Con fecha de 26 de febrero de 1966 de la oficina del secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, salían dos sobres con documentos, uno para el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez y otro para el Jefe del Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropeza. Esos paquetes contenían lo que se conoce como Plan DN-III-E (copia v48-75). Cada uno de los folios, con un destacado sello: CONFIDENCIAL.
De acuerdo con las definiciones públicas, el Plan DN-III es un instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Armada Mexicanos para realizar actividades de auxilio a la población afectada por desastres de origen natural o humano.
Y aunque son ciertas esas imágenes que muestran a elementos del Ejército Mexicano en auxilio a la población, en ese documento que el entonces secretario de la Defensa Nacional enviaba, el objetivo principal del Plan DN-III iba más allá. En su cuarto párrafo establece su otra tarea oculta: “Mantener el orden y asegurar el buen gobierno, o restablecerlo a la brevedad posible, en caso de que así se haga necesario”.
Cuando se presentan desastres naturales, advierte, “los servicios públicos no funcionan, el orden es alterado y las autoridades civiles no son capaces por sí solas de enfrentarse a la población… Por la tanto, el Ejército Mexicano, en cumplimiento a una de sus misiones (conservar el orden interior), se ve precisado a actuar”.
“Auxiliar con toda determinación y eficacia a las víctimas del mismo, con el objeto de estrechar los vínculos de afecto que unen a las fuerzas armadas con nuestro pueblo, mantener el prestigio del gobierno y limitar los efectos físico y morales del desastre”.
Si bien y siempre de acuerdo al documento, se puede decir que las fuerzas armadas y el ejército como parte de ellas, son piezas claves en el auxilio a la población en casos de emergencia, el mismo texto sugiere que no es ni la única ni el principal función que ejercen estas instituciones del Estado en momento de crisis y emergencias.
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La puesta en acción del Plan DN-III-E ha sido recurrente en la historia reciente de México. Particularmente luego del sismo de septiembre de 1985. Aunque una de las razones por las que se recordaría al ejército en su participación de 1985, es porque la aplicación del DN-III en el entonces Distrito Federal, no fue tan exitoso como sí lo había sido en casos de huracanes e inundaciones en regiones del país. En el 85, la sociedad civil de esta ciudad, tomó gran parte de la organización y rescate de las víctimas del sismo.
Para Raúl Benítez Manaut, presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, (Casede) y experto en fuerzas armadas, el papel del ejército en el 85 se explica también desde su contexto histórico, pues sería la primera vez que el ejército volvía a las calles después de 1968 en que se le implicó con la masacre de estudiantes. Fue un volver a estar en las calles y en sociedad y no sabían cuál podría ser la respuesta de la gente.
Y si “en el 85 el ejército fue rebasado por la respuesta tan rápida y contundente de la sociedad civil, primero espontánea y poco a poco cada vez más organizada, fue porque en cierta medida era una experiencia inédita para el DN-III”. Benítez Manaut dice que a eso habría que agregarle la tensión que se sabe se ocurrió al interior del gobierno de Miguel de la Madrid entre establecer un estado de sitio (planteamiento de la SEDENA), y el de SEGOB y el gobierno del entonces Distrito Federal, de dejar que fluyera la iniciativa de la sociedad civil, pues intentar contener esta organización social hubiera sido muy costoso políticamente.
Existen elementos prácticos que también complicaron el papel del ejército en la ciudad en ese momento, como el hecho de que el DN-III para huracanes e inundaciones casi no se aplica en grandes ciudades, sino sobre todo en pequeñas ciudades y pueblos costeros, donde la población es muy humilde y respalda mucho la ayuda militar, explica Benítez Manaut.
Para el especialista y profesor durante años en las fuerzas armadas, algo similar pasa ahora con la Guardia Nacional. Se despliega en CdMx pero en zonas marginales y populares, no en el casco central de la ciudad. “El pueblo sí apoya a las fuerzas armadas, pero la clase media para nada”.
Y no es nada menor eso de la imagen, algo que va directo a la percepción social que se tiene de las acciones de las fuerzas armadas, particularmente del ejército mexicano.
Máxime cuando en los últimos años precisamente la imagen del ejército se vino deteriorando, básicamente por, entre otras razones, su papel contra el narcotráfico y la infiltración de éste en sus filas. De acuerdo a investigaciones periodísticas, el narcotráfico habría infiltrado al ejército a través de altos mandos de la estatura de los generales Jesús Gutiérrez Rebollo y Mario Arturo Acosta Chaparro.
