Desde hace cuatro años, el Gobierno de México le impuso a Odebrecht, a una empresa asociada y a dos ex directivos sanciones equivalentes a 91 millones de dólares, pero a la fecha no ha podido cobrarles ni un peso.
Peor aún, Odebrecht ya logró que se le anularan multas por 54 millones de dólares y mantiene abierto un litigio con el que busca que se le cancelen otros 27 millones.
También se anularon multas por 10 millones de dólares más a un ex directivo de la compañía y a una empresa con la que Odebrecht estuvo asociada en la trama de corrupción en México.
Además de no pagar ni un peso de multas o reparación del daño por actos de corrupción, Odebrecht ha logrado, mediante litigios, que las autoridades mexicanas le cubran supuestos adeudos por obras ejecutadas y no pagadas en la refinería de Tula por 91 millones de pesos (unos 4.5 millones de dólares) y reclama una indemnización por un contrato cancelado en la refinería de Salamanca.
Las inhabilitaciones a la empresa ya vencieron este año, por lo que Odebrecht ya puede volver a concursar para obtener contratos en México.
Ni acuerdo, ni castigo, ni pruebas
A finales de 2018 y a inicios de 2019, Odebrecht ofreció al gobierno de México firmar un acuerdo de colaboración. La empresa se comprometía a pagar 18 millones de dólares de reparación del daño a cambio de que no se fincaran responsabilidades penales a sus ex directivos, y permitirle continuar como contratista.
Además de una indemnización, Odebrecht ofreció aportar información documental para esclarecer el caso de corrupción y señalar a los funcionarios involucrados.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó el acuerdo. También se negó a suscribir un compromiso con la Fiscalía de Brasil, para obtener información sobre el caso de Odebrecht a cambio de inmunidad legal para la empresa y sus ex directivos.
La FGR decidió seguir su investigación por su cuenta, para lo cual realizó 50 peticiones de asistencia jurídica a 18 países, a los que ha requerido apoyo para obtener documentos y testimonios. A Brasil se le hicieron 9 solicitudes.
El argumento de las autoridades mexicanas para no suscribir el acuerdo fue que se buscaría fincar responsabilidades a Odebrecht, a sus asociados y ex directivos, con multas que superaban los 90 millones de dólares, una cantidad 5 veces superior a la propuesta de convenio de reparación de daño que ofrecía la empresa.
No obstante, al paso de los años el gobierno de México no ha podido cobrar ni un peso de multas ni tampoco obtuvo la información documental que le hubiera permitido esclarecer la trama de corrupción, y mucho menos obtuvo indemnización de la empresa.
Las sanciones que no fueron
En diciembre de 2016, ejecutivos de Odebrecht se declararon culpables ante una corte federal en Estados Unidos de haber pagado sobornos en una docena de países en América Latina y África a cambio de contratos de obra.
Odebrecht confesó en aquel momento haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos en México, aunque los pagos ilegales fueron de casi el doble, como se expondrá más adelante.
Tras hacerse públicos los sobornos que Odebrecht había pagado para obtener contratos en México, la Secretaría de la Función Pública (SFP, el órgano encargado de investigar y castigar la corrupción) aplicó sanciones a la constructora brasileña, a una asociada y a sus directivos, que en conjunto sumaron alrededor de 1,840 millones de pesos (unos 91 millones de dólares, al tipo de cambio actual).
La primera sanción fue notificada a la Constructora Norberto Odebrecht SA el 7 de febrero de 2018. El castigo, sin embargo, no fue por haber cometido actos de corrupción, sino por haber cobrado servicios por duplicado en un contrato asignado en la refinería de Tula.
En el expediente 0006/2017, el órgano interno de control de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusó a Odebrecht de haber actuado con dolo, “al duplicar de manera improcedente actividades del contrato como extraordinarias, no obstante que dichas actividades ya se encontraban previstas” en uno de los anexos.
El contrato que motivó esa primera sanción corresponde a obras de “Acondicionamiento y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo de Tula”, por un monto de 2 mil 135 millones de pesos (unos 115 millones de dólares). De acuerdo con declaraciones realizadas ante autoridades por ex directivos de Odebrecht, ese contrato fue obtenido en 2014 mediante el pago de sobornos a Emilio Lozoya, en aquel entonces director de Pemex.
