El reciente caso de Debanhi Escobar y los feminicidios atroces de la niña Fátima Quintana en 2015 y de Karla Pontigo en 2012, por mencionar solo algunos, son un constante recordatorio de la violencia que podemos enfrentar las mujeres en un día cotidiano y hasta en nuestras relaciones más cercanas. Cifras del gobierno federal muestran una tendencia creciente en los presuntos feminicidios, los cuales aumentaron en 137% entre 2015 — año en el que el Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) comenzó a contabilizar este delito— y 2021. Asimismo, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) declaró que en 2019 sólo el 20% de los feminicidios obtuvieron una sentencia condenatoria, lo que se traduce en un nivel de impunidad del 80%. Si bien los números pueden parecer fríos, nos incitan a plantear algunas preguntas: ¿qué pasa después de un feminicidio? ¿Cómo viven esta experiencia las segundas víctimas, los familiares, quienes se enfrentarán al laberinto tramposo del sistema de justicia mexicano?
En los últimos años ha crecido el interés académico y periodístico en los casos de feminicidio, especialmente en evidenciar el papel crucial e irremplazable de los familiares de las víctimas para evitar que los casos queden impunes. En su intento de conseguir justicia, las familias afrontan irregularidades, negligencias, omisiones y comportamientos burocráticos onerosos.
Estos obstáculos pueden analizarse bajo el concepto de “cargas administrativas”, que se define como los costos que tienen que asumir los ciudadanos, en este caso los familiares de las víctimas de feminicidio, para poder acceder a los bienes y servicios del Estado, por lo que las políticas a cargo de su provisión son percibidas como onerosas. Con este marco de referencia, cabe preguntar: ¿qué tipo de cargas administrativas enfrentan los familiares de las víctimas de feminicidio al interactuar con la burocracia de los ministerios públicos, fiscalías y procuradurías estatales?
Para responder a esta pregunta, recopile y analicé testimonios de familiares provenientes de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes secundarias son archivos de audio y video disponibles en las plataformas digitales de YouTube (aquí está disponible una lista de reproducción con siete videos), Netflix (Las tres muertes de Marisela Escobedo) y Spotify (aquí están diecinueve testimonios de familiares de víctimas de feminicidios).
El criterio para seleccionar los archivos fue que los familiares hablaran sobre su experiencia en los encuentros cara a cara con los burócratas de los ministerios públicos (MP), fiscalías generales y especializadas en violencia contra las mujeres y feminicidios o, en su caso, de las procuradurías estatales. Las fuentes primarias son seis entrevistas semiestructuradas: dos a familiares, dos a expertos de organizaciones de la sociedad civil que brindan acompañamiento a familiares, una a un expolicía de la Ciudad de México y una a un exfuncionario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. De esta forma, reuní el testimonio de familiares de veintiún casos de feminicidio ocurridos en distintas partes del país.
El principal hallazgo de mi investigación es que, en general, los familiares enfrentan nueve tipos de cargas administrativas. Estas cargas no son mutuamente excluyentes, por lo que la mayoría de las veces enfrentan más de una carga a la vez:
1. Costos de cumplimiento
Las deficiencias en los procedimientos al interior de los MP y de las fiscalías, así como en la coordinación, colaboración y cooperación entre estas y otras instancias de gobierno, tienen enormes repercusiones en la atención oportuna. Estas deficiencias se traducen en excesivos tiempos de espera para ser atendidos.
Según algunos testimonios, los tiempos de espera pueden ser de hasta catorce horas para poder levantar una denuncia por la desaparición de una mujer; asimismo, durante los procesos de investigación, los burócratas evaden proporcionar informes de los casos, solicitando repetidamente los familiares “volver después”, incluso cuando vienen de municipios lejanos o de otras entidades federativas. Así, los familiares relatan que llegan a invertir, al menos, la mitad de las horas de sus días, los cinco días hábiles de la semana, en acudir al MP.
Una constante en los casos de feminicidios precedidos de desaparición es que los burócratas solicitan esperar veinticuatro o 72 horas para aceptar una denuncia, a pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que todas las diligencias para la búsqueda deben realizarse de manera inmediata, oportuna y transparente.
2. Costos psicológicos
Los familiares de las víctimas en todos los casos que analicé aseguran que lidiar con el personal de los MP y de las fiscalías es una tarea mentalmente agotadora. El feminicidio de Nadia Muciño, ocurrido en 2004 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, es un claro ejemplo. María Antonia Márquez, madre de Nadia, señala que la falta de iniciativa de las autoridades a la hora de brindarle a su hija servicios de protección ante las amenazas de la familia de los feminicidas le provocó tanto estrés que llegó a pesar cuarenta kilos.
Por otra parte, cuando los familiares denuncian una desaparición o preguntan sobre el avance en las investigaciones, los funcionarios suelen ejercer violencia verbal y psicológica, emitiendo comentarios plagados de estereotipos de género y prejuicios sobre los aspectos físicos y la vida personal de las víctimas. Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez Florencio, quien fue asesinada en 2017 en Chimalhuacán, Estado de México, su madre, relata que cuando el padre y la hermana de Diana acudieron al MP de Chimalhuacán para conocer el estatus de la investigación, el burócrata que los atendió les dijo: “Por Diana nadie va a hacer nada porque no la encontraron ni encuerada ni violada, váyanse a la goma”.
3. Costos de aprendizaje
Estos costos se refieren al tiempo y esfuerzo que le lleva al familiar descifrar cómo acceder a la atención de los MP y las fiscalías. Laura Curiel, madre de Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 en Tlalnepantla, Estado de México, narra que pasaron tres años antes de que lograra entender las leyes y los procesos jurídicos implicados en el caso de su hija. A través de un taller gratuito impartido por una organización civil, la señora Curiel pudo identificar omisiones e incumplimientos a la ley que diversas autoridades cometieron durante el proceso. Gracias a su empeño, Curiel, con apoyo de Amnistía Internacional y otros colectivos, logró llevar el caso de su hija a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018.
4. Costos económicos
Los familiares de víctimas de feminicidio con frecuencia son despedidos o se ven orillados a abandonar su empleo debido a los costos excesivos de cumplimiento, además de porque se sienten orillados a vigilar de cerca los casos o a realizar ellos mismos las investigaciones. Las familias pierden sus ahorros para suplir las deficiencias institucionales: reubican sus domicilios constantemente ante amenazas de los feminicidas o de sus familias, y efectúan diligencias que legalmente corresponden a las autoridades. Por ejemplo, los familiares contratan abogados y servicios periciales privados para hacer los dictámenes que la autoridad no realiza o realiza deficientemente.
5. Negativas de atención
Los burócratas con frecuencia se niegan a tomar las denuncias por desaparición o, una vez que las toman, a realizar acciones de búsqueda. En la desaparición de Daniela Sánchez Curiel, su madre se vio obligada a emprender la búsqueda por su cuenta, pues al acudir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la fiscal a cargo del caso le dijo: “A ver, señora, las personas que la van a buscar son ustedes, las personas que levantaron la denuncia, […] porque el policía que le asignaron me está ayudando en otras cosas”.
Otra dinámica recurrente es que los burócratas no permiten que las familias consulten las carpetas de investigación y se niegan a proporcionarles copias. Este fenómeno es importante de aclarar, porque de acuerdo a la ley las carpetas son de libre acceso al denunciante y a la familia de las víctimas, por lo que no hay justificación para negar este servicio.
6. «Hágalo usted mismo»
Los familiares de víctimas de feminicidio muchas veces se ven obligados a realizar trabajos y diligencias que corresponden a las autoridades, como emprender acciones de búsquedas, reunir pruebas, elaborar y entregar oficios, hasta resguardar la escena del crimen. El costo de esta dinámica de “hágalo usted mismo” se debe a la lentitud con la que se mueve la burocracia y también a la enorme desconfianza que despierta su trabajo.
Un ejemplo emblemático es el feminicidio de Rubí Frayre Escobedo, cometido en 2008 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cuando las autoridades se negaron a recibir la denuncia por su desaparición, su familia y su madre, Marisela Escobedo, emprendieron la búsqueda a través de antros, prostíbulos y otros lugares similares. Posteriormente, Marisela Escobedo logró que abrieran una carpeta de investigación gracias a que encontró a un testigo que declaró haber estado presente cuando la pareja de Rubí admitió haberla matado y haber quemado su cuerpo. Nuevamente, quien se encarga de la búsqueda del cuerpo es una familiar de la víctima. Ella recorrió el lugar por días para encontrar los restos de su hija; además, consiguió encontrar hasta en tres ocasiones al asesino, porque compró información sobre su paradero y realizó actividades que uno asocia con detectives profesionales.
7. Deficiencia institucional
Esta categoría agrupa las deficiencias en las investigaciones vinculadas con la debilidad institucional, tales como factores administrativos, escasez de recursos y reglas disfuncionales. Existe una brecha importante entre las leyes y normas que deben cumplir las instituciones y las capacidades que les son dotadas para ello. Se puede sostener, entonces, que las instituciones “nacen débiles”. Esta categoría incluye a las deficiencias derivadas de las carencias con las que trabajan los burócratas, aunque tengan la intención de cumplir con su deber. Así, es común que las evidencias se pierdan por falta de las condiciones óptimas para su resguardo; que los agentes ministeriales no dispongan de medios de transporte para hacer las debidas diligencias; o que los burócratas no cuenten con el nivel de profesionalización y de capacitación técnica para llevar a cabo investigaciones completas, exhaustivas y con perspectiva de género.
8. Costos de la corrupción
Esta categoría comprende los obstáculos de la justicia por pago de sobornos, tráfico de influencias o complicidad con los criminales. En estos casos los burócratas comenten irregularidades, negligencias, pérdida de evidencia y demás omisiones de manera intencional.