Y dos, la violación de los derechos humanos en diversos operativos, como el del caso Tlatlaya, donde también investigaciones periodísticas demostraron que elementos del ejército habrían disparado contra presuntos delincuentes cuando estos ya habían sido sometidos. Les habían dado el tiro de gracia con autorización de los superiores castrenses.
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Una consulta al sitio de la Sedena confirma que el documento del DN-III sigue siendo el mismo de los años sesenta y que entró en operación cuando impactó el huracán Inés en octubre de 1966: “se pone en ejecución por primera vez, con resultados positivos, propiciando una recuperación rápida de la zona de desastre”.
Pero lo que el sitio no explica es que la creación del Plan DN-III (1965) ocurrirá a la par de una serie de movimientos sociales que van germinando ese año y que terminarán sacudiendo desde sus raíces al país en esa y la siguiente década.
Por ejemplo, el 13 de enero de 1965 los médicos de todo el país han paralizado los servicios de salud: 59 hospitales de la ciudad de México y 48 de los estados. Sus demandas en ese momento, al igual que en estos días de pandemia, iban de mejorar las condiciones laborales hasta lo más básico: equipos de trabajo: zapatos, vestuario, etcétera. El paro médico obligó al gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz a responder a sus demandas, al tiempo que se abrían las puertas para otros movimientos.
El documento origen del DN-III tiene fecha de 22 de septiembre de 1965. Y exactamente al día siguiente, el 23, ocurrió la que sería una de las primeras irrupciones de la guerrilla en contra el ejército. Ese día, un grupo de jóvenes armados atacó el cuartel Madera, en Chihuahua.
Esa acción guerrillera sería derrotada, pero quedaba la semilla de lo que una década después fue la inspiración de grupos urbanos como la Liga Comunista 23 de septiembre y rurales como el Partido de los Pobres, comandado por Lucio Cabañas en la sierra de Guerrero.
En ambas guerrillas, la rural y urbana de los 70´s, el ejército mexicano tendría un papel protagonista para su eliminación. También serían, en gran medida responsables en la detención, tortura y desaparición de más de 500 personas, según documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (recomendacion 26/2001), en lo que se conoce como la guerra sucia de los años setenta que, aunque insuficientemente conocida por la población, si está documentada en los archivos que guarda el Archivo General de la Nación, lugar donde hace años nos encontramos con miles de documentos de un fondo que proviene de la Secretaría de Gobernación… y entre esos, los del Plan DN-III-E.
De acuerdo con el estudio México: doctrina, historia y relaciones cívico-militares a inicios del siglo XXI, de Benítez Manaut, las fuerzas armadas, a nivel operativo, dividen sus misiones en dos: El Plan DN-I, para la defensa de la nación, el territorio y la población ante un enemigo externo y el Plan DN-II, para colaborar en la paz social y la seguridad interna.
El Plan DN-II es lo que se considera la actividad medular de las fuerzas armadas mexicanas. Por la historia de México, parte muy importante de los recursos e hipótesis de guerra en México se centran en amenazas internas. Éstas van desde la existencia de grupos armados que desafían el poder del Estado, hasta misiones que se asignan a las fuerzas armadas, la mayoría de ellas por insuficiencia de otras instituciones del Estado y gobierno en México, sobre todo de seguridad pública en el ámbito rural.
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Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia (2018) comenzó una fina y quirúrgica reconstrucción de la imagen de las Fuerzas Armadas y, muy en particular del ejército, dotándole de mayor poder y presencia pública.
El actual presidente no sólo ha buscado restituir la imagen del ejército, sino además una y otra vez presume su buena relación con el mundo castrense. Al ejército le ha encargado uno de los proyectos insignia de este sexenio: el aeropuerto Felipe Ángeles en terrenos también militares, y el mando indirecto de la Guardia Nacional que se planea en tres años la conformen unos 50 mil elementos.
Con esos antecedentes y la nueva etapa de su historia que viven en este gobierno, las fuerzas armadas entran a escena en uno de los papeles quizá más demandantes y superior al del sismo de 1985: una pandemia global provocada por un virus que, al momento que esto se escribe, ha contagiado a más de tres millones y medio de personas y provocado la muerte de al menos 250 mil en todo el mundo.
Ante este escenario, hay varias interrogantes elementales: ¿El DN-III fue diseñado para este tipo de emergencias? ¿El ejército estará preparado?
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El primer caso confirmado de una persona con este coronavirus en México se presentó el 28 de febrero. Pero fue hasta el 24 de marzo que el gobierno decretó la fase 2 de la pandemia en México cuando aparecieron los primeros casos de contagios comunitarios.
