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Cuauhtémoc Cárdenas y Leonel Godoy inauguraron en febrero de 2011 la presa que construyó Odebrecht en Michoacán. La obra todavía estaba sin terminar cuando se realizó el acto de apertura.

 

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Extracto de la auditoría en el que se enlistan las fallas descubiertas en la presa que construyó Odebrecht en Michoacán.

 

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Carátulas de los dos contratos y una ampliación presupuestal que los gobernadores de Michoacán Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy firmaron con Odebrecht en 2006, 2009 y 2010.

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Aspectos de la presa ‘Francisco J. Múgica’ y las obras hidráulicas que Odebrecht construyó en Tierra Caliente.

 

 


Ciudad de México, a 30 de mayo del 2017

 

La empresa brasileña Odebrecht construyó en Michoacán una presa al doble de su costo original, y la entregó incompleta, con deficiencias y con más de cuatro años de atraso.

 

Originalmente la presa ‘Francisco J. Múgica’ -ubicada en Tierra Caliente- se debió haber concluido en octubre de 2008 con un costo de 1,500 millones de pesos, pero fue entregada hasta inicios de 2013 a un costo de 2 mil 915 millones de pesos, de acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). El 86% de la obra se ejecutó con fondos estatales y el 14% federales.

 

El contrato con Odebrecht fue firmado el 29 de noviembre de 2006 por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, bajo la modalidad de “precio alzado” y “llave en mano”, lo que significa que estaba garantizado que el costo de la obra no se incrementaría.

 

Sin embargo, esa modalidad no fue respetada, pues al asumir Leonel Godoy la gubernatura de Michoacán, le otorgó a Odebrecht, en forma ilegal, una ampliación del contrato original por 601 millones de pesos, y autorizó obras adicionales por 813 millones de pesos más.

 

Entre julio de 2009 y junio de 2010, Godoy le autorizó a Odebrecht contratos extra por 1,414 millones de pesos para la conclusión de la presa. Además, su gobierno aprobó a la constructora terminar la obra hasta principios de 2012, lo cual tampoco cumplió, pues la entrega se realizó hasta 2013.

 

Dos auditorías revelaron que Odebrecht entregó una obra malhecha e incompleta. El proyecto original garantizaba la dotación de mil litros de agua por segundo para riego agrícola, pero sólo se construyó infraestructura para conducir 500 litros por segundo, es decir, la mitad.

 

Por si fuera poco, la mala planeación de la obra provocó que la presa se construyera sobre tierras en litigio. Ahora el Gobierno de Michoacán deberá restituir a campesinos las tierras que ocupa la presa y deberá pagar 9 millones 315 mil pesos por daños, según establece una sentencia a favor del ejido Naranjo de Tziritzícuaro dictada desde agosto de 2013 por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, y que fue ratificada en 2016.

 

 

Una obra improvisada

 

El 25 de agosto de 2006, el gobierno de Michoacán, que en aquellos días era encabezado por el perredista Lázaro Cárdenas Batel, lanzó la convocatoria para participar en una licitación pública para la construcción de la presa y de la infraestructura necesaria para llevar agua a dos módulos de riego en la región de Tierra Caliente, afectada con frecuentes sequías.

 

MCCI solicitó al Gobierno de Michoacán copia de todos documentos del proceso de licitación, para conocer las propuestas de cada empresa concursante. Sin embargo, lo único que entregó fue la copia del contrato firmado con Odebrecht y sus respectivas ampliaciones.

 

La obra fue asignada el 6 de noviembre de 2006 y el contrato se formalizó tres semanas después por el coordinador de la Comisión Estatal del Agua, Jesús Vallejo Esquivel, y por Fernando Antonio Costa Martins y José Vito Facciola Junior, representantes legales de Odebrecht.

 

La firma del contrato se realizó pese a que se carecía de autorizaciones federales. Fue hasta un año después, en diciembre de 2007, cuando la SEMARNAT emitió el resolutivo positivo de manifestación de impacto ambiental.

 

Mientras que el aval de la Comisión Nacional del Agua (CNA) se tramitó en mayo de 2007 -seis meses después de asignado el contrato- y se obtuvo el permiso de construcción 3769 hasta el 5 de marzo de 2008.

 

Pero todavía faltaban más permisos. En septiembre de 2009 -cuando la obra ya debía haber sido terminada- la CNA otorgó la concesión del uso de la zona federal del Río Marqués sobre el que se construiría la presa.