A pesar de las irregularidades descritas, las autoridades mexicanas impusieron a Odebrecht una primera multa de apenas 1 peso (equivalente a 5 centavos de dólar), y la inhabilitación por dos años para obtener contratos gubernamentales en México.
Dos meses después de la primera sanción, las autoridades mexicanas notificaron otros cuatro procedimientos contra Odebrecht y dos de sus ex directivos. Esta vez, los castigos sí fueron monetarios, pues se impusieron multas que en conjunto sumaron 1,089 millones de pesos (unos 54 millones de dólares al tipo de cambio actual).
El 17 de abril de 2018 se notificó a las empresas Norberto Odebrecht y a su filial Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México la aplicación de dos multas, cada una por 543 millones de pesos, y la inhabilitación por 2 años y 6 meses para obtener contratos gubernamentales.
Al igual que en el primer procedimiento, las sanciones no fueron por los actos de corrupción, sino porque ambas empresas supuestamente se confabularon para simular el cumplimiento de los requisitos en un segundo contrato por 1,811 millones de pesos (unos 90 millones de dólares) para la construcción de accesos y obras externas en la Refinería de Tula.
Dos directivos también fueron sancionados por las irregularidades en ese contrato. A Luis Alberto de Meneses Weyll y a Gleiber José de Faria, quienes se desempeñaban como director general y de administración de Odebrecht en México, respectivamente, se les aplicó una multa de 1 millón 262 mil pesos a cada uno, además de inhabilitarlos por dos años 3 meses.
Acusaciones de fraude y sobrecostos
En abril de 2019, la Secretaría de la Función Pública abrió dos nuevos expedientes contra la constructora brasileña.
A la filial Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México se le acusó de presentar información falsa en un convenio modificatorio para ceder derechos y obligaciones en un contrato en Tula, y por esa falta se le aplicó una nueva sanción por 543 millones de pesos.
Mientras que a Constructora Norberto Odebrecht se le fincaron responsabilidades “por haber actuado con dolo” durante la vigencia de un contrato en la misma refinería y “por haber realizado cobros en exceso, en detrimento del patrimonio de Pemex”, según el expediente de la SFP.
A las dos compañías se les inhabilitó por 3 años. Esas sanciones fueron anunciadas por la entonces titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, quien aseguró que eran una muestra de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Construcciones Industriales Tapia, compañía que se había asociado con Odebrecht en Tula, fue sancionada en junio de 2019 con una multa de 206 millones 658 mil pesos, y la prohibición de 2 años y 6 meses para recibir contratos en el Gobierno. Se le castigó porque según el expediente de la SFP, “presentó información falsa con el propósito de obtener un beneficio o ventaja” en un contrato, conducta que según las autoridades representó una violación a la Ley Federal Anticorrupción.
Se cancelan multas millonarias
Tanto Odebrecht como sus directivos libraron las sanciones de las autoridades mexicanas por vencimiento de plazos y por resoluciones de tribunales a favor de la constructora brasileña.
En un primer expediente administrativo sancionatorio, iniciado el 7 de febrero de 2018, se estableció una inhabilitación de dos años contra Constructora Norberto Odebrecht.
Sin embargo, el plazo del castigo ya venció desde febrero de 2020, por lo que la SFP la dio de baja del directorio de empresas sancionadas; de esa manera, Odebrecht puede volver a concursar por contratos en México.
En otros dos expedientes iniciados en abril de 2018 también venció el plazo de inhabilitación desde octubre de 2020.
Además, dos sanciones por 1,089 millones de pesos fueron canceladas en junio de 2022 por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en cumplimiento a una sentencia dictada por el décimo primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito.
Odebrecht impugnó legalmente las multas que la SFP le había impuesto a dos de sus empresas en abril de 2018, y tras cuatro años de litigio, el tribunal resolvió a su favor el 17 de marzo de 2022.
En el portal de sanciones de la Función Pública se incluyó una leyenda en los mencionados expedientes, en la que se informa que, en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado, “se deja insubsistente la resolución” contra Odebrecht “y en consecuencia las sanciones impuestas”.
