Aunque no te guste mucho el fútbol, imagina lo siguiente: mañana las autoridades de la FIFA deciden cambiar, por recomendación de un príncipe catarí un poco ardido por el desempeño de su selección, las reglas del juego. Acuerdan sólo algunos pequeños cambios. Se vuelve válido meter gol con las manos. Aquellas anotaciones hechas con los pies valen dos puntos mientras que aquellas hechas con las manos sólo uno. Las porteras, para dispersar el muy bien narrado miedo al penalti, consiguen la atribución de agarrarse a trompadas con la adversaria. Los delanteros deben ir provistos de hombreras y casco con el fin de embestir bien a los defensas. Pese a las nuevas e inusitadas reglas, unos días antes de la final del mundial todos los equipos deben adaptarse a ellas o quedar descalificados. Suena absurdo, ¿no? Lo que acaba de suceder en la Cámara de Diputados no deja de tener su parecido. Ante la aprobación repentina de la reforma electoral de este final del año, que será un antecedente directo de la elección de 2024, surgen tres preguntas:
¿Qué pasó en la Cámara de Diputados este 6 de diciembre de 2022?
No es una exageración pensar que una arbitrariedad como la del ejemplo anterior sucedió en la Cámara de Diputados este pasado 6 de diciembre. Para verla, hace falta un poco de contexto. Después de meses de planeación, el Presidente perdió la votación para aprobar su propuesta de reforma electoral, que buscaba modificar la Constitución para cambiar las reglas del juego en las elecciones. Una de estas modificaciones, tal vez la central, era la propuesta de sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) que hoy conocemos. Después de que miles de ciudadanos salieran a la calle en protesta de una propuesta de reforma que pretendía deshacer muchos de los avances alcanzados en la construcción de instituciones confiables para organizar elecciones, la oposición en la legislatura, por fin, se mantuvo unida para evitar que pasara.
Sin embargo, la historia no terminó ahí. En un ánimo de revancha, los diputados de Morena, apoyados por el Partido Verde y el Partido del Trabajo, aprobaron un “plan B” en el momento en que fracasó su esperado cambio constitucional. Esta nueva serie de reformas fue enviada en un documento de más de trescientas páginas el mismo día que se votó y aprobó en la Cámara de Diputados. No dio tiempo de que alguien lo leyera, analizara o discutiera. En tanto que este plan B no necesitaba la aprobación de la oposición, pasó sin inconvenientes. Para cambiar las reglas del juego, en lugar de llamar a la discusión de todas las partes involucradas, el partido del gobierno decidió actuar unilateralmente y en lo oscuro de una aprobación en la madrugada. Es como el príncipe catarí ardido de la historia al inicio: enojado por perder su reforma constitucional, como quien dice, arrebató los cambios a las leyes donde pudo.
¿Qué se aprobó en el Plan B?
El plan B es, en esencia, una recuperación de las iniciativas de la reforma constitucional que podían pasar por la Cámara de Diputados sin necesidad del voto de sus dos terceras partes. Ese mamotreto, que evidencia la pobreza de la técnica legislativa o del interés de un debate público abierto, está centrado en reducir los presupuestos y las capacidades del INE y los tribunales electorales. Aunque incluye aspectos positivos como favorecer el acceso al voto y a cargos de elección a poblaciones vulnerables, así como asegurar que los servidores públicos que busquen la reelección se separen de su cargo antes del proceso electoral, la reforma primordialmente es una iniciativa de recorte. Según su exposición de motivos, busca generar ahorros por 3605 millones de pesos, una cifra que corresponde al 5% del presupuesto de las instituciones electorales de 2018 conforme a los datos expuestos en la iniciativa.
