La operación Safiro (sí, con s) es uno de los casos más emblemáticos de corrupción del sexenio pasado. En diciembre de 2017, The New York Times reveló el mecanismo de desvío de fondos públicos en el gobierno de Chihuahua para beneficiar indebidamente al PRI. Un año después, en diciembre de 2018, el equipo de periodismo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló la participación de otros gobiernos estatales en este esquema de desvíos. De acuerdo con esta investigación, los estados de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima, Estado de México, el congreso de Morelos y la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México entregaron contratos públicos a la misma red de empresas fantasma con recursos que recibieron de la Federación a través del Ramo 23. En total, se documentó un desvío de cerca de 650 millones de pesos. La Operación Safiro es uno de los casos emblemáticos de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero ¿se ha investigado y sancionado el caso? Veamos cómo ha avanzado el largo camino de la justicia en este proceso.
La Operación Safiro es uno de los casos que analizamos en el Tablero de la Impunidad de MCCI, una herramienta para evaluar cuál es el avance jurídico de un caso de corrupción. En esta plataforma se evaluó qué tan cerca o lejos se encuentra un caso de alcanzar la justicia. Analizamos cuál es el avance jurídico de cada persona presuntamente involucrada en un caso de corrupción para después saber cuál es el avance general del caso. Los números son desalentadores ya que el avance promedio de los casos es tan solo del 25%. No obstante, la Operación Safiro es el caso del sexenio pasado más adelantado, con 55%. Veamos qué hay detrás de este proceso.
En este caso localizamos a 16 personas presuntamente responsables y 13 procesos penales abiertos. Incluso, algunas personas enfrentaron más de un proceso penal por su participación en este esquema de desvíos. Entre las personas que enfrentaron un proceso penal tenemos a personajes como Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien era secretario general adjunto del PRI cuando se llevaron a cabo los desvíos. También están Ricardo Yañez Herrera, quien fue secretario de Educación, Cultura y Deporte del gobierno de César Duarte en Chihuahua o Jesús Manuel Esparza Flores, quien era titular de la Auditoría Superior de Chihuahua. La Operación Safiro es el único de los casos analizados en el Tablero donde se obtuvieron sentencias condenatorias en materia penal; en específico, se obtuvieron ocho. Lo ejemplar de estas fue que, más allá de sentenciar a los responsables únicamente a la privación de su libertad, también fueron mandatados a reparar el daño. Así, de acuerdo con el gobierno de Chihuahua, se han recuperado más de 700 millones de pesos.
Las autoridades de Chihuahua han sido las que han impulsado que los procesos relacionados con este caso no queden en la impunidad. Sin embargo, un personaje que merece un análisis especial es César Duarte. Electo como gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, Duarte presuntamente fue quien autorizó los desvíos de recursos públicos a favor del PRI en Chihuahua. El exmandatario ya había sido denunciado desde 2014 por presuntos actos de corrupción, sin embargo, a finales de 2016, cuando ya se había iniciado un proceso en su contra, huyó de la justicia y escapó del país. Más tarde, se descubrió que el exgobernador estaba en Estados Unidos. Finalmente, en julio de 2020 fue detenido en Miami para ser extraditado a México. Llegó a México en junio de 2022 para enfrentar la justicia.
No es una sorpresa que la justicia en México no sea ni pronta ni expedita, pero una expectativa mínima de nuestro sistema de justicia es que avance y no se quede estática. Duarte fue vinculado a proceso por los delitos de peculado y asociación delictuosa desde el 8 de junio de 2022; sin embargo, su proceso sigue en curso. Apenas el lunes 21 de agosto de 2023 se llevó a cabo la audiencia intermedia, en la que su defensa presentó una lista de más de mil testigos. Después de que termine la audiencia intermedia, el juez dictará el auto de apertura para el juicio oral. En nuestra metodología de seguimiento del proceso penal, Duarte se encuentra en la casilla 15, lo cual equivale al 63% de avance.
Para la mala suerte de Duarte, las autoridades de Chihuahua decidieron iniciar un segundo proceso en su contra por el desvío de 120 millones de pesos a favor de la empresa Kepler Soluciones Integrales. El 23 de agosto de 2023 se ejecutó una segunda orden de aprehensión en su contra y la madrugada del martes 29 de agosto fue vinculado a proceso. Se otorgaron dos meses de investigación complementaria en su caso. Esto significa que el exgobernador ahora enfrentará dos procesos por su probable participación en la Operación Safiro.
Sin lugar a dudas, las autoridades de Chihuahua son las que más han avanzado en obtener justicia en el caso de la Operación Safiro. Sin embargo, lamentablemente, este no es el panorama en otras entidades, ya que personas de otros estados que estuvieron presuntamente involucradas no han enfrentado a la justicia. Por ejemplo, Claudia Pavlovich, quien era gobernadora de Sonora y presuntamente autorizó el desvío de recursos a favor del PRI, ahora es cónsul de Barcelona. Esto aporta evidencia para pensar que la justicia es selectiva en México y que es casi imposible que un caso sea resuelto en su totalidad.
La impunidad y la corrupción son dos de los males que más afectan al país. La situación debe cambiar y, para ello, seguiremos dando seguimiento a estos casos. Es de principal relevancia para la ciudadanía en México evaluar si las autoridades se toman en serio su tarea de combatir la corrupción y la impunidad.
