La contundente victoria electoral de Morena ha generado un intenso debate en torno al paquete de reformas propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador meses antes de la elección. Entre estas destaca la reforma al Poder Judicial, pues podría tener repercusiones internacionales, especialmente con nuestros socios comerciales en América del Norte: Estados Unidos y Canadá. Este texto busca analizar el impacto que estas reformas tendrían en el clima de negocios y el Estado de derecho en México, así como comparar este experimento con casos internacionales.
Tras la pasada elección, Morena tendrá el control de la presidencia, siete de las nueve gubernaturas disputadas, el control de 26 legislaturas estatales y de 24 gubernaturas y posiblemente una supermayoría en la legislatura federal. La composición final del Congreso se definirá en agosto, una vez que las autoridades electorales asignen los escaños de representación proporcional. Aunque podría haber ajustes menores, muchos análisis proyectan que Morena y sus aliados logren una mayoría calificada en la Cámara de Diputados con hasta 372 escaños. También estarán próximos a de la mayoría calificada en el Senado con 83 escaños, solo a tres del umbral.
Sin estas mayorías, Morena no podrá aprobar las reformas de López Obrador sin convencer al menos a parte de la oposición. Esto podría ser difícil, pues muchos en la oposición consideran que estas medidas buscan fortalecer el dominio político de su partido mediante la reducción de contrapesos y una mayor centralización del poder. Y no es sólo la oposición: ciertos sectores de la iniciativa privada ven con malos ojos a las reformas, pues piensan que podrían tener efectos negativos en el clima de inversión y la competitividad del mercado mexicano.
Según López Obrador, la reforma judicial busca combatir la corrupción en el Poder Judicial y mejorar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Sin embargo, muchos observadores han advertido sobre los riesgos de estas reformas. La elección popular de jueces, dicen, podría abrir la puerta a la influencia del crimen organizado en el poder judicial. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) también expresó preocupaciones similares.
Estos observadores sostienen, además, que la reforma propuesta se trata en realidad de una reacción frente a el obstáculo que, a decir del presidente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha representado para su proyecto. Este conflicto se volvió más álgido después de que Norma Piña sucediera a Arturo Zaldívar como presidenta del tribunal, lo que produjo un menor control del gobierno de López Obrador sobre el Poder Judicial.
El antagonismo de López Obrador hacia la Corte se acentuó tras los fallos adversos de este cuerpo sobre las reformas electorales que el presidente propuso el verano pasado, denominadas como Plan B, así como sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en febrero, la cual fue declarada inconstitucional. En septiembre de 2023, el presidente propuso una reducción del presupuesto de la SCJN, además de que, desde octubre de ese año, los legisladores de Morena han debatido la destitución de ministros de la Suprema Corte y abogado por la eliminación de fideicomisos judiciales valuados en más de 20 000 millones de pesos.
Todo parece indicar que el proyecto de López Obrador prosperará con la administración entrante. La presidenta electa Claudia Sheinbaum propuso un diálogo abierto sobre la reforma judicial, pero desde el 4 de junio expresó su apoyo a las reformas propuestas, incluida la elección popular de jueces. Esta cerrazón al diálogo resulta preocupante, entre otras cosas porque los candidatos judiciales van a necesitar recursos para hacer campaña, lo que podría hacerlos dependientes de financiamiento político o incluso de organizaciones criminales, lo que podría socavar la autonomía judicial y la rendición de cuentas.
Los defensores de la propuesta de López Obrador argumentan que hay ejemplos internacionales de éxito que respaldan la promulgación de una ley similar en México. Citan los casos de Estados Unidos y Suiza, aunque en ninguno de esos dos países se elige a los máximos intérpretes de la constitución, sino únicamente a jueces locales. En Bolivia, por otro lado, sí se ha buscado elegir al máximo tribunal mediante el voto popular. Los defensores de la reforma, sin embargo, suelen omitir ese caso.