Tanto la disminución presupuestal como la reestructura organizacional podrían tener efectos desproporcionados en la capacidad de las instituciones electorales para atender las necesidades de los ciudadanos en el ámbito local. Asimismo, los límites que la reforma impone a las capacidades de los tribunales electorales podrían dinamitar las posibilidades de resolver conflictos electorales en este país. El filo de este corte fue calculado, sin precisión, como el golpe masivo de un hacha con el que se busca cercenar a como dé lugar.
Desde luego, las cosas hechas al aventón corren el riesgo de salir mal. Aunque faltan días para seguir revisando lo que fue turnado a la Cámara de Senadores, una primera lectura no deja duda de que varios cambios aprobados podrían llegar hasta la Suprema Corte debido a su naturaleza abiertamente inconstitucional. De igual forma, sería ingenuo pensar que las diputadas y diputados que aprobaron esta reforma han podido calcular los efectos que podría traer incluso para sus propios partidos. Por la torpeza de aprobar algo que ni conocen, les podría salir el tiro por la culata.
En caso de que este desaseado proceso no fuera suficiente, para ganar algunos votos más los diputados de Morena concedieron a sus secuaces del PVEM y del PT algunos regalos: blindaron el registro de los partidos, les dieron la posibilidad de hacer guardaditos de recursos públicos para campañas futuras y se inventaron unas transferencias de voto por medio de convenios de coalición. Estas aberraciones en la ley electoral mexicana son una ayuda directa a partidos que, con las reglas actuales, próximamente perderían el registro. Con estos cambios, bastaría con hacer alianzas para que lo conservaran. El PVEM y el PT, partidos rémoras, vendieron caro su apoyo a una reforma que exhibe un vicio profundo en el sistema político mexicano: la negligencia absoluta del Poder Legislativo para hacer leyes, dada su completa subordinación a los caprichos del Poder Ejecutivo. La mejor evidencia de lo anterior es que el propio presidente López Obrador reconoció que se trata de cambios indeseables y anunció que serán corregidos: “Fue el duende que hizo sus travesuras”, justificó.
Como en el caso futbolero que mencionaba al inicio, cada nueva regla convierte el juego en uno distinto. No es tan rápida la adaptación para ninguna selección a un deporte nuevo, mucho menos cuando la verdadera final está enfrente. Hasta por su propio interés, valdría la pena que entendieran lo que acaban de aprobar.
Un día, una vez que pase el mundial, habrá que volver a hablar de democracia. Acaso habría que poner especial atención al desequilibrio histórico en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo mexicanos. Un Congreso más fuerte podría mejorar la continuidad del gobierno frente a la ausencia de un líder carismático que responda a la opinión pública ante la inevitable presión por sortear las complejas necesidades de finanzas públicas en este país, como se ha argumentado en otros textos.
¿Se debe reformar al INE?
Por otro lado, el INE debe reformarse. Es necesario revisar duplicidades, derroches e ineficiencias, de tal forma que su operación se vuelva más eficiente y rinda mejores cuentas a la ciudadanía. Tal es lo mínimo que podríamos esperar de cualquier institución pública, incluso si implica hacer cambios importantes a su administración, presupuesto y estructura. Sin embargo, estas medidas ameritan que se priorice una discusión pensada y argumentada de cara a la ciudadanía, en lugar de un leñazo de revancha a medianoche como el que mandó el presidente.
Ante la incapacidad del liderazgo del INE de articular un discurso coherente, el presidente logró que cayeran en su juego: el de la polarización. Convocaron a una marcha pidiendo que no se tocara al INE, como si moralmente existieran dos bandos: a favor del INE o a favor del gobierno. La realidad es que el INE sí debe tocarse, enmendarse, mejorarse. Lo que nunca puede cederse es la independencia que significa que los ciudadanos organicemos las elecciones en este país con una sana distancia del poder. Si se busca que este sistema sea parecido a lo democrático, tal vez desde este principio podemos reimaginar los cambios que hay que exigir a las instituciones electorales que vienen.
Miguel Torhton
Investiga en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Escribe un ensayo sobre xolos.