Fue en el contexto de la fase 2 que se anunció la entrada en el escenario de la Defensa Nacional a través del Plan DN-III. El titular de Sedena, general Luis Crescencio Sandoval dijo que con el plan se buscaba “complementar todas las capacidades del sistema de salud en el territorio nacional”.
Estos eran los números con los que entraba en acción el Plan DN-III:
Cinco hospitales de alta especialidad,
36 hospitales,
272 clínicas con una capacidad de hospitalización de 2 mil 523 camas,
50 más de terapia intensiva,
23 cuartos para aislamiento,
1, 738 médicos cirujanos,
1,727 enfermeras,
884 oficiales de sanidad,
649 cirujanos dentistas,
3,600 personal operativo para brindar todo tipo de apoyo.
Si fuera necesario, dijo, se contratarían un 3,500 médicos adicionales para alcanzar más de 20,000 elementos.
El martes 31 de marzo el Plan DN-III pasó a formar parte del decreto para la emergencia sanitaria. El punto cinco del decreto establece que la Defensa Nacional, Marina Armada de México y Guardia Nacional tomarán las medidas para garantizar la seguridad de las personas y sociedad conforme a sus perspectivas atribuciones, así como para la protección y resguardo de instalaciones estratégicas y redes públicas de comunicación; velando siempre por el debido respeto a los derechos humanos.
El primero de abril, ya como parte del Plan DN-III, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), entregó al ejército el control de 34 hospitales
Y aunque desde el 24 de marzo el presidente anunció la entrada en acción del plan militar, el lunes 3 de mayo informó que empezaba su aplicación junto con el Plan Marina, ambos para reforzar toda la estrategia contra la pandemia del coronavirus.
De los datos nuevos que el mismo secretario de la defensa presentó en la conferencia matutina fue que, por instrucción del presidente, todas las instalaciones sanitarias se convertían para atención al Covid-19, es decir, 117 instalaciones en toda la República mexicana, que son hospitales de especialización, hospitales militares de zona y unidades médicas de consulta externa.
Informaba también que en el Hospital Central Militar, que es su principal instalación sanitaria, de las 649 camas se tenían ya ocupadas 262 (disponibles 387) y de las 21 para terapia intensiva, 15 estaban ocupadas (6 disponibles).
Esto, en una semana en que México entró en su semana en la que, según los cálculos de las autoridades de salud, se alcanzaba el punto más alto de la pandemia. Hacia el fin de semana, según las cifras oficiales, había cerca de 30 mil contagiados y 2 mil 961 defunciones.
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El documento original del Plan DN-III (unas 40 páginas) es abundante en detalles de las tácticas y estrategias del ejército en caso de huracanes, ciclones, sismos, incendios, deslaves… pero, por lo menos en el documento, nunca estuvieron en su escenarios de futuro, algún tipo de epidemia-pandemia como causa grave que pusiera en riesgo la seguridad nacional y de los habitantes y que eso requiriera de una preparación particular de las fuerzas armadas, como si ante los otros tipos de desastres y emergencias.
Raúl Benítez Manaut, experto en fuerzas armadas, lo explica con sus palabras y datos que ha ido construyendo durante años: “Los soldados apenas si tienen entrenamiento de enfermería, por lo que existe un elevado riesgo de contagio, similar a lo sucedido en los hospitales públicos como el IMSS”.
Siguiendo con el análisis de Benítez Manaut: “no se debe estresar mucho al sistema de salud militar, porque este estaría pronto rebasado, particularmente en las ciudades”.
Donde sí podría tener ciertas ventajas, dice Manaut, es en zonas rurales alejadas donde no hay hospitales del sistema de salud del gobierno. Toda guarnición militar tiene un pequeño hospital o centro de salud, de 10 a 15 médicos y enfermeros y si dan atención básica a la población lugareña que no tiene derecho a los servicios de salud, o vive muy alejada de ciudades medianas o grandes.
Aunque de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, hasta hoy el mayor porcentaje de contagios se ha dado en las ciudades más pobladas y no en pequeñas comunidades.
“Pero otro de los retos sanitarios que van a enfrentar esos pequeños hospitales militares, es la población migrante sobre todo los que está expulsando Estados Unidos o que están regresando por miedo a contagiarse en ese país. Sin la capacidad de los centros de salud castrenses, los contagios podrían expandirse en las zonas rurales.
“Usando lenguaje militar, el DN-III es para sismos, huracanes e inundaciones graves de ríos y presas, pero se concentran en una ciudad o región, y por un tiempo determinado. Pero esta pandemia es en todo el territorio nacional, es un fenómeno nuevo, que no está focalizado geográficamente, y el tiempo se vislumbra prolongado, lo generará gran sobrecarga a los militares si deciden desplegarlos activamente”.