Ese fallo también benefició a Gleiber José de Faria, ex director administrativo de Odebrecht, a quien el SAT le canceló la sanción en su contra por 1 millón 262 mil pesos.
La resolución judicial establece que las compañías de Odebrecht y el ex directivo “no incurrieron en las conductas irregulares que se les atribuyeron, respectivamente, consistentes en la evasión o simulación del cumplimiento de las reglas o requisitos” del contrato.
El SAT acató la sentencia y el 27 de junio de 2022 les notificó que había cancelado las gestiones para el cobro de las multas.
Los notificadores del SAT acudieron a la torre Esmeralda II, en Lomas de Chapultepec, pero la recepcionista les informó que Odebrecht había desocupado ese domicilio desde hacía cinco años, cuando estalló el escándalo de corrupción.
Weyll se va sin pagar
El ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, también libró las sanciones.
En declaraciones judiciales ante autoridades brasileñas y mexicanas, Weyll ha reconocido que él fue quien negoció los sobornos con Lozoya y, pese a ello, su caso quedó en total impunidad, pues el SAT nunca pudo cobrar la sanción monetaria que le había fijado, ya que desde 2018 abandonó el país.
Además, el 18 de julio de 2020 quedó sin efecto la inhabilitación en su contra.
Construcciones Industriales Tapia (Citapia), empresa que había sido señalada por Weyll como parte de la trama de corrupción de Odebrecht, también logró mediante un litigio que se le cancelara una multa por 206 millones de pesos.
La SFP informó que se le dio de baja en su sistema de empresas sancionadas, “en virtud de que mediante acuerdo de 26 de noviembre de 2020, emitido por el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México” se dejó sin efecto la multa.
En su caso, se le había aplicado una inhabilitación de 2 años y 6 meses, la cual venció el 6 de diciembre de 2021, por lo que puede volver a contratar con el Gobierno.
De hecho, una empresa creada por Tapia ha tenido participación en la refinería de Dos Bocas (una de las obras emblema del gobierno de López Obrador) mediante un contrato por 75 millones de dólares que obtuvo en consorcio con otras dos sociedades mercantiles.
Pemex le paga por obras canceladas
Odebrecht no sólo ha librado el pago de multas, sino que además ha emprendido litigios para reclamar a Pemex el pago de adeudos por obras canceladas.
La constructora reclama el incumplimiento del contrato “Desarrollo de la fase I del proyecto conversión de residuales de la refinería de Salamanca”, el cual había sido asignado en noviembre de 2014 a un consorcio que encabezaba la Constructora Norberto Obedrecht SA. El pago reclamado es de 16 millones 685 mil dólares.
La constructora brasileña también impulsó un litigio en el que reclamaba el pago de un monto equivalente a 90 millones de dólares por la obra “Construcción de accesos y obras externas” en la refinería de Tula.
En julio de 2022 un juez federal falló a favor de Odebrecht, pero no por el total del monto reclamado a Pemex, sino sólo por 4.5 millones de dólares por trabajos ejecutados que Pemex supuestamente no le había pagado entre 2016 y 2017, además de anularse un finiquito equivalente a 3 millones de dólares que reclamaba la petrolera mexicana.
Ya puede volver a contratar
En abril de 2022 venció el plazo de las dos últimas inhabilitaciones que se habían establecido contra Odebrecht, por lo que a partir de esa fecha la constructora brasileña ya puede volver a concursar por contratos públicos en México, ahora con su nueva denominación Novonor.
Los expediente 0001/2018 y 0002/2018 de la SFP establecieron 3 años de prohibición para que dos empresas de Odebrecht fueran contratadas por entidades gubernamentales.
La sanción fue publicada el 26 de abril de 2019 y se aplicó a partir del día siguiente, por lo que tuvo vigencia hasta el 27 de abril de 2022.
Al cumplirse el plazo, el nombre de Odebrecht fue borrado del listado de empresas inhabilitadas.
No obstante, sobre el procedimiento 0001/2018 todavía está en litigio el cobro de una multa por 543 millones de pesos (unos 27 millones de dólares).
