramientas clave como los conteos rápidos. La falta de competencia en muchas candidaturas, denuncias por vínculos delictivos y propaganda ilegal han puesto en duda la legitimidad del proceso.