Documentos de la Sedena extraídos por el colectivo de hacktivistas “Guacamaya” revelan que el crimen organizado se ha extendido en el estado de Morelos, gobernado por Cuauhtémoc Blanco.
Por ejemplo, en informes militares de febrero del 2019 sobre la situación delictiva en esta entidad, se señala a Samuel Sotelo Salgado, actual Secretario de Gobierno y ex consejero jurídico del estado, con vínculos con Los Rojos y/o Gente Nueva.
Respecto a Sotelo Salgado, uno de los reportes lo señala como el propietario de un inmueble donde fue detenido un líder del grupo delictivo “Los Viagra”, por el homicidio del encargado de despacho de la alcaldía de Michoacán, según información de una carpeta de investigación.
También ligados a Los Rojos y/o Gente Nueva y al Cártel Jalisco Nueva Generación aparecen José Manuel Sanz Rivera, ex Jefe de la Oficina de la Gubernatura, quien dejó el cargo en mayo pasado, y José de Jesús Guízar Nájera, Subsecretario de Gobierno, quien renunció en agosto del 2019.
En el caso de Sanz Rivera, refiere que de acuerdo con un alcalde habría pactado con Los Rojos para cederles el control de tres áreas del Ayuntamiento, entre ellas el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca y Desarrollo Social, lo que detonó un conflicto con Comando Tlahuica.
“(El edil) confirmó que celebraron el citado pacto, como ocurrió durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco, pero él se negó y designó a otra persona, Sanz no pudo cumplir”, señala.
A Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, actual Secretario de Desarrollo Social y ex presidente del Congreso local, también se le vincula en el reporte con Los Rojos y/o Gente Nueva, al igual que al Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara.
En los reportes también figuran cuatro diputados locales emanados del PRI, con nexos con Los Rojos y/o Gente Nueva.
El informe también incluye a un Senador ligado a distintos grupos delictivos.
Mientras que del Poder Judicial, en los reportes aparecen identificados un magistrado y siete jueces orales, que han liberado a delincuentes por supuesta falta de pruebas, vinculados a Guerreros Unidos y al CJNG, así como abogados ligados al crimen.
Sin embargo, en uno de los informes se señala que al menos una docena de jueces han liberado criminales judicializados por delitos de alto impacto, entre ellos a 46 secuestradores.
“En Poder Judicial del Estado de Morelos, al menos 12 jueces que por hipergarantismo y/o corrupción liberan a delincuentes judicializados por delitos de alto impacto”, resume un reporte militar. “Se han documentado 17 caso en los que por errores judiciales en las sentencias se han dejado en libertad a 46 secuestradores y 1 extorsionador, los fallos absolutorios han sido revocados a través de apelaciones y amparos”.
Y 17 Alcaldes con nexos
En el informe de la Sedena, aparece un listado de 17 ediles -que habrían concluido su gestión en 2021- con posibles vínculos con la delincuencia.
Siete de ellos son emanados de la alianza Morena-PT-PES, dos fueron postulados por el PRI, dos por la coalición PAN-Movimiento Ciudadano, dos presidieron concejos municipales indígenas, uno pertenecía al PRD, otro llegó postulado por el PRD y PSD, uno por el Partido Verte y otro vía independiente.
Los munícipes de Yautepec, Cuautla, Yecapixtla, Temoac, Jiutepec y Tepoztlán -identificados como “Zona Oriente”- aparecen ligados a Guerreros Unidos y Cartel Jalisco Nueva Generación.
Mientras que Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Tlaquil Tenango, Jojutla, Amacuzac, Mazatepec, Coatlán del Río, Xochitepec, Tetecala, Xoxocotla, Coatetelco, son los municipios de la “Zona Sur” cuyos presidentes municipales fueron vinculados a “Los Rojos”.
El informe detalla además que 12 alcaldes, de las administraciones 2015-2018 y 2019-2022, fueron cooptados el líder de Los Rojos, recibiendo incluso financiamiento para sus campañas.
“Por lo que están sujetos al pago de cuotas para restituir el dinero y otros por concepto de extorsión”, señala sobre lo que se desprende de una carpeta de investigación.
Más allá de vinculación del crimen organizado con autoridades del Gobierno estatal, y con el Poder Judicial y el Legislativo de Morelos, Judicial y Legislativo en Morelos, el esquema detectado por el Ejército incluye también a empresarios.