El área jurídica de Pemex informó que la sancionada promovió un juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya Sala Superior dictó resolución el 13 de octubre de 2021 en la que reconoció la validez de la multa. Sin embargo, la empresa promovió una demanda de amparo y el litigio sigue abierto.
Ni siquiera Lozoya, el principal acusado en la trama de corrupción de Odebrecht, ha pagado sanciones.
En el reporte 242/22, la Fiscalía General de la República informó que el ex director de Pemex no había cumplido con la reparación del daño que es obligatoria en el caso.
¿Quién debió cobrar?
Si bien las sanciones fueron aplicadas por la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Responsabilidades de Pemex, esa dependencia no tiene facultades para cobrar las multas.
De acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la atribución del cobro de las multas correspondía al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
No obstante, la promoción de los medios de impugnación que presentó Odebrecht ante instancias judiciales fue una de las causas por las que no se cobraron las sanciones.
La justicia selectiva: una historia de impunidad
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht confesó haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos en México entre 2010 y 2014. Sin embargo, nueva información difundida el 27 de octubre de 2021 por dos consorcios de periodistas reveló que la constructora brasileña había pagado al menos otros 9.2 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos.
Un expediente de 334 páginas al que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), como parte del proyecto colaborativo Investiga Lava Jato coordinado por la organización Convoca, de Perú, evidenció que los pagos ilícitos de Odebrecht iniciaron en México en el año 2006, a favor de personajes involucrados en la construcción de una obra hidráulica en Michoacán.
Con esa revelación se pudo saber que entre 2006 y 2014 Odebrecht había pagado sobornos por al menos 19.7 millones de dólares en México. En el mismo periodo la constructora obtuvo contratos de obra pública por más de 2,570 millones de dólares, de acuerdo con información documental recopilada por MCCI.
Es decir, los sobornos representaron menos del 0.8 por ciento del monto que Odebrecht obtuvo en contratos en México en los sexenios de Fox, Calderón y Peña.
Los contratos se distribuyeron así: 1,429 millones de dólares en el fallido proyecto de elevar la producción de gasolinas en las refinerías de Minatitlán, Salamanca y Tula; mil millones para la construcción de un gasoducto en el norte de México y el equivalente a 145 millones de dólares en una presa en Michoacán.
El primer contrato fue en Michoacán en 2005, cuando ese estado era gobernado por Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Odebrecht construyó en aquel estado la presa hidroeléctrica “Francisco J. Múgica”, cuyo costo original era de 1,500 millones de pesos, pero se elevó a 2 mil 915 millones.
En la etapa final del gobierno de Vicente Fox, Odebrecht obtuvo dos contratos para modernizar la refinería de Minatitlán, pero la obra la entregó hasta 2013, a un sobrecosto del 66% y con un rezago de cinco años. El compromiso de la empresa era realizar la obra en 635 millones de dólares, pero el gobierno de Felipe Calderón aceptó pagar un excedente y contratos adicionales por 420 millones de dólares.
Ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Odebrecht obtuvo otros tres contratos en Pemex para obras en la reconfiguración de las refinerías de Tula y Salamanca, así como para la construcción de un tramo del gasoducto Los Ramones.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) han mostrado que una porción de los sobornos de Odebrecht en México fueron para pagar campañas electorales del PRI en los estados de Tamaulipas y Veracruz, así como del candidato presidencial de ese partido en 2018, Enrique Peña.
A pesar de que hay documentos y declaraciones ministeriales que comprueban que la trama de corrupción de Odebrecht en México va de 2006 a 2014 e involucra a distintos gobiernos locales y federal, la Fiscalía General de la República ha centrado su acusación en torno a los señalamientos que ha realizado Emilio Lozoya, ex director de Pemex, a quien le ofreció beneficio procesal a cambio de información.
Se ha dado una justicia selectiva, pues el caso ha dejado de lado o ha minimizado el posible involucramiento de personajes que colaboran en el actual gobierno de López Obrador, como Leonardo Cornejo, quien firmó los contratos a favor de Odebrecht en la refinería de Tula y quien ahora es directivo de Pemex, con responsabilidad en la ejecución del proyecto petrolero de Dos Bocas; o Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores, quien en su periodo como gobernador de Michoacán asignó la obra de una presa a la constructora brasileña.