Veamos ahora los particulares de cada ejemplo internacional. En Estados Unidos, la elección de jueces locales varía de un estado a otro. Por lo general, el proceso implica que los candidatos participen en campañas donde exponen sus cualificaciones y plataformas a los votantes. Estos después votan por los candidatos judiciales durante las elecciones primarias o generales, según las leyes de cada estado. En algunos estados, los candidatos judiciales pueden ser designados por partidos políticos; en otros, no. En todos los casos, el objetivo es el mismo: ofrecer a los votantes la oportunidad de elegir a servidores públicos cuyas decisiones pueden tener un impacto significativo en sus comunidades.
A continuación va una lista de algunos de los estados que celebran elecciones judiciales:
- Texas: Realiza elecciones partidistas para cargos judiciales que incluyen a los tribunales de distrito y de condado.
- California: Realiza elecciones no-partidistas de los jueces que ofician en tribunales superiores y municipales.
- Nueva York: Realiza elecciones tanto partidistas como no-partidistas para cargos judiciales que incluyen a tribunales de familia y de condado.
Otros estados,como Florida, Illinois y Pensilvania, tienen una larga tradición de elecciones judiciales. La práctica se originó durante el siglo XIX , como parte de un movimiento en favor de la democratización y la transparencia en el gobierno. Una mayor participación ciudadana en la selección de funcionarios, corría el razonamiento, podría mejorar la rendición de cuentas y representar mejor las preferencias locales en la toma de decisiones judiciales.
Veamos ahora el caso de Suiza. En ese país, ciertos cantones, equivalentes a nuestros municipios, eligen a sus autoridades locales mediante el voto directo. Los magistrados electos de esta manera, sin embargo, no son necesariamente juristas, sino jueces de paz que se encargan de regular la convivencia comunitaria, más que de interpretar la ley. Todos los jueces federales, incluidos los miembros del Tribunal Supremo, son elegidos por el parlamento suizo, de nuevo como en Estados Unidos.
Pasemos ahora al caso de Bolivia. Desde 2011, ese país implementó la elección directa de los miembros de sus principales tribunales: el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Este sistema, único en América Latina, pretendía democratizar el poder judicial, pero ha enfrentado críticas debido a la intervención política en la preselección de candidatos y la falta de criterios uniformes. Hasta ahora, se han realizado dos elecciones judiciales: una en 2011 y la otra en 2017. Sin embargo, los problemas persistentes incluyen la corrupción y la falta de independencia judicial. Las próximas elecciones están programadas para septiembre de 2024, tras ser pospuestas en 2023 por desacuerdos en el Congreso.
Habiendo revisado brevemente los ejemplos internacionales de sistemas parecidos al que propone Morena, podemos pasar a una comparación. El partido oficial ha dicho que su propuesta, al igual que el movimiento por la democratización que floreció en Estados Unidos durante el siglo XIX, busca fortalecer la rendición de cuentas y erradicar la corrupción. Sin embargo, existen diferencias fundamentales entre la realidad en Estados Unidos y la propuesta de López Obrador, ya que el modelo estadounidense se limita a la elección de jueces locales o estatales y excluye a los justices de la Suprema Corte.
Aunque algunos defensores de la reforma podrían argumentar que en Suiza no se requieren estudios jurídicos para ser elegido, los jueces electos en aquel país se encargan de preservar la cohesión comunitaria, no de interpretar la ley. Cualquier comparación con este sistema jurídico para justificar que los aspirantes a jueces en México puedan prescindir de requisitos básicos debería ser descartada. La comparación más pertinente, en realidad, es con el caso boliviano, pero allí la elección de los jueces del Tribunal Supremo no ha logrado reducir la corrupción.
Cabe entonces preguntarse: ¿qué es lo que busca realmente la propuesta de reforma al Poder Judicial? Una respuesta cabal requerirá de un debate serio, en el que se analicen los casos internacionales que podrían servirnos de modelo —o quizá de advertencia—.
Sobre el autor:
Este texto forma parte de una colaboración entre Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (PJCOMEXI) para el blog Desarmar la Corrupción.
Yussef Farid Núñez
Analista de Riesgos Políticos y Política Internacional. Es maestro por la London School of Economics (LSE) e internacionalista por la Universidad Anáhuac México, institución donde es catedrático de la asignatura “Globalización Económica” en la Facultad de Estudios Globales. Asociado Comexi.
