Introducción.
El sueño del Tren Maya es tan largo, como larga ha sido la pesadilla para miles de ejidatarios que, desde por lo menos hace 50 años, siguen esperando que el gobierno federal los indemnice por los terrenos que cruzan la carretera 307, por donde, todo indica, se tenderán parte de los rieles para el ferrocarril.
Según los planes generales del proyecto que se conocen, el Tren Maya correrá por 1,525 kilómetros, entre los que se incluye a Quintana Roo en el Tramo Caribe con unos 446 kilómetros. Por este último tramo, desde hace 50 años, el gobierno federal les sigue adeudando a miles de ejidatarios el pago por el uso de sus tierras.
Silencio e indiferencia ha sido la respuesta de gobiernos que van desde Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), cuando se construyó la carretera 307, pasando por el de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), quien retomó el proyecto, hasta el de Enrique Peña Nieto (2012-2018), y ahora el de Andrés Manuel López Obrador… A todos les ha parecido menor e insignificante que al menos 253 kilómetros (que pertenecen a once ejidos) no cumplan con las reglas legales de expropiación y mucho menos la indemnización justa a los ejidatarios afectados.
En febrero de 2015, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, ubicado de Chetumal, dio la razón a los ejidatarios y ordenó al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, a cumplir con la ley y a corregir todos los errores. Básicamente, ordenar todo el proceso de expropiación e indemnización. Tal determinación fue confirmada por el Tribunal Superior Agrario, en su sentencia del 6 octubre de 2015.
El 18 de abril de 2018, poco antes de que iniciaran las campañas presidenciales, que ganó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, ex coordinadora de su campaña) anunció el proyecto del Tren Maya: “Con #AMLOVE queremos que México llegue a ser un ejemplo para el mundo en muchos ámbitos. El hermoso proyecto del Tren Maya marcará un hito global en el turismo y el desarrollo regional, siempre cuidando el medio ambiente” .
En el proyecto de Nación 2018-2024, presentado por el partido político Morena y Andrés Manuel López Obrador, se incluyó el plan del Tren Turístico Transpeninsular (páginas 239 a 241) para cubrir el recorrido de Cancún hasta Palenque, con escalas en Tulum, Bacalar, Calakmul, misma zona que compete a esta investigación periodística. Sin embargo, nadie del círculo cercano del hoy presidente se había acercado a los ejidatarios para, al menos, informarles del interés por ocupar parte de sus tierras para el cruce del Tren Maya. Menos aún, saber el estado legal de todos esos terrenos. Y aunque esta información ya no está disponible en el sitio, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) cuenta con el documento en PDF de cuando aún era público http://www.proyecto18.mx/
El jueves 24 de enero de este año, Pablo Careaga, encargado del Tramo Caribe del Tren Maya, se reunió con los ejidatarios de Chunyaxche, Quintana Roo, uno de los once ejidos que demandan indemnización. De acuerdo con versiones de asistentes, el funcionario habría aceptado desconocer los problemas de expropiación e indemnización pendientes que había y que, incluso, se estaba enterando, por lo que ofreció concertar una cita con el titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, para ver de qué forma podría ayudarles a resolver los problemas.
Los ejidatarios, por su parte, fueron contundentes:
“O nos pagan lo justo y lo que nos corresponde por ley o no hay tren”.
Todo parece indicar que los funcionarios, o no saben o no quieren saber que, al menos, una gran parte de las vías por donde pasará el Tren Maya (253 kilómetros), cruza por una larga ruta de ilegalidad y abusos contra los pobladores.
MCCI presenta en esta investigación pruebas y testimonios de cómo, por décadas, se escondió información a miles de ejidatarios acerca de sus derechos y beneficios y que, a pesar de que en los últimos dieciocho años sus demandas se han intensificado, a la fecha siguen sin resolverse.
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Fue en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz cuando dieron inicio los trabajos de la construcción de la Carretera federal 307, Reforma Agraria, que conecta a Chetumal con Cancún, en Quintana Roo. Ejidatarios recuerdan cómo la construcción, por donde pasan los casi 400 kilómetros de vía, fue interrumpida en varias ocasiones debido a su naturaleza selvática y, por tanto, de muy difícil acceso para la maquinaria. La obra se extendió hasta el sexenio de Luis Echeverría en 1975.
Antes de ese proyecto, muchos de estos ejidos sólo se conectaban a través de caminos que los pobladores, en su mayoría indígenas, recorrían a pie, lo que implicaba trayectos de hasta cuatro días para llegar a Mérida.
Con esta carretera se agilizaron los trayectos en automóvil entre los municipios de Benito Juárez, Tulum, Bacalar y Chetumal, al sur de Quintana Roo, lugares claves en el turismo y transporte de la entidad, tanto a nivel nacional como internacional. En 1975, en el gobierno de Luis Echeverría, se construyó la Carretera federal 293, vía corta Mérida-Chetumal, la cual conecta a las dos capitales del sureste, a la altura de Bacalar, a través de 99 kilómetros.
En estos dos tramos carreteros se ubican al menos 15 ejidos, constituidos anteriormente a la carretera y con una población de origen maya, quienes al principio creyeron en los beneficios que les traería la construcción de estas vías.