En Perú, Odebrecht colaboró en investigación y pagó US89 millones
Mientras en México Odebrecht logró eludir las sanciones, en otros países se logró que la constructora pagara indemnizaciones por daños.
En Perú, por ejemplo, se creó una Procuraduría especializada para atender el caso Lava Jato, el fenómeno de corrupción más grande de América Latina en el que se confabularon varias empresas, incluida Odebrecht.
Silvana Carrión Ordinola es la procuradora titular y en entrevista con la alianza Convoca-MCCI contó que uno de los puntos claves para lograr que se consolidara la reparación económica del daño fue la especialización para entender en qué consisten estos casos de corrupción.
“Gracias a esa especialización, lo que hemos podido visualizar es que ha habido un patrón criminal de las empresas, de cómo se han comportado en mucho de los proyectos, desde el brazo político al inicio, la captación de las esferas de alto poder en la parte política, los funcionarios públicos a cargo de estos proyectos. Hemos visto el diseño legal como parte de este patrón criminal. Detectar a los funcionarios públicos que estaban a cargo de las licitaciones y estaban comprometidos en este esquema de corrupción”.
-¿Cómo se calcula la reparación? -se le preguntó.
-Nosotros como Procuraduría hacemos un rastreo temprano de bienes. Lava Jato, como es un caso de corte meramente económico, lo que ha habido que entender es que los empresarios o la gente vinculada a la esfera de alto poder, lo que tratan de hacer siempre es esconder esos bienes para que cuando lleguen los juicios y las sentencias, finalmente no tengan nada a su nombre. Entonces, desde que comienza una investigación penal, a nivel preliminar, lo que hacemos es un rastreo de bienes de todas las personas que están siendo investigadas, de cara a pedir las medidas que correspondan. En un primer momento nosotros no podemos ir directamente al juez a pedir estas medidas, porque la norma procesal indica que hay un momento posterior, que se llama investigación preparatoria, en la que nosotros podemos acudir ante el juez. Pero en la etapa preliminar, que es donde los investigados intentan transferir sus bienes, tratamos de asegurar los bienes a través de la Fiscalía. Le hacemos estos pedidos a la Fiscalía, porque la Fiscalía sí tiene competencia para pedirle directamente al Juez.
“En nuestro país hay dos marcos legales para fijar la reparación civil. Tenemos el Código Civil, con el daño patrimonial y extrapatrimonial, pero a la par tenemos una ley especial, que se promulgó en el año 2018, que es la Ley 30737, y es una Ley que surge como respuesta a todo el fenómeno de corrupción que estaba viviendo el país y que pondera la parte económica, con la parte de justicia, de cara a cautelar la reparación civil.
“Es decir, esta ley lo que hace, de alguna manera, es incluir a empresas o si se cumple determinados supuestos, las empresas ingresan en esta ley y esta ley tiene figuras de fideicomisos para poder retener flujos, para poder garantizar bienes, a través de fideicomisos, para eventuales reparaciones civiles, pero a la vez permite que las empresas puedan continuar en su actuar económico comercial, puedan continuar con la cadena de pagos, pero a la vez asegurar un futuro pago de reparación civil.
“Con esta ley las empresas tienen que pedir permiso si quieren vender sus activos, si quieren transferir dinero al exterior, hay fondos retenidos. La ley combina el tema del aseguramiento de la cadena de pagos y la parte económica, pero sin dejar desprovista de una eventual reparación civil.
“Esta ley fija un reglamento que incluye fórmulas para el cálculo de la reparación civil. Lo que hacen estas fórmulas es matematizar la reparación civil a través de determinadas fórmulas. Y tienes una fórmula para los contratos de asociación pública-privada, otra para los contratos de obra pública, una fórmula para los contratos de iniciativa privada, porque son diferentes modalidades de contratación pública. Las fórmulas capturan el porcentaje de las empresas, con las cuales han participado los consorcios; capturan la reparación civil de acuerdo al tipo de contrato al que estuvieran sometidas las compañías y en el porcentaje en el que participaron. La fórmula captura la utilidad que las empresas han conseguido en esos contratos. Se capturan todos los pagos que el estado hizo, desde que se firmó el contrato, hasta la última ejecución.