 

En una auditoría realizada en 2014, se descubrió que la obra carecía de permiso de interconexión para enlazar con la red nacional otorgada por la Comisión Federal de Electricidad y tampoco se tenía autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de un cruce con la autopista.

 

 

Ampliaciones para Odebrecht

 

El 14 de febrero de 2008, Leonel Godoy sustituyó en la gubernatura de Michoacán a Lázaro Cárdenas Batel, tras ganar la elección estatal como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

 

Godoy arribó a su estado natal con una amplia carrera política. Había colaborado en el gabinete de tres jefes de Gobierno del Distrito Federal (Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles y Andrés Manuel López Obrador), fue Presidente nacional del PRD, dos veces diputado federal y Senador.

 

Cuando asumió el poder, uno de sus objetivos fue concluir la presa ‘Francisco J. Múgica’. Para ello, ordenó eludir el proceso de licitación para un nuevo contrato a Odebrecht, mediante un acuerdo gubernamental emitido el 14 de julio de 2009.

 

Dicho acuerdo autorizó a adjudicar en forma directa a Odebrecht dos obras complementarias de la presa: la construcción de una planta hidroeléctrica y un sistema de riego, con una inversión de 813 millones 366 mil pesos.

 

Al día siguiente de la publicación del acuerdo gubernamental, se firmó el contrato con los representantes legales de Odebrecht, Antonio Costa Martins y Vito Facciolla.

 

Una vez más, el contrato fue a precio alzado bajo la modalidad ‘llave en mano’, lo que significaba que no se podía modificar ni el costo ni el plazo de ejecución. Para este nuevo contrato se acordó concluir la obra en 900 días naturales, a partir del 15 de julio de 2009.

 

El 3 de junio de 2010, Odebrecht presentó al Gobierno de Leonel Godoy la petición para adecuar el contrato original de construcción de la presa, con el argumento de que habían realizado obras no incluidas en su oferta inicial.

 

El ajuste fue por 601 millones de pesos, de los cuales el 73% era para trabajos complementarios en la presa y el 27% de obras de conducción y canales.

 

Con este ajuste, el costo de la obra hidráulica ya se había duplicado, al pasar de 1,500 millones de pesos a 2 mil 915 millones.

 

Inauguran obra inconclusa

 

El plazo original para concluir la obra era el 25 de octubre de 2008, pero mediante un acuerdo firmado el 6 de mayo de 2008, el Gobierno de Leonel Godoy permitió a Odebrecht aplazar la entrega hasta mayo de 2011. Además, en el contrato adicional de la hidroeléctrica y de las obras complementarias de riego se fijó como plazo enero de 2012.

 

Pese a lo anterior, el gobernador michoacano decidió inaugurar la presa cuando todavía no terminaban los trabajos. El 5 de febrero de 2011, Leonel Godoy encabezó el acto de apertura acompañado de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y de los presidentes municipales de la región de Tierra Caliente.

 

En su discurso, dijo que la obra hidráulica “se inscribe dentro de la más pura tradición del cardenismo y cumple el compromiso de llevar justicia social al campo michoacano”.

 

En aquel acto, el residente de ingeniería y planeación de la presa, Everardo Urquiza, reconoció que la obra estaba inconclusa, pues faltaba por terminar la hidroeléctrica y una planta de bombeo para irrigar 500 hectáreas del ejido Naranjo de Tziritzícuaro. La obra finalmente fue entregada hasta 2013, dos años después de haber sido inaugurada.

 

 

Violación a la Ley

 

Al incumplir los plazos de ejecución de la obra, se violaron distintos apartados de la Ley, advierte una auditoría de la Contraloría de Michoacán, concluida en 2014.

 

En concreto, los auditores se refirieron al contrato original firmado en noviembre de 2006 con Odebrecht, que establecía como plazo para concluir la obra el 25 de octubre de 2008.

 

El informe del órgano de fiscalización refiere que el 29 de abril de 2008, el gobierno michoacano firmó un dictamen técnico que justificaba celebrar un convenio adicional para ampliar el plazo a Odebrecht hasta el 30 de mayo de 2010, con el argumento de que se habían entregado tarde los anticipos de obra y que se habían realizado adecuaciones al proyecto, por recomendación de la CNA.

 

Pero una semana después, el 6 de mayo de 2008, el Gobierno de Michoacán y Odebrecht firmaron un convenio adicional, que amplió un año más, hasta el 31 de mayo de 2011, la terminación de la obra. Pese a las ampliaciones de plazo, la presa y su infraestructura complementaria se entregó hasta 2013.