Sin al menos la cortesía de parte del gobierno de avisarles, de un día para otro, la maquinaría empezó a horadar sus comunidades y a ocupar a sus jóvenes como albañiles en la construcción.
Esto, que ya de por sí comenzaba a afectar de manera negativa su cotidianidad, se complicaría aún más. A todos los funcionarios se les olvidó un detalle nada menor: expropiar e indemnizar los terrenos ejidales por donde cruzaría la carretera.
De acuerdo con la Ley de Expropiación (1936), las condiciones básicas para que el gobierno federal ocupe territorios para infraestructura social es a través de la expropiación y la indemnización a ejidatarios o dueños de las tierras ocupadas, lo que en el caso de esta investigación, nunca ocurrió. A continuación se explica el proceso de Expropiación de acuerdo a la ley.
En el Registro Agrario Nacional no hay expedientes que, cuando menos, den cuenta de los trámites para la expropiación de estos ejidos, ni mucho menos los decretos que por ley deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Nadie expropió, nadie pagó… y de ahí se formó una cadena de actos ilegales e injustos durante 50 años.
Entre 1999 y 2008 se reinició la modernización y ampliación de carriles de estas dos carreteras. Los ejidatarios, de nueva cuenta, reclamaron al gobierno federal el uso de sus tierras, sin que se les indemnizara.
Los tribunales agrarios han reconocido los derechos de los ejidatarios, y en todos estos casos han exigido al gobierno federal que se realicen los procesos expropiatorios y se haga el pago justo por el uso de sus tierras.
Sin embargo, el avalúo que ha realizado el Instituto de Administración y Avalúos Nacionales (Indaabin) es una ofensa para los ejidatarios, por decir lo menos. Además de considerar un pago casi ofensivo, no se ha considerado lo que por ley se establece como pago de compensación por el tiempo de ocupación previa. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido parámetros de indemnización en favor de los ejidatarios, mucho más altos de los pretendidos por el Indaabin.
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Un papel fundamental en toda esta batalla legal ha sido el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia responsable de planear y administrar la construcción y modernización de la red carretera federal.
Resultado de las demandas interpuestas por los ejidos del sur de Quintana Roo, distintos tribunales agrarios condenaron a la SCT a realizar debidamente el procedimiento de expropiación, del pago y la indemnización (en algunos casos mediante procedimiento de expropiación) por la ocupación ilegal de tierras ejidales, para la construcción y posterior ampliación de la Carretera federal 307.
Pero a más de diez años de las primeras sentencias contra la SCT, a la mayoría de los ejidatarios no se les ha indemnizado, y a los que les han pagado, ha sido una cantidad muy inferior al valor de sus tierras. Como en el caso de Bacalar, que se les indemnizó con alrededor de un millón de pesos la hectárea, mientras que a los ejidatarios de Los Divorciados y José María Morelos, les pagaron apenas unos 94 mil pesos por hectárea. Aunque la diferencia de pagos es amplia entre estos ejidos, sigue siendo injusta en estos casos, de acuerdo con los mismos pobladores.
Las “batallas” legales no han sido sencillas para las comunidades, pues requiere de costos de traslado, días completos en Chetumal y Cancún para revisar expedientes, así como el pago de abogados y viáticos de quienes llevan cada caso. Sumado a ello, muchos de los ejidatarios no cuentan con educación básica, sobre todo los de la tercera edad, que apenas saben leer y escribir, por lo que los trámites para ellos suelen ser una tortura.
Apenas el año pasado (20 de febrero de 2018) ocho de los ejidos que demandan el pago por sus tierras protestaron en las oficinas de SCT en Chetumal. Días después, la delegación de la SCT en Quintana Roo organizó una reunión con los comisariados de los ejidos para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, ejidatarios y abogados coincidieron que los términos y las condiciones que querían imponer las autoridades eran muy distintos a sus exigencias. Una vez más quedaron en la incertidumbre.
Por la protesta en Chetumal, algunos de los participantes fueron acusados por delitos contra las vías de comunicación. Y aunque la denuncia no ha procedido contra ellos, los ejidatarios temen volver a protestar y que sean detenidos.
Fotografías de la protesta de ejidatarios frente a la SCT de Chetumal, Quintana Roo (febrero 2018)
Durante estos años de litigios, los ejidatarios se han organizado para que, sin importar quién los represente o cuál sea el gobierno local o federal que deban enfrentar, puedan seguir con la defensa legal de sus derechos.
MCCI buscó al Indaabin para solicitarle información respecto a los avalúos faltantes. Sin embargo, la dependencia negó que existieran pendientes. Al insistirle que teníamos conocimiento que los defensores de los ejidos han señalado que están pendientes los avalúos y que por ello la SCT no ha realizado los pagos correspondientes, argumentaron que la información era de carácter privado y que no podrían dar a conocer los avalúos que corresponden o el trabajo que se ha realizado en torno a estos ejidos.
En entrevista con Raúl González, jefe de la Unidad Jurídica de SCT de Quintana Roo, reconoció que existen demandas por la indemnización y expropiación de la carretera federal 307 y que cada ejido presenta ciertas particularidades pero que, sin embargo, los procesos no se han concluido.
A continuación se describe la situación legal de cada ejido: