Como en cualquier otra parte del mundo, en México la crisis económica producto de la emergencia sanitaria afectará más a quienes menos tienen. Organismos nacionales e internacionales calculan que, como producto de la pandemia, entre 9 y 12 millones mexicanos y mexicanas en el país caerán en la pobreza próximamente. Estos se añadirían a la ya de por si preocupante cifra de 61.1 millones de pobres por ingresos (48% de la población total) que según Coneval (2018) no pueden adquirir siquiera la canasta alimentaria, ni bienes y servicios básicos.
A diferencia de otros países que además de apoyos directos a la población más desposeída han implementado diversas medidas dirigidas a la supervivencia o apoyo a empresas de todos tamaños para que puedan preservar el empleo, el gobierno ha decidido mantener básicamente inalterado su programa de gobierno: continuar sus programas prioritarios anunciados desde diciembre de 2018, mantener sus proyectos de infraestructura y proseguir con sus programas sociales de bienestar. Aparte de esto, ha anunciado el adelanto (lo cual implica descontar después) de dos bimestres de la pensión universal de adultos mayores y discapacitados, reforzar los programas sociales de Tandas al Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro (sin presupuesto adicional) y fortalecer la política de austeridad.
La única nueva medida ante la crisis del COVID-19 ha sido la de ofrecer 2 millones de créditos a la palabra a pequeñas empresas y negocios informales cada uno por 25,000 pesos. Este apoyo no tendría costo fiscal pues es un crédito pagadero en un plazo de tres años y con tasa de interés del 6% [1] pero ante la magnitud de la crisis la medida resulta francamente insuficiente.
A partir del estudio Magnitud del Impacto social del COVID-19 en México y alternativas para amortiguarlo publicado por el Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES) se calcula que, en caso de que todos los créditos fueran aprobados y entregados, en el lapso de los siguientes 6 meses su impacto sería insignificante: solamente impedirían que 130 mil o el 1% de los 12 millones de pobres adicionales que se esperan, caigan en esa situación. Una gota en el océano.
La situación de emergencia requiere algo más si hemos de creer que el gobierno de López Obrador está realmente comprometido con su expresión de primero los pobres. Hay mucho de dónde escoger, pero podría comenzarse con 4 medidas que por separado o en conjunto serían más eficaces y que son perfectamente viables en términos de su costo-beneficio.
Está en primer lugar la medida de duplicar por tres meses las transferencias de programas sociales [2]. Esta medida eequivaldría a una transferencia promedio mensual de $2,666 pesos por hogar, por un lapso de 6 meses y beneficiaría a 9.7 millones de hogares en donde resida al menos un beneficiario(a) de programas sociales. El costo alcanzaría los 25,860 millones de pesos y evitaría que 1.73 millones de personas entraran a la pobreza.
Podría también adoptarse un seguro de desempleo mediante la transferencia de 2 salarios mínimos por 3 meses (equivalente a un salario mínimo mensual por 6 meses) para una población estimada de 1.82 millones de personas que no cuentan con empleo y están activamente en búsqueda [3]. El costo de esta medida sería de 41 mil millones de pesos y evitaría que 2.35 millones de personas entren a la pobreza.
Una tercera opción es la de recalendarizar los pagos de impuestos (ISR) y de las contribuciones a la seguridad social (IMSS, INFONAVIT y SAR) por los meses de abril, mayo, junio del 2020 para todas las empresas con trabajadores inscritos en el IMSS, condicionado a no despedir trabajadores o alterar remuneraciones por 6 meses. Como en el caso de los Créditos a la Palabra, al ser un mecanismo de financiamiento temporal, no habría costo fiscal. Con esta medida se evitaría que 3.34 millones de personas pasaran a engrosar las filas de la pobreza.
Finalmente se puede recurrir a la entrega de un salario mínimo por tres meses (equivalente a medio salario mínimo mensual por 6 meses) a los 8.2 millones de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Para aquellos que no se encuentran registrados en el SAT, el apoyo se ofrecería a partir de su registro bajo régimen “sin obligaciones fiscales”. Para esta propuesta se requieren 92,150 millones de pesos y se traduciría en evitar que 4.68 millones de personas ingresen a la población en pobreza.
El costo agregado de estas cuatro medidas alcanza los 159,010 millones de pesos, 6,400 millones de dólares o el 0.66% del PIB. Una cantidad muy por debajo de lo que han gastado otros países para enfrentar sus crisis. Sobre todo, un costo por debajo de lo que se quiere invertir en, por ejemplo, la Refinería de Dos Bocas que es de 8 mil millones de dólares.
Pero más allá del bajo costo, la importancia de estas medidas está en su potencial para evitar que 12.2 millones de mexicanas y mexicanos caigan en la condición de pobreza como resultado de la contracción económica que inicia. Esto es casi 100 veces más que el potencial de los créditos a la palabra que ofrece el Gobierno.
Aquí dejamos pues cuatro propuestas para hacer realidad el principio de primero los pobres honrando el principio de que no haya crítica sin fundamento ni propuesta sin sustento.
1. Otras medidas como los créditos para construcción de vivienda del Fovissste e Infonavit, no impactan la pobreza directamente debido a que no modifican el ingreso corriente del hogar para mitigar la pobreza en los próximos 6 meses