A dos meses y medio de la aparición del primer caso (28 de febrero) se han dado múltiples manifestaciones de personal médico de hospitales públicos denunciando el contagio y muerte por la falta de equipo y materiales suficientes y adecuados para atender a los pacientes con Covid-19.
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En ese mismo catálogo de emergencias nacionales, el DN-III da cuenta de otro tipo de desastres que, aun cuando son menos frecuentes y los daños no tan considerables en la población, también atendería, como trombas, maremotos, torbellinos y tornados, incendios, explosiones, accidentes mayores: ferroviarios, aéreos y marítimos.
La guía de catástrofes se basaba en la estadística que en ese momento tenía Sedena de un compilado de datos desde 1921 y hasta 1964, periodo de tiempo en que habían ocurrido un total de 621 ciclones tropicales, de los cuales 162 habían tocado territorio nacional en las costas orientales del Mar y Golfo de México y costas del Pacífico… Pero de lo que no se ocupa el DN-III es de las epidemias o pandemias como problemas de interés y urgencia nacional.
Y es esa capacidad militar de reacción ante fenómenos naturales, lo que les avala para poner en marcha el DN-III. Aunque en su lado oculto están, discretos, el propósito central: mantener el orden social.
Aquí algunos de esos argumentos para la ejecución de esa parte no tan pública del DN-III:
–Por lo regular las autoridades municipales o de otro tipo, encargadas de intervenir, son insuficientes por carecer principalmente del personal necesario para controlar al pueblo.
–Las Fuerzas Armadas deberán, cuando sus misiones no se vean afectadas por ello, intervenir en auxilio de otras autoridades, tanto para ayudar en la lucha contra los efectos del siniestro, como para ayudar a controlar a la población.
–Porque los desastres producen en las regiones devastadas, un estado psicológico que se caracteriza por una moral quebrantada de la población. Aunado esto a la suspensión temporal de los servicios de seguridad, orden público y administrativo en el área afectada, se facilita la ejecución de delitos diversos (robos, despojos, ultrajes, etc.) creando una situación de inseguridad, lo cual exige la intervención de las FF. AA. en auxilio de las autoridades civiles para conservar el orden, vigilar y ejecutar en su caso la operación de auxilio y rescate en provecho de la población.
Algunas de las medidas de seguridad que se establecen son, vigilancia de la zona afectada, a fin de evitar el pillaje; vigilancia de las rutas de evacuación para evitar ultrajes y desórdenes; organización del organismo de control de la población afectada, la recepción y difusión de la información; vigilancia de los sitios de concentración; vigilancia de los centros de distribución y depósito de víveres, medicinas y ropa.
Para poder ejecutar todo esto, dice en el apartado de las capacidades de las Fuerzas Armadas, “la ley orgánica previene que el Ejército y la Armada, son instituciones destinadas a defender la integridad e independencia de la Patria, a mantener el imperio de la Constitución y de las demás leyes a CONSERVAR EL ORDEN INTERIOR”. (En mayúsculas en el original)
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Parafraseando al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que la crisis de la pandemia nos ha “caído como anillo al dedo”, es posible que esta crisis sanitaria le pudiera resultar “oportuna” al ejército. Si las cosas le salen bien, las fuerzas armadas estarían logrando varios de los objetivos no explícitos u ocultos que el DN-III planteaba en su documento original, como:
Reconstruir la imagen de unas fuerzas armadas frente a la sociedad que se vino deteriorando en los últimos años y, de paso, el afecto de ciertos grupos sociales.
Recuperar un papel determinante como coordinador de todas las instituciones del Estado en situaciones de alto riesgo, como se señala en el anexo A “E” –1 del documento de origen: “…el objeto fundamental del DN-III será establecer las medidas tendientes a capacitar mejor a las fuerzas armadas mexicanas, para intervenir efectivamente en auxilio de la población civil, pero, adicionalmente, evitar que el esfuerzo de nuestro gobierno para aminorar los efectos del desastre en la zona devastada, desmerezca ante la opinión pública nacional y mundial y, crear en nuestro pueblo un ambiente de confianza y respeto a la capacidad de nuestro gobierno en general y de nuestras fuerzas armadas en particular, para, mediante su colaboración, limitar o reducir las consecuencias de un desastre”.
Y quizá lo más importante, recuperar una presencia real de poder en el terreno al mantener el orden social ante posibles actos de la delincuencia común, o brotes de organización social espontánea, situaciones que suelen ocurrir en tiempos de crisis o emergencias.