Existen varios ejemplos emblemáticos de corrupción, pero un caso reciente que ha causado conmoción por estar vinculado con el Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (InDeporte), es el feminicidio de Jade Yuing Gómez de 13 años. El feminicidio de Jade ocurrió en 2020 a las nueve de la mañana, pero a su madre, Adriana Gómez, no le avisaron sino hasta las dos de la tarde que su niña se había suicidado en los baños. La señora Gómez denuncia que fue el InDeporte, y no la policía, quien resguardaba el lugar y le prohibió la entrada, por lo que nunca pudo ver el cuerpo de su hija. Además, declaró que, a cinco horas del deceso, ninguna autoridad del InDeporte llamó a la policía ni a una ambulancia.
Los resultados de la necropsia indican que Jade había sido estrangulada y posteriormente colgada para simular su suicidio. Otra irregularidad es que a los padres se les ha negado ver todas las fotografías del cuerpo; las autoridades sostienen que existen 194 fotografías, pero los padres solo han podido ver algunas, y en ellas, han observado graves contradicciones. En algunas fotografías se ve a Jade colgada con un tipo de nudo y en otras, el cordón tiene otro; algunas muestran el cuerpo colgado al ras del suelo y en otras, a medio metro suspendido. Por si fuera poco, la escena del crimen fue limpiada inmediatamente para que el Instituto pudiera operar con normalidad al día siguiente. Lo peor es que, a pesar de las denuncias de los familiares, las autoridades de Chiapas siguen encubriendo al InDeporte.
9. Institución fachada
Este término se atribuye a Levitsky y Murillo y describe un tipo de debilidad institucional en el que la institución es un mero símbolo y los burócratas que la integran tienen expectativas estables de que las reglas escritas son rutinariamente ignoradas o solo se cumplen de forma parcial. Entre las causas de este desempeño deficiente están la baja motivación por el servicio público y la falta de mecanismos de incentivos, sanciones y rendición de cuentas.
Un ejemplo es el feminicidio de Diana Villafañez, de 55 años, asesinada en 2017 en la alcaldía de Cuajimalpa, Ciudad de México. Su hijo, Arturo, denuncia que la necropsia no se realizó siguiendo los protocolos de la Guía Técnica para la Realización de Necropsias en Casos de Feminicidio del Instituto de Ciencias Forenses. Además, si bien un perito forense firmó el expediente, quien realizó la necropsia fue su pasante. El expediente no cuenta con la interpretación de los hallazgos de la examinación ginecológica y proctológica, por lo que no pudo saberse si Diana sufrió abuso sexual o algún tipo de tortura. Además, no se registró la forma ni la hora de muerte, y la grabación de la necropsia se realizó desde una sola toma, la planta de los pies de Diana, de tal forma que ocultaron todas las omisiones del procedimiento.
Conclusión
En las interacciones entre familiares y burócratas, los primeros pronto aprenden que, para ver resultados, deben asumir diversas cargas administrativas. Los familiares aportan información útil y elementos de prueba, sugiriendo la integración de las sábanas de llamadas, el rastreo de las últimas ubicaciones de las víctimas, los videos de las cámaras de seguridad donde se les vio por última vez con vida, etcétera. Para ello, los familiares dedican su vida e invierten recursos de todo tipo —tiempo, esfuerzo, dinero, relaciones sociales, pensamiento, capacidades y habilidades— con la esperanza de cosechar el objetivo ansiado: conocer la verdad de los hechos. En consecuencia, los familiares presentan patrones conductuales basados en una cooperación y coproducción forzada con las autoridades, volviéndose el principal motor de búsqueda de justicia.
El análisis desde la perspectiva de los familiares permite entender a los burócratas del MP y de las fiscalías como la ventanilla de acceso hacia la impartición de justicia, así como las razones por las cuales la forma en la que conducen su trabajo tiene una profunda huella en el tejido social. La calidad, prontitud, empatía y respeto en la atención puede cambiar la vida de los familiares, haciendo la diferencia entre encontrar con vida o no a sus hijas, madres, sobrinas.
Estos hallazgos buscan contribuir a que los altos funcionarios a cargo de la atención y sanción de los feminicidios puedan tomar decisiones informadas y centradas en los familiares, así como generar conciencia sobre la necesidad imperante de mejorar el trato hacia ellos, que involuntariamente requieren hacer uso de los servicios del Estado, como el único proveedor de justicia y reparación de daños a las víctimas de feminicidio.
La investigación completa, presentada como tesis para la maestría, puede consultarse en esta liga.
Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todas las madres, padres, hijas e hijos, y demás familiares que han compartido la intimidad de su sentir y han alzado la voz para denunciar públicamente la forma lamentable e irrisoria en la que las autoridades atienden los casos de feminicidio. Sin sus testimonios, este y otros trabajos de investigación no serían posibles. Como sociedad, es muy doloroso darnos cuenta de que si no se abre al público lo que debería ser un duelo personal y privado, el Estado no escucha, no ve, no siente y no cumple con su deber. Gracias también a las organizaciones de la sociedad civil y a los colectivos organizados de madres y familiares que han sustituido el trabajo que deberían hacer nuestros gobiernos, brindando apoyo y una luz de esperanza en el oscuro laberinto de tratar con el sistema de “justicia” de México.
Angélica Saharaí Nava Contreras
Economista de la UNAM y maestra en Administración y Políticas Públicas del CIDE.