 

De acuerdo con los auditores, el Gobierno de Michoacán violó la Ley de Obra Pública del estado y las condiciones del contrato, al haber pactado con Odebrecht un convenio sobre otro convenio para ampliar el plazo.

 

Además, se incumplió con el artículo 18 fracción 11 del reglamento de la Ley de Obra, que establece que los contratos a precio alzado no pueden ser modificados ni en monto ni en plazo, y tampoco son sujetos a ajustes de costos.

 

 

Obra malhecha y a medias

 

En una visita física, los auditores encontraron deficiencias “técnico constructivas” en la obra.

 

Por ejemplo, en el canal principal documentaron un asentamiento en los taludes que originan filtraciones por agrietamientos. Además, en siete tramos se reportó la operación deficiente de las tomas.

 

En el canal secundario Tziritzícuaro se encontraron filtraciones y falta de sellos en las losas a lo largo de dos kilómetros y medio.

 

En el cuarto de bombas se documentó técnica y gráficamente la deformación de equipos, deficiencia en la sujeción en los soportes de conducción y fallas en el soporte de tubería.

 

También se hallaron deficiencias en la galería de filtraciones, como una corrosión severa y el medidor de flujo inservible.

 

El informe de la auditoría refiere que las deficiencias ocurrieron desde la planeación. Y cita casos concretos: “El canal de riego de la presa carece de una estructura para desfogar al río los gastos no requeridos por los usuarios, principalmente en la época de avenidas, cuando es más viable generar energía eléctrica en mayor cantidad. La falta de dicha infraestructura obliga a descansar volúmenes de agua por el vertedor de demasías, que en otras condiciones podrían ser utilizadas para la generación de energía eléctrica”.

 

También refiere que la cortina de la presa carece de obras de protección y de control de acceso, lo que permite el libre tránsito de personas ajenas a la obra, lo que pone en riesgo la seguridad de las obras de infraestructura, como el cuarto de bombas, galería filtrante, cuarto de máquinas de la central hidroeléctrica y cuarto de control de tableros y equipos del canal Tziritzícuaro.

 

Pero la falla más grave es que Odebrecht desarrolló infraestructura de menor alcance que la que estaba proyectada. Un caso: el canal Tziritzícuaro fue construido para conducir un máximo de 500 litros por segundo, pese a que en el estudio técnico de factibilidad se consideró un canal para conducir mil litros por segundo, con lo que se garantizaba el riego a más hectáreas de cultivo.

 

El cuarto de bombas también se construyó para surtir la mitad del volumen de agua, respecto al proyecto original.

 

En su informe, los auditores refieren que las autoridades michoacanas no presentaron la documentación que acredite la autorización para que Odebrecht haya cambiado el diseño y la capacidad del canal.

 

 

Piden reembolso a Odebrecht

 

En la revisión de la ampliación de un convenio adicional firmado en mayo de 2010, los auditores detectaron que en dos facturas por un monto de 303 millones 163 mil pesos, no se efectuó la llamada retención de cinco al millar, prevista en la Ley de Obra Pública de Michoacán.

 

Con lo anterior no sólo se incumplió la citada Ley, sino también con un anexo de colaboración fiscal firmado entre la Secretaría de Hacienda y el estado de Michoacán, así como de la cláusula sexta del contrato.

 

El monto no retenido se estima en un millón 306 mil pesos, que Odebrecht debió devolver al Gobierno de Michoacán.

 

Sin embargo, no se acreditó ante el órgano de control el cumplimiento del requerimiento enviado por la Contraloría.

 

En la inspección física de la obra, los auditores también encontraron una obra pagada no ejecutada.

 

Sobre el canal principal de riego se había proyectado la construcción de un puente, a la altura del kilómetro 33, el cual fue pagado al 100%, pero el puente no existe.

 

Por ello, se pidió a Odebrecht reintegrar el pago que se le dio por esa obra, por 2 millones 20 mil pesos más los intereses generados.

 

Odebrecht se negó a reintegrar ese monto, con el argumento de que el puente sí lo había construido, pero a 11 kilómetros de distancia del punto original.

 

En una nueva visita de inspección, los auditores constataron la obra del puente en el kilómetro 21, con un ancho de 4.50 metros y una longitud de 12.50 metros. Lo que nunca encontraron fue el documento de la autoridad que autorizó a Odebrecht a cambiar la ubicación.