—¿Cómo se logra cobrar por la reparación económica?
—El acuerdo con Odebrecht comenzó cuando no había marco legal para tener una colaboración eficaz empresarial. La Fiscalía hizo acuerdos preparatorios con la empresa, respecto a qué información iba a entregar; es decir, sobre qué proyectos (contratos) iba a entregar información la empresa, y luego se fue desarrollando la entrega de información. Luego, en el 2018, en marzo, se promulga la ley 30737, que crea el marco legal para la colaboración eficaz internacional y ya se adecua ese proceso de colaboración de Odebrecht a este marco legal y se siguen los casos que establece la norma.
“La empresa lo que entregó fue información completa sobre cuatro proyectos (contratos), que fueron los primeros con los que se acogió a la colaboración. Entonces la Fiscalía corroboró estos cuatro proyectos, en los que estaban reconociendo hechos ilícitos. El acuerdo se cerró por estos cuatro proyectos y sobre esos contratos la procuraduría fijo una reparación civil de casi 760 millones de soles (equivalente a 189 millones de dólares).
“Son 610 millones de soles, como producto del cálculo de las fórmulas y la diferencia de los 160 millones es por los intereses, porque el pago de esta reparación civil se fijó en 15 años. Para cerrar el acuerdo, Odebrecht está en esta ley con un fideicomiso que establece la norma, que es de retención de flujos. Entonces, lo que se diseñó con la empresa es que para que paguen esa reparación civil, mientras estuvieran en el fideicomiso legal se iba a cobrar de esa retención de flujos legales. Pero una vez que salieran de la ley, por efectos de la colaboración, se diseñó con la empresa un fideicomiso contractual con la Procuraduría, en la cual iba a capturar no solamente los flujos de los contratos públicos, sino también los privados, así como dividendos y otros conceptos que no incluía la ley. De alguna manera ampliamos la base de retención de flujos en ese fideicomiso consensuado con Odebrecht. El acuerdo con Odebrecht se aprobó en junio de 2019. Han pasado tres años y la empresa viene pagando casi 132 millones de soles. Viene cumpliendo con el cronograma de pago establecido.
—¿Odebrecht recurrió a tribunales para evitar pagar la reparación?
—En el marco del acuerdo de colaboración que tienen con nosotros no ha habido ningún proceso en el cual ellos hayan pretendido no pagar la reparación civil. El acuerdo se viene cumpliendo desde que se firmó. Quizá (acudió a tribunales) respecto a otros proyectos que no forman parte de este acuerdo, porque este acuerdo es por cuatro proyectos. Quizá de otros proyectos ellos sí están reclamando en otras vías arbitrales, pero no forman parte de este acuerdo de colaboración.
— ¿Han tenido colaboraciones internacionales? ¿Con qué países?
— La cooperación internacional principalmente se ha dado con Brasil, porque ahí están los servidores de Odebrecht y es la Fiscalía de Brasil la que ha ido facilitando también la entrega de esta información. También había estas comunicaciones informales, de fiscales a fiscales, para poder programar las diligencias de los ejecutivos brasileños, porque en esas diligencias tienen que estar presentes los fiscales brasileños y las autoridades peruanas. Se hacían coordinaciones previas para las diligencias. Esa colaboración no formal luego se materializaba en un pedido formal por parte de las Fiscalías con la colaboración internacional, pero ya teniendo el camino y la fecha.
También hemos tenido colaboración con Estados Unidos, con el tema de las extradiciones, ha habido mucha colaboración, porque es el departamento americano el que litiga estos casos de extradición. También hemos tenido cooperación con Israel, con Uruguay. Básicamente con ellos. No con México. Ha habido algún pedido con México, pero es muy puntual, no es recurrente en todo caso.
—¿Qué hacen con el dinero de la reparación? ¿Cuál es el destino de los bienes?
— El dinero de la reparación civil, según señala la ley va a las cuentas de la Procuraduría General, para el fortalecimiento del sistema. Eso es lo que dice la norma, pero ahora con el tema de la pandemia y todas las restricciones presupuestales que hay, han salido normas especiales de emergencia que indican que este dinero probablemente se vaya al Tesoro público, para la repartición de otros temas. Son cuestiones excepcionales.